sábado, 12 de febrero de 2011

DECRETOS DE URGENCIA EN LA MIRA


DECRETOS DE URGENCIA EN LA MIRA
Infraestructura, desarrollo y manejo ambiental

Por: Gonzalo Castro De La Mata V*
Sábado 12 de Febrero del 2011

La introducción de los decretos de urgencia 001 y 002 que permitirían la dación de permisos administrativos para una treintena de proyectos de infraestructura sin la previa aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) ha generado una gran discusión. Por un lado quienes defienden los decretos argumentan, válidamente, que las inversiones en infraestructura no están ocurriendo con la velocidad necesaria, en parte por la maraña burocrática y por la existencia de un Estado ineficiente, enclenque y con una muy disminuida capacidad profesional. Por otro lado, quienes los critican, enfatizan la inconstitucionalidad de los mismos y el riesgo que su aprobación podría significar para el manejo ambiental del país.

Estas posiciones opuestas caricaturizan la percepción errada de que la protección ambiental y por ende la existencia de los EIA constituye un freno al desarrollo. Estas razones encontradas sugieren que hay que escoger entre desarrollo y medio ambiente, y que cuando un lado gana, el otro pierde, es decir, la existencia de un juego de “suma cero”. El ministro de Economía, por ejemplo, restó importancia a las críticas porque, en referencia a los proyectos favorecidos, “son de infraestructura básica, que tienen poco o nulo impacto ambiental”. Es decir, habría personas como él que saben, a priori, cuándo un proyecto tiene impacto y cuándo no. De ser así, entonces efectivamente los EIA serían una mera formalidad y un estorbo, en cuyo caso no habría argumento válido para defender su existencia.

Paradójicamente, lo que no se discute es para qué sirven los EIA. Su ‘raison d’être’ no es otra que la incorporación de externalidades al proceso de toma de decisiones. Imaginemos una mina que toma agua limpia de un río y luego vierte sus desechos sucios al mismo. Las personas que viven aguas abajo se enferman o se ven obligadas a comprar agua limpia de otro lugar. Este costo adicional para ellas no lo paga la mina, que al mostrar estados financieros sólidos lleva a la conclusión errada de que su inversión beneficia a la sociedad. Pero en algunos casos el resultado final puede ser negativo si los costos pagados por los que viven aguas abajo (las externalidades) exceden los beneficios que trae la mina. Los EIA permiten identificar estos casos y tomar decisiones que a la larga son las económicamente correctas. Es por ello que son justamente las compañías transnacionales más serias las que nunca invertirían o arriesgarían recursos sin tener la certeza de que los aspectos ambientales (y por ende sociales) no les significarán problemas en el mediano plazo. La única forma de saberlo es a través de los EIA serios y que den permanencia en el tiempo, es decir, sustentabilidad, a sus inversiones. Contrariamente a los argumentos escuchados a favor de estos decretos, el riesgo es el inverso, es decir, que no se invierta por la incertidumbre que genera la relajación de esta herramienta tan indispensable en sociedades más avanzadas.

El Perú sigue siendo un país pobre y desigual, en donde la falta crónica de inversión privada en infraestructura, sobre todo en las zonas rurales, exagera las diferencias sociales entre los que participan de la economía de mercado y los que no tienen acceso a ella. La inversión privada en infraestructura es indispensable para el desarrollo de nuestro país. Al mismo tiempo, un país moderno y civilizado y con un Estado eficaz debe aplicar reglas de juego inteligentes que generen desarrollo sostenible y nos permitan competir en el mundo globalizado de las economías verdes. Estos mal concebidos “decretos de urgencia”, desafortunadamente, nos llevan en la otra dirección.

http://elcomercio.pe/impresa/notas/infraestructura-desarrollo-manejo-ambiental/20110212/712507

¡Otra vez Andrés! Ministro del Ambiente, vuelve a la carga, en defensa de los Decretos de Urgencia

El Gobierno convocó para este lunes a una reunión con los representantes de los gobiernos regionales, la Defensoría y la sociedad civil para analizar los cuestionados Decretos de Urgencia 001 y 002, que aceleran las inversiones en una treintena de proyectos exonerándolos de los estudios de impacto ambiental.

