domingo, 29 de noviembre de 2009

El ruido de los aviones no perdona ni los días de descanso ni la navidad

Es triste constatar que en el Perú las autoridades regionales y nacionales no han dado una solución al ruido de los aviones en el Callao, y que los vecinos de Bellavista, Carmen de la Legua, la Perla y San Miguel debamos pagar por su desidia e indiferencia, el peor de los males en la administración pública. Hoy al mediodía en menos de cinco minutos pasaron cuatro aviones y ocasionaron un terrible malestar en el distrito de Bellavista, y luego vinieron otros y otros. Son la 1. 24 pm, y en lo que escribo estas líneas han sobrevolado Bellavista otros dos vuelos. Un domingo en Bellavista no es de descanso es de tortura, huida y fuga implícita a otras zonas más tranquilas. Y eso es una pena y tristeza enorme para un distrito tan bello como el nuestro. Dicho esto, otro vuelo pasa muy cerca de donde escribo, y hace sonar una alarma de un auto, como desafiando, lo que se viene...

Liberan a detenidos por desalojo del bosque de Pomac


Una tensa calma, con olor a peligro e impunidad, reina nuevamente en el Santuario Histórico Bosque de Pomac (provincia de Ferreñafe) por cuyo alrededor ya transitan 12 personas que obtuvieron su libertad tras permanecer varios meses en el penal de Picsi, acusadas de invadir el bosque y de tener que ver con la muerte de dos policías durante el desalojo del pasado 20 de enero.
La libertad de los invasores fue dispuesta por el titular del Juzgado Penal Liquidador de Ferreñafe, José Pisfil Gonzales, quien les cambió la detención por comparecencia restringida. La medida se tomó —según se indicó— porque son personas conocidas, con domicilio establecido y que no van a perturbar la actividad probatoria del proceso penal en el que están incluidas.
Es preciso recordar que durante el desalojo de Pomac fueron detenidas unas 30 personas, pero las autoridades ordenaron el encarcelamiento en Picsi de solo 12. Así, los implicados en la muerte de los dos policías fueron acusados de haber cometido los delitos de homicidio calificado, contra la paz pública, violencia y resistencia a la autoridad.
HAY PREOCUPACIÓNLo dispuesto por el juez ha generado una enorme preocupación entre defensores de Pomac, pues sostienen que los liberados serían peligrosos sujetos que participaron activamente en los sucesos ocurridos durante el desalojo de 200 familias que se habían apoderado de un importante sector del bosque.
En opinión del asesor legal del Santuario Histórico Bosque de Pomac, Segundo Villegas, estas son personas muy peligrosas que tienen una estrecha vinculación con los dirigentes y autores intelectuales de la invasión, tales como Lorenzo Rojas Navarro, Luis Alberto Zapata López y los hermanos Luis, Encarnación, Romayén y César Rojas Peralta, a los que se conoce como los “Rambo” por haber participado en varios episodios de invasión en sectores de Pomac y en el predio de Batangrande, de propiedad de la Empresa Agroindustrial Pucalá.
Villegas cuestionó el trabajo poco consistente del juez José Pisfil, quien anunció que el proceso de investigación había concluido. “El juez no ha ordenado una confrontación de los invasores que estuvieron detenidos. Tampoco ha investigado la actitud del presidente nacional de las rondas campesinas César Díaz, quien el día del desalojo permaneció en la zona instigando a los invasores para que se enfrentaran con la policía”, señaló.
También demandó una pronta explicación del juez Pisfil respecto de la pérdida de importantes documentos en el Juzgado Penal Liquidador de Ferreñafe, entre los que destacan cuarenta contratos mediante los cuales Celso Farroñán Facho, presidente de la Asociación Agrícola Ganadera La Palería, vendió terrenos del bosque a pobladores de Chota (Cajamarca).
“Presentaremos un documento ante la sala superior penal de Chiclayo en que pediremos a los magistrados que ordenen al juez Pisfil ampliar la investigación sobre lo ocurrido en Pomac. De no continuarse el proceso podrían quedar impunes varios delitos, especialmente el de los policías que murieron abaleados por francotiradores que se apostaron en el bosque”, dijo.

