Tras la emisión del documental El misterio del capital de los Indígenas Amazónicos, el directivo de la Red Muqui sostuvo que este se ha convertido en un análisis superficial de un tema que abarca factores ambientales, sociales, culturales y de regulación.
Para la Red Muqui las causas de los conflictos sociales en el país se deben, entre otras cosas, a la escasez de recursos naturales y a la disputa por ellos; a la acelerada expansión minera, dejando de lado los procesos de desarrollo local; a una regulación pública débil e insuficiente.
A ello se suma una gestión ambiental desarticulada y poco eficaz, que se expresa, por ejemplo, en problemas de contaminación ambiental no resueltos. Otro factor importante identificado por la Red Muqui es el vinculado al establecimiento de relaciones asimétricas entre poblaciones locales y empresas, así como el trastocamiento de las relaciones de poder.
Ante esta problemática, la Red Muqui considera necesario mejorar la regulación pública de la minería (regulación de sus actividades, de los recursos que genera, de los instrumentos de gestión ambiental para prevenir y mitigar los daños ambientales, sociales y culturales), además de establecer una gestión ambiental independiente, articulada y descentralizada, que tenga claridad en las competencias y con capacidad fiscalizadora y sancionadora.
Del mismo modo, que la minería se articule a los proceso de desarrollo local, teniendo en cuenta los procesos de zonificación económica-ecológica y el ordenamiento territorial.
Incremento de conflictos
Para José de Echave, directivo de la Red Muqui, la idea de que la crisis económica provocaría la disminución de los conflictos sociales, pues iban a haber menos inversiones, no se ha comprobado en la realidad. “Los conflictos no están disminuyendo, según la Defensoría del Pueblo, en el periodo enero-junio del año pasado hubo 123 conflictos, mientras que en ese mismo periodo este año ya se han registrado 273”, acotó.
Según manifestó De Echave, la Red Muqui ha seguido con detenimiento este panorama y considera que un elemento clave para entender el origen de los conflictos es la expansión territorial.
Entre diciembre de 2008 y junio de 2009, las concesiones mineras se han incrementado notablemente, alcanzando records históricos. Solo este año se han registrado más de 19 millones de hectáreas concesionadas, lo que representan –según De Echave- el 15 por ciento de todo el territorio nacional.
“Hoy en día Arequipa es la región más concesionada con un millón 985 mil 141.53 hectáreas, seguida de Cajamarca con un millón 477 mil 540.29 hectáreas. Además tenemos concesiones que van ocupando ecosistemas sumamente frágiles y que dan servicios ambientales muy importantes como los páramos y bosques de neblina ubicados en Huancabamba y Ayabaca, en la sierra de Piura, donde el 44% está concesionado a empresas mineras”, añadió De Echave.
Diálogo e intereses
En lo relacionado a mecanismos de diálogo, Javier Janhcke, otro miembro del Directivo de la Red Muqui, sostuvo que el problema del Estado radica en que éste “elige a dedo” con quien dialogar y lo hace con organizaciones más cercanas a sus intereses.
“Es así que se crean organizaciones paralelas con quienes pretenden llegar a acuerdos y con las que se busca, además, debilitar a aquellas elegidas por las propias comunidades”, indicó.
De otro lado, manifestó que las empresas están acostumbradas a desconocer ciertas normas que deberían ser exigidas por el Estado como el acuerdo previo.
“El Ministerio de Energía y Minas indica que para otorgar un permiso para la actividad minera, la empresa solo necesita presentar un certificado ambiental, dejando de lado la verificación de los permisos (acuerdo previo) que los propietarios de las tierras deben otorgar a quienes deseen utilizarlas para desarrollar actividades extractivas. Entonces, no existe ninguna institución que verifique este paso tan importante y que, a la larga, ha generado muchos de los conflictos sociales que actualmente se vienen desarrollando”, agregó.
Para la Red Muqui las causas de los conflictos sociales en el país se deben, entre otras cosas, a la escasez de recursos naturales y a la disputa por ellos; a la acelerada expansión minera, dejando de lado los procesos de desarrollo local; a una regulación pública débil e insuficiente.
A ello se suma una gestión ambiental desarticulada y poco eficaz, que se expresa, por ejemplo, en problemas de contaminación ambiental no resueltos. Otro factor importante identificado por la Red Muqui es el vinculado al establecimiento de relaciones asimétricas entre poblaciones locales y empresas, así como el trastocamiento de las relaciones de poder.
Ante esta problemática, la Red Muqui considera necesario mejorar la regulación pública de la minería (regulación de sus actividades, de los recursos que genera, de los instrumentos de gestión ambiental para prevenir y mitigar los daños ambientales, sociales y culturales), además de establecer una gestión ambiental independiente, articulada y descentralizada, que tenga claridad en las competencias y con capacidad fiscalizadora y sancionadora.
Del mismo modo, que la minería se articule a los proceso de desarrollo local, teniendo en cuenta los procesos de zonificación económica-ecológica y el ordenamiento territorial.
Incremento de conflictos
Para José de Echave, directivo de la Red Muqui, la idea de que la crisis económica provocaría la disminución de los conflictos sociales, pues iban a haber menos inversiones, no se ha comprobado en la realidad. “Los conflictos no están disminuyendo, según la Defensoría del Pueblo, en el periodo enero-junio del año pasado hubo 123 conflictos, mientras que en ese mismo periodo este año ya se han registrado 273”, acotó.
Según manifestó De Echave, la Red Muqui ha seguido con detenimiento este panorama y considera que un elemento clave para entender el origen de los conflictos es la expansión territorial.
Entre diciembre de 2008 y junio de 2009, las concesiones mineras se han incrementado notablemente, alcanzando records históricos. Solo este año se han registrado más de 19 millones de hectáreas concesionadas, lo que representan –según De Echave- el 15 por ciento de todo el territorio nacional.
“Hoy en día Arequipa es la región más concesionada con un millón 985 mil 141.53 hectáreas, seguida de Cajamarca con un millón 477 mil 540.29 hectáreas. Además tenemos concesiones que van ocupando ecosistemas sumamente frágiles y que dan servicios ambientales muy importantes como los páramos y bosques de neblina ubicados en Huancabamba y Ayabaca, en la sierra de Piura, donde el 44% está concesionado a empresas mineras”, añadió De Echave.
Diálogo e intereses
En lo relacionado a mecanismos de diálogo, Javier Janhcke, otro miembro del Directivo de la Red Muqui, sostuvo que el problema del Estado radica en que éste “elige a dedo” con quien dialogar y lo hace con organizaciones más cercanas a sus intereses.
“Es así que se crean organizaciones paralelas con quienes pretenden llegar a acuerdos y con las que se busca, además, debilitar a aquellas elegidas por las propias comunidades”, indicó.
De otro lado, manifestó que las empresas están acostumbradas a desconocer ciertas normas que deberían ser exigidas por el Estado como el acuerdo previo.
“El Ministerio de Energía y Minas indica que para otorgar un permiso para la actividad minera, la empresa solo necesita presentar un certificado ambiental, dejando de lado la verificación de los permisos (acuerdo previo) que los propietarios de las tierras deben otorgar a quienes deseen utilizarlas para desarrollar actividades extractivas. Entonces, no existe ninguna institución que verifique este paso tan importante y que, a la larga, ha generado muchos de los conflictos sociales que actualmente se vienen desarrollando”, agregó.
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