domingo, 8 de noviembre de 2009

Minería ilegal en el Perú

Mediante diversas versiones periodísticas, el representante de la oficina defensorial de Madre de Dios tomó conocimiento de la inundación que afectó las localidades de Santa Rita Alta y Baja de Inambari, provincia de Tambopata, a consecuencia de las constantes lluvias que ocasionaron el desborde del río Jayave.
Dicho rebase afectó los cultivos y viviendas de los pobladores de la zona, que tras la referida inundación decidieron protestar contra la empresa Conirsa, encargada de la construcción de la carretera Interoceánica, a la cual le atribuían la falta de construcción de alcantarillas adecuadas que pudiesen soportar el aumento y desborde del caudal del mencionado río.
Informados de la situación, comisionados de la Defensoría del Pueblo se reunieron con representantes de Conirsa, que manifestaron que dichas inundaciones eran producto de las actividades mineras ilícitas desarrolladas en varios sectores del río Jayave, que comprende la denominada zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.
Ante esta situación, nuestra entidad convocó a la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Ecológica, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y la oficina de la administración local del agua de Puerto Maldonado, con la finalidad de realizar una inspección ocular en la zona.
En este contexto, se comprobó la existencia de varios campamentos mineros que mediante el uso de aspiradores de agua vertían en el cauce del río Jayave diversos materiales, como arena y lodo, lo cual causaba la colmatación de dicho río y la afectación de su cauce.Así, mediante Ordenanza Regional Nº 025-2009-GOREMAD/CR se declaró en estado de emergencia ambiental la cuenca del río Jayave debido a los diversos daños ambientales producidos en dicho sector.
Por su parte, la empresa Conirsa dispuso la ejecución provisional, de diversos desvíos, pontones de madera y alcantarillas, a fin de posibilitar la transitabilidad en dicho sector de la carretera.

El mercado del agua es un oligopolio


Por Libio Pérez
La privatización del agua la pagan los consumidores, que tienen la suerte de tener el recurso hídrico al alcance de la mano. Porque un cuarto de la población mundial ni siquiera tiene acceso a aguas sanas; de hecho 30 mil personas en el mundo mueren a diario por esta causa. Habla un “guerrero del agua”.

Las cifras que entrega dan susto. Cerca de 1.500 millones de habitantes del planeta no tienen acceso a agua sana; en las últimas tres décadas han desaparecido unos 50 mil lagos y ríos en el mundo; muchos cauces de éstos llegan secos al mar como resultado de la industria forestal. Sólo en Estados Unidos cada persona que reside en una ciudad de gran tamaño gasta unos 800 litros de agua al día; aunque en ciudades como Los Ángeles (California) el promedio sube, porque hay que alimentar las casi 500 mil piscinas privadas que existen en la ciudad.
Riccardo Petrella es un economista italiano que en 1998 escribió “El manifiesto del agua” y dio municiones suficientes para crear una corriente planetaria en defensa de este recurso, al mismo tiempo que se transformó en una figura clave del movimiento altermundista.
Esa corriente mundial de defensa de los recursos hídricos lo trajo esta semana a Chile, donde tuvo como anfitrión al obispo de Aysén, Luis Infanti. El obispo, recalca Patrella, es el único prelado de la Iglesia Católica en el mundo que ha escrito una “Carta pastoral del agua”, donde levanta una férrea oposición a la construcción de represas en su región.
En Santiago, además de reunirse con autoridades de gobierno -como el ministro del MOP, Sergio Bitar, coordinador de la “Mesa del agua”- tuvo una cita con el ex Presidente Ricardo Lagos, en su calidad de enviado especial de la ONU para el Cambio Climático. Esta última reunión, para este promotor del pensamiento crítico, era muy importante. Su batalla en los próximos meses es que en la Cumbre de diciembre en Copenhague para el Cambio Climático entre en agenda el debate de sobre cómo hacer que el “oro azul” sea reconocido “como un derecho universal” y salga de la categoría de mercancía transable. Y dispara más cifras: 2.400 millones de personas viven sin servicios sanitarios; 3.000 millones sin sistema de tratamiento de aguas residuales. Resultado: 30.000 personas mueren todos los días debido a enfermedades provocadas por la ausencia de agua sana. La energía es importante para producir, pero sin agua no hay vida, repite.

