domingo, 7 de junio de 2009

Indígenas buscan a muertos y desaparecidos tras protesta en Perú

(Reuters) Recoger a muertos supuestamente dispersos por el campo y hallar a incontables desaparecidos eran el domingo la preocupación de centenares de acongojados indígenas amazónicos peruanos, que se refugiaron en un centro católico tras los violentos choques con la policía. Cobijados por las Hermanas de la Santísima Trinidad en Bagua Grande, los nativos -muchos heridos y con otras huellas de las peleas del viernes y sábado- pedían garantías al Gobierno del presidente neoliberal Alan García, al que desafiaron exigiendo respeto a sus territorios y recursos naturales.“Están desprotegidos, con miedo. Los hemos acogido desde que comenzaron a llegar ayer (sábado) poco a poco y ahora quieren organizarse para salir a buscar a sus muertos y desaparecidos”, dijo la hermana Rosa María Archila, responsable del centro.
La religiosa indicó que eran unos 700 los indígenas, entre ellos varias mujeres y niños, que buscaron la protección de la Iglesia Católica tras sus protestas contra una política de inversiones expresada en una ley sobre la explotación de hidrocarburos y otros recursos de las selvas.
Dirigentes indígenas dijeron que casi todos los refugiados participaron en el bloqueo de una carretera que fue levantado el viernes en una operación policial que, según el Gobierno, dejó muertos 13 uniformados muertos, nueve manifestantes y cuatro pobladores.Otros diez policías murieron el sábado aparentemente degollados en una estación petrolera y dos estaban desaparecidos, de acuerdo con la versión oficial, a la que los nativos responden con su propio recuento de más de 30 indígenas abatidos a tiros.
“Estamos preocupados por la matanza de nuestros hermanos, fue una balacera a campo abierto”, dijo Carlos Anchanchi, uno de los dirigentes refugiados.“Nos han dicho que muchos de nuestros hermanos muertos han sido tirados al río Marañón para ocultar la matanza, y por eso pedimos garantías para ir a buscarlos”, agregó.
Jefes policiales evitaron rechazar de frente la denuncia de la desaparición de cadáveres y dejaron el caso dependiendo de las investigaciones judiciales, en tanto que miembros de la jerarquía católica anunciaron iniciativas para emprender la búsqueda de los presuntos fallecidos.La búsqueda abarcaría también a los desaparecidos, al menos 400 según los indígenas, que habrían huido monte adentro tras los choques en la carretera entre Bagua Grande y Bagua Chica.
Los indígenas en el convento levantaron una lista inicial de 72 desaparecidos.
GARANTIAS
Ricardo Tuchía, indígena de la región de Condorcanqui, dijo que vio cómo supuestos policías quemaban tres cuerpos, pero se abstuvo de dar más detalles exigiendo “garantías para ir a buscar y rescatar todos los cadáveres”.
Señaló, apelando a relatos de otros nativos, que los manifestantes muertos “seguro que son más de 30”.No había reportes independientes sobre el número de víctimas mortales por la violencia, por la cual la ministra del Interior Mercedes Cabanillas responsabilizó el domingo a “indígenas terroristas” liderados por Alberto Pizango, un activista que según afirma pudo haber huido hacia la vecina Bolivia.Pascal Progin, un representante de la Cruz Roja que llegó a Bagua, declaró que había comenzado el acopio de datos, a la par de sus gestiones para garantizar los derechos de los 72 indígenas detenidos tras los choques.“Hemos venido para tener contacto con todos los interlocutores, no tenemos todavía información clara sobre detenidos, muertos o desaparecidos, estamos iniciando la averiguación”, dijo en las afueras de la base militar El Milagro, donde estaba la mayoría de los indígenas detenidos.A poco metros, Magda Díaz pedía sollozando que liberen a su esposo, de quien dijo era un vecino de Bagua que no participó en las protestas.“El sólo vino a mirar y lo cogieron, ahora quiero que me den a mi esposo”, exclamó.
Otros vecinos relataron que policías dispararon indiscriminadamente contra los indígenas bloqueadores y los curiosos de Bagua, en un choque que por momentos pareció una batalla campal.En la refriega, nativos se apoderaron de más de 30 fusiles de la policía con los que, según su propia versión, respondieron a los disparos que hacían los efectivos tierra y aire.Los policías recuperaron tres de esos fusiles en una requisa el domingo en el centro católico de Bagua.
Fuente: El Comercio del 07.06.09

