sábado, 13 de febrero de 2010

Hallan presuntas irregularidades en el 34% de ONG fiscalizadas

Algunas de las infracciones son por mal uso de recursos o dar datos falsos. APCI estima que este año se reducirá la cooperación internacional
Por: Héctor Villalobos
Viernes 12 de Febrero del 2010
No siempre la ayuda que envían los gobiernos o los organismos llega a los destinatarios, es decir, a los más pobres del país o a los sectores que enfrentan un problema específico. Muchas veces, las donaciones, sea dinero, ropa u otros objetos, no llegan a quienes deberían ser los beneficiados.
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) presentó ayer los resultados de su plan anual de fiscalización para el 2009. Una de las principales conclusiones es que el 34% de las entidades que reciben ayuda internacional cometieron presuntas irregularidades.
El director ejecutivo de la APCI, Carlos Pando Sánchez, informó que entre las irregularidades cometidas están el uso ilícito de facilidades, la presentación de información falsa, el uso indebido de un recurso o su aplicación para un fin distinto y la no presentación de documentos.
Entre las entidades involucradas se encuentran ONG peruanas (27), entidades extranjeras de cooperación internacional (4) e instituciones receptoras de donaciones (3).
En total, la APCI fiscalizó a un centenar de entidades. En 66 de ellas no se encontraron irregularidades. Las otras 34 son las que están comprometidas en estas presuntas infracciones.
El funcionario hizo énfasis en la palabra “presuntas” ya que dichas ONG se encuentran aún en un proceso administrativo y están a tiempo de presentar sus descargos. En caso de confirmarse sus responsabilidades, podrían ser sancionadas con una amonestación, suspensión temporal o con multas que podrían llegar hasta los S/.180.000 (50 UIT), de acuerdo con la gravedad de la infracción.
Pando Sánchez explicó que, según las normas vigentes y una sentencia del Tribunal Constitucional, la APCI solo puede fiscalizar la ayuda internacional que proviene de fuentes públicas, ya sea de países o de organismos multilaterales (BID, Banco Mundial, etc.). No puede hacer lo mismo con las donaciones de origen privado, salvo aquellas que estén sujetas a beneficios tributarios del Estado. Tampoco puede disponer la cancelación definitiva de las organizaciones. El monto de la ayuda proveniente de fuentes públicas hacia nuestro país alcanzó el año pasado unos US$130 millones. La suma que manejaron las instituciones fiscalizadas fue de US$13 millones, es decir, el 10% del total.
EL RÁNKING
En la lista de las ONG que más presupuesto ejecutaron el año pasado figura en primer lugar el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, con un total de US$6’010.677. Lo siguen la Asociación Solaris Perú (US$5’957.700); la Sociedad Peruana de la Cruz Roja (US$5’719.518) y Cáritas del Perú (US$5’609.762).
En el undécimo puesto figura el Instituto Trabajo y Familia, de la esposa del presidente Alan García, Pilar Nores. El presupuesto ejecutado por esta institución se incrementó en 403% del 2008 al 2009.
En cuanto a las instituciones extranjeras, el primer lugar lo ocupa Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE), con US$24’134.707.
Los mayores cooperantes son la Fundación Ayuda en Acción de España; el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.
Pando dijo que en los últimos años la cooperación extranjera en el Perú llegó a casi US$500 millones, pero estimó que este año la cifra será menor, debido a la crisis financiera internacional y a la mejora de los indicadores económicos de nuestro país.
Francisco Soberón, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC), que agrupa a diversas ONG, dijo que la labor de la APCI se ha moderado respecto a la retórica que tuvo hace un tiempo, pero señaló que algunas entidades son fiscalizadas más de una vez en un año. No obstante, señaló que en las organizaciones de su institución existe total disposición a la transparencia.
“En todas partes se cuecen habas. Hay unas ONG que son cumplidoras y hay aquellas que evaden sus responsabilidades”.FRANCISCO SOBERÓN. PRESIDENTE DE LA ANC
LAS CIFRAS2.726ONG dedicadas a temas de desarrollo existían en el Perú al 31 de diciembre pasado.
979Tienen su inscripción vigente. Las restantes 1.747 no la tienen.
232Entidades extranjeras de cooperación internacional están debidamente registradas en el Perú.
661ONG peruanas presentaron su declaración anual del período 2008-2009 ante la APCI.
85Instituciones extranjeras hicieron lo mismo, así como 60 entidades públicas.

