martes, 9 de junio de 2009

En búsqueda de salidas pacíficas y duraderas (Editorial de "El Comercio")

Resulta decepcionante que pese a la gravedad de la asonada sangrienta ocurrida el pasado viernes en la región amazónica, así como a la crisis política que se ha desatado de manera consiguiente, la jornada de ayer haya sido totalmente nula en la búsqueda de soluciones integrales. El Gobierno ha reconocido que falló la comunicación para entenderse con los auténticos dirigentes de las comunidades nativas. Y el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha insistido en que sí había un plan para desalojar a quienes habían cerrado las carreteras en la zona de Bagua, aunque contradictoriamente asegura que “se siente culpable de la muerte de los policías (porque les dijeron que no llevaran armamento)”. ¿Significa eso que el plan no estaba afinado?
La ministra del Interior, si bien asume la responsabilidad política por los luctuosos acontecimientos, persiste en la versión —a todas luces inexacta— de que no existieron informes de inteligencia previos, lo cual resulta también contradictorio, porque, como ella reconoce, la policía tuvo a cargo la ejecución de la operación fallida, ya que “tiene su propia jerarquía”. Quizá eso explique por qué la señora Cabanillas no conocía los reportes previos.
En cuanto a su ataque contra El Comercio, deslizando que estaría al servicio de ciertos intereses políticos, ella sabe muy bien que nos rigen la independencia y la veracidad, así como la plena identificación con los intereses del Perú, que no es lo mismo que identificarse con los funcionarios de un gobierno de turno ni con partido político alguno. En el Congreso, la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa ha sido pobre, pues fue una suerte de necio ajuste de cuentas. Los humalistas estuvieron en el cínico papel de víctimas, cuando las evidencias los sindican como azuzadores del conflicto e incluso cómplices en la fuga a la Embajada de Nicaragua del cabecilla Alberto Pizango, quien traicionó a sus hermanos nativos. Los fujimoristas trataron de sacar provecho de la situación; y los apristas únicamente intentaron eximirse de culpas. Nadie, en cambio, asume hasta hoy la responsabilidad integral por lo ocurrido.
Entre tanto, el movimiento de defensa de los indígenas amazónicos está dividido. Mientras los seguidores de Pizango continúan el bloqueo de carreteras en Yurimaguas, “exigiendo” ahora la renuncia del presidente de la República, el cambio de la política económica, la denuncia del TLC, etc., las voces más prudentes buscan la conciliación con el Gobierno. Tal es el caso de los apus de la región San Martín, quienes han presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones cien mil firmas, que deberán ser validadas para iniciar el camino hacia la acción de inconstitucionalidad de los decretos conflictivos. Precisamente, esta es la ruta a transitar. Es hora de que el Tribunal Constitucional conozca el caso y emita una sentencia para que el Estado pueda reconsiderar, sin abjurar de las potestades del Legislativo y el Ejecutivo, las normas que tanto problema acarrean.Asimismo, debe retomarse el diálogo porque ese es el único camino al restablecimiento de la paz social, aunque ese diálogo solo será posible cuando el Gabinete Ministerial y cuando la dirigencia nativa se renueven oficialmente.
El presidente García —además de dirigirse a una nación que espera un informe preciso del jefe del Estado— debe empeñar su liderazgo entendiendo que en el sistema democrático los ministros son una suerte de fusibles para que el sistema representativo no se afecte de manera medular. Desde el punto de vista comunicativo, el Gobierno debe, asimismo, organizar un sistema de reporte transparente y preciso sobre los hechos. No puede ser posible, por ejemplo, que hasta el momento no se establezca el número definitivo de los muertos y heridos en la zona de Bagua, cosa que fomenta manipulaciones sobre presuntas fosas clandestinas. Falta, entre tanto, que se restablezca el pleno imperio de la autoridad democrática en todos los pueblos afectados por la violencia. Mientras se mantengan las amenazas de nuevas asonadas y no se restauren las garantías para los ciudadanos y las empresas, la emergencia no se superará.
La denuncia sobre una presunta conspiración contra el Perú debe, luego, precisarse. Es cierto que existen indicios de injerencias extremistas y hasta eventualmente extranjeras; sin embargo, no coinciden las palabras del mandatario con las de su primer ministro; tampoco con el texto utilizado en un spot publicitario oficial. La acción diplomática, por lo demás, ha sido eficiente al pedir a la Asamblea de la OEA una reunión extraordinaria para informar sobre lo sucedido y evitar la manipulación que habían iniciado los delegados de otros países de la región. Por último, el país —especialmente a través de los medios de comunicación— debe recuperar no solo la calma, sino también la confianza en que por muy aciagos que sean los episodios de confrontación social en una democracia, siempre será posible encontrar salidas creativas, duraderas y pacíficas.

