sábado, 12 de septiembre de 2009

Doe Run en su hora final

Martes, 08 de setiembre
Expreso
Doe Run en su hora final (Regresar)
En siete días se culminará el informe final de la Comisión Multisectorial encargada de determinar el plazo técnico para el cumplimiento de la última etapa del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la empresa Doe Run Perú, informó el ministro del Ambiente, Antonio Brack. “A la comisión le quedan siete días para evacuar su informe y se acatará lo que diga, los ministros no vamos a decir nada antes de lo que disponga la comisión, que está haciendo un trabajo técnico y no político”, declaró.

Recordó que dicho grupo de trabajo, constituido el 19 de agosto, está integrado por técnicos de los ministerios de Energía y Minas (MEM) y del Ambiente (Minam), del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), así como de representantes del gobierno regional de Junín y de los trabajadores de Doe Run.

Agregó que la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Minam también podría iniciar una fiscalización a las actividades de Doe Run si es que no se decide darle una ampliación del PAMA.“Mientras haya un PAMA se tiene que respetar, porque significa realizar algunas inversiones. Pero si después de terminado el plazo del PAMA no se ha cumplido, entonces sí puede intervenir”, comentó.

Minam determinará zonas de exclusión minera
El ministro del Ambiente Antonio Brack, mencionó que el Minam está elaborando mapas de zonas de exclusión minera, con la finalidad de establecer las zonas donde no se podrá realizar actividades mineras para proteger el medio ambiente y los recursos naturales que hay en las diferentes regiones del país.“Por ejemplo, en Madre de Dios la minería está impactando fuertemente en las aguas del río Tambopata, donde están los mejores centros de ecoturismo de la Amazonía peruana”, advirtió.

Dijo que se están tomando medidas para luchar contra la minería ilegal y en el caso de la región Madre de Dios se coordinó con el MEM para que ya no se otorguen derechos mineros en los próximos dos años.

El dato
Brack precisó que la OEFA se encarga de investigar si cualquier empresa transgredió los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes.

Cuenca del Inambari invadida por mineros informales

La informalidad e ilegalidad en la explotación minera no solamente es un problema que se vive en las cuencas Ramis y Suches, en los últimos años esta actividad ha crecido significativamente en la cuenca del río Inambari, que implica territorios de las provincias de Sandia y Carabaya.

Desde el pasado lunes, el fiscal en material ambiental de Puno, Pedro Farfán Parrales, recorre junto a sus técnicos, varios poblados de la provincia de Carabaya, a propósito de que algunas serán afectadas con la construcción de la Hidroeléctrica del Inambari.

No obstante, grande fue la sorpresa de encontrar decenas de chutes a lo largo de la ribera del río Inambari, especialmente en los centros poblados de Carmen y Challuamayo, ubicados en el distrito de San Gabán.

En la víspera, el representante del Ministerio Público intervino a dos centros de operación de la actividad minera, constatando que generan contaminación a las aguas del afluente. Uno de los chutes fue inutilizado por la Policía Ecológica.

En la diligencia participó también el gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno, Lucio Mamani Ticona, y el director regional de Energía y Minas, Víctor Hugo Paredes Argandoña, éste informó que en la zona operan alrededor de tres mil mineros “artesanales”, pero ninguno cumple con la Ley.

Lo preocupante es que estas operaciones se vienen haciendo en la misma zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, generándose un auténtico atentado al medio ambiente.

En el lugar, varios agricultores se han quejado de este problema y han pedido que las autoridades intervengan para detener a los irresponsables empresarios que financian este tipo de explotación de oro. Ya no se puede considerar pequeña minería, pues para la extracción y lavado utilizan maquinaria pesada y peligrosos químicos.

ADEMÁS: 1. Según el presidente de las Rondas Campesinas de San Gabán, Eustaín Yanqui Charca, los mineros que ahora operan en la cuenca Inambari se trasladaron de la zona de Huaypetue (Madre de Dios) donde generaron mucha contaminación. 2. La Dirección Regional de Energía y Minas, precisó que hasta el momento se han presentado cinco expedientes para petitorios mineros en la zona del Inambari, no obstante, ninguno cumple con tener Estudio de Impacto Ambiental.

Reglamento de Bioseguridad Agrícola sería publicado en menos de 30 días, estima Minag

El Ministerio de Agricultura (Minag) prevé publicar en menos de 30 días el documento final del reglamento de Bioseguridad Agrícola, el cual regulará el ingreso y manejo de semillas de organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos al país.