Vuelve la amenaza de autos chatarra: jueza autoriza ingreso de 950 vehículos usados ilegales

Algunas unidades tienen hasta 20 años de fabricación, más antiguos que lo permitido por ley. “Hablen con mis abogados”, dice empresario que sería favorecido
Sábado 13 de febrero de 2010 - 09:04 am
Por: Ricardo Serra Fuertes
Nuevamente hay el riesgo de que entre al país una numerosa cantidad de automóviles usados que exceden la antigüedad permitida por la ley (hasta 5 años los vehículos gasolineros y hasta 2 años los petroleros). La jueza Dora Carhuamaca, del Segundo Juzgado Civil del Callao, a solicitud de Auto Partes Diésel Álvarez, concedió una medida cautelar y dispuso el ingreso al país de 946 vehículos chatarra, algunos de los cuales tienen hasta 20 años de antigüedad.
Según documentos proporcionados por la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (Araper), Auto Partes Diésel Álvarez compró 82 de estos vehículos a M Y A Used Cars cuando estuvo vigente una medida cautelar que esta última obtuvo en el 2006, la cual fue luego revocada.
En noviembre del 2009, Auto Partes Diésel Álvarez demandó que se permita el ingreso al país de otros 864 vehículos usados, que también exceden la antigüedad máxima permitida. Estos 864 autos fueron adquiridos por Auto Partes Diésel Álvarez a las empresas M Y A Used Cars, R & S International, World Cars Import, MGM Trading Co., Import Export Vizcar y Kanagawa Corporation (estas dos últimas, de propiedad de César Cataño, investigadas por presunto lavado de activos). En todos los casos la compra se hizo aprovechando diversas medidas cautelares que después fueron dejadas sin efecto.
IRREGULARIDADESSegún Paul Concha, abogado especialista en temas de transporte del estudio Lozada & Castle Abogados, las medidas cautelares son “provisorias, instrumentales y variables”, es decir, no otorgan un derecho definitivo a las partes que la obtuvieron, por cuanto están condicionadas a lo que finalmente se decida en la sentencia.
“De tal manera, no es posible invocar los derechos de seguridad jurídica, debido proceso, libre contratación y derecho de propiedad sobre la base de una medida provisional que posteriormente fue dejada sin efecto”, agregó Concha.
Además, señaló que la jueza no ha considerado que, tratándose en el fondo de inaplicación de requisitos técnicos de calidad para la importación de vehículos usados establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la acción de amparo de Auto Partes Diésel Álvarez y su medida cautelar debieron ser entabladas en contra del MTC.
EMPRESARIOEste Diario buscó la versión de David Arcondo, gerente de Auto Partes Diésel Álvarez, quien dijo que efectivamente había adquirido los vehículos a las empresas en mención.
“No estoy en Lima, estoy en Tacna. Si quieren saber algo, les voy a decir a mis abogados que conversen con ustedes”, señaló, antes de decidir, unilateralmente, terminar la conversación.
LAS CIFRAS37.284Vehículos usados fueron importados al Perú en el 2009, una caída de 18,7% frente al 2008.
76.932Vehículos nuevos se vendieron en el Perú en el 2009, una caída de 20,3% con respecto al 2008.
7Son las principales marcas de vehículos usados importados: Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, KIA, Honda y Mazda.
100Es aproximadamente el número de marcas de vehículos usados importados.
http://elcomercio.pe/noticia/414295/vuelve-amenaza-autos-chatarra-jueza-autoriza-ingreso-950-vehiculos-usados-ilegales