Fuente: El Comercio del 09.06.09

El Gobierno defiende ante la OEA la legalidad de las acciones tomadas ante el paro nativo

Washington (dpa).- La embajadora peruana en el ente continental calificó de “conspiración contra el sistema democrático” las protestas que devinieron en al menos 33 muertos. El Gobierno defendió hoy ante la OEA su “ejercicio legal” durante los hechos de violencia registrados el fin de semana en la zona amazónica de Bagua, que se saldaron con la muerte de al menos 33 personas, y aseguró que realiza “todos los esfuerzos necesarios” para esclarecer los sucesos.“El Estado peruano, ante ante una conspiración contra el sistema democrático, respondió con el ejercicio legal de las atribuciones que le reconoce la Constitución, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos comprometidos en estos lamentables actos, sin ningún tipo de distinción y proporcionándoles la asistencia legal y la supervisión de las autoridades competentes”, sostuvo la embajadora peruana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Zavala.
El Estado “realiza todos los esfuerzos necesarios para esclarecer estos lamentables sucesos dentro del marco que corresponde a una democracia y a un Estado de Derecho”, agregó Zavala durante la sesión extraordinaria que celebró el Consejo Permanente de la OEA en su sede en Washington con motivo de los violentos hechos. “El gobierno del presidente Alan García utilizará los mecanismos y el diálogo (...) y el marco legal para solucionar satisfactoriamente este impasse doloroso que hemos afrontado este fin de semana”, agregó la diplomática peruana, según la cual los detenidos por los hechos “continuarán gozando”, cuando se inicie el proceso judicial, de “todas las garantías inherentes al debido proceso”.Los violentos hechos, de los que ambas partes se acusan mutuamente y que devinieron en la muerte de 24 policías y al menos nueve indígenas, se desataron el pasado viernes, cuando la policía despejó una carretera bloqueada por indígenas que están en huelga en cinco departamentos de la selva desde hace casi dos meses en demanda de que se deroguen decretos que supuestamente los perjudican en beneficio de las transnacionales.
FUE UNA RESPUESTA, ASEGURA
Zavala afirmó hoy que la intervención estatal se produjo “frente a una agresión cuidadosamente preparada que interrumpió la producción y transporte de petróleo y el envío de gas hacia las principales ciudades del país”, a la par que subrayó que tanto las detenciones como la actuación policial “se han llevado con la presencia de representantes del Ministerio Público” en base al “respeto de las normas y derechos fundamentales”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, había condenado “enérgicamente” los “graves hechos de violencia” y pidió al Estado peruano “esclarecer judicialmente” el suceso y “reparar sus consecuencias”. Asimismo, abogó por “promover un proceso de diálogo” para hallar una solución al conflicto. “La CIDH hace un llamado a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos. Cabe resaltar la importancia de adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta”, señaló. El organismo también pidió al gobierno peruano que tome las “medidas necesarias” para garantizar que todos los heridos tengan acceso a servicios de salud y le recordó que debe respetar el “derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales” de los detenidos durante los incidentes, que según la CIDH se realizó “sin que se informara sobre su identidad o paradero”.