La propuesta de reglamento de bioseguridad del sector agrario fue concluida en el 2005 en un proceso que duró cerca de tres años con participación de instituciones y sectores involucrados en el tema, y fue puesto a consulta en la página web del Minag desde diciembre del año 2008.

A la fecha han transcurrido más de ocho meses del proceso de consulta y solamente se han recibido comentarios del Ministerio del Ambiente (Minam) y de Plataforma Perú país libre de transgénicos, los cuáles han sido incorporados según la pertinencia del caso.

“La etapa de consulta ha terminado y ahora estamos concordando con el Minam el reglamento y prácticamente lo tenemos definido y concordado. Es por ello que creemos que en menos de 30 días tendremos publicado el documento”, declaró el ministro de Agricultura, Adolfo De Córdova.

De otro lado, sostuvo que a la fecha el personal científico del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) no ha detectado ningún indicio que confirme la versión difundida a los medios de comunicación sobre una posible presencia de cultivos de origen transgénico en la provincia de Barranca (Lima).

“No se han encontrado pruebas tácitas de algún cultivo de este tipo así que no se puede afirmar nada”, anotó tras inaugurar la II Convención Nacional de Productos Orgánicos, en el marco de la Feria Expoalimentaria 2009.

Regulan uso turístico en áreas naturales del país

El Poder Ejecutivo publicó el 08.09.09 en el diario oficial el Decreto Supremo N° 018-2009-Minam, que aprueba el reglamento de uso turístico en áreas naturales protegidas.

Entre las medidas aprobadas se determina que la prestación de servicios turísticos entregada por el Estado a terceros generará la obligación de una retribución económica a efectos de garantizar la conservación y preservación del paisaje natural. Ese monto se fijará en base a criterios ambientales, económicos y sociales.

Según la norma suscrita por los titulares del Ambiente, Antonio Brack, y de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez, las modalidades de otorgamiento de derechos de uso de las áreas naturales serán cinco: concesión, contrato de servicio turístico, permiso, autorización y acuerdo.

La adecuación al referido reglamento tendrá un plazo máximo de un año, que se computará luego de aprobado el plan de uso turístico de cada área natural protegida.

EN PUNTOS

La modalidad de concesión se utilizará para los proyectos que requieran desarrollo de infraestructura turística. Se entregarán luego de un concurso o a solicitud de parte.
Los contratos de servicio turístico permiten el aprovechamiento económico del paisaje sin que se requiera de la construcción de infraestructura.

A cien días de Copenhague

Por: Erik Struyf Corresponsal en Bruselas, El Comercio

Anteayer el recién electo primer ministro de Japón, Yukio Hatoyama, se comprometió a reducir en 25% las emisiones de CO2 de su país hacia el 2020 con respecto al nivel de 1990. Con esta meta, que calza con las recomendaciones de la comunidad científica y que triplica el objetivo avanzado por el saliente Taro Aso, Tokio se pone a la cabeza de los países industrializados decididos a combatir el calentamiento global y devuelve empuje a las negociaciones para cerrar un ambicioso tratado sobre el cambio climático a mediados de diciembre en Copenhague.

“Pienso que el anuncio japonés es tremendamente alentador”, dijo el jefe de la Secretaría de la ONU para el Cambio Climático, Yvo de Boer. “Estamos avanzando en la dirección correcta, pero el ritmo deja que desear”, advirtió. Con la nueva meta nipona y el conocido objetivo de la UE de disminuir en por lo menos 20% sus emisiones hasta el 2020 con respecto a 1990, los ojos y oídos del mundo apuntan a Washington: Estados Unidos, pese a ser el primer emisor mundial per cápita de CO2 y pese a las expectativas creadas por el arribo de Barack Obama a la Casa Blanca, no ha pasado de ofrecer un recorte de 14% respecto del 2005.

Pero aun suponiendo que Washington levante sus ambiciones, los problemas no quedan resueltos. Las metas de recorte de emisiones de CO2 de los países industrializados constituyen solo parte de las piezas del rompecabezas que hay que encajar en Copenhague: para limitar a dos grados centígrados el alza de la temperatura del planeta en las próximas décadas y así impedir las más devastadoras consecuencias del calentamiento global es indispensable también el concurso de los países en desarrollo.

