viernes, 23 de abril de 2010

Un informe sobre Bagua

Un informe sobre Bagua por las minorías del Perú
Autor(a): Renato Levaggi Tapia
Perú22-04-2010
El pasado 15 de abril, los comisionados Jesús Manacés y Mari Carmen Gómez presentaron, en una conferencia de prensa, el Informe en Minoría de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua (ver: Informe). El Informe, que pretende dar cuenta –con rigurosidad– de los orígenes, sucesos y responsabilidades en torno al conflicto que encontró fatal desenlace el 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo y en la Estación Nº 6, detalla ampliamente las consecuencias del mismo. Brinda información que el informe oficial (ver: Informe oficial) no contempló, y analiza aristas de datos que éste sí aborda pero con tal coherencia en el análisis que cambia el sentido de lo antes descrito sin dejar lugar a algún tipo de duda.
Saque usted sus propias conclusiones sobre los antecedentes y hechos del conflicto, aunque, ciertamente, existen algunos puntos que por su trascendencia no deberían ser perdidos de vista:
Se desmiente que los indígenas que supuestamente emboscaron y atacaron a la policía en un cerro adyacente a la curva del diablo portaban armas de fuego, que éstas habían sido obtenidas en un asalto a una comisaría. El presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas, Oswaldo Bautista, ha sostenido que las pruebas de absorción atómica practicadas a los 4 indígenas fallecidos en la curva establecen lo contrario.
Se desmienten las afirmaciones respecto a una manipulación de los indígenas, por parte de “azuzadores” que los llevaron a radicalizar sus medidas de lucha. Los comisionados muestran cómo los indígenas conocen los motivos de su lucha (las afectaciones a sus territorios y la promulgación de decretos que pretendían hacerlo se suman al artículo “El perro del hortelano”, escrito por el Presidente de la República).
Es reveladora y preocupante la manera como el informe da cuenta de las consecuencias del conflicto. Se sostiene que:
El gobierno peruano se colocó al margen del derecho internacional de los derechos humanos y así se lo han hecho saber los organismos de supervisión del sistema.
La muerte de peruanos en un operativo equívoco, desproporcionado e improvisado, que pudo y debió evitarse y que, de acuerdo al número de heridos de bala y al absoluto descontrol de la situación y a la confusión generada, pudo alcanzar las proporciones de una verdadera masacre de civiles y de policías, ha generado secuelas que pueden elevar el nivel de tensión y conflictividad en la Amazonía peruana y en los territorios de asentamiento indígena en todo el país.
El conflicto y su tratamiento posterior ha quebrado de manera profunda la confianza de los pueblos indígenas del Perú hacia el gobierno, y ha generado resentimiento frente a la estrategia de confrontación del Estado.
Las razones que fundamentaron el conflicto permanecen inalteradas, manteniéndose las condiciones de inseguridad jurídica para los pueblos indígenas y otros campesinos y ribereños amazónicos.
El sistemático y concertado ocultamiento de la verdad de los hechos, sus causas y consecuencias, de parte de los poderes del Estado, merma su credibilidad y suscita dudas respecto a la voluntad del gobierno por identificar a los responsables, reconocer errores y aprender lecciones para mejorar la futura gobernabilidad del país.
Los sucesos dieron visibilidad a las características intrínsecas del conflicto amazónico y los intereses en juego, pusieron atención al debate acerca del tratamiento correcto de los recursos naturales en el país, ubicaron a los pueblos indígenas en la agenda nacional y pusieron en evidencia la urgente necesidad de replantear los modelos político y económico del país a la luz de la modernidad, del derecho internacional de los derechos humanos y de las características estructurales del Perú como país construido sobre una pluralidad de naciones y pueblos con iguales derechos.
Finalmente, cabe resaltar el contenido de las recomendaciones referidas al acceso a la justicia. El Informe pone de relieve la importancia de la condición de indígenas que ostentan las personas detenidas, hoy recluidas en el penal de Chachapoyas. En atención al Convenio 169 de la OIT, se insta a las autoridades a considerar penas distintas al encarcelamiento, se invoca a crear condiciones de diálogo –añadiríamos: intercultural– para respetar los derechos de los miembros de los pueblos indígenas afectados.
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=266