Fuente: El Comercio del 09.06.09

Spot sobre paro nativo fue una de las razones de la renuncia de Carmen Vildoso

Yehude Simon confesó que la ex titular de Mimdes “mostraba su mortificación”. Carlos Leyton, de Agricultura, también evalúa renunciar.El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, declaró que Carmen Vildoso renunció al cargo de ministra de la Mujer por diferencias con el tratamiento de la información brindada por el Gobierno respecto a las protestas en la Amazonía. Simon indicó a los periodistas de RPP que el detonante de la renuncia de Vildoso fue el spot divulgado por el Ejecutivo sobre el conflicto en Bagua, en donde tacha de “extremistas” a los manifestantes, aunque también indicó que se debe a discrepancias sobre el manejo de la referida cartera.
“Se presentaron otras dificultades porque Carmen Vildoso tenía otra visión con respecto a como tenía que funcionar el Ministerio de la Mujer. Ella mostraba su mortificación, evidentemente”, declaró Simon.
"El video del Gobierno sobre los sucesos en Bagua polariza más el conflicto" .- Para el sociólogo Jaime Antezana el problema no se resuelve denunciando una conspiración. El reciente anuncio televisivo emitido por el Gobierno peruano, en torno a los enfrentamientos en Bagua entre nativos y policías, fue criticado por el sociólogo Jaime Antezana, quien consideró que, lejos de contribuir a la calma, polariza más el conflicto.En el spot se mencionan “22 humildes policías asesinados con ferocidad y salvajismo” y que “extremistas por consigna internacional quieren detener al Perú”. El video está acompañado por crudas fotografías de policías caídos en los enfrentamientos así como de nativos portando armas. “Creo que esos videos, y el mensaje que transmiten, en lugar de contribuir a poner paños fríos, polarizan más el conflicto con los diversos pueblos indígenas”, refirió Antezana en diálogo con elcomercio.com.pe.
El analista lamentó el tono del anuncio y aseguró que el problema no será resuelto señalando que existe una conspiración contra el desarrollo nacional. “Se presenta a los indígenas como salvajes y primitivos que son manipulados por fuerzas externas (...). Me parece que eso no eso solo un exceso, sino una forma de estigmatizar a este movimiento”, añadió.Asimismo, Antezana sostuvo que el video podría encender los ánimos en otros sectores de la población, como es el caso de las protestas que se vienen preparando en Loreto o Tarapoto.Sobre la actitud de los nativos, el experto precisó que no responde a una lógica ‘salvaje’, sino que es una conducta propia de los indígenas en respuesta a la muerte de muchos de ellos.“Eso no puede ser asociado a los indígenas para verlos como salvajes y primitivos. Esa es un vieja percepción que yo creía que ya no existía. Si estamos asistiendo a la emergencia de un indigenismo radical, pero no a un nuevo terrorismo”, concluyó.
EN EVALUACIÓN
Por su parte, el ministro de Agricultura, Carlos Leyton, señaló que evalúa presentar su carta de renuncia con el fin de no ser “un obstáculo” en el diálogo entre el Gobierno y las comunidades nativas. La salida de la ministra Vildoso es la primera a 11 meses del inicio del segundo gabinete ministerial que preside Yehude Simon. Vildoso y Leyton fueron llevados por Simon en el gabinete ministerial.
Fuente: El Comercio del 09.06.09

La Iglesia Católica accede a participar en la mesa de diálogo para tratar la crisis en Bagua

La Iglesia Católica aceptó participar en proceso de diálogo que busca restablecer el orden en la Amazonía, en crisis por las objeciones de las comunidades nativas a decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo sobre el derecho de propiedad de sus territorios. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Miguel Cabrejos, indicó que el objetivo de la participación de su institución en una mesa de diálogo es buscar la “reconciliación” entre peruanos. “Queremos el bien, la paz, la reconciliación y la restitución de la paz social”, señaló Cabrejos tras reunirse con el jefe del gabinete ministerial, Yehude Simon, en la sede de la CEP. El sacerdote refirió que la conferencia designará próximamente a su representante. Cabrejos hizo una invocación a todos los peruanos “a evitar cualquier indicio de violencia”, a la calma, a la serenidad y “pensemos en el Perú”. Por su parte, Simon Munaro expresó que la mediación de la Iglesia representa “una garantía de total independencia” para las comunidades nativas. El primer ministro adelantó que convocará también a la Defensoría del Pueblo y a dos antropólogos, a quienes no identificó, y a las fuerzas políticas para tratar la problemática indígena desde un punto dde vista integral.
Fuente: El Comercio del 09.06.09 .

Cabanillas descartó la responsabilidad de Policía por muertes en paro

(Andina).- La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, reiteró que la Policía no es la responsable de los sucesos de violencia en Bagua y consideró necesario que la comunidad nacional e internacional tengan conciencia de ello. “Necesitamos que el mundo entero sepa la verdad, aquí las víctimas, los masacrados han sido los policías”, remarcó. Asimismo, indicó que la Policía Nacional estuvo presente en las zonas de conflicto durante los más de 50 días que duró el paro amazónico y no un día antes que estallara la violencia.
“La Policía no llegó a la víspera, sino cuando comenzó el proceso del proceso del conflicto y estuvo sucesivamente dando soluciones temporales, que seguro nosotros los parlamentarios ni sabíamos (...), porque mientras acá habían reuniones, allá las carreteras, puentes, los oleoductos estaban interrumpidos y las estaciones cercadas. Allí estuvo la Policía”, enfatizó. Durante su presentación en la Comisión de Defensa del Congreso, señaló que la Policía, en los primeros días, recuperó el control de varias estaciones y puentes, además de lograr el desbloqueo temporal de unas zonas debido al diálogo y acercamiento con la población. En otro momento, sostuvo que el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, representó la parte “engañista” en el diálogo entre el Poder Ejecutivo y los nativos.
Refirió que mientras que el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, representaba la parte bien intencionada y de buena fe, Pizango evidenciaba una voluntad de patear el tablero para desestabilizar al país. Por otro lado, indicó que los ministros no pueden responder por las estrategias técnicas y tácticas utilizadas por la Policía Nacional (PNP) en Bagua, e indicó que esa labor corresponde a la propia institución policial.A su turno, el director de la Policía. José Sánchez, remarcó que los efectivos policiales actuaron bajo el estricto cumplimento de los derechos humanos.
Fuente: El Comercio del 08.06.09