Indígenas de Bagua se refugian en iglesia por temor a ser detenidos

(EFE). Una sede de la Iglesia católica en Bagua Grande se ha convertido en un gran campo de refugiados de centenares de indígenas que se sienten amenazados por haber participado en los violentos enfrentamientos con la Policía peruana que dejaron al menos 33 muertos el viernes. El párroco Castinaldo Ramos dijo a Efe que debe haber unos mil nativos, entre ellos mujeres y niños, en sus instalaciones, unas edificaciones de concreto separadas por un gran terreno arenoso por donde hay que sortear las ollas comunales o la muchedumbre que dialoga entre sí o llora por alguna dolencia. Ramos explicó que a pesar de la caótica logística y de los pocos recursos con los que cuentan para atender las necesidades de los indígenas, la Iglesia católica realiza con este gesto “un mero acto humanitario”. El sacerdote espera que por fin se concrete el retorno seguro, con ayuda de la Defensoría del Pueblo, de los indígenas a sus casas.
Estos temores se explican por los rumores que circulan en las ciudades de Bagua Grande y Bagua Chica de que las fuerzas del orden estarían deteniendo a los aborígenes heridos en los hospitales o durante su camino de regreso a casa, tal y como relató a Efe Carlos Santisteban, de la Comisión de Apoyo de la sede pastoral. Tanto es el miedo, que en las puertas de las edificaciones se hace guardia y se controla el ingreso de las personas y una vez adentro, se mira con recelo a periodistas y fotógrafos.
LA GENTE LOS AYUDA
La ayuda de la Iglesia católica a los aborígenes no sería posible sin el apoyo de los pobladores, que donan alimentos o comida y dan muestras de apoyo a los manifestantes.
Muchos de estos vecinos se dicen dispuestos a conformar las brigadas para ir en búsqueda de los cadáveres presuntamente arrojados por las fuerzas del orden en ríos como el Huallaga, tal como afirma el dirigente indígena, Edwin Montenegro, quien dice ser testigo presencial de esos sucesos. Sin embargo, el viceministro peruano del Orden Interno, Wilson Hernández, descartó hoy rotundamente dichas acusaciones. Otros no dudan en acoger en sus propias casas a los aborígenes, según confesaron a Efe varias fuentes, entre ellas Ane Marie Cuq, directora del Servicio Agropecuario y de promoción económica, vinculada a la Compañía de Jesús.

Fuente: El Comercio del 07.06.09

DAR INVOCA AL GOBIERNO EL CESE INMEDIATO A LA VIOLENCIA EN BAGUA Y QUE DE UNA SOLUCIÓN PACÍFICA AL CONFLICTO CON INDÍGENAS


PRONUNCIAMIENTO DAR
Derecho Ambiente y Recursos Naturales, lamenta profundamente las muertes de los pobladores indígenas, policías y demás ciudadanos ocurridas como consecuencia de la represión por parte de la fuerza pública a los pueblos indígenas del departamento de Amazonas.
Pedimos a las Autoridades del país y a los pueblos indígenas y demás ciudadanos un inmediato cese a la violencia, a fin de evitar más pérdidas irreparables de vidas humanas, y para que los heridos puedan recibir atención médica urgente, y se restablezca la paz.
Rechazamos que se utilice la represión como un medio para poner fin al reclamo de los pueblos indígenas. En atención al mandato constitucional del Estado de velar por la seguridad y vida de las personas exigimos que el Gobierno y el Congreso de la República contribuyan a la solución pacífica y efectiva de este conflicto atendiendo sus pedidos y demandas sociales.
Los pueblos indígenas de la Amazonia Peruana desde agosto del año pasado vienen solicitando la derogación de varios decretos legislativos que no fueron consultados debidamente a los pueblos indígenas, vulnerando su derecho a ser consultados, según lo prevé el convenio 169 de la OIT, entre otros. Han transcurrido 8 meses desde que los pueblos indígenas a través de sus representantes manifestaron su disconformidad, y 55 días desde la declaratoria del paro indefinido, sin que sus reclamos sean atendidos a través de las diferentes comisiones y grupos creados por el Gobierno y el Congreso.
El día de hoy 5 de junio del 2009, como consecuencia de la represión del Gobierno con el objetivo de desbloquear las carreteras, han muerto gran cantidad de personas y existe un número impreciso de heridos entre los que se cuentan varios menores de edad. Los enfrentamientos se han extendido a varias ciudades debido a que la población del departamento de Amazonas se ha levantado en solidaridad a los nativos.
Solicitamos al Gobierno y al Congreso de la República dar una muestra clara de voluntad para tomar las decisiones que restablezcan las condiciones que hagan posible el diálogo, así como, asumir su responsabilidad política por no haber atendido los justos reclamos de los Pueblos Indígenas en los más de 8 meses que llevan esperando por una solución pacífica.
Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, y a las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos a contribuir con una solución pacífica a este conflicto.

