miércoles, 30 de septiembre de 2009

SE APROBO EL REGLAMENTO DE LA LEY No 27446, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)

Mediante Decreto Supremo No 019-2009-MINAM se aprobó hoy el Reglamento de la Ley No 27446, Ley promulgada el 20 de abril de 2001, que creo el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental SEIA, la cual fue modificada siete años despue, mediante Decreto Legislativo 1078.Este reglamento es vital para la gestion ambiental en el Peru y se aprueba tras mas de 8 años de trabajo conjunto entre diversos sectores tanto publicos como privados. Su objetivo es identificar, prevenir, supervisar, controlar y corregir anticipadamente los impactos ambientales negativos de los proyectos de inversion, asi­ como de las poli­ticas, planes y programas publicos.Con la aprobacion de este Reglamento, el Estado peruano contara con un sistema integrado de evaluacion de impacto ambiental, con criterios y procedimientos armonizados y transparentes, a ser aplicados por las autoridades competentes en la materia, en los tres niveles de gobierno.Lea el documento completo en http://www.minam. gob.pe/index. php?option= com_docman&task= cat_view& gid=71&Itemid= 39

Declaran como zonas intangibles las puntas, dunas y playas de Lobitos y las identifican como Áreas de Conservación Ambiental

Mediante ORDENANZA MUNICIPAL Nº 002-072009-GL/MDL, la municipalidad distrital de Lobitos, declara como zonas intangibles las puntas, dunas y playas de Lobitos y las identifican como Áreas de Conservación Ambiental, por lo cual no se permite la construcción de infraestructura ni el otorgamiento de cualquier derecho que limiten su uso público.

El incumplimiento de lo establecido en la presente norma constituye una infracción y conlleva a la imposición de sanciones correspondientes que determine la municipalidad distrital de Lobitos

Aseguran más gas para mercado local

El presidente de Perú-Petro, Daniel Saba, aseguró ayer a la Comisión de Energía y Minas del Congreso que Pluspetrol, operador del consorcio Camisea, se comprometió a orientar 6,5 trillones de pies cúbicos al mercado local. Según Saba, esta reserva podría durar por más de 20 años.

El funcionario explicó que el compromiso del consorcio se ha dado a través de una carta recibida ayer por su despacho. Anunció que esa decisión se formalizaría posteriormente con un acuerdo. “No se va a requerir modificar el contrato de Camisea”, sostuvo.

El 10 de agosto Perú-Petro envió una carta al consorcio Camisea para indicarle que estaba en una situación de incumplimiento del contrato, al no atender la demanda de varias empresas que solicitaban gas.

“Si el consorcio insistía en no atender la demanda interna, hubiese sido causal de nulidad del contrato”, indicó Saba, tras asegurar que en los próximos diez días se firmaría un acta de compromiso con Pluspetrol.

EL DATO
Sin reservas
Maple Energy encontró gas no convencional en el pozo Santa Rosa IX, Ucayali, que, según indicó, no puede ser declarado comercial. Ello originó la caída de sus acciones.

Se vence plazo para que Gobierno se pronuncie sobre el Inambari

Aunque aparentemente la calma regresó al valle del Inambari, la población sigue preocupada respecto al impacto que generará la construcción de una hidroeléctrica en ese lugar. Es en tal sentido, que los dirigentes del distrito de San Gabán volvieron a advertir que se vence el plazo para que el Ministerio de Energía y Minas (MINAG) se pronuncie desestimando dicha inversión.

Precisamente, mañana 01 de octubre se vence el plazo que dieron los pobladores que hace 20 días se reunieron en el centro poblado de Puerto Manoa, zona con mayor afectación por el proyecto.

Los lugareños y el Gobierno Regional de Puno adelantaron que con esta construcción se destruirían más de 60 centros poblados, la mayor parte en nuestro departamento, seguido de Cusco y luego Madre de Dios.

Al respecto, la gerente regional de Desarrollo Económico, Delia Velásquez Títalo, informó que los días 20 y 21 de octubre se realizará un Foro Regional en las localidades más afectadas en Lechemayo (primer día), Puerto Manoa (segundo día) para informar y dar alternativas a esta construcción.

Los temas a tratar son: costos y beneficios, impactos ambientales, impactos en la agricultura, marco normativo, participación ciudadana, implicancias, servicios educativos rurales, impacto vial de la construcción de la transoceánica tramo cuatro, impactos sociales, salud y otros.

“En este foro vamos a proponer alternativas y propuestas sobre la construcción de la hidroeléctrica de Inambari que afectará directamente a las especies que tenemos en esa zona, a nuestra flora y fauna, los efectos y consecuencias que puede generar en el medio ambiente pueden ser negativos”, expresó Velásquez Títalo a Los Andes.

OTRO SI: La hidroeléctrica del Inambari generaría 2.5 GW de energía eléctrica de concluirse en el año 2014, se calcula una inversión de cuatro mil millones de dólares provenientes de capitales brasileños. Sería la hidroeléctrica más importante del Perú.

Industrias pagarán por el agua según contaminen

A partir de enero del 2010 las industrias del país pagarán tarifas diferenciadas por el agua que consuman, las que dependerán del nivel de contaminación que arrojen al sistema de alcantarillado, informó José Salazar, presidente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Si bien no dio detalles sobre el nuevo esquema, denominado tarifa contaminante, Salazar refirió que por 18 meses el regulador y el Comité Especial de Usuarios de Agua Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) han trabajado de la mano para llegar a un acuerdo. “Con este esquema se cobrará por carga contaminante; es decir que el que más contamina tendrá que pagar más”, agregó.

Al respecto, Rolando Piskulich, presidente del comité citado de la SNI, resaltó que se busca incentivar el tratamiento de las aguas industriales con tarifas preferenciales, ya que la inversión que se requiere es importante y no todas las industrias están en la capacidad de asumirla.