Doe Run y sus acreedores no llegaron a un acuerdo y La Oroya sigue paralizada

Por: Manuel Marticorena Enviado Especial de El Comercio
LA OROYA. Pese a que ayer se esperaba que los acreedores mineros y la empresa Doe Run llegaran a un acuerdo que permitiera que el complejo metalúrgico de La Oroya volviera a operar , esto no ocurrió.Según un representante de un acreedor, los ejecutivos de Doe Run solo dieron una exposición de la situación actual y no comprometieron capital fresco, que fue una de las exigencias que los acreedores mineros le hicieron la semana pasada. Los funcionarios de la empresa refirieron que volverían a convocar a los acreedores durante la semana.
Como se recuerda, el complejo metalúrgico se encuentra paralizado desde el miércoles pasado, aunque los trabajadores asisten a realizar labores de mantenimiento. La empresa informó, a través del vicepresidente corporativo de asuntos ambientales, José Mogrovejo, que si la situación seguía así, optarían por dar vacaciones forzosas a los trabajadores.
POSTURAS ENCONTRADAS
La Oroya se encuentra dividida entre aquellos que creen que el Gobierno debe apoyar a la empresa minera Doe Run y aquellos que consideran que ya es hora de que esta cumpla sus compromisos. Y si no lo hace, debe ser sancionada.De esta posición es el alcalde de la provincia de Yauli-La Oroya, César Gutiérrez, quien considera que ya se le han dado suficientes oportunidades a la empresa para que cumpla el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).En ese sentido, una eventual ampliación del compromiso ambiental orientado a reducir las emisiones contaminantes generados por el complejo metalúrgico de la minera sería “vender la salud del pueblo”, afirmó.
En consecuencia, el alcalde ha convocado para mañana miércoles a todos los alcaldes distritales, presidentes y líderes de comunidades campesinas, impactadas por la minera, a fin de discutir qué acciones desarrollar con el objetivo de sacar adelante cuanto antes el PAMA y cautelar el empleo de los 3.500 trabajadores que dependen directamente de la minera.Por su parte, los trabajadores de Doe Run realizaron ayer una marcha por las calles de la ciudad para pedir al Gobierno una acción decidida ante el problema.El presidente de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Luis Castillo, confirmó que hoy se reunirán con el primer ministro Yehude Simon.Ayer, la federación y los sindicatos de La Oroya se reunieron con el viceministro de Trabajo, Antonio Paiva, y hoy en horas de la mañana conversarán con la directora Nacional de Relaciones de Trabajo, Manuela García.Castillo dijo que los sindicatos evaluaban medidas de fuerza, como bloquear la Carretera Central para el próximo martes.
EN PUNTOS
Los principales acreedores mineros de Doe Run son: Compañía de Minas Buenaventura, Glencore, Cormin y Compañía Minera El Brocal. La deuda que Doe Run tiene con estas cuatro empresas alcanza los US$110 millones. Aunque no se llegó a ejecutar, esas empresas ofrecieron a Doe Run un financiamiento de US$100 millones en concentrados y un aval de US$75 millones en créditos para que el complejo vuelva a operar.
Fuente: El Comercio del 09.06.09