Y los pactos medioambientales de las naciones pobres y emergentes no se harán palpables sin el compromiso de los países industrializados — rubricado en la capital danesa— de desembolsar los recursos financieros que permitan a los primeros transitar a una economía verde y a adaptarse a los impactos del cambio climático. ¿De cuánto dinero estamos hablando? La ONU no se cansa de repetir que las necesidades para mitigación y adaptación alcanzarán por lo menos los 250.000 millones de dólares anuales hasta el 2020. Sin embargo, el sobre financiero permanece vacío. En ese contexto, y a solo cien días de Copenhague, las cifras comunicadas ayer por el BCR sobre los costos que el cambio climático tendrá en nuestro país resultan escalofriantes. “Hay que empezar a llenar el hoyo en lugar de discutir sobre sus exactas dimensiones”, aconseja De Boer.

El problema de la amazonía no solo es económico o redistributivo, sino también ambiental, social, cultural y de regulación"

Tras la emisión del documental El misterio del capital de los Indígenas Amazónicos, el directivo de la Red Muqui sostuvo que este se ha convertido en un análisis superficial de un tema que abarca factores ambientales, sociales, culturales y de regulación.
Para la Red Muqui las causas de los conflictos sociales en el país se deben, entre otras cosas, a la escasez de recursos naturales y a la disputa por ellos; a la acelerada expansión minera, dejando de lado los procesos de desarrollo local; a una regulación pública débil e insuficiente.

A ello se suma una gestión ambiental desarticulada y poco eficaz, que se expresa, por ejemplo, en problemas de contaminación ambiental no resueltos. Otro factor importante identificado por la Red Muqui es el vinculado al establecimiento de relaciones asimétricas entre poblaciones locales y empresas, así como el trastocamiento de las relaciones de poder.

Ante esta problemática, la Red Muqui considera necesario mejorar la regulación pública de la minería (regulación de sus actividades, de los recursos que genera, de los instrumentos de gestión ambiental para prevenir y mitigar los daños ambientales, sociales y culturales), además de establecer una gestión ambiental independiente, articulada y descentralizada, que tenga claridad en las competencias y con capacidad fiscalizadora y sancionadora.

Del mismo modo, que la minería se articule a los proceso de desarrollo local, teniendo en cuenta los procesos de zonificación económica-ecológica y el ordenamiento territorial.

Incremento de conflictos

Para José de Echave, directivo de la Red Muqui, la idea de que la crisis económica provocaría la disminución de los conflictos sociales, pues iban a haber menos inversiones, no se ha comprobado en la realidad. “Los conflictos no están disminuyendo, según la Defensoría del Pueblo, en el periodo enero-junio del año pasado hubo 123 conflictos, mientras que en ese mismo periodo este año ya se han registrado 273”, acotó.

Según manifestó De Echave, la Red Muqui ha seguido con detenimiento este panorama y considera que un elemento clave para entender el origen de los conflictos es la expansión territorial.

Entre diciembre de 2008 y junio de 2009, las concesiones mineras se han incrementado notablemente, alcanzando records históricos. Solo este año se han registrado más de 19 millones de hectáreas concesionadas, lo que representan –según De Echave- el 15 por ciento de todo el territorio nacional.

“Hoy en día Arequipa es la región más concesionada con un millón 985 mil 141.53 hectáreas, seguida de Cajamarca con un millón 477 mil 540.29 hectáreas. Además tenemos concesiones que van ocupando ecosistemas sumamente frágiles y que dan servicios ambientales muy importantes como los páramos y bosques de neblina ubicados en Huancabamba y Ayabaca, en la sierra de Piura, donde el 44% está concesionado a empresas mineras”, añadió De Echave.

Diálogo e intereses

En lo relacionado a mecanismos de diálogo, Javier Janhcke, otro miembro del Directivo de la Red Muqui, sostuvo que el problema del Estado radica en que éste “elige a dedo” con quien dialogar y lo hace con organizaciones más cercanas a sus intereses.

“Es así que se crean organizaciones paralelas con quienes pretenden llegar a acuerdos y con las que se busca, además, debilitar a aquellas elegidas por las propias comunidades”, indicó.

De otro lado, manifestó que las empresas están acostumbradas a desconocer ciertas normas que deberían ser exigidas por el Estado como el acuerdo previo.