Inambari y el ausente Estado peruano

Por Humberto Campodónico
En el 2009 se firmó un Memorando de Entendimiento entre el Perú y Brasil, concebido como un paso hacia un Tratado de Integración Energética que debiera suscribirse este mes o el próximo. Si bien el tratado tiene múltiples aspectos, el más importante se refiere a la construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana.
Estas cinco centrales alcanzarían una potencia de 6,673 MW, lo que equivale a la capacidad actual total del Perú de 6,691 MW. Inambari, con 2,000 MW, sería más grande que la hidroeléctrica del Mantaro de Electroperú (900 MW). ¿Cuánto costaría? En su reciente libro, el Ing. Marc Dourojeanni, ex funcionario del Banco Mundial y del BID, dice que unos US$ 16,000 millones (1).
No cabe duda de que el Perú necesita energía para su crecimiento futuro. Si estos proyectos entran en producción en los próximos años (cada proyecto demora más o menos 5 años), es evidente que esas necesidades estarían satisfechas.
Pero, un momentito. La cosa no es tan simple como equiparar demanda con oferta. Hay otros requisitos. Uno es saber cómo se va a repartir la energía producida. Es obvio que no se pueden volver a repetir los “errores” de Camisea (que no son “errores” sino producto de la presión de los “lobbies” exportadores, como lo sabe todo el Perú) y que la energía se vaya al Brasil. Ha asegurado el ministro de Energía que el Perú determinará sus necesidades y solo el remanente se exportará. ¿Será?
¿Cuánto durarán las concesiones? Se dice que serán por 30 años y después revierten al Perú. ¿Será?
¿Quiénes serán los propietarios? Por el lado de Brasil, ya está claro: va a ser la estatal Eletrobrás, asociada con empresas privadas, y con financiamiento de la gigantesca banca de fomento BNDES. Dice Dourojeanni que aquí hay “un círculo vicioso que incluye consultores, empresas de construcción, bancos multilaterales y políticos”. Ojo.
Por el lado peruano, solo se sabe que la estatal Electroperú no puede participar por el criterio neoliberal de la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial. Miren ustedes.
Otro tema clave: ¿cuáles son las consecuencias ambientales y sociales? Se van a inundar amplios territorios y se va a desplazar a miles de personas. ¿Vale la pena? Según muchos expertos, el efecto es negativo. Es clave, entonces, un amplio debate nacional, lo que no se condice con la premura.
Brasil tiene un plan de desarrollo nacional y sabe exactamente los “porqués” de su interés en este proyecto. Muy bien. Pero, ¿y el Perú? Allí está el problema, porque no tenemos Plan Nacional de Desarrollo alguno.
Dice Dourojeanni que cada una de las propuestas para la Amazonía (que incluyen, además, lotes petroleros y explotación minera) “tiene un carácter aislado en su formulación, sin justificaciones económicas o sociales plausibles, sin ninguna reflexión sobre las implicaciones de cada uno sobre los demás ni, mucho menos, sobre sus efectos colaterales. Se proponen carreteras nuevas sin plantear proyectos correlativos de desarrollo rural; se provocan migraciones sin considerar mejorías proporcionales en educación y salud”.
Agrega: “Cuando se analiza el rol de los actores responsables del ‘paquete’ de proyectos, que en verdad ni siquiera es presentado como tal por el gobierno peruano, se descubre, con sorpresa, que sus elementos más significativos no son originados en el Perú que, apenas, pone ‘a la venta’ u ofrece ‘en subasta’ sus necesidades aparentes de infraestructura y sus recursos naturales” (ídem).
Así, la importante y necesaria integración energética con el Brasil tiene un gran talón de Aquiles: que el Estado peruano actual no tiene credibilidad alguna para planificar el desarrollo del país en el largo plazo (tampoco hay un Plan de Desarrollo Territorial). Y, lo que es peor, no hay voluntad política para corregir esta situación. Ese es el problema.
(1) Amazonía Peruana al 2021, Lima, 2010.