En este punto, el titular de la Sunass precisó que la aplicación de la nueva escala vendrá de la mano de un mecanismo, diseñado por Cofide, que financiaría hasta un 50% de las inversiones que se necesitan para evitar la contaminación. La idea es —añadió— que las medianas y pequeñas empresas puedan tratar sus aguas residuales.

Según Piskulich, se tiene que incidir en esas empresas, porque la gran industria —que es la que consume agua de forma intensiva— ya realiza ese tratamiento. Entre las industrias que podrían recibir los incentivos, por la contaminación que generan y el agua que consumen, están las curtiembres y algunas textiles.

Sin embargo, el dirigente de la SNI llamó la atención para promover el uso responsable del agua en industrias en auge, como las de turismo y gastronomía.

Pero ¿cómo se determinarán las nuevas tarifas? Salazar adelantó que en ello tendrán que ver los niveles que se detecten en las alcantarillas de cinco sustancias contaminantes que deben ser determinadas por el Ministerio del Ambiente. Ante nuestra consulta, dicho portafolio solo respondió que el estudio para determinarlas está en proceso.

Salazar también precisó que el esquema de tarifa contaminante se aplicará junto con el paquete de cambios tarifarios que ejecutaría Sedapal el próximo año.

Guillermo León, viceministro de Saneamiento y presidente de Sedapal, informó previamente que los reajustes afinarán la focalización de subsidios a las tarifas de agua que se cobran en Lima.

PRECISIONES

La tarifa promedio que se paga por agua potable en Lima es S/.2,21 por m3.
Sedapal identificará a las industrias que usen el agua y la devuelvan al sistema sin tratamiento previo.
Para ello, la empresa desarrolla un nuevo software que le permitirá, además, incrementar el nivel de facturación del agua, que actualmente llega al 64% en la metrópoli.

martes, 29 de septiembre de 2009

Se frena cambio de matriz energética

Gas. Industriales a la expectativa de suministro. Contraloría verifica si Perupetro cumple con las actividades de supervisión de la ejecución del contrato.

Según informó ayer el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Pedro Olaechea, las empresas del sector industrial están postergando el cambio de matriz energética por la incertidumbre que existe sobre el suministro de gas natural para sus proyectos.

El titular del gremio industrial señaló que aún no han identificado cuántas son las empresas que han postergado esta decisión, sin embargo, existen muchas grandes y medianas que requieren del suministro.

En ese sentido, la Contraloría General de la República anunció que están ejecutando acciones de control en el proyecto Camisea por la preocupación existente respecto a una eventual desatención de la demanda interna del gas.

Por ello, la Contraloría verifica en Perupetro el cumplimiento de las actividades de supervisión de la ejecución del contrato, en lo que concierne al abastecimiento de gas natural para el mercado interno.

MEM asegura gas para el Sur

De otro lado, el viceministro de Energía, Daniel Cámac, reiteró que el Gasoducto Andino del Sur, a cargo de la empresa Kuntur Transportadora de Gas, contará con gas proveniente del Lote 88, para lo cual en la construcción del ducto se invertirá US$ 1,300 millones.

Cámac dijo que para el primer trimestre del 2010 Kuntur debe presentar el estudio de impacto ambiental, que de ser aprobado se iniciará la construcción y entraría en operación a fines del 2012 o inicios del 2013.

El dato

Reunión. La próxima semana los industriales tendrán reuniones con el productor de gas, generadores eléctricos, distribuidores y agentes del sector para poder tomar decisiones..

Contraloría investiga a órganos del Estado por el Caso Camisea

Deberá determinar si funcionarios arriesgaron abastecimiento de gas para el mercado interno

La Contraloría General de la República anunció que ha iniciado una investigación de los órganos públicos que han tenido que ver con las modificaciones que se hicieron al contrato original del gas natural de Camisea, lotes 88 y 56 ubicados en el Cusco.

“En consideración a la trascendencia del proyecto Camisea para el desarrollo de la economía del país, y ante el actual escenario de preocupación pública sobre una eventual desatención de la demanda interna de dicho recurso, el Sistema Nacional de Control ya se encuentra ejecutando acciones”, informó a través de un comunicado.

En ese sentido, reveló que actualmente está verificando en Perú-Petro si esta empresa ha cumplido adecuadamente sus actividades de supervisión de la ejecución del contrato, en especial del lote 88, respecto del abastecimiento del gas natural para el mercado interno.

Como se recuerda, Perú-Petro es la organización que firmó los contratos para la explotación del lote 88 con el consorcio Camisea. A ella le corresponde vigilar que todo lo estipulado en dichos documentos se cumpla.

La contraloría también sostuvo que el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Energía y Minas viene ejecutando una acción de control en ese despacho con el objetivo de evaluar las actividades y resultados de lo que se denominó la renegociación del contrato del lote 88, culminada a fines de agosto. Como informó en su oportunidad el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, esta modificación permite asegurar el abastecimiento de gas para el mercado interno en los siguientes cinco años.

La contraloría sostuvo que en su debida oportunidad informará a las instancias competentes los resultados de las acciones que está desarrollando tanto en el Ministerio de Energía y Minas como en Perú-Petro.

Martes 29 de setiembre del 2009

El Comercio
¿Y el mercado interno?(Regresar)

TRAS “RENEGOCIACIONES” SOBRE CAMISEA

La comprensible expectativa que generaron las “renegociaciones” del MEM con el consorcio Camisea desembocaron en aquella lectura que hizo el ministro de la propuesta empresarial haciéndola suya, sin convencer ni a tirios ni troyanos, dado que distaba mucho de lo ofrecido en el mensaje presidencial de Fiestas Patrias; una decisión política que posteriormente fuera confirmada por las contundentes declaraciones del primer ministro a El Comercio, por lo que inferíamos que el mercado interno tendría prioridad, y que la exportación se supeditaría a nuevos descubrimientos gasíferos, los que se producirán si se acentúa la inversión en exploración: hasta el 30 de junio, en el 2009 solo se había perforado un pozo exploratorio en más de 500.000 km2 de áreas concesionadas, un escenario que difícilmente materializará los buenos deseos del presidente, en alusión a los recientes descubrimientos de gas en Venezuela.