“Es necesario luchar por alcanzar que la paz y la democracia se impongan decididamente en el porvenir de las sociedades, para evitar que el siglo XXI acabe convirtiéndose en el siglo de la guerra del agua”, advierte.
Y añade: El control sobre el uso de los recursos hídricos del planeta por parte de los “señores del agua” (Suez y su filiales en el mundo y Chile, Thames Water, RWE, Vivendi, Bechtel, Nestlé, Coca-Cola, Danone, etcétera) avanza a grandes pasos en todo el mundo gracias a la privatización y la mercantilización del agua.
-El agua ha sido privatizada en muchas partes del mundo, como en Chile, con el argumento de que el sector público no tiene recursos para las modernizaciones de los procesos de potabilización, y también por asuntos de gestión del sector, ¿por qué ahora la solución sería volver a estatizarla o nacionalizarla, en los casos cuya propiedad pasó a transnacionales?
-El argumento de la limitación de recursos financieros está en la base de la privatización, se dice que el Estado no tiene el dinero para hacerlo y que tampoco puede subir los impuestos. Dicen que sólo el capital privado puede hacer las grandes inversiones, para garantizar la distribución, para construir los canales, etcétera. Pero es un argumento falso, porque al final es el consumidor el que paga y financia las inversiones. Es el consumidor el que ve cómo cada mes suben sus cuentas. El Estado traspasa su responsabilidad a los privados y se exime de su responsabilidad con los ciudadanos. Los privados no sólo recuperan su inversión, también tienen ganancias. La privatización del agua sólo tiene argumentos que están en contra de los ciudadanos.
-¿De qué forma ha afectado la crisis económica global al recurso?
-La crisis financiera y económica ha impactado a través de una amplificación y reforzamiento del proceso de mercantilización del agua. Por tanto ha producido una mayor privatización de los recursos hídricos. Ahora el argumento es que el Estado está destinando recursos para reactivar la economía y por tanto no tiene recursos para administrar el agua. Los recursos ahora -dicen los gobiernos- son destinados a dar liquidez a los bancos, para que haya crédito, porque sin crédito no hay actividad económica. Agregan que no hay posibilidad de aumentar los impuestos, pues ello frena el crecimiento. También alegan que deben acelerar la asignación de recursos que lleguen a las empresas con capacidad de realizar inversiones y de producir ganancias, porque esas ganancias ayudan a pagar las deudas. Así se libera la capacidad del mercado para realizar nuevas inversiones; esa es la lógica capitalista en esta etapa de crisis. Como es necesario renovar los acuaductos -que en muchos países son muy viejos- de nuevo repiten que sólo los privados tienen los recursos para invertir. Por eso hay una nueva oleada de privatización del agua y su mercantilización.
-¿Es una lógica que no tiene salida?
-Lo que pasa es que si el agua es considerada una mercancía, se favorece la privatización; y si se privatiza el agua pasa a ser parte de un negocio. Pero hay otro impacto de la crisis actual, también amplifica la idea de la seguridad nacional del agua. Por ello el diseño supone la desalinización del agua de mar, la construcción de una nueva generación de represas y el reciclaje de aguas usadas. Algunas tienen resultados positivos.
-¿Es partidario de los proyectos de desalinización de aguas de mar?
-No me gustan las ideas de una nueva generación de represas y tampoco de la desalinización. Si fueran pequeñas represas para el consumo, y que preserven los ríos, no estaría mal; pero las represas, como en Chile, están destinadas a dar energía a los grandes proyectos mineros, destruyen los ríos y producen alta contaminación. En el caso de la desalinización es similar, las plantas son equivalentes en tamaño a la instalación de una refinería de petróleo, con un gran impacto ambiental, sin contar que requiere ser alimentada de grandes volúmenes de combustibles. Porque los costos de desalinizar en alta mar son todavía más grandes, por tanto necesariamente deben hacerse en la costa, con todas las consecuencias ambientales que ello implica.
-¿El uso de energía solar para producir agua desalinizada no es viable?
-La tecnología para hacerlo eficientemente requiere de perfeccionamientos que pueden demorar, según los técnicos entre 10 y 20 años, pero el impacto ambiental que se produce es ahora, como sucede en España, donde hay más de mil plantas. Pero las plantas desalinizadoras destruyen las costas. ¿No es más eficiente cuidar los lagos, los ríos, aprovechar las aguas lluvia que contaminar para producir agua dulce del mar? Las grandes empresas ya están destruyendo las fuentes de agua dulce de la tierra, ahora quieren ir por el mar. Eso no hay que permitirlo, porque al final esos costos también serán traspasados a los consumidores. El mercado del agua, como el de la minería y otros recursos, es un oligopolio. Ese paradigma económico debe ser combatido. http://www.ecoportal.net/
Libio Pérez - La Nación - Chile
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Declaración de Ayacucho. Perú “País libre de transgénicos”. Por la soberanía alimentaria y la defensa de la agrobiodiversidad