La desesperanza de la selva extrema

Por: Vanessa Romo Espinoza
La agitada aparición de una pequeña avioneta en el cielo de la pausada y húmeda Purús hace que sus pobladores detengan por un momento sus faenas. Mientras desciende, su advertida llegada empieza a cobrar más importancia para los que habitan en Puerto Esperanza, la capital de esta provincia del extremo sureste de Ucayali. Selva, de 50 años, sale corriendo de su restaurante y detiene un motocar para que la lleve al aeropuerto.
Ella reconoce que aeropuerto es solo un decir. En realidad se trata de una pista de aterrizaje, pero es la única conexión que han tenido con el resto del Perú desde hace más de 65 años, cuando fue creada la provincia. Esa pequeña pista con baches, que deben sortear las pocas aeronaves que llegan a la zona, es la que aún la conecta, además, con la sensación de pertenecer al Perú.
VIDA CARA EN LA FRONTERADecenas de personas se aglomeran alrededor de la avioneta, para esperar la llegada de víveres desde Pucallpa. Son tres aerolíneas comerciales las que llegan desde la capital de Ucayali a Puerto Esperanza, tras un vuelo de casi dos horas. No muchos son los privilegiados que realizan este tipo de traslados: un pasaje de ida y vuelta cuesta desde S/.900 a S/.1.000.
El estupor del millar de pobladores de la capital de Purús se manifiesta a diario. “ Un kilo de papas puede costar S/.7, lo mismo que la cebolla”, dice Orializ Olivera, profesora. Estos productos, en Lima y en cualquier otra ciudad, se venden de S/.2 a S/.3. Cualquier insumo que llega desde Pucallpa cuesta un adicional de al menos S/.4 por cada kilo. Mientras la vida se encarece, ellos siguen recibiendo los mismos sueldos precarios. Es por eso que la mayor parte de sus víveres los traen de Brasil, cuya comunidad más cercana se encuentra a tres horas navegando por el río Purús. “Una bolsa de cemento de 50 kilos cuesta S/.172”, agrega desesperanzada. En las grandes ciudades, la misma bolsa cuesta, máximo, S/.20.
La solución del Estado fue realizar vuelos de acción cívica una vez a la semana. Los pasajeros solo debían pagar S/.30. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, este servicio que presta la Fuerza Área del Perú (FAP) se realiza con menos frecuencia.
VÍA DE LA DISCORDIAUn desolado terminal terrestre, decorado con un mapa que muestra el recorrido de una carretera que uniría Puerto Esperanza con Iñapari, en Madre de Dios, ha quedado como prueba del sueño que un grupo de pobladores tiene desde hace una década. “Ya se tienen 110 kilómetros construidos desde Iñapari, pero no se puede continuar porque nos dicen que se estaría interviniendo en territorio intangible”, señala Domingo Ríos, uno de los gestores de esta propuesta.
El obstáculo, como afirman, es el Parque Nacional Alto Purús, área protegida en cuya zona de amortiguamiento viven 41 comunidades nativas de nueve etnias, que forman el 81% de la población de Purús.
Guillermo Nacimiento, dirigente del poblado San Martín, dice que los indígenas no desean la carretera porque con ella llegará el descontrol. “Invadirán nuestras tierras, nos quitarán nuestro bosque”, exclama. Mientras tanto, el alcalde provincial, el indígena Emilio Montes, ha propuesto una vía que vincule Puerto Esperanza con el Cusco, con lo que atravesaría el parque por la mitad.
Mientras tanto, en el aeródromo, el vuelo de retorno a Pucallpa se ha iniciado. Selva, como otras decenas de personas que llegaron a la pista, preguntan cuándo regresará. No hay respuesta. Al día siguiente habrá un vuelo cívico, el cual aparece después de un mes, pero ya está copado. “Esas avionetas pueden salvar nuestras vidas”, dice uno de los que ven la aeronave despegar. Con un hospital que no cubre el servicio de cirugía, no tienen mucha esperanza a la cual aferrarse. Solo queda esperar que no necesiten un vuelo, al menos, hasta que llegue uno nuevo.

Ambiente: Más allá de crear áreas de conservación...

