viernes, 25 de septiembre de 2009

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA DECISIÓN DE PRORROGAR EL PAMA DE DOE RUN Y LOS SUCESOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA

Inaceptable y desafortunada: estas dos palabras grafican la actuación de Doe Run y del Estado Peruano frente a la antigua y previsible situación de orfandad ambiental y de salud que enfrentan los pobladores de La Oroya. Los últimos sucesos de violencia en clara violación de la ley, se suman al historial de la falta de responsabilidad legal y social de la empresa Doe Run Perú para cumplir con sus obligaciones, así como del Estado para exigir su cumplimiento. En este proceso los más perjudicados han sido los trabajadores y la población, cuyos derechos esenciales son seriamente afectados sin que hasta el momento se hayan alcanzado los objetivos trazados hace 12 años desde que se entregó la concesión minera a Doe Run.

Por lo anterior:

- Rechazamos el uso de la violencia como mecanismo de protesta y expresamos nuestra solidaridad con la familia del suboficial de la policía Grover Sayco Taipe, quien pagó con su vida el precio de esta suma de actos ilegales y de la incapacidad de todos para evitarlos. Asimismo, deseamos la pronta recuperación de las personas heridas en estos sucesos.

- Exigimos a las autoridades competentes, en concordancia con las normas y el respeto a los derechos humanos, remediar lo antes posible las consecuencias que en la salud tendrá esta nueva licencia para postergar el cumplimiento del PAMA por parte de Doe Run, y adoptar medidas de urgencia para garantizar, de un lado el cumplimiento de las nuevas obligaciones asumidas por la empresa y, de otro, el seguimiento y control de las enfermedades que afectan a la población, especialmente a los niños y niñas de La Oroya.

- Es evidente que la empresa ha aprovechado la debilidad del Estado y las necesidades laborales y económicas de la población sin considerar las consecuencias que ello tendrá para el ambiente, la salud, la vida y la integridad de las personas.

- Además, es lamentable que el Poder Ejecutivo haya derivado al Congreso de la República el manejo legal de un asunto administrativo de su absoluta competencia, en clara vulneración del Art. 103 de la Constitución Política del Perú que establece que no se pueden expedir normas con nombre propio en beneficio de una única persona/empresa. El antecedente que se genera en el Perú con la situación de Doe Run es nefasto pues la nueva prórroga contraviene el Decreto Supremo Nº 046-2004-EM mediante el cual se consideró improrrogable el plazo otorgado para el PAMA, y desconoce también la Resolución Suprema Nº257-2006-MEM-DM expedida también por presión de la empresa. Con esta decisión el Perú demuestra su incapacidad para hacer cumplir las normas ambientales y desconoce el derecho internacional que nos obliga a respetar los derechos humanos y el ambiente.

- La nueva extensión del PAMA es casi igual en lapso de tiempo a la otorgada en el 2006, y no para la mitad de una planta de ácido sulfúrico, como ahora, sino para tres plantas consideradas claves para el control de la contaminación en la zona. Debe recordarse además que el PAMA incluía otras acciones para mejorar la salud y el ambiente, así como planes de evaluación y vigilancia epidemiológicos, cuyo grado de cumplimiento no ha sido siquiera considerado para esta ampliación.

- Justamente, respecto a las responsabilidades de tutela de derechos, actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está evaluando las consecuencias de la falta de control adecuado del complejo metalúrgico de La Oroya sobre la salud, la vida e integridad de las personas; así como la responsabilidad internacional del gobierno peruano en ello. Resulta paradójico que eventualmente ante la CIDH el Estado asumirá la responsabilidad no solamente por su negligencia sino también por la omisión de la empresa y el costo finalmente lo pagaremos todos.

En suma, exigimos que la empresa Doe Run Perú y las instancias del Estado involucradas con el control y vigilancia de las operaciones de la empresa en la ciudad, informen mensualmente sobre las medidas de prevención en curso contempladas en el PAMA y brinden garantías financieras y reales de protección a la población, incluyendo a los trabajadores que laboran allí. Todos los ciudadanos debemos impedir que esta situación se repita en La Oroya o en cualquier otra parte del país.


