Más diálogo y participación ante conflictos sociales (El Comercio)

Cada vez es más profundo el convencimiento sobre la necesidad de institucionalizar el diálogo y la participación como instrumentos principales para enfrentar la preocupante ola de conflictos sociales que amenaza la paz social y la gobernabilidad.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo reporta que solo en el mes de agosto se detectaron 284 conflictos y que el 48% de estos se refiere a temas socioambientales. A renglón seguido, se informa de ciertos casos, como el de Colcabamba (Huancavelica), afortunadamente desactivados luego de que se promoviera el diálogo y el arbitraje con una comisión mixta.

Sin embargo, el caso de Bagua representa el otro extremo de la indolencia y de los oídos sordos por parte de las autoridades, cuando nadie reaccionó ante las alarmas persistentes y se dejó que el problema llegara a cruentos puntos de fricción y violencia, con un saldo de 24 policías y diez civiles muertos.

Debemos aprender la lección. Como bien lo apunta Pablo Castillo, de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría, el diálogo es en la mayoría de veces el camino más exitoso para resolver conflictos.

Lo más importante, en efecto, es tomarse un tiempo para la reflexión y la ponderación, y sentarse a cotejar los diversos puntos de vista, hasta llegar a un posible acuerdo. Sin embargo, es evidente que el diálogo funciona mejor en la fase preventiva, como lo indica el director de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, César Guzmán-Barrón.

Adicionalmente, como también concuerdan los expertos, el diálogo fluye si se respetan reglas de juego básicas y siempre que intervengan todos los estamentos involucrados en el problema. La participación ciudadana es, pues crucial, para asegurar la representación y legitimidad de los acuerdos, sobre todo los que afectan a las comunidades indígenas y rurales.

Más aun, si se considera que el 68% de conflictos atañe a actividades mineras, esta propuesta cobra mucha más vigencia. Tal como, con buen criterio, lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las comunidades nativas deben ser informadas desde el primer momento sobre los proyectos de exploración y extracción que se realicen en sus zonas. No solo eso, sino que debe tenerse en cuenta su opinión recabada a través de consultas ciudadanas, lo cual debe ser aun formalizado a través de leyes específicas.

Ahora que el Gobierno ha creado el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, con participación de ocho ministros y presidentes regionales, es oportuno recordar estos aspectos principistas y doctrinarios, cuya vigencia ha sido probada en los últimos años. Hemos tenido que pagar un precio demasiado alto en vidas humanas, daños materiales y confrontación social cuando hemos ignorado estos principios.

El diálogo con participación debe, entonces, prevalecer. El mensaje va también para los líderes de las comunidades y las autoridades locales, que tienen sobre sí la grave responsabilidad de colaborar para que el diálogo pueda fructificar en decisiones justas, legales y legítimas, dentro de los planes regionales y nacionales de desarrollo económico y social con inclusión plena.