Los recursos genéticos de nuestra agrobiodiversidad deben ser considerados como una estrategia para lograr el desarrollo sostenible del país y constituyen el 'seguro de vida' para el ser humano. Lamentablemente, las economías y conceptos de desarrollo modernos, únicamente bajo el enfoque economista están creando las condiciones para su destrucción lo cual en algunos casos es irreversible.
Considerando que el Perú es un país de extraordinaria biodiversidad existente, especialmente de recursos genéticos que nuestras culturas matrices, antepasados, han domesticado y conservado durante diez mil años, adaptando semillas y crianzas a los diversos pisos ecológicos.
Estos recursos representan un valor estratégico para el desarrollo sostenible del país y constituyen el 'seguro de vida' para el ser humano. Lamentablemente, las economías y conceptos de desarrollo modernos, únicamente bajo el enfoque economista están creando las condiciones para su destrucción lo cual en algunos casos es irreversible.
La pequeña agricultura desempeña un rol importante en el sustento de la alimentación del país, pues mantiene nuestras tradiciones donde se ha practicado, desde siempre la distribución de las chacras y sembríos por pisos ecológicos como una estrategia desarrollada para garantizar su seguridad alimentaria y al mismo tiempo reducir las pérdidas por fenómenos climáticos.
Como parte de nuestras prácticas ancestrales nuestros pueblos comparten las semillas y el conocimiento en procesos de intercambio, pero con el impulso de las grandes corporaciones por patentar el recurso genético, así como a la propiedad y el manejo de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad están poniendo en peligro el desarrollo de nuestras variedades locales, y el modo de vida de las familias campesinas.
Debemos estar en alerta sobre las estrategias de las empresas trasnacionales, articuladas a las economías de los países desarrollados impulsan acuerdos comerciales para controlar la vida desde el comercio de las semillas. Las grandes compañías farmacéuticas, agroindustriales y productoras de semillas, son las principales interesadas en apropiarse de este tipo de información y conocimiento, para desarrollar productos y comercializarlos en el mercado, asumiendo su derecho legal a través de las patentes.
Los recursos genéticos de nuestra agrobiodiversidad deben ser considerados como una estrategia para lograr el desarrollo sostenible y teniendo en consideración las experiencias en agricultura alternativa, que involucra las dimensiones cultural, social, económica y ambiental, es necesario promover un debate nacional sobre las estrategias de su uso y aplicación con ventajas comparativas para el sector campesino.
En este marco los ciento cuarenta y seis participantes del IX Congreso Nacional de la Red de Acción en Agricultura Alternativa y del Seminario Internacional Potencialidades de la Agrobiodiversidad Frente al Cambio Climático y la Soberanía Alimentaria, realizado del 14 al 16 de octubre en la ciudad de Huamanga, demandamos lo siguiente:
1. Hacemos un llamado atención a las autoridades competentes que permiten el ingreso de semillas y granos transgénicos sin un control y regulación para evitar las consecuencias ambientales y riesgos para la salud humana.
2. Promover la normatividad a nivel del Congreso de la República para declarar al Perú Libre de Transgénicos. En defensa de nuestra biodiversidad, conocimiento ancestral y desarrollo económico sustentado en el aprovechamiento sostenible de la agrobiodiversidad.
3. Exigimos a las autoridades y al Congreso de la República se implemente una norma de obligatoriedad al etiquetado de alimentos proceso con insumos transgénicos como derecho de los consumidores a la información y al libre elección.
4. Apoyar la normatividad que declara Ayacucho Región Libre de Transgénicos y se les destine los recursos necesarios para defender y aprovechar su agrobiodiversidad.
5. Hacemos un llamado para que otras regiones del país se sumen a la iniciativa de declarar sus regiones libres de transgénicos como una oportunidad para proteger y defender su biodiversidad para el desarrollo económico sostenible.
6. Demandamos una mayor inversión para apoyar la producción agroecológica, que permitan mejorar la productividad y la soberanía alimentaria de los sistemas de producción, en especial de la pequeña agricultura.
7. Demandamos que las Universidades y los Centros de Investigación prioricen investigaciones e innovaciones en tecnologías agroecológicas para la soberanía alimentaria y la adaptación al cambio climático.
8. Proponemos al Estado en sus diferentes niveles de gobierno (Nacional,Regional y Local) que se declare a la zona de los andes como áreas de producción ecológica, para lo cual los programas nacionales como AGRORURAL, Sierra Productiva, entre otros deben destinar los recursos necesarios.
9. Reconocer el valor de nuestra agrobiodiversidad, el conocimiento ancestral como base del desarrollo de la gastronomía peruana y eje del desarrollo local y regional que en la actualidad representa una bandera económica para la democratización de los ingresos, por lo que es necesario contar con políticas para promover su defensa y protección.
10. Promover el consumo de productos ecológicos y orgánicos a nivel local, regional y nacional como parte de la política de los gobiernos regionales/locales y a nivel central.
11. Reconocer el rol de la mujer en el manejo de la agrobiodiversidad y seguridad alimentaría e instalar una mesa temática de agrobiodiversidad y género liderada por la RAAA y asociados.
12. Detener la implementación de áreas de cultivo dedicado a la producción de biocombustibles en tanto no se realice estudios de impactos ambientales, sociales por parte de instituciones de indiscutible idoneidad científica y ética con participación de todos los actores sociales.
13. Apoyar las mesas temáticas creadas a iniciativa de la sociedad civil con el apoyo del sector gubernamental con la finalidad de construir una plataforma que respalde las iniciativas de las organizaciones locales que promuevan la conservación del ambiente, uso sostenible de la agrobiodiversidad y la producción de alimentos sanos.
14. Involucrar a las escuelas y centros de educación en el desarrollo de tecnologías agroecológicas que contribuyan al manejo sostenible de la agrobiodiversidad. http://www.ecoportal.net/
Huamanga, 16 de octubre 2009
[RAAA] Red de Acción en Agricultura Alternativa