Lima, 25 de septiembre 2009



Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente – AIDA

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA

CooperAcción

Red Muqui

Red Regional Agua y Desarrollo de Piura

Grupo Ciudadano Piura, Vida y Agro Godofredo Barcía Baca

Asociación Civil Labor

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ

Asociación Marianista de Acción Social - AMAS

Proyecto Amigo

Centro Labor Pasco

Red Uniendo Manos contra la Violencia

Grupo para la Promoción del Desarrollo de los Andes - GRUPO ANDES

La Oroya: un mundo feliz


Autor: Patricia del Río
Llamémosle Rodolfo y digamos que hace diez años trabaja para Doe Run. Gana 800 soles mensuales y su mujer, Marta, aporta unos 500 más gracias al restaurantito que puso en su sala para venderles caldo de gallina a los trabajadores del turno de la tarde. Marta y Rodolfo no conocen otra forma de vida. Sus padres trabajaron en la refinería, mucho antes de que llegara Doe Run. Sus hijos también serán mineros.La vida no les es grata. Se levantan siempre bajo el mismo cielo color acero que pareciera sepultarlos bajo los gases tóxicos que emana la gran chimenea de la refinería. Viven en una de las diez ciudades más contaminadas del mundo, y en sus pulmones, su sangre y sus huesos se acumulan, todos los días, residuos de plomo, arsénico, dióxido de azufre y otros metales pesados. Por eso respiran mal, sus niños no crecen, y ayer se enteraron de que su vecino se murió de cáncer. Sobre su caso se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional exigiendo acciones concretas para controlar la contaminación ambiental. Pero nadie les ha cumplido. Rodolfo y Marta, entonces, han decidido salir a protestar. Pero no, no van a exigir que se haga todo lo posible por evitar la contaminación que los está matando. Lo que buscan, en realidad, es que la refinería, parada por no cumplir con el Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) que les exige el Estado, vuelva a funcionar como sea porque hace dos meses que están sin chamba y ya no saben cómo hacer para alimentar a sus hijos.De la empresa les han dicho que, si no se quejan, el Gobierno no cederá y ellos se quedarán sin trabajo, sin casa, sin vida. Marta ha salido con víveres para los manifestantes. Rodolfo se ha apostado en el cerro, junto con sus compañeros, listo para asustar con piedras a los 1,200 policías que quieren romper el bloqueo. Abajo, en la carretera, queda tirado un policía. Tiene el cráneo destrozado. Tiene 27 años. Grover Sayco Taipe, se llama. Rodolfo y sus amigos se asustan, se dispersan, pero no abandonan la lucha. Les han dicho que necesitan sangre para ser escuchados.En la capital se condenan los hechos de violencia. Se acusa a Doe Run de haberse manchado las manos con la sangre del policía muerto. Se anuncia que habrá denuncia penal contra el gerente de la empresa. Sin embargo, y a pesar de las graves imputaciones, en la Comisión de Energía del Congreso se acepta que se prorrogue por 30 meses más el cumplimiento del PAMA.Doe Run puede seguir operando. Rodolfo y Marta se van satisfechos a casa. La familia Sayco vela a su muerto. Todo vuelve a la normalidad. El problema ambiental puede esperar un tiempo más. Qué importa un poco más de plomo en la sangre. El problema social, felizmente, ese sí ha quedado resuelto.

Doe Run se sale con la suya en el Parlamento.

Hace tres meses la propietaria del Complejo Metalúrgico de La Oroya, Doe Run, solicitó al Gobierno la ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por un plazo de 30 meses. El Gobierno respondió que solo le daría 11. Hubo después un ida y vuelta, con un estudio técnico de por medio realizado por la Comisión Técnica La Oroya (que planteó un plazo de 20 meses) y un nuevo pedido de la empresa de 36 meses. Ayer, el pleno del Congreso aprobó la ampliación del PAMA por 30 meses. El mismo plazo que Doe Run solicitó al inicio.
Al respecto, el vicepresidente corporativo de asuntos ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, no pudo menos que estar satisfecho y declarar que no solicitarán un mayor plazo: “Yo creo que hay una decisión tomada. Vamos a hacer los esfuerzos para de una vez ir adelante y en este plazo llegar a acuerdos con nuestros proveedores”.
Explicó que en la medida que se concrete la ampliación por parte del Gobierno y se reúna nuevamente con las empresas que proveen de concentrados a la fundición de La Oroya, las operaciones de la empresa se podrían reanudar en un mes.
Tras aprobar la ampliación del PAMA por 85 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el pleno del Congreso dio facultades al Gobierno para que, vía un decreto supremo, defina la forma en que la empresa garantizará la inversión de US$155 millones en su PAMA.
ACUSACIONES
Sobre las acusaciones de que los ejecutivos de Doe Run —y en especial, su gerente general, Juan Carlos Huyhua— fueron los instigadores de la violencia y de la muerte de un policía el pasado martes, Mogrovejo informó que no habían recibido una acusación oficial, aunque mostró su extrañeza al respecto pues aseguró que la empresa siempre había dado prioridad al diálogo y rechazado acciones violentas.
Por su parte, los trabajadores de La Oroya recibieron con buen ánimo la ampliación dada por el pleno del Congreso. Ellos se congregaron ayer a las cinco de la tarde para evaluar la decisión del Legislativo. Luis Castillo, presidente de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, anticipó que se reunirían con la empresa para determinar cuándo empezaría la reactivación de sus operaciones.
No todos recibieron con el mismo júbilo la noticia. La Cámara de Comercio de Huancayo, por su lado, rechazó, en un comunicado enérgico, la actitud de Doe Run, calificándola de no ética por el abuso que comete contra sus propios funcionarios y trabajadores, a quienes por la angustia de conservar su centro laboral, los somete y expone permanentemente a tomar las carreteras y a incurrir en actos ilícitos con el solo propósito de conseguir la indebida ampliación del PAMA, propósito que ha logrado.
Se debe señalar que con este plazo de 30 meses (2 años y medio) le tocará al próximo gobierno fiscalizar el cumplimiento del PAMA de Doe Run. Nada garantiza que ese año (2012) se repita el problema.
Dos trabajadores muertosCuando los cientos de policías retornaban ayer a sus bases en diferentes puntos de la región y La Oroya volvía a la normalidad, se lamentó la muerte de dos trabajadores de Doe Run: uno por estrés emotivo y otro que se suicidó agobiado por la situación que se vivía en la ciudad.
Así, se informó de la muerte de Walter Martínez Soto (59) quien se suicidó por deudas económicas que había contraído, para enfrentar la incertidumbre que vivían los trabajadores y por el peligro de cierre de la empresa que aún tiene suspendidas sus operaciones. Asimismo, se supo de la muerte de Pedro Quintana Rojas (62), quien falleció de un shock cardíaco por estrés emotivo, según refirieron sus familiares y compañeros de trabajo.
Estas dos muertes se suman al lamentable deceso del policía Grobert Saico Taipe, asesinado el martes por los revoltosos.