El ministro del Ambiente, Antonio Brack, reiteró que las normas no atentan contra la naturaleza, sino que tienen como objetivo reducir los trámites burocráticos. Dijo que esos decretos “no son oscuros ni inconstitucionales”, como lo afirman sectores de la oposición, en especial el nacionalismo y Perú Posible.

“Se dicen muchas cosas y adjetivos, pero lo que puedo decir yo es que el Decreto 001 es similar al Decreto 121 que se aprobó en 2009 y estuvo vigente durante todo 2010. ¿Por qué ahora tanto revuelo y suspicacia?”, expresó.

Al respecto, el presidente Alan García insistió en que ninguno de los proyectos de infraestructura incluidos en las citadas normas se iniciará sin un estudio de impacto ambiental. “Nadie debe ver nada sospechoso”, reiteró.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales pidió que se deroguen los dispositivos porque los consideran lesivos para los intereses nacionales y, en general, para el desarrollo del país.

DATO
“Yo pediría al Presidente que suspenda los actuales decretos de urgencia porque le van a traer muchos dolores de cabeza”, dijo Alejandro Toledo en Twitter.

http://peru21.pe/noticia/712580/este-lunes-veran-decretos-urgencia

¡UN AÑO MÁS! SIN QUE EL MINAM IMPLEMENTE EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

En 1997, se aprueba la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que establece las pautas básicas para exigir estudios de impacto ambiental, sin embargo esta nunca entra en vigencia, en virtud que estaba supeditada a la expedición de su reglamento, que según decía la norma se aprobaría en no más de 45 días útiles. Transcurrieron más de 10 años, y recién en el año 2009, se expide el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Supremo 019-2009-MINAM, la que otorga 180 días para que todos se adecuen a la misma, plazo que vencía el 25 de marzo del 2010.

A puertas del aniversario de un año más, sin que ningún sector se adecue a al Decreto Legislativo 019-2009-MINAM, y sin fecha cierta para que al fin lo hagan, exigimos al Ministro del Ambiente, se ponga los pantalones, y haga cumplir la norma, que claramente señalaba responsabilidad administrativa en caso de incumplirse el plazo de adecuación, cuestión de la que todos los sectores se han reído, pues nadie ha sido sancionado por su desidia.

La ausencia de implementación de un Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, es una de las causantes de los conflictos socio ambientales actuales, pues si esta se hubiera hecho efectiva miles de Estudios de Impacto Ambiental se tendrían que actualizar, habría una mayor participación ciudadana, se exigiría una adecuada valoración económica ambiental, se tendría mejores términos de referencia para elaborar EIAs así como más exigentes criterios de protección ambiental.

Esta desidia por parte de todos los Ministerios con competencias ambientales, ha ocasionado que en algunos sectores no se exija antes de la realización de la actividad productiva la certificación ambiental como ocurre en turismo y comercio exterior, otros tengan normas ambientales absolutamente desactualizadas como Transporte y Comunicaciones, y Agricultura, también están los que tienen malísimos procesos de participación ciudadana como el sector de industria y manufacturero (PRODUCE), y finalmente todo esto se corona con la falta de límites máximos permisibles o la actualización urgente de las mismas, como los referidos al Azufre en al combustible, y los límites máximos permisibles para el ruido ocasionado por el sobrevuelo de aviones en zonas pobladas, cuestión de competencia exclusiva del Ministerio del Ambiente.

Ministro del Ambiente, Antonio Brack, lo exhortamos que antes de que acabe su periodo ministerial, dé cumplimiento al Decreto Supremo 019-2009-MINAM y exija que todos los sectores del Estado se adecuen al mismo, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo manda así la ley y todos los peruanos nos merecemos un sistema de evaluación de impacto ambiental mejor.

INSTITUTO IDLADS PERÚ