Lima, 05 de junio del 2009
DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

NO A LA VIOLENCIA FRATRICIDA ENTRE PERUANOS (CNDH)

Ante los terribles hechos ocurridos desde la madrugada del 5 de junio en la provincia de Bagua, los suscritos expresamos nuestro profundo pesar y nos unimos al luto nacional por la muerte de decenas de compatriotas en circunstancias de violencia. Nos solidarizamos con los familiares de todas las víctimas: nativos, ciudadanos y policías, enfrentados en una violencia fratricida como resultado de malas decisiones políticas.
Expresamos nuestra profunda indignación por el empleo de la violencia, venga de donde venga. Repudiamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes y población civil, y con el mismo rigor condenamos la agresión y secuestro de policías por parte de los sectores que protestan. Es inadmisible el asesinato de policías. Es igualmente inadmisible actuar contra la población civil con armas de fuego. Ambas son conductas reiteradas que hemos venido condenando y denunciando, sin obtener una adecuada reacción estatal y que, en este caso, han terminado segando la vida de decenas de compatriotas.
Denunciamos la conducta negligente de las autoridades nacionales para resolver un conflicto social que viene durando más de 50 días hasta llegar a este trágico desenlace. En efecto, hace más de un año las comunidades nativas vienen exigiendo la derogación de un conjunto de decretos legislativos que afectan sus legítimos derechos y que son inconstitucionales y violatorios de normas internacionales por haberse aprobado sin cumplir con el proceso de consulta a las comunidades nativas, tal como lo ha señalado claramente la Defensoría del Pueblo.
Por ello condenamos la falta de voluntad política, la indiferencia y la falta de transparencia de las autoridades, que ha terminado por colocar en situación de riesgo mortal, con su inacción y su mala gestión en el manejo del conflicto, tanto a la población civil de la ciudad de Bagua, a los nativos awajún que ejercían su derecho a la protesta, como a los efectivos policiales destacados en la zona.
En este momento de emergencia, pedimos con la mayor urgencia al Gobierno tomar acciones inmediatas para dar información oficial del número de víctimas civiles, que hasta el momento son inciertas; precisar la relación de detenidos, heridos y fallecidos; así como proceder a la identificación y entrega de los fallecidos a sus familiares. Así mismo, es urgente dar la seguridad necesaria para la acción de los organismos de acción humanitaria, de las Iglesias, de las propias autoridades y de la sociedad civil.
Invocamos urgentemente a todas las partes en el conflicto a cesar de inmediato toda forma de violencia y a restablecer el diálogo como único mecanismo legítimo para dar solución a los problemas en democracia. Así mismo, rechazamos el recurso a la represión como medio para enfrentar los conflictos sociales. El control de la violencia y el restablecimiento del orden público se deben realizar con pleno respeto a la ley y las garantías constitucionales, y pleno respeto a los derechos humanos.Invocamos a la serenidad a los líderes indígenas, a la población en general y a las autoridades. Todos tenemos el deber de respetar la vida. Nadie puede atentar contra la vida de los policías que cumplen servicios en la zona, y de encontrarse aún retenidos, deben ser puestos en libertad y sus vidas deben ser respetadas. Por su parte, la policía no puede disparar indiscriminadamente contra los nativos o cualquier otro ciudadano que proteste. El Gobierno y el Congreso deben asumir la responsabilidad que hasta el momento han eludido con el resultado trágico que ahora lamentamos.