“El Ministerio de Energía y Minas indica que para otorgar un permiso para la actividad minera, la empresa solo necesita presentar un certificado ambiental, dejando de lado la verificación de los permisos (acuerdo previo) que los propietarios de las tierras deben otorgar a quienes deseen utilizarlas para desarrollar actividades extractivas. Entonces, no existe ninguna institución que verifique este paso tan importante y que, a la larga, ha generado muchos de los conflictos sociales que actualmente se vienen desarrollando”, agregó.

Derechos de pueblos indígenas no dependen de una sola norma

El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), Mario Palacios, se declaró insatisfecho por la conformación de la comisión que deberá esclarecer los hechos del 5 de junio en Bagua.

Palacios Quispe indicó que, al margen de la decisión del gobierno, aún no se expresa una real voluntad del Ejecutivo por respetar el derecho de las comunidades a decidir su desarrollo ni menos por combatir la discriminación racial que caracteriza a nuestra sociedad.

En ese sentido, señaló que los pueblos andinos y amazónicos todavía esperan que el gobierno central acceda a cumplir dispositivos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que defiende su derecho a consulta.

De igual modo, Palacios cuestionó las declaraciones del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien minimizó el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas, el cual considera que en Perú el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados no es respetado plenamente.

"A pesar de que hay diversas propuestas, (el tema) aún no está profundizado (...) hay una continuación de aquella política tradicional de negar la existencia de los pueblos indígenas y, con ello, de sus derechos. Hay resistencia pero el camino por recorrer es largo. Los derechos de los pueblos indígenas no dependen de una sola norma", enfatizó.

Por otra parte, el titular de CONACAMI lamentó que exista poco interés por dialogar con las comunidades andinas y recoger sus demandas, como es el caso de Sicuani (Cusco), Andahuaylas (Apurímac) y Ayacucho.

Denunció, así mismo, que las negociaciones con los nativos de la selva han sufrido severas limitaciones. "Se supone que era un diálogo de alto nivel. Sin embargo, en vez de los ministros, participan funcionarios de tercer nivel y los acuerdos terminan siendo no vinculantes. Esto no permite creer en los procesos de diálogo".

Por último, Palacios criticó que no existan pasos concretos para superar la discriminación racial estructural que padece un sector de la población por ser quechuahablante, andino o amazónico.

Estos compatriotas, son incluso marginados por el propio presidente de la República, Alan García, quien los considera como ciudadanos de segunda clase. Esto, dijo el titular de CONACAMI, impide que se construyan espacios de complementación en la sociedad peruana. "Gobernantes así no queremos en Perú porque conducen a una mayor conflictibilidad", puntualizó.

"El problema esencial en la selva es la definición del territorio"

El destacado economista, Hernando de Soto, habla sobre la debilidad de la propiedad en las tierras de las comunidades indígenas de la Amazonía.

Por: Nelly Luna Amancio

¿A qué conclusiones han llegado sobre la propiedad en las comunidades de la selva?
La primera es que el reclamo de las comunidades sobre la falta de protección de sus territorios es correcto. El Estado reconoce 1.400 comunidades tituladas en la selva, pero nosotros hemos calculado que en total habría unas 3.000, en su mayoría no reconocidas. De esas 1.400, las que tienen sus linderos correctamente demarcados no serían más del 30%. De otro lado, si bien el título de propiedad que se les entrega es comunal, al interior de la comunidad ellos mismos han otorgado títulos privados. Tienen mapas que establecen qué persona es dueña de qué parte del territorio. Hay lugares en común, como ocurre con los parques o la playa en las ciudades, pero son la minoría. Tienen un comportamiento similar al nuestro, entonces, por qué hacer la diferencia sobre la propiedad.

Pero el territorio colectivo es la esencia de la comunidad en la selva, con un título individual se estaría quebrando esta noción.
Yo no soy antropólogo, le diré lo que he visto. Una comunidad puede tener su título colectivo, pero al interior, ellos mismos han parcelado todo.

La visión que ellos tienen del territorio es distinta, es mucho más arraigada a la tierra.
La forma en la que ellos usan el territorio es igual a la del resto del Perú. Sin embargo, por lo que dicen algunos antropólogos, congresistas y líderes indígenas, como Alberto Pizango, el Estado ha terminado dándoles títulos que no son fuertes. El resultado es que cuando alguien de Lima va con su título para explotar madera, minas o petróleo, pasa por encima de las tierras de la comunidad. Ese título pesa más porque está correctamente definido. No estamos en contra de su cosmovisión, pero creemos que el tipo de título que tienen los hace vulnerables.