Diálogo debe retomarse

Yehude Simon admite que falló la comunicación en el conflicto y asume culpa por muerte de policías. Luego del áspero debate de recriminaciones en el Congreso no hubo propuestas de salida a la crisis. Gobierno anuncia que ex dirigente Alberto Pizango obtuvo asilo político en la embajada de Nicaragua. Dirigentes de grupos que bloquean la carretera Yurimaguas-Tarapoto decidieron abrir en forma parcial la vía. Versión de la existencia de una fosa común fue descartada por la defensora del Pueblo, Beatriz Merino. El Perú informará hoy ante la OEA los trágicos sucesos del pasado viernes en la localidad de Bagua
La presentación del primer ministro Yehude Simon y de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ante los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso de la República no fue suficiente para que los integrantes de dicho grupo de trabajo lograran conciliar posiciones en torno a los trágicos sucesos ocurridos en Bagua, donde 23 policías fueron asesinados la semana pasada por enardecidas turbas de indígenas amazónicos.
De hecho, en la sesión de ayer —que se inició a las 4:00 p.m. y se prolongó por más de seis horas— primaron las recriminaciones de una y otra parte, al punto que, lejos de plantearse alternativas que permitan hallar una salida a las protestas amazónicas, algunos legisladores optaron por acusaciones y ofensas fuera de lugar.
Así, durante su presentación, el primer ministro Yehude Simon ratificó que el Gobierno realizó un “esfuerzo supremo” para solucionar a través del diálogo la tensión con las comunidades amazónicas que impulsan un paro, pero que dicho objetivo no se cumplió debido a la intransigencia y actitud mendaz mostrada por el ahora dirigente asilado Alberto Pizango.
Con documentos en las manos mostró las actas de las reuniones en las que Pizango aceptaba las propuestas, pero que horas después las rechazaba de manera extraña y sin explicaciones.
“Hubo maniobras, deseos de que no se solucionase el problema, de llevar al Perú al borde del precipicio…”, dijo, tras afirmar que los promotores de las medidas de fuerza en la Amazonía “no están pensando en las comunidades”, sino en propiciar el quebrantamiento de la democracia y el orden constitucional. Minutos antes, Simon expresó también la preocupación del Gobierno por la forma en que se están difundiendo las informaciones en algunos medios internacionales con hechos que no se ajustan a la realidad.
MEA CULPA Y ACUSACIÓN
“En el nombre de Dios les digo que actuamos respetando los derechos humanos, dialogando… Me siento culpable de la muerte de los policías, porque dijimos que no llevaran armas mortales… Que debíamos hacer todo lo posible para que esa gente se retirase”, dijo.
Ello, sin embargo, no fue suficiente para la congresista humalista Yaneth Cajahuanca, quien afirmó que “el Gabinete tiene las manos manchadas de sangre”, por lo que el primer ministro debería dar un paso al costado.Visiblemente alterado, el jefe del Gabinete Ministerial respondió que tiene la conciencia tranquila, pues ni él ni el Gobierno mataron a policías o indígenas.
“Qué fácil es decir que se vayan los ministros, pero ¿quién movió esto? Hubo un complot con información verdaderamente distorsionada”, refirió.
MINISTRA EN SUS TRECE
Por su parte, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, reiteró que la policía no es la responsable de los sucesos de violencia en Bagua y consideró necesario que la comunidad nacional e internacional tengan conciencia de ello. Aseguró también que la Policía Nacional estuvo presente en las zonas de conflicto durante los más de 50 días que duró la protesta amazónica y no un día antes de que estallara la violencia.En la sesión extraordinaria también intervino el director general de la Policía Nacional, José Sánchez, quien empezó su exposición rindiendo homenaje a los policías caídos en el cumplimiento de su deber.Precisamente, ello causó preocupación, pues se entendió que la ministra amparó sus descargos en el testimonio de los jefes policiales.
PROPUESTAS A LA DERIVA
Como sea, tras la presentación de los ministros muy pocas fueron las propuestas que se hicieron para solucionar la protesta de los nativos. El congresista fujimorista Rolando Sousa pidió, por ejemplo, que el D.L. 1090, quedara en suspenso y que, mientras tanto se hicieran modificaciones a la antigua Ley 27308.En ese contexto, el congresista Rolando Reátegui también apoyó la propuesta, con la única diferencia de que la norma debería suspenderse hasta que sea examinada en el Tribunal Constitucional.
La congresista Lourdes Alcorta exigió explicaciones por el lento accionar para detener a Alberto Pizango.
SEPA MÁS
Video reveladorDurante la presentación de los ministros Yehude Simon y Mercedes Cabanillas ante los miembros de la Comisión de Defensa se exhibieron dos videos. En uno se muestra que algunos de los policías asesinados fueron degollados y quemados. En el segundo se muestra a la congresista humalista Yaneth Cajahuanca soliviantando a los delgados amazónicos en sus protestas.
Fuente: El Comercio del 09.06.09