Bajo un juego de cifras y palabras, constatamos que el “acuerdo” solo blinda la exportación, obligando al mercado local a compartir las limitadas reservas del lote 88 con aquel proyecto, suspendiéndola por un lustro, para retomar su destino externo una vez “exprimido” el lote 56 a precios ínfimos. Así, haciendo abstracción de la actual enorme demanda local insatisfecha, reconocida incluso por Perú-Petro y el Osinergmin, obliga a subastar el poco gas disponible a futuro, lo que extendería indefinidamente la aridez energética en desmedro de los consumidores locales, a la vez que transfieren el problema a próximos gobiernos. Bajo ese contexto, al pagar un gas escaso a precios superiores a los de la competencia, las generadoras impulsarán su traslado al consumidor vía tarifas eléctricas, al igual que lo harán los otros usuarios (industriales y comerciales), en tanto que para la priorizada exportación gasífera, parecen inhibirse, para no tocarla “ni con el pétalo de una rosa”.

En el “acuerdo” tampoco se garantiza el suministro para el gasoducto andino, lo que equivale a un escenario preocupante en los próximos meses y años para la macrorregión sur: ser expectantes de una absoluta garantía de disponibilidad del gas de los lotes 88 y 56 para la exportación a precios “dumping”, en tanto ninguna para la región de donde precisamente proviene este recurso. Intentando corregir tamaño “lapsus”, el primer ministro anunció ulteriormente que a través de un decreto supremo se dispondría de 160 mpcd del lote 88, anuncio que inmediatamente fuera desmentido por el propio consorcio, pues cualquier aritmética elemental no explicaría de dónde provendrían esos volúmenes, aun en el supuesto de expedirse el anunciado dispositivo. ¿Y el gasoducto a Chimbote?.

Barreras naturales contra patógenos

Por MARTA CHAVARRÍAS
Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2009
Los aceites esenciales del orégano y del ajo pueden actuar como defensas naturales contra microorganismos como E.coli o Salmonella
Las bacterias son uno de los riesgos biológicos de los alimentos. Salmonella, Campylobacter, Yersinia, E.coli o Listeria monocytogenes conforman los principales agentes invasores. Evitar su formación y propagación acapara la investigación en microbiología alimentaria. Una de las líneas de estudio en este campo es el desarrollo de antimicrobianos naturales capaces de inhibir el crecimiento de patógenos sin que se alteren las propiedades de los alimentos. El ajo y el orégano se suman a la lista de productos con esta capacidad, junto con otros como la almendra o el arándano.

Algunos alimentos contienen entre sus componentes cierta capacidad para actuar como agentes antimicrobianos. Dentro de esta bioactividad, las nuevas tendencias de investigación persiguen garantizar la conservación de los alimentos a través de la "tecnología de barrera", que usa compuestos con propiedades naturales para luchar contra patógenos. Uno de los últimos hallazgos, realizado por expertos del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA), se ha centrado en el desarrollo de envases comestibles para tomates a partir de compuestos de especies como el orégano o alimentos como el ajo. El primero contiene un aceite esencial, formado sobre todo por fenoles que le confieren propiedades antibacterianas.
Recubrimientos comestibles
Los aceites esenciales de especies vegetales pueden ayudar a combatir lucha antimicrobiana natural
Este tipo de "envase" se usa en frutas, hortalizas o carnes para prolongar su vida útil. Forma una película biodegradable que se incrusta en la superficie del alimento. Es una capa delgada de material comestible que se aplica a menudo en forma líquida por inmersión. Para ello, se utilizan los aceites esenciales de especies vegetales como menta, romero, orégano o limón. Estos componentes son los responsables del aroma de las plantas y han demostrado tener propiedades antibacterianas y antiparasitarias, entre otras. La investigación estadounidense ha constatado que las películas comestibles del tomate que contienen los antimicrobianos pueden proteger contra la contaminación de microorganismos patógenos, como E.coli, Salmonella y Listeria monocytogenes.
Tras exponer las bacterias al nuevo envase, los expertos concluyen que el aceite de orégano inhibe el crecimiento de las tres bacterias, mientras que el ajo sólo es eficaz contra la Listeria. "La incorporación de los aceites esenciales a la película comestible proporciona una nueva forma de mejorar la seguridad y la vida útil de los alimentos", afirman los expertos. Con anterioridad a este hallazgo, una publicación del USDA otorgaba a la canela, a la pimienta y al clavo otros usos en la cocina, además de los tradicionales: resistencia contra E.coli, Salmonella y Listeria.
En investigaciones realizadas con la conservación de frutas frescas cortadas, la aplicación de recubrimientos comestibles ha demostrado tener capacidad para reducir el deterioro del alimento, retrasar la maduración de frutas climatéricas, mejorar la apariencia y disminuir la pérdida de aromas.
Con cebolla
También ha quedado demostrada la capacidad biológica de bioactivos de la cebolla: polifenoles y oligosacáridos. En un estudio realizado por expertos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA), se ha demostrado que algunos "compuestos polifenólicos de la cebolla" cuentan con propiedades antimicrobianas contra Staphylococcus aureus y E.coli O157:H7.
Quercetina, miricetina y ácido cafeico, entre otros, tienen unos efectos mayores en la "inhibición del desarrollo microbiano", sin que queden alteradas las propiedades de los alimentos. El jugo de las ocho variedades de cebolla analizadas ha demostrado ser efectivo, sobre todo, "para inhibir S.aureus". Este nuevo hallazgo podría convertirse en una alternativa a las técnicas utilizadas para conservar los alimentos (altas temperaturas, sal o aditivos).
Barreras naturales
La bioconservación, que persigue la seguridad de alimentos poco procesados y sin aditivos, cuenta con una amplia lista de componentes, como el carvacrol del aceite de orégano para la elaboración de biofilms comestibles y la lucha contra E.coli; el complejo quitosano-glucosa, en productos cárnicos, que hace frente a la misma bacteria, al Staphylococcus aureus y al Bacillus cereus; y los polifenoles, en uva y vino, para evitar las infecciones por Campylobacter jejuni.
EFECTOS
Si bien el uso de hierbas y especias ha servido desde hace años como condimento, la ciencia de la alimentación les ha buscado nuevas aplicaciones y utilidades. Una de ellas es la conservación de alimentos a través de los aceites esenciales. La vida útil de un producto puede aumentarse, sin que se alteren las características originales, a través de películas comestibles enriquecidas con sustancias con capacidad antimicrobiana y antioxidante. Uno de los efectos es la reducción de la pérdida de humedad o de aromas.
Pese a los beneficios demostrados hasta el momento en el uso de aceites esenciales como antimicrobianos, deben valorarse con profundidad aspectos como el impacto sensorial sobre el alimento. Además de tener en cuenta los factores intrínsecos (actividad de agua, pH, nutrientes, estructura del alimento y agentes antimicrobianos), no hay que menospreciar los agentes externos o condiciones físicas del ambiente, como la temperatura o la luz.