Marina interviene cinco barcos que extraían oro en el río Napo

Esas naves ilegales usaban algunos insumos químicos que fueron decomisados
Sábado 13 de febrero de 2010 - 08:26 am
En esta intervención participaron miembros de la Marina de Guerra, un helicóptero MI-8T, dos cañoneras fluviales, cinco lanchas de interdicción y dos patrullas de infantería de selva, los cuales detectaron que en las inmediaciones de los poblados de Sara Isla y San Lorenzo operaban estas embarcaciones que se dedican a la extracción ilegal de oro del lecho del río, pero sin ningún tipo de control.
En esas naves también se encontraron insumos químicos contaminantes, que son vertidos al río durante las operaciones de extracción. Estos fueron decomisados en presencia de representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Antes de realizarse esta acción, el personal de la Marina desarrolló un trabajo de inteligencia con el fin de detectar las zonas donde trabajaban estas embarcaciones ilegales.
Los encargados de manejar las dragas fueron puestos a disposición de los representantes del Ministerio Público, quienes se encargarán de las investigaciones del caso.
100Integrantes de la Marina de Guerra del Perú participaron en esta operación llevada a cabo en el río Napo, la cual que se repetiría en unos días.
140Dragas operan en Madre de Dios, según un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente. El Comercio denunció este hecho el año pasado.
http://elcomercio.pe/noticia/414286/marina-interviene-cinco-barcos-que-extraian-oro-rio-napo

Cada vez hay más alimentos transgénicos en el Perú y nadie sabe cuáles son

Lo que hay son verdades a medias, legislación incompleta, riesgos insospechados, silencio y desinformación
Sábado 13 de febrero de 2010 - 08:44 am
Por Juan Carlos Cuadros
El debate sobre los alimentos transgénicos o modificados genéticamente es interminable y los argumentos a favor y en contra se cruzan de un lado a otro.
Pero el tema es más serio de lo que uno imagina, más aun si estos alimentos ya son parte de la dieta de los peruanos: salchichas, fécula de maíz, soya, margarina, harina, aceite, leche entera en polvo, cereales, etc. Y están en su mesa sin que usted se dé cuenta y nadie se lo advierta. No hay ley que regule su etiquetado, no hay nadie que dé cuenta de ello.
“Tal parece que vendieron la piel del zorro sin cazarlo. Es decir, alguien dice garantizar nuestra seguridad alimenticia sin demostrarla al 100%. Ni siquiera la Ley 27104 o Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, aprobada sin mayor debate, puede aplicarse a nuestro favor”, asegura Ymelda Montoro, bióloga y coordinadora de la Unidad de Incidencia Política de la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA).
“Esta dispuso que los organismos sectoriales —Pesquería, Salud y Agricultura— determinarían el procedimiento para el registro de transgénicos, pero nadie puede hacer nada, y menos sancionar su incumplimiento, si no hay reglamentos”, puntualizó.
PRÓXIMA REUNIÓന
Montoro dijo que en diez días se reunirá el Grupo Técnico sobre Biodiversidad Biológica y, en ella, algunos de sus integrantes, pedirán incluir al Ministerio del Ambiente en este colectivo para que tenga voto en sus decisiones.
En tanto los congresistas se resisten a debatir el proyecto de ley 2601 sobre etiquetado de productos transgénicos. Los peruanos tenemos derecho a saber qué comemos.
Artículo 10, Ley 27104: “El Estado, a través de sus organismos competentes, evaluará los impactos negativos a la salud humana, al ambiente y a la diversidad biológica…”.
Decreto Supremo 007-2005-SA: “El rótulo o etiqueta de los sucedáneos debe estar en idioma español y consignar la composición y análisis del producto [...], así como la declaración si contiene algún ingrediente transgénico o grasa trans”.
Art. 15. Ley de Protección al Consumidor: Los proveedores están obligados a consignar en forma veraz la información sobre los servicios y productos que ofrece.
http://elcomercio.pe/noticia/414289/cada-vez-hay-mas-alimentos-transgenicos-peru-nadie-sabe-cuales-son