¿Pero podría emitirse un título comunal perfectamente demarcado y eso lo haría más fuerte?
Yo no estoy diciendo que el título comunal es malo, estoy diciendo que el comunal indefinido que les han dado es malo. El título que se otorga a los inversionistas (madereros, mineros o petroleros) está certificado internacionalmente y escapa del ámbito local, está protegido por el derecho internacional, y eso lo hace superior.

Ni siquiera las concesiones forestales, mineras o petroleras están claramente definidas…
Lo que quiero decir es que los que tienen el título de propiedad más definido son los que terminan ganando. La propiedad en el Perú siempre ha sido un problema, pero en la selva es peor y en esa batalla las comunidades tienen todas las de perder.

Entonces, podría haber un título colectivo claramente demarcado…
Olvídese de lo comunal y lo privado. Al momento de que se vuelva a titular a estas comunidades (y se tiene que hacer porque todo está mal titulado), ellos van a ser los primeros en decidir cómo quieren hacerlo. Aunque no es correcto decir que existe la propiedad comunal porque, como ya he dicho, ellos ya han parcelado todo.

¿Cómo entiende los sucesos de Bagua?
Detrás de lo Bagua hay una enorme insatisfacción, porque el derecho peruano no le sirve de nada al indígena de la selva.

Usted habla del control de territorio. Son constantes los conflictos entre colonos, madereros, mineros e indígenas.
El problema esencial en la selva es la definición del territorio. Para nosotros el pedazo de tierra es muy poco importante, pero para ellos es crucial.

Pero estos problemas fueron originados por el Estado Peruano, que empezó a concesionar lotes petroleros y forestales sin tener en cuenta los títulos de propiedad de las comunidades.
Para mí la propiedad es el control de las cosas. En la selva el problema aparece cuando se hacen evidentes las distintas definiciones que existe de la propiedad. Pero nada de esto va a cambiar hasta que el título de un indígena se parezca al de una transnacional.

¿Y cómo se logra eso?
Dándoles el mismo trato que al resto, pero la Constitución Política del Perú señala un trato distinto para los indígenas.

El Convenio 169 de la OIT también nos compromete a consultar sobre el destino de los territorios de estas comunidades.
Por un lado, están el Convenio 169 y el de la ONU sobre los derechos de los indígenas, y, por otro, los que se refieren a las transnacionales y compañías privadas, que son unas 800 normas, entre tratados bilaterales, TLC, etc. Entonces, si usted me menciona el Convenio 169, yo le diré que es muy parecido al título comunal, es puramente declarativo, no tiene dientes. Entonces, tenemos un cuerpo de derecho que está muy bien estructurado, quien se acoge a él puede hacer fortuna, y frente a este tenemos un convenio de la organización internacional más débil del mundo.

¿Y según el modelo que proponen de titulación individual, a nombre de quién se titularían las áreas del bosque que los indígenas usan para la caza, la pesca o la recolección?
Esos son asuntos por los que este tema no tiene una solución inmediata, tiene solución con el tiempo. Se tiene que trabajar con ellos, y tiene que hacerse de abajo hacia arriba. Nosotros recomendaríamos al Estado hablar comuna por comuna.

Pero eso es lo que menos se hace…
No se hace, pues.

Le insisto, ¿cómo quedarían los bosques que las comunidades comparten?
Para ese momento se produce la negociación más profunda, porque van a tener que conciliarse intereses. Lo que se tratará de ver es el mejor modelo, si cada comunidad es la que debe administrar esa zona o se debe crear una administración nacional que lo haga.

La alimentación de muchos indígenas depende directamente de esos bosques.
Los asesores de Aidesep nos han dicho que los cazadores y recolectores no serían más de ocho mil o 10 mil personas. Todos los otros, de una u otra manera, se han plegado a las ciudades. ¿Qué parte del Perú se les da? ¿Cómo compatibilizamos la vida de las comunidades con la extracción de recursos? Ese es el problema más grande de la historia.