domingo, 27 de septiembre de 2009

Acusan a gerente de Doe Run por la muerte de policía

Señalan a Juan Carlos Huyhua como autor mediato de ataques. Comisión del Congreso propone ampliar hasta 30 meses el PAMA. Nueva jornada de desmanes deja dos heridos de gravedad. Editorial: Los extremos de la irresponsabilidad empresarial
Tras dos días de violencia en La Oroya, los trabajadores de la minera Doe Run acordaron anoche suspender el paro indefinido luego de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobara el proyecto de ley que amplía por 30 meses el plazo para que la empresa cumpla con ejecutar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
En la práctica, significa que los mineros han dado una “tregua”, a la espera de la decisión final del pleno del Congreso, que someterá hoy a voto el proyecto de ley.
Sin embargo, antes de que se suspendiera la medida de fuerza, durante la jornada de protesta hubo varios brotes de violencia.
NUEVOS ENFRENTAMIENTOS
La muerte del suboficial de segunda PNP Grobert Saico Taipe, ocurrida la noche del martes luego de que recibiera el impacto de una piedra lanzada desde un cerro, hizo ayer que el segundo día de paro empezara con un clima de tensión.
Desde las seis de la mañana, varios grupos de policías recorrieron La Oroya para impedir que los trabajadores organizaran nuevos bloqueos. El tránsito era, entonces, relativamente fluido.
A las ocho de la mañana, los policías acometieron contra un grupo de manifestantes reunidos cerca del puente de Marcavalle usando bombas lacrimógenas.
En esta refriega resultó herido César Ingaruca (43), quien sufrió un golpe en la cabeza. Poco después, se informó sobre la detención de María Rojas Almonacid, quien fue sacada a rastras de su vivienda ubicada en Curipata.
A pesar del despliegue policial, a las nueve de la mañana la vía nuevamente fue bloqueada, luego de que los dirigentes que organizaron la protesta fueran desalojados del local del sindicato metalúrgico, donde se habían reunido.
A LA EXPECTATIVA
Poco antes de las 10 de la mañana llegó a La Oroya el presidente de la región Junín, Vladimiro Huaroc, quien intentó interceder entre los manifestantes y la policía para que se restableciera el tránsito sin actos de violencia.
Justo en ese momento, a la altura del complejo de Doe Run la policía arremetió otra vez, pero con más fuerza. Ante esta situación (y en medio del humo de las bombas lacrimógenas), algunos pobladores se lanzaron por los barrancos hacia la orilla del río Mantaro. Aquí resultó herido otro minero identificado como Adrián Luis Huaytán.
Por la noche, el tránsito en La Oroya fluía con normalidad. Los mineros suspendieron el paro y acordaron seguir las incidencias del pleno del Congreso que se llevará a cabo hoy.

sábado, 26 de septiembre de 2009

Formalizan denuncia contra empleados de Doe Run por muerte de policía

La Procuraduría para Asuntos de Orden Interno del Ministerio del Interior denunció a 22 personas, entre directivos y trabajadores de la empresa Doe Run Perú, por la muerte del policía Grovert Saico Taipe, producida durante una protesta en La Oroya , Junín.
Julio Talledo, titular de la Procuraduría, precisó que la demanda fue presentada ante el Ministerio Público en Lima y en La Oroya.
Explicó que a los trabajadores de Doe Run se les acusa de los presuntos delitos de homicidio simple y lesiones graves por la muerte del suboficial. También se les denuncia por extorsión, al haber obstaculizado de manera violenta las vías de comunicación para exigir la ampliación del Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA).
Entre los denunciados figuran Roberto Guzmán Estrada y Luis Mantari Pérez, secretarios generales del Sindicato de Trabajadores Mineros y de Empleados de Doe Run; respectivamente, así como Zózimo Galarza Vivanco, presidente del comité de lucha.
Talledo señaló que también se incluyó en la denuncia a Juan Carlos Huayhua y a José Bengoa Feria, gerente general y gerente de operaciones de Doe Run, además de otros directivos.
Anotó que estas personas incurrieron en la figura de la autoría mediata, al haber “instigado” a los trabajadores a realizar protestas para lograr una mayor ampliación del PAMA.
“Debe haber una amplia investigación para verificar la autoría mediata de estas personas en la muerte del policía y los desmanes ocurridos en La Oroya”, expresó el procurador.
El abogado del Estado informó que durante las protestas la Policía Nacional detuvo a 12 personas, entre trabajadores y pobladores de La Oroya, a algunas de las cuales se les decomisó binoculares y piedras.

