viernes, 16 de julio de 2010

Propiedad de la tierra: dos varas y dos medidas

Por Humberto Campodónico
En toda la discusión sobre el proyecto del congresista Jorge del Castillo de limitar a 40,000 hectáreas la extensión de la propiedad agraria se han señalado importantes consideraciones, pero a la vez se han dejado de lado algunas bastante obvias.
Por ejemplo, se dice que poner un límite iría contra el libre mercado, porque el gobierno no puede determinar qué extensión puede tener un propietario y eso “nos devuelve a la época de Velasco y la reforma agraria”. Pero sucede que en EEUU y Europa existen Comisiones –creadas por ley– que regulan las fusiones y adquisiciones (F&A) de empresas para impedir la concentración excesiva en manos de un solo propietario.
Así, dice la Comisión Europea: las F&A merecen especial atención, porque afectan a todos, consumidores, empresarios, académicos, reguladores o autoridades. Los consumidores pueden o no beneficiarse de las F&A. La fusión de activos puede llevar a ganancias de eficiencia, beneficiando a los consumidores, si estas llevan a menores precios, mejor calidad o nuevos productos y servicios. Sin embargo, si las F&A no son controladas por una efectiva política de competencia pueden llevar a una excesiva concentración de mercado y a prácticas anticompetitivas, de tal manera que los consumidores tendrán que pagar precios más altos o tendrán que enfrentar bienes y servicios de baja calidad” (1).
Por ese motivo, la Comisión Europea se pronuncia sobre las F&A, pudiendo o no aprobarlas. Lo mismo en EEUU con el Buró de Competencia de la Comisión Federal de Comercio (2). En el Perú, una legislación similar existe en el sector eléctrico, con la Ley 26872, pero su aplicación ha sido casi nula. También hubo un proyecto de Ley de F&A que se presentó en el 2005 por Indecopi, que luego fue desechado.
O sea que en el Perú estamos en la retaguardia de las leyes que regulan las F&A en beneficio de la sociedad en su conjunto, lo que se debe al enorme poder de presión político y mediático de los grandes intereses empresariales. El resultado: la concertación de precios, por ejemplo, en el caso del azúcar y, también, los problemas que causa la posición de dominio de Gloria en el mercado de lácteos.
De otro lado, nada dicen estos sectores de la ingerencia del Estado en los enormes incentivos a la actividad agraria, lo que comenzó con la Ley 27360, promulgada el 30 de octubre del 2000, cuando agonizaba el régimen fujimorista. Con esta ley, las empresas agrarias (grandes, medianas y pequeñas) solo pagan 15% de impuesto a la renta (y no 30%), tienen depreciación acelerada (5 años) y recuperación anticipada del IGV. Además, un régimen laboral especial que les permite pagar salarios bajos, solo dar 15 días de vacaciones y no otorgar CTS.
Esta Ley, que solo duraba hasta el 2010, fue prorrogada el 20 de julio del 2006 hasta el 2021 por la Ley 28810, siendo modificada antes por el DL 1035 para que pueda ser incluida la empresa Gloria. Hay mutis de los “defensores irrestrictos del libre mercado”, que debieran oponerse por principio a esta ley. Son dos varas y dos medidas las que ellos aplican.
Por nuestra parte, estamos de acuerdo con una ley de promoción al agro. Pero, ojo, no de manera indiscriminada, como ahora, pues se benefician las grandes azucareras y todo el sector agroindustrial (espárragos, paltas, limones, etc.) sin que exista una evaluación sobre la necesidad de que algunas sigan accediendo a los incentivos.
Para terminar hay que tener claro que la propiedad de la producción condiciona directamente el consumo: a mayor concentración de la propiedad, mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Por ello, no solo se debe aplicar un límite a la propiedad de la tierra (con los parámetros técnicos que correspondan) sino también una ley que autorice las F&A. Como en Europa y EEUU.
(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/product/mergers_a...
(2) http://www.ftc.gov/bc/index.shtml

"No se puede subsidiar la exportación"