Cualquiera sea el modelo, el hecho es que la debilidad del Estado en las comunidades de la Amazonía es increíble.
La pregunta es: ¿Tenemos un Estado que esté listo para lidiar con el problema de la soberanía de sus ciudadanos? La respuesta es no. Mientras en las zonas urbanas la ley ha ido llegando poco a poco, en esta parte del país estamos descubriendo que nunca ha llegado. Todo lo que anima esta territorialidad es el temor.

¿Ha conversado sobre este tema con alguna autoridad política?
Una sola persona, el presidente García, hace poco. Le dije que a mí me interesaba trabajar en el Perú y traer una fotografía de lo que está ocurriendo en la selva. Pero yo no estoy trabajando para el presidente, son fondos privados de gente que cree en nosotros.

¿Y si las comunidades aceptan la propuesta, pero quieren mantener los títulos colectivos?
Primero, cualquier propuesta debe comenzar desde la base. Y si comenzamos desde la base, yo dudo que alguien vaya a decir lo uno o lo otro. Solo luego de la consulta y el diálogo saldrá la propuesta final.

Más diálogo y participación ante conflictos sociales (El Comercio)

Cada vez es más profundo el convencimiento sobre la necesidad de institucionalizar el diálogo y la participación como instrumentos principales para enfrentar la preocupante ola de conflictos sociales que amenaza la paz social y la gobernabilidad.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo reporta que solo en el mes de agosto se detectaron 284 conflictos y que el 48% de estos se refiere a temas socioambientales. A renglón seguido, se informa de ciertos casos, como el de Colcabamba (Huancavelica), afortunadamente desactivados luego de que se promoviera el diálogo y el arbitraje con una comisión mixta.

Sin embargo, el caso de Bagua representa el otro extremo de la indolencia y de los oídos sordos por parte de las autoridades, cuando nadie reaccionó ante las alarmas persistentes y se dejó que el problema llegara a cruentos puntos de fricción y violencia, con un saldo de 24 policías y diez civiles muertos.

Debemos aprender la lección. Como bien lo apunta Pablo Castillo, de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría, el diálogo es en la mayoría de veces el camino más exitoso para resolver conflictos.

Lo más importante, en efecto, es tomarse un tiempo para la reflexión y la ponderación, y sentarse a cotejar los diversos puntos de vista, hasta llegar a un posible acuerdo. Sin embargo, es evidente que el diálogo funciona mejor en la fase preventiva, como lo indica el director de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, César Guzmán-Barrón.

Adicionalmente, como también concuerdan los expertos, el diálogo fluye si se respetan reglas de juego básicas y siempre que intervengan todos los estamentos involucrados en el problema. La participación ciudadana es, pues crucial, para asegurar la representación y legitimidad de los acuerdos, sobre todo los que afectan a las comunidades indígenas y rurales.

Más aun, si se considera que el 68% de conflictos atañe a actividades mineras, esta propuesta cobra mucha más vigencia. Tal como, con buen criterio, lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las comunidades nativas deben ser informadas desde el primer momento sobre los proyectos de exploración y extracción que se realicen en sus zonas. No solo eso, sino que debe tenerse en cuenta su opinión recabada a través de consultas ciudadanas, lo cual debe ser aun formalizado a través de leyes específicas.

Ahora que el Gobierno ha creado el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, con participación de ocho ministros y presidentes regionales, es oportuno recordar estos aspectos principistas y doctrinarios, cuya vigencia ha sido probada en los últimos años. Hemos tenido que pagar un precio demasiado alto en vidas humanas, daños materiales y confrontación social cuando hemos ignorado estos principios.

El diálogo con participación debe, entonces, prevalecer. El mensaje va también para los líderes de las comunidades y las autoridades locales, que tienen sobre sí la grave responsabilidad de colaborar para que el diálogo pueda fructificar en decisiones justas, legales y legítimas, dentro de los planes regionales y nacionales de desarrollo económico y social con inclusión plena.

Conclusiones del Foro Regional “Construcción de la Central Hidroeléctrica del Inambari”

El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno, en su calidad de colegio profesional organizó el Foro Regional “Construcción de la Central Hidroeléctrica del Inambari”, viendo la problemática actual, es una preocupación latente para los profesionales miembros de este prestigioso colegio, cumpliendo con su rol de contribuir en el desarrollo de la región. En el evento llevado a cabo éste 28 y 29 de agosto se llegó a las siguientes conclusiones:

1. El proyecto Inambari debe considerar aspectos, técnicos legales, regulatorio y de interconexión internacional.

2. La construcción de la Central Hidroeléctrica del Inambari influirá considerablemente en los costos marginales y precios de energía, regulado en barras en el sistema interconectado, así como existirá un beneficio regional que será percibido y reflejado en el incremento del canon hidroenergético.