Comisión multisectorial supervisará los avances del PAMA

Una comisión formada por miembros del Gobierno Regional de Junín, la sociedad civil, gremios ambientalistas, entre otros, tendrá la misión de vigilar el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) recientemente ampliado a la empresa Doe Run, informó ayer el presidente regional Vladimiro Huaroc Portocarrero.
Agregó que esta delegación se encargará de fiscalizar, durante los treinta meses de ampliación concedidos por el Estado, que la empresa culmine con los trabajos de construcción de la planta de tratamiento de ácido sulfúrico y con la modificación del circuito de cobre del complejo metalúrgico de La Oroya, entre otros importantes aspectos.
Huaroc reiteró que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) deberá reportar cada seis meses los avances de la ejecución de los trabajos de la planta de tratamiento de ácido sulfúrico.
La autoridad explicó que se decidió formar la comisión regional debido a que consideran que el Gobierno Central no ha controlado el cumplimiento de las responsabilidades por parte de la compañía Doe Run, situación que ha permitido que esta evada sus compromisos.
“NO ESTÁ INFORMADO”El presidente regional de Junín también sostuvo que el primer ministro Javier Velásquez Quesquén se encuentra desinformado por acusarlo de ser el responsable de la muerte de un policía durante el último paro organizado por los trabajadores de la minera. Hace unos días, Velásquez dijo que Huaroc incitó a la violencia a los dirigentes de esa empresa.
PRECISIONES
Los trabajadores de Doe Run Royberto Guzmán, Luis Mantari, Isaías Aquino; y los funcionarios Juan Carlos Huyhua y José Bengoa fueron denunciados por el delito contra la seguridad pública por los hechos ocurridos durante el paro.
De acuerdo con el atestado policial de La Oroya, estos se encuentran como no habidos.

viernes, 25 de septiembre de 2009

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA DECISIÓN DE PRORROGAR EL PAMA DE DOE RUN Y LOS SUCESOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA

Inaceptable y desafortunada: estas dos palabras grafican la actuación de Doe Run y del Estado Peruano frente a la antigua y previsible situación de orfandad ambiental y de salud que enfrentan los pobladores de La Oroya. Los últimos sucesos de violencia en clara violación de la ley, se suman al historial de la falta de responsabilidad legal y social de la empresa Doe Run Perú para cumplir con sus obligaciones, así como del Estado para exigir su cumplimiento. En este proceso los más perjudicados han sido los trabajadores y la población, cuyos derechos esenciales son seriamente afectados sin que hasta el momento se hayan alcanzado los objetivos trazados hace 12 años desde que se entregó la concesión minera a Doe Run.

Por lo anterior:

- Rechazamos el uso de la violencia como mecanismo de protesta y expresamos nuestra solidaridad con la familia del suboficial de la policía Grover Sayco Taipe, quien pagó con su vida el precio de esta suma de actos ilegales y de la incapacidad de todos para evitarlos. Asimismo, deseamos la pronta recuperación de las personas heridas en estos sucesos.

- Exigimos a las autoridades competentes, en concordancia con las normas y el respeto a los derechos humanos, remediar lo antes posible las consecuencias que en la salud tendrá esta nueva licencia para postergar el cumplimiento del PAMA por parte de Doe Run, y adoptar medidas de urgencia para garantizar, de un lado el cumplimiento de las nuevas obligaciones asumidas por la empresa y, de otro, el seguimiento y control de las enfermedades que afectan a la población, especialmente a los niños y niñas de La Oroya.

- Es evidente que la empresa ha aprovechado la debilidad del Estado y las necesidades laborales y económicas de la población sin considerar las consecuencias que ello tendrá para el ambiente, la salud, la vida y la integridad de las personas.

- Además, es lamentable que el Poder Ejecutivo haya derivado al Congreso de la República el manejo legal de un asunto administrativo de su absoluta competencia, en clara vulneración del Art. 103 de la Constitución Política del Perú que establece que no se pueden expedir normas con nombre propio en beneficio de una única persona/empresa. El antecedente que se genera en el Perú con la situación de Doe Run es nefasto pues la nueva prórroga contraviene el Decreto Supremo Nº 046-2004-EM mediante el cual se consideró improrrogable el plazo otorgado para el PAMA, y desconoce también la Resolución Suprema Nº257-2006-MEM-DM expedida también por presión de la empresa. Con esta decisión el Perú demuestra su incapacidad para hacer cumplir las normas ambientales y desconoce el derecho internacional que nos obliga a respetar los derechos humanos y el ambiente.

- La nueva extensión del PAMA es casi igual en lapso de tiempo a la otorgada en el 2006, y no para la mitad de una planta de ácido sulfúrico, como ahora, sino para tres plantas consideradas claves para el control de la contaminación en la zona. Debe recordarse además que el PAMA incluía otras acciones para mejorar la salud y el ambiente, así como planes de evaluación y vigilancia epidemiológicos, cuyo grado de cumplimiento no ha sido siquiera considerado para esta ampliación.

- Justamente, respecto a las responsabilidades de tutela de derechos, actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está evaluando las consecuencias de la falta de control adecuado del complejo metalúrgico de La Oroya sobre la salud, la vida e integridad de las personas; así como la responsabilidad internacional del gobierno peruano en ello. Resulta paradójico que eventualmente ante la CIDH el Estado asumirá la responsabilidad no solamente por su negligencia sino también por la omisión de la empresa y el costo finalmente lo pagaremos todos.

En suma, exigimos que la empresa Doe Run Perú y las instancias del Estado involucradas con el control y vigilancia de las operaciones de la empresa en la ciudad, informen mensualmente sobre las medidas de prevención en curso contempladas en el PAMA y brinden garantías financieras y reales de protección a la población, incluyendo a los trabajadores que laboran allí. Todos los ciudadanos debemos impedir que esta situación se repita en La Oroya o en cualquier otra parte del país.