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado (Sernanp) ha propuesto quince nuevas áreas de conservación, que abarcarán más de un millón de hectáreas en ocho departamentos de la costa, sierra y selva de nuestro país.
¿Qué significa eso? De antemano, es muy positiva la mayor conciencia de los gobiernos regionales y de las comunidades respecto de la necesidad de conservar bosques y espacios naturales que pertenecen a todos. Buscan también proteger los recursos y especies, algunas en extinción, así como asegurar el equilibrio del ecosistema ante los terribles perjuicios que causa el calentamiento global en el clima, la agricultura y la calidad de vida de todo el mundo.
Sin embargo, siendo esto trascendental, no es suficiente. Falta aún que la Presidencia del Consejo de Ministros apruebe la propuesta y, no menos importante, que se pase de lo declarativo a la implementación de un plan con medidas concretas y efectivas para garantizar realmente la conservación de dichas áreas en riesgo y constantemente amenazadas.
Por ejemplo, resulta indignante y desalentador que 12 personas acusadas de invadir el bosque de Pomac y propiciar la muerte de dos policías durante una operación de desalojo hayan sido liberadas por las autoridades judiciales de Ferreñafe. ¿Qué mensaje se da a las comunidades y al país? ¿Y qué podrían pensar y hacer con este mal precedente otros posibles invasores?
Las instancias superiores del Poder Judicial y del Ministerio Público tienen que evaluar exhaustivamente la actuación del juez José Pisfil para tomar las medidas correctivas necesarias, en un caso flagrante de violación del principio de autoridad y contra los derechos a la vida y la propiedad.
En cuanto al Poder Ejecutivo, su responsabilidad sigue siendo crucial e inexcusable para fijar políticas ambientales y ejecutarlas. La creación de nuevas áreas de conservación, así como la protección de las ya existentes, es un tema que abarca diversos sectores pero que debe motivar una mayor atención presupuestal y transferencia de funciones operativas y normativas al Ministerio del Ambiente. Complementariamente, sigue pendiente la evaluación de mecanismos reguladores y fiscalizadores sobre la materia.
No se trata de caer en extremos que prohíban la entrada a los bosques, sino, por el contrario, de integrar a las comunidades y a las empresas responsables del sector privado en su conservación, protección y explotación racional y sostenible.
Como lo explican los expertos, estos espacios protegidos podrán generar unas siete gigatoneladas de captura de carbono, lo cual podrían significar importantes captaciones de ingresos, dentro del sistema de bonos ambientales que promueven países desarrollados, para financiar otros proyectos de conservación.
Hay, pues, razones prácticas y hasta de supervivencia que hacen del cuidado ambiental una acuciante prioridad mundial. A pocos días de la Cumbre Mundial de Copenhague sobre el cambio climático, el Perú debe presentar planes de conservación y protección con metas precisas y planes fiscalizados que involucren a las instancias estatales, las comunidades y el sector privado.