Lima, 7 de junio de 2009
Coordinadora Nacional de Derechos HumanosAsociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo
Adherentes: Red Muqui, Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, Instituto del Bien Común, Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui, Instituto Natura, Desarrollo Ambiente y Recursos, Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, Red Peruana para una Globalización con Equidad, siguen firmas…

Poder Judicial y Ministerio Público determinarán responsabilidades por violencia en Bagua

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, consideró que el Ministerio Público y el Poder Judicial determinarán las responsabilidades por violencia en Bagua. “Como Defensora del Pueblo simplemente quisiera señalar que las responsabilidades serán determinadas como corresponde por los fiscales y por el Poder Judicial, pero tendremos que hacer lo necesario para que retorne la unión en el Perú y la confianza”, expresó. Dijo que también debe retornar las condiciones necesarias para retomar el diálogo con las comunidades nativas y solucionar los problemas dentro de los canales de la democracia. Merino subrayó que el diálogo es la herramienta que debemos utilizar para resolver los problemas en el país, por lo que dijo esperar que la violencia no se repita más en el Perú. En declaraciones a una emisora local, durante una inspección al hospital de Bagua, lamentó la pérdida de vidas durante hechos violentos registrados en la Región Amazonas, donde perdieron fallecieron 22 policías y 9 nativos hasta el momento.(Andina)

Inteligencia recomendó intervenir hace dos semanas en zonas donde se desató la violencia

Por: Miguel Ramírez´- Unidad de Investigación del Comercio
Hace dos semanas, agentes del Departamento de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) advirtieron a sus superiores que los nativos conseguían armamento y planeaban un enfrentamiento sangriento si se intentaba un desbloqueo de las vías.En sus notas de inteligencia, dichos agentes —que habían sido enviados a inicios del mes pasado a recoger información de campo en las zonas donde se desarrollaba el conflicto— sugirieron a sus superiores que se debía actuar de inmediato (entre otras cosas, con la captura de los principales dirigentes) para desarticular a tiempo cualquier acto violento.Los reportes fueron enviados al jefe del Área de Búsqueda de Información, coronel PNP Carlos Humberto Sáenz Morales, y este los elevó al grupo de análisis político social, cuya labor es la de evaluar los conflictos sociales que ocurren en el país sobre la base de la información de campo que envían los agentes de búsqueda.
Una vez evaluada la documentación, los analistas redactaron un informe en el que también recomendaban la inmediata intervención con la fuerza pública.El coronel Sáenz elevó el documento al jefe de la Digimin, el general PNP Abed Abdul Rosas. Según el procedimiento interno, la información debió terminar en el despacho de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
Los agentes, incluso, habían logrado identificar a las personas que tenían el armamento en su poder y los lugares donde lo escondían, así como detalles de las comunicaciones que sostenían con los cabecillas de las movilizaciones, entre ellos el dirigente Alberto Pizango. En la lista de los instigadores figuran muchos seguidores de Antauro Humala, actualmente preso por los sucesos sangrientos de Andahuaylas ocurrido hace unos años. Ayer, analistas de la Digimin revisaban ese material para enviarlo a las autoridades.“Los reportes eran verdaderamente alarmantes y la situación se estaba tornando insostenible”, dijeron las fuentes.Los agentes también consignaban información de la escasez de alimentos, combustible y energía eléctrica, así como la acumulación de la basura en las calles y los elevados precios de los alimentos.
La misma información del Área de Búsqueda fue enviada a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, que depende del director general de esa institución, en ese entonces el general Mauro Remicio, quien hace unos días dejó su cargo por límite de edad. Remicio también habría recomendado la intervención y la captura de los dirigentes.
Remicio envió a la zona de conflicto al general PNP Luis Elías Mugurusa Delgado, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) para hacerse cargo de las intervenciones. Pero la luz verde para realizarlas no prendió a tiempo.
La misma fuente contó que el miércoles pasado, durante la reunión del Consejo de Ministros, el presidente de la República, Alan García, le llamó la atención a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, por haber dejado que el conflicto se acrecentara.
El resto de esta historia de dolor ya se conoce.
Versión ministerial.- El Comercio llamó a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, para preguntarle sobre estos informes de inteligencia.La titular del Interior se exaltó y tuvo una reacción confrontacional. Casi al final de la conversación, tal vez advirtiendo su tono poco cortés, pidió no consignar la parte más agraviante de sus declaraciones hacia nosotros. En esencia, señaló que no había recibido tal información de inteligencia de la Digimin, dependencia que, según dijo, no tiene capacidad alguna de sugerir ni recomendar nada.

Fuente: El Comercio del 07.06.09