Lima, 25 de septiembre 2009



Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente – AIDA

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA

CooperAcción

Red Muqui

Red Regional Agua y Desarrollo de Piura

Grupo Ciudadano Piura, Vida y Agro Godofredo Barcía Baca

Asociación Civil Labor

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ

Asociación Marianista de Acción Social - AMAS

Proyecto Amigo

Centro Labor Pasco

Red Uniendo Manos contra la Violencia

Grupo para la Promoción del Desarrollo de los Andes - GRUPO ANDES

La Oroya: un mundo feliz


Autor: Patricia del Río
Llamémosle Rodolfo y digamos que hace diez años trabaja para Doe Run. Gana 800 soles mensuales y su mujer, Marta, aporta unos 500 más gracias al restaurantito que puso en su sala para venderles caldo de gallina a los trabajadores del turno de la tarde. Marta y Rodolfo no conocen otra forma de vida. Sus padres trabajaron en la refinería, mucho antes de que llegara Doe Run. Sus hijos también serán mineros.La vida no les es grata. Se levantan siempre bajo el mismo cielo color acero que pareciera sepultarlos bajo los gases tóxicos que emana la gran chimenea de la refinería. Viven en una de las diez ciudades más contaminadas del mundo, y en sus pulmones, su sangre y sus huesos se acumulan, todos los días, residuos de plomo, arsénico, dióxido de azufre y otros metales pesados. Por eso respiran mal, sus niños no crecen, y ayer se enteraron de que su vecino se murió de cáncer. Sobre su caso se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional exigiendo acciones concretas para controlar la contaminación ambiental. Pero nadie les ha cumplido. Rodolfo y Marta, entonces, han decidido salir a protestar. Pero no, no van a exigir que se haga todo lo posible por evitar la contaminación que los está matando. Lo que buscan, en realidad, es que la refinería, parada por no cumplir con el Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) que les exige el Estado, vuelva a funcionar como sea porque hace dos meses que están sin chamba y ya no saben cómo hacer para alimentar a sus hijos.De la empresa les han dicho que, si no se quejan, el Gobierno no cederá y ellos se quedarán sin trabajo, sin casa, sin vida. Marta ha salido con víveres para los manifestantes. Rodolfo se ha apostado en el cerro, junto con sus compañeros, listo para asustar con piedras a los 1,200 policías que quieren romper el bloqueo. Abajo, en la carretera, queda tirado un policía. Tiene el cráneo destrozado. Tiene 27 años. Grover Sayco Taipe, se llama. Rodolfo y sus amigos se asustan, se dispersan, pero no abandonan la lucha. Les han dicho que necesitan sangre para ser escuchados.En la capital se condenan los hechos de violencia. Se acusa a Doe Run de haberse manchado las manos con la sangre del policía muerto. Se anuncia que habrá denuncia penal contra el gerente de la empresa. Sin embargo, y a pesar de las graves imputaciones, en la Comisión de Energía del Congreso se acepta que se prorrogue por 30 meses más el cumplimiento del PAMA.Doe Run puede seguir operando. Rodolfo y Marta se van satisfechos a casa. La familia Sayco vela a su muerto. Todo vuelve a la normalidad. El problema ambiental puede esperar un tiempo más. Qué importa un poco más de plomo en la sangre. El problema social, felizmente, ese sí ha quedado resuelto.

Doe Run se sale con la suya en el Parlamento.

Hace tres meses la propietaria del Complejo Metalúrgico de La Oroya, Doe Run, solicitó al Gobierno la ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por un plazo de 30 meses. El Gobierno respondió que solo le daría 11. Hubo después un ida y vuelta, con un estudio técnico de por medio realizado por la Comisión Técnica La Oroya (que planteó un plazo de 20 meses) y un nuevo pedido de la empresa de 36 meses. Ayer, el pleno del Congreso aprobó la ampliación del PAMA por 30 meses. El mismo plazo que Doe Run solicitó al inicio.
Al respecto, el vicepresidente corporativo de asuntos ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, no pudo menos que estar satisfecho y declarar que no solicitarán un mayor plazo: “Yo creo que hay una decisión tomada. Vamos a hacer los esfuerzos para de una vez ir adelante y en este plazo llegar a acuerdos con nuestros proveedores”.
Explicó que en la medida que se concrete la ampliación por parte del Gobierno y se reúna nuevamente con las empresas que proveen de concentrados a la fundición de La Oroya, las operaciones de la empresa se podrían reanudar en un mes.
Tras aprobar la ampliación del PAMA por 85 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el pleno del Congreso dio facultades al Gobierno para que, vía un decreto supremo, defina la forma en que la empresa garantizará la inversión de US$155 millones en su PAMA.
ACUSACIONES
Sobre las acusaciones de que los ejecutivos de Doe Run —y en especial, su gerente general, Juan Carlos Huyhua— fueron los instigadores de la violencia y de la muerte de un policía el pasado martes, Mogrovejo informó que no habían recibido una acusación oficial, aunque mostró su extrañeza al respecto pues aseguró que la empresa siempre había dado prioridad al diálogo y rechazado acciones violentas.
Por su parte, los trabajadores de La Oroya recibieron con buen ánimo la ampliación dada por el pleno del Congreso. Ellos se congregaron ayer a las cinco de la tarde para evaluar la decisión del Legislativo. Luis Castillo, presidente de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, anticipó que se reunirían con la empresa para determinar cuándo empezaría la reactivación de sus operaciones.
No todos recibieron con el mismo júbilo la noticia. La Cámara de Comercio de Huancayo, por su lado, rechazó, en un comunicado enérgico, la actitud de Doe Run, calificándola de no ética por el abuso que comete contra sus propios funcionarios y trabajadores, a quienes por la angustia de conservar su centro laboral, los somete y expone permanentemente a tomar las carreteras y a incurrir en actos ilícitos con el solo propósito de conseguir la indebida ampliación del PAMA, propósito que ha logrado.
Se debe señalar que con este plazo de 30 meses (2 años y medio) le tocará al próximo gobierno fiscalizar el cumplimiento del PAMA de Doe Run. Nada garantiza que ese año (2012) se repita el problema.
Dos trabajadores muertosCuando los cientos de policías retornaban ayer a sus bases en diferentes puntos de la región y La Oroya volvía a la normalidad, se lamentó la muerte de dos trabajadores de Doe Run: uno por estrés emotivo y otro que se suicidó agobiado por la situación que se vivía en la ciudad.
Así, se informó de la muerte de Walter Martínez Soto (59) quien se suicidó por deudas económicas que había contraído, para enfrentar la incertidumbre que vivían los trabajadores y por el peligro de cierre de la empresa que aún tiene suspendidas sus operaciones. Asimismo, se supo de la muerte de Pedro Quintana Rojas (62), quien falleció de un shock cardíaco por estrés emotivo, según refirieron sus familiares y compañeros de trabajo.
Estas dos muertes se suman al lamentable deceso del policía Grobert Saico Taipe, asesinado el martes por los revoltosos.