3. Los proyectos ambientales, deben reunir aspectos y características a largo plazo e incluir el tema responsabilidad social sostenible, en mejora de toda la región influenciada por el desarrollo del proyecto.

4. La construcción de la Central Hidroeléctrica Inambari permitirá desarrollar el sistema de transmisión a un nivel de 500 kv. Desde la cuenca del Inambari – San Gabán – Ayaviri – Moquegua – Arequipa.

5. Los Congresistas por Puno deben revisar la Ley del Canon Hidroenergético y hacer público los beneficios para las poblaciones aledañas al proyecto y la región Puno.

6. Los Ministerios de Energía y Minas, del Medio Ambiente y de Transportes y Comunicaciones, deben brindar mayor información confiable sobre el proyecto de la Central Hidroeléctrica del Inambari, debe hacerse a través de los medios de comunicación e incluso en una página web autorizada.

7. El Ministerio de Energía y Minas debe evaluar la necesidad energética de nuestro país y precisar la importancia de la construcción de la Central Hidroeléctrica del Inambari, preocuparse en satisfacer la demanda futura necesaria, para impulsar el desarrollo del Perú.

8. El Ministerio del Ambiente debe desarrollar un plan de manejo forestal productivo, de valor comercial estableciendo las estrategias para su implementación.

9. El Ministerio del Ambiente debe establecer de qué manera se repondrá la destrucción de la fauna y flora silvestre de los 410 km2 de área inundada.

10. El Gobierno Regional Puno debe convocar a una comisión permanente integrada por las universidades de Puno, colegios profesionales, pobladores de las zonas afectadas, sociedad civil en su conjunto para la elaboración de la línea de base del proyecto de impacto ambiental de la posible construcción de la Central Hidroeléctrica del Inambari, para así presentar conclusiones que permitan validar la propuesta del Gobierno Central que no debe actuar a espaldas del pueblo.

11. Se declare intangible la biodiversidad deL Parque Nacional del Bahuaja Sonene y su entorno.

12. El Ministerio de Energía y Minas debe hacer público la cantidad de potencia que servirá para satisfacer la demanda interna y cuanto será exportada al Brasil.

13. Los congresistas por Puno deben hacer público el Convenio de integración energética Perú – Brasil que se fuera firmado en Río Blanco – Brasil

14. Comparada con la Central Mantaro, los impactos ambientales que producirá Inambari, serán muchísimo más graves.

15. El órgano regulador de tarifas debe hacer público los de precios en energía eléctrica, considerando el ingreso proyectado de la Central Hidroeléctrica del Inambari ya que actualmente la energía eléctrica en Puno es cara.

16. El Colegio de Ingenieros del Perú debe exigir al Gobierno Regional Puno un presupuesto, para realizar estudios sobre el impacto socio ambiental con profesionales competentes.

17. La opinión de la población es importante, sobre todo de la población regional, sin sesgar a una minoría que puede estar desinformada técnicamente hablando, debido a la complejidad de este proyecto.

18. El Gobierno Regional debe efectuar una supervisión exhaustiva de la flora y fauna de la zona del embalse.

19. El Gobierno Regional es el llamado a incentivar los estudios técnicos, para conocer la construcción de la central hidroeléctrica del Inambari será positiva o negativa tomando en cuenta las necesidades de la población.

20. El pueblo tiene que decidir y participar en la elaboración del proyecto.

21. El abandono en cuanto a servicios e integración a la vida nacional de los pobladores de la zona del proyecto. Ha quedado claro que no cuentan con servicios básicos, sin la presencia de inversiones del Estado Nacional y Regional.

22. El estudio de impacto ambiental este de acuerdo con la realidad.

23. La parte más importante es la zona de amortiguamiento, y está en los puntos más importantes del Parque Nacional Bahuaja Sonene.

24. Guardar recursos para nuevas generaciones, la razón prima por encima del dinero.
25. Los ecosistemas, la biodiversidad están siendo afectados y desaparecerán muchas especies de incalculable valor.

26. La indemnización y reubicación de los pobladores afectados debe ser debidamente precisado, por la empresa ejecutora con las garantías correspondientes.

27. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe informar cómo se desviará la Carretera Interoceánica, qué tiempo demorará su estudio y la nueva construcción y quién financiará el costo de la modificación de la misma.

28. Los Ministerios de Energía y Minas, del Medio Ambiente y de Transportes y Comunicaciones, deben precisar aspectos relacionados al futuro de las poblaciones aledañas, así como de la construcción de la vía interoceánica

29. Los Congresistas por Puno el Ministro de Energía y Minas deben hacer público el contrato de concesión transitoria, efectuada por el Presidente de la República.

30. El Ministerio de Trasportes y Comunicaciones deben informar sobre la situación de los 61 Km. que serán afectados por el embalse.

31. A partir de esta experiencia el Ministerio de Educación promueva el conocimiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, y poner como objetivo la sensibilización frente a la naturaleza

32. Las instituciones relacionadas al turismo deben promover el conocimiento de la selva puneña, y de ese modo generar conocimiento e ingresos económicos con menores impactos ambientales.

Posición del Colegio de Ingenieros frente a la Construcción de la Hidroeléctrica Inambari

Nuestra profunda extrañeza por el desinterés mostrado por el Ministerio del Ambiente al no haberse hecho presente en el Foro, denotando que están a la espera de algún tipo de conflicto social para poder actuar por la presión de la población haciendo más difícil cualquier explicación que pudieran dar,

Que el Ministerio de Energía y Minas haga de conocimiento público el Contrato de Concesión y sus beneficios tanto del punto de vista económico y social, así como las medidas de mitigación producidas por el impacto ambiental del embalse.

Las audiencias relacionadas a la aprobación del estudio de impacto ambiental, se realicen en la ciudad de Puno, con participación de los Colegios Profesionales, representantes de la Región Puno, Municipalidades y representantes de los Ministerios de Energía y Minas, del Ambiente y de Transportes y Comunicaciones y especialmente la participación de los Congresistas por Puno. Esto es en la consideración que la represa no solo afectará a la zona embalsada, sino a las poblaciones aguas abajo del proyecto.

Que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informe sobre la situación actual del tramo de la Interoceánica que será afectada por el embalse, y las coordinaciones efectuadas para que la obra sea concluída en los plazos previstos, así como quién asumirá las pérdidas ocasionadas por el cambio del trazo de la vía.

El Ministerio del Medio Ambiente debe informar a través de su página web los impactos producidos en la flora y fauna silvestre, así como las medias de mitigación y/o reposición de la biodiversidad ocasionada por el embalse.

La empresa que viene elaborando el estudio de impacto ambiental de la CH Inambari debe hacer de conocimiento público, el estudio antes de la realización de cualquier audiencia, de manera que este sea previamente evaluado especialmente por el CIP CD Puno.

Exhortamos a las autoridades y población en general, no dejarse llevar por intereses de carácter político, considerando que la Región Puno necesita fuentes de trabajo, transferencia tecnológica, ingresos económicos para satisfacer muchas necesidades latentes y especialmente energía, para mejorar la calidad de vida de su población, sin dejar de lado la conservación y preservación del medio ambiente.

Francia crea tributo por emisiones contaminantes

Francia aplicará a partir del 2010 un impuesto de 17 euros ($24) por tonelada de dióxido de carbono (CO2) al consumo de petróleo, gas y carbón para mitigar el calentamiento del planeta, anunció el presidente Nicolás Sarkozy, cuya medida rechazan la oposición y la mayoría de franceses.

El mandatario consideró que “la protección del medio ambiente es crucial” no sólo en términos ecológicos sino en medio de la crisis económica global.

“La tasa al carbono es una elección estratégica”, insistió Sarkozy, que precisó que la producción de electricidad no será gravada con este impuesto pues en Francia emite poco CO2, gracias a su parque nuclear de generación, entre otros.

La tasa al carbono, que pagarán los hogares y empresas por igual, regirá sobre una base de 17 euros por tonelada de CO2, puntualizó Sarkozy, antes de subrayar que este gravamen será compensado “de igual modo” a los ciudadanos, dos tercios de los cuales rechazan el impuesto ecológico según sondeos.

La oposición socialista cree que el nuevo impuesto es injusto y ecológicamente ineficaz pues creen que ofrece un “servicio mínimo”. Otros países como Finlandia, Suecia e Dinamarca aplican tributos al carbono.