Camisea. Consorcio aceptó renegociar. El canciller José García Belaunde descarta que la empresa demande al Estado peruano. El Consorcio estima que la renegociación tomaría menos de un año. Notas relacionadas
José Carlos Reyes.
El gobierno informó que el Consorcio Camisea ya aceptó renegociar el pago de regalías de la exportación del gas para que éstas no sean inferiores a las pagadas por el mercado nacional.
Ayer el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, confirmó que en la noche del jueves los representantes del Consorcio Camisea se reunieron con altos funcionarios del gobierno en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde mostraron su disponibilidad de renegociar el pago de regalías.
“Nadie se puede escandalizar porque se renegocie un contrato, en todos los países del mundo se renegocian contratos”, afirmó el canciller.
Con ello también se descarta que la compañía demande al Estado peruano ante las cortes internacionales por buscar realizar cambios en el contrato de forma unilateral, sino que éstos se logren de forma negociada.
Peruanos pagan más regalías
García Belaunde ratificó que el gobierno renegociará el pago de las regalías, pues recordó que los términos del contrato fueron elaborados en otras circunstancias–año 2005–cuando el precio del gas estaba muy alto y antes de que se produjera la exportación del gas.
“Hoy los precios están abajo y se empezó a exportar gas. Por consiguiente no tiene ningún sentido que subsidiemos la exportación del gas”, señaló el canciller.
Asimismo, agregó que “el contrato se va a renegociar para evitar que haya una diferencia entre la regalía que pagamos los peruanos, y la que se paga cuando se exporta”, puntualizó.
García Belaunde formuló estas declaraciones en horas de la mañana, en Palacio de Gobierno, tras acompañar al presidente Alan García en la ceremonia de recepción de las cartas credenciales de los nuevos embajadores en el Perú del Reino Unido y Polonia.
Antes del fin del gobierno
Por su parte, los representantes de la compañía confirmaron el inicio de la renegociación y estimaron que este proceso tomaría menos de un año.
El gerente ejecutivo de Pluspetrol (la empresa líder del Consorcio Camisea), Roberto Ramallo, señaló que el proceso de renegociación culminaría antes de finalizar el presente gobierno.
“Alan García se va en julio del año que viene, creo que el proceso de negociación debiera de durar mucho menos”, señaló el ejecutivo a la agencia Reuters.
No hablan sobre venta a Chile
De otro lado, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) evitó pronunciarse sobre las especulaciones en torno a que el Consorcio Camisea habría aceptado iniciar las renegociaciones a cambio de que se pueda permitir la exportación del gas natural a Chile.
“No nos pronunciamos respecto a especulaciones”, señaló escuetamente la oficina de Comunicaciones del MEM.
Cabe recordar que debido a presiones sociales en el 2008 Repsol se comprometió a no exportar el gas de Camisea a Chile.
El dato
Sólo un lote. Tal como lo informó ayer La República, Perupetro confirmó que tras la renegociación del 2006 se estableció que el precio del gas para el mercado local no debe ser mayor la de exportación, pero ello sólo se aplica para el Lote 88 y no al Lote 56, del cual ya se está exportando gas.
Carta abierta al Presidente
El Coordinador del Foro Soberanía Energética, Manuel Dammert, y el Secretario General de la CGTP, Mario Huaman, enviaron la semana pasada una carta conjunta al Presidente de la República, Alan García, y al Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, donde advierten los perjuicios al país de mantener la exportación del gas.
En la carta recuerdan que el contrato de explotación del Lote 88 de Camisea fue modificado ilegalmente en el 2006 para permitir la exportación de parte del Lote 88, pese a la evidente demanda insatisfecha de gas en el Perú.
Asimismo, advierten que el precio de venta para exportación a boca de pozo y las regalías son menores al precio y regalías del mercado nacional, afectando a los consumidores y reduciendo los ingresos al fisco.

Se renegociará el contrato del gas de Camisea

El contrato para la exportación del gas de Camisea será renegociado para evitar que exista una diferencia entre el precio que se paga por la venta al exterior con el del mercado interno, afirmó ayer el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde.
"Se va hacer una renegociación, el tema es que no va haber una diferencia entre lo que se exporta y lo que se paga en el país", declaró a la prensa en Palacio de Gobierno.Tras asistir a la ceremonia de presentación de cartas credenciales, el canciller sostuvo que el mencionado contrato fue realizado "en otras circunstancias, cuando el precio estaba muy alto y fue hecho, además, antes de que se produjera la exportación de gas". "Hoy día los precios están abajo y se ha empezado a exportar gas, por consiguiente, no tiene ningún sentido, ninguna razón, y el gobierno peruano está dispuesto a que no subsidiemos la exportación de gas y en eso somos muy claros", enfatizó.García Belaunde dijo estar seguro que la empresa encargada de la exportación del gas "se va avenir" a una renegociación del contrato "porque que es justo"."Lo otro (el contrato original) correspondía a otra realidad, estamos hablando del año 2005", añadió.
Gobierno aceptó iniciativa de EE UU sobre recompensaEl ministro de Relaciones Exteriores confirmó que el Gobierno peruano aceptó la iniciativa de su similar de Estados Unidos de otorgar una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de los altos mandos de Sendero Luminoso. Explicó que se trata de una colaboración que hace el gobierno norteamericano, como lo hizo en países como Colombia y México. "Estados Unidos pone a disposición del Perú para recompensar a las personas que colaboren eficazmente en la captura de los cabecillas; nosotros hemos aceptado, EE UU pone a disposición, pero quien va a tener que capturar es la Policía peruana."García Belaunde acompañó al presidente García en la ceremonia donde recibieron las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Indonesia, Polonia y del Reino Unido e Irlanda del Norte.Fecha:16/07/2010