jueves, 24 de septiembre de 2009

Doe Run: extremos de la irresponsabilidad empresarial

De concretarse el anunciado respaldo del Congreso al pedido de Doe Run para ampliar a 30 meses el plazo para cumplir el PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental), sería una victoria pírrica con muchos perdedores.

Ante todo, no se puede pasar por alto que los recientes bloqueos causaron la muerte de un policía y varios heridos. Esto no puede quedar impune y exige deslindar responsabilidades para sancionar severamente a los responsables. Nadie puede afectar el libre derecho de los ciudadanos a transitar por el territorio, que tiene protección constitucional, y menos propiciar la violencia y la conculcación de los derechos a la integridad y la vida.

Luego, si observamos la línea de conducta de la empresa, no ha habido cambios que evidencien seriedad o propósito de enmienda, sino lo contrario. Así, por ejemplo, ya en el 2005 Doe Run solicitaba ampliar hasta el 2010 el plazo para cumplir sus obligaciones ambientales, luego de haber recibido facilidades el año anterior. El esquema, que parece más un círculo vicioso, se ha repetido en los últimos años: se utiliza a los trabajadores para forzar al Gobierno a aceptar nuevas postergaciones, pero sin ninguna garantía de cumplimiento. Mientras tanto, La Oroya sigue siendo una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, con niveles insoportables de azufre en la atmósfera y enormes daños colaterales al sistema ambiental de la sierra central.

Es atendiendo principalmente a razones sociales, que el Gobierno se allanó a formar una comisión técnica multisectorial que recomendó una ampliación de 20 meses. Pero la empresa otra vez usó a los trabajadores con el sofisma de que si no la apoyaban para exigir un plazo de 36 meses se quedarían sin empleo.

Es en estas circunstancias que se da el actual entrampamiento que lleva a la degradante situación de poner contra las cuerdas al Gobierno para forzar una virtual extorsión al Estado Peruano.

Como todos, queremos una solución, pero no del modo en que se ha dado, como una especie de extorsión. Y si otra vez el Congreso cede, será corresponsable de lo que pueda pasar en el futuro, por lo que deben exigirse las máximas garantías financieras y legales, a ser ejecutadas al menor incumplimiento.

Todo tiene su límite. No puede ponerse en continuo jaque al Gobierno, que no puede abdicar de su obligación de aplicar la ley y ejercer autoridad, so riesgo de sentar precedentes nefastos. Y mientras se espera un pronunciamiento contundente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo sobre la compleja situación a que ha llevado Doe Run, el Poder Ejecutivo debe tener preparado un plan de contingencia ante la eventualidad de que se vuelva a incumplir el nuevo acuerdo. Y visto que se trata de una labor con negativas repercusiones ecológicas, habría que plantear una progresiva reconversión laboral.

Somos estrictamente respetuosos del derecho de propiedad y de los contratos de inversión, pero también del respeto a la ley. Y si eventualmente los contratos se transgreden de un modo tan burdo y deliberado, habría que accionar las cláusulas que facultan al Estado a intervenir de un modo más directo, considerando no solo el bienestar de los trabajadores sino también la prevalencia del principio de autoridad y la protección del bien común.

El Comercio

¿Por qué es importante el PAMA de Doe Run? El Comercio

El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) es un compromiso mediante el cual las empresas energéticas se comprometen a reducir al mínimo sus impactos medioambientales y a mejorar sus estándares ambientales. Todas, a excepción de Doe Run, cumplieron con este compromiso.

A esta minera se le dio diez años de plazo para reducir las emisiones de plomo, cobre y cadmio al ambiente producto de sus operaciones de fundición y refinación de metales en La Oroya. Estas emisiones afectan la salud de los pobladores de esta ciudad.

El plazo iba desde 1996 hasta fines del 2006. Sin embargo, la empresa solicitó una ampliación en el 2005 porque las inversiones para mejorar sus estándares ambientales superaban los US$400 millones. El Estado accedió y amplió el plazo de su PAMA hasta octubre del 2009.

El hecho de que Doe Run tenga pendiente la culminación de su PAMA blinda a la empresa para que no pueda ser fiscalizada por aspectos ambientales por Osinergmin. En ese sentido, el organismo regulador actualmente solo puede fiscalizarla por incumplimientos en sus inversiones que debe realizar en su PAMA, mas no por no cumplir estándares de calidad ambiental (aire y agua), que es lo que actualmente hace con todas las demás mineras.

La Oroya es calificada como una de las diez ciudades más contaminadas del mundo por el instituto estadounidense Blacksmith. Según Doe Run, tendría pendiente por invertir US$160 millones para culminar su planta que capte ácido sulfúrico en el circuito de cobre, por lo que requiere 36 meses.