CONFLICTOS SOCIALES: DOS LLAMADAS DE ALERTA

La semana pasada en Hualgayoc, Cajamarca, un enfrentamiento de campesinos y miembros de una empresa minera, dejó un saldo de 2 muertos y 4 heridos. Una de las víctimas era un menor de edad. El reporte lo tiene Enlace Nacional:
http://enlacenacional.com/2009/09/17/enfrentamiento-entre-campesinos-y-empresa-minera-deja-dos-muertos-en-hualgayoc/
Aun el gobierno no atiende el problema. ¿Por qué el enfrentamiento? Pues es un nuevo capítulo del enfrentamiento ya clásico entre actividad agrícola y minería. Y como también parece ser clásico, recién luego que contamos fallecidos el gobierno va a mandar una comisión de alto nivel para atender el tema y buscar una solución.
Y en otra zona del país, La Oroya, continúan las protestas por el ya conocido problema de Doe Run. Informa La República con el lamentable saldo de ayer:
Durante el enfrentamiento ocurrido a las 18:00 horas de hoy (martes), cuando los mineros desbloquearon la carretera central por una hora, tras previo acuerdo con la autoridades, un policía identificado como Grobert Wiltson Saico Taype, recibió un fuerte impacto en la cabeza de una roca proveniente de un cerro causándole la muerte.
Otros 3 efectivos resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital de Essalud de La Oroya. Aún no se conoce al detalle la gravedad de las lesiones provocadas. Transcendió que la carretera central sería tomada nuevamente por los trabajadores de Doe Run a las 22:00 horas, es por ello que se viven momentos intensos en la Ciudad de La Oroya.
Esta mañana, Roiberto Guzmán, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de La Oroya,que agrupa a 3500 personas, negó que el paro sea un un acuerdo previo con la empresa Doe Run, para presionar al Ejecutivo.
Como se recuerda, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el informe de la Comisión Técnica de La Oroya, que recomienda una prórroga de 20 meses del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA). Sin embargo, la empresa metalúrgica y los trabajadores exigen una prórroga mayor de 36 meses.
Por su parte, la empresa Doe Run publicó hoy (martes) en algunos diarios un comunicado a página completa titulado “Todos queremos que el complejo metalúrgico de la Oroya arranque lo antes posible. Doe Run asegura que el negocio es viable”.
En otras declaraciones previas al paro, el presidente de la región Junín, Vladimiro Huaroc, pidió al Gobierno que reconsidere la decisión del Consejo de Ministros de otorgar 20 meses más de ampliación del PAMA, ya que los trabajadores iniciarían un paro provincial en protesta.
“Los trabajadores están temerosos porque en 45 días vence el acuerdo con Doe Run, mediante el cual venían recibiendo el 63% de sus salarios, a pesar de que la operación estaba paralizada”, sostuvo.
Lo cierto es que el Estado - que en lo de Doe Run da pasos para adelante y para atrás, para quedar bien con todos, en lugar de cumplir la ley ambiental - no sabe como afontar estos problemas. Y ya que el Presidente está en la onda de leer libros antes que ver blogs o el Twitter, sería bueno que le diera una mirada a los varios trabajos que han salido sobre la materia. Uno de ellos, Minería y Conflicto Social, ha sido reseñado por Martín Tanaka, quien además es uno de los autores. Ojo al diagnóstico y las soluciones:
En este libro se estudian los conflictos sociales que surgen a propósito de las actividades de explotación minera, sobre la base del análisis exhaustivo de seis casos emblemáticos (Tambogrande, Majaz, Yanacocha, Antamina, Las Bambas y Tintaya). Analizamos la naturaleza y dinámica de los conflictos, y hacemos algunas reflexiones sobre qué caminos deberían explorarse para mejorar la relación entre Estado, empresas mineras y comunidades, de modo de conciliar el interés de los actores directamente involucrados en los conflictos con el interés general de la sociedad, buscando que la actividad minera pueda convertirse efectivamente en una herramienta para el desarrollo del país.
El examen de los casos muestra que la dinámica de las protestas sociales tiene en la base una conflictividad estructural, no siempre evidente por no expresarse en acciones de protesta, en la que interactúan empresa, comunidades y Estado como actores principales, pero también un amplio conjunto de actores regionales, nacionales y globales que complejizan el panorama.
Para entender la dinámica de la protesta resultan clave dos variables de análisis: de un lado, la percepción de la magnitud de la afectación de las operaciones mineras (en donde las historias previas de relación con actividades mineras, la existencia de actividades agrícolas alternativas y la naturaleza de los modos de vida imperantes resultan muy importantes); y del otro, la capacidad de acción colectiva de las comunidades afectadas (donde resalta la existencia de altos niveles de fragmentación social, así como la intervención de distintos actores extralocales). La dinámica de las protestas sigue caminos diferentes a los de la conflictividad estructural, y es esta última la que debe ser enfrentada principalmente. Encontramos que esta tiene cuatro dimensiones básicas: los riesgos medioambientales, la disputa por recursos naturales como sustento económico, por la distribución de los beneficios económicos, y por la defensa de la autonomía comunal. Esta conflictividad se exacerba en los últimos años, en el contexto de la expansión de la actividad minera, en la que se hacen patentes las débiles capacidades del Estado y los límites del modelo de “regulación sectorial” vigente hasta el momento.
Sobre la base de este diagnóstico, surgen cuatro líneas de recomendaciones: frente a los riesgos medioambientales, se propone una gestión transectorial, expresada en una autoridad ambiental autónoma; frente a la disputa por los recursos naturales, una lógica de ordenamento territorial; frente a la distribución de los beneficios económicos, la necesidad de vincular la minería con el desarrollo local; y frente a la defensa de la autonomía comunal, el fortalecimiento de la participación ciudadana. Estas recomendaciones no buscan “resolver”, sino poder encauzar institucional y pacíficamente los conflictos, cuya resolución es en última instancia de naturaleza política.
Y además de este cuadro específico sobre minería, el Estado podría tener en cuenta que factores detonan una protesta. Carlos Melendez dió su explicación hace más de un año:
1) La frustración (léase simplemente la bronca). No hay protesta si no hay bronca. Esta se originaría, utilizando el marco explicativo de la teoría de la privación relativa, como la brecha que existe entre las expectativas y las capacidades reales para cumplirlas que tienen los ciudadanos; y a continuación en la politización de dicha frustración (Ted Gurr).
2) Los recursos (léase organización, tiempo, recursos materiales, recursos humanos). No hay protesta si ésta no se organiza, si no existe la capacidad, el tiempo, la habilidad para llevarla a cabo. (Teoría de la movilización de recursos, los clásicos McCarthy y Zald)
3) El involucramiento colectivo (léase participación). Para ello hay que vencer muchos obstáculos para la acción colectiva, vencer el famoso “free rider”, que el colectivo se reconozca y se sienta comprometido con la “causa”, que considere que su participación sí hace el cambio, importa. Que tengan intereses e incentivos para movilizarse. (Teorías de la acción colectiva, D. Chong, entre otros)
4) La oportunidad (léase el momento preciso, la “chispa que enciende”). Existe un momento en que “el sistema”, el “establishment”, o el “enemigo” es sencillamente fácil de vencer, es particularmente débil, ya sea por factores de contexto o flaquezas internas. Ese es el momento que la protesta aprovecha para consumar su éxito. (Teoría del sistema de oportunidad política, Tarrow, McAdam)
5) La forma (léase el “framing”, el “marketing”). Se requiere un discurso, un rollo que justifique, que simplifique la información de las causas y las motivaciones, y las ponga en lenguaje simple de injusticia y culpabilidad, comprensible para cualquiera, para cada uno de los participantes, y para el observador más “objetivo”. (Teorías culturales del “framing”, Snow entre otros)
Tal vez comprendiendo este panorama complejo, salgamos de la lógica “bloqueo de carretera - protesta violenta (con o sin muerto) - comisión de alto nivel”. Ese modelo, simplemente, no funciona.