El Congreso aprobó ampliar a 30 meses el plazo para que Doe Run ejecute limpieza ambiental

La empresa tendrá 10 meses más de lo planteado por el Gobierno para ejecutar el PAMA en La Oroya, una de las ciudades más contaminada del planeta.

Lima (AP). El pleno del Congreso aprobó el jueves otorgar una prórroga de 30 meses a la empresa metalúrgica estadounidense Doe Run para que cumpla con la ejecución de un programa de limpieza ambiental en La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del mundo.
La ampliación del plazo fue aprobada por 85 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, luego de un debate con opiniones mayoritarias sobre la necesidad de garantizar a los trabajadores de Doe Run sus puestos de trabajo, mientras otros señalaban la urgencia de frenar la contaminación en La Oroya, 140 kilómetros al este de Lima.
La firma estadounidense, que opera el complejo metalúrgico de La Oroya, se encuentra en una grave crisis financiera y declaró al gobierno en marzo su imposibilidad de cumplir el programa de limpieza ambiental (PAMA) si es que no se le otorgaba un plazo de 30 meses adicionales.
El plazo para que Doe Run culmine el PAMA vencía el 31 de octubre del 2009, después que obtuvo una primera prórroga solicitada al gobierno en el 2005 durante la gestión del entonces presidente Alejandro Toledo.
REACCIONES DE RECHAZO
“Esto me parece que en cierta forma va a coronar la actitud insólita de una empresa que se niega a colaborar, que se niega a aportar y que quiere una ampliación de plazos para seguir explotando. Sabe Dios si cumplirá porque sino tiene afianzados los recursos, no tiene asegurados los fondos, no podrá cumplir el plazo que le den”, criticó el congresista oficialista Jorge del Castillo, que hizo de mediador entre Doe Run y el gobierno.
Otros congresistas cuestionaron la “debilidad” del gobierno de Alan García de ceder a los requerimientos de la empresa estadounidense, después que la empresa se negó a cumplir en el plazo acordado la construcción de una planta de tratamiento de ácido sulfúrico para mitigar la contaminación en La Oroya, cuyos pobladores presentan elevadas concentraciones de metales pesados en la sangre, según estudios.
En los dos últimos días trabajadores de Doe Run acataron un paro con bloqueo de la Carretera Central y desmanes que resultaron en la muerte de un policía, para presionar al gobierno a que acepte ampliar el plazo a la empresa.
Unos 3.500 trabajadores laboran para Doe Run y manifestaban que la paralización de la compañía significaría no sólo la pérdida de sus puestos de trabajo sino también el cierre de pequeñas y medianas minas que dependen del funcionamiento de la fundición de La Oroya, operada por Doe Run.
Meses atrás, el gobierno había descartado tajantemente ampliar el plazo a la compañía estadounidense, y había amenazado con que de no cumplir la empresa el PAMA en octubre, enfrentaría una auditoría, y el cierre en un plazo de ocho meses.
Sin embargo, ante la presión de los trabajadores mineros, el gobierno decidió la conformación de una comisión técnica que evaluara el tema y que recomendó otorgar un plazo de 20 meses con un máximo de 30.
El ejecutivo dejó entonces en manos del congreso la decisión de ampliar el plazo de cumplimiento del PAMA.

domingo, 20 de septiembre de 2009

Brasil sería el gran beneficiado con la represa de Inambari (El Comercio)

Solo el 25% de la energía generada por megaproyecto de 4.000 millones de dólares se quedaría en el Perú. Represa enclavada en la selva tendrá un tamaño equivalente a 10.000 estadios nacionales
En medio del espeso bosque que comparten Puno, Madre de Dios y Cusco, aguas arriba del puente Inambari, se proyecta construir una represa con un tamaño equivalente a 10.000 estadios nacionales. Pero no son únicamente sus dimensiones lo que hacen excepcional a este proyecto.
Varios aspectos convierten a la hidroeléctrica de Inambari en un proyecto ambiental y socialmente polémico, aunque económica y energéticamente ambicioso. Los supuestos niveles de inversión (US$4.000 millones), las características de su construcción (no hay ninguna obra de este tipo en la selva peruana), la cantidad de electricidad que se generaría (2.000 megavatios: dos veces más energía de lo que genera nuestra más grande hidroeléctrica, la del Mantaro) y su proximidad al frágil ecosistema del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
¿ENERGÍA PARA BRASIL?
En abril de este año, tras anunciar la firma de un nuevo memorándum de entendimiento con Brasil que permitiría la construcción de seis hidroeléctricas en la selva, el presidente Alan García celebró la potencial inversión de US$15 mil millones y su impacto en nuestra economía. En ese momento, quizá sin proponérselo, inició una polémica que se ha ido alimentando por la falta de información oficial respecto de los proyectos que estarían en manos de empresas brasileñas.
Esa misma escasez de información y la confirmación de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó en junio del 2008 —antes de anunciarse el acuerdo bilateral— una concesión de dos años al consorcio Egasur, formado por Electrobras y OAS, han concentrado la atención y la alerta sobre la central de Inambari.
Más allá del entusiasmo que pueden generar los US$4.000 millones —representa poco más del 3% del PBI nacional—, la discusión gira en torno a la pertinencia de un proyecto de esta magnitud en territorio amazónico y sobre si estamos preparados para asumir sus costos y beneficios.
Los especialistas consultados coinciden en que el Perú debe apostar por las hidroeléctricas no solo por la disponibilidad del recurso, sino porque son el medio más limpio para suministrar la electricidad que el desarrollo económico demanda.
Según el ex viceministro de Energía Pedro Gamio, las hidroeléctricas también garantizan el suministro futuro y un costo competitivo, aunque advierte que estas deben tener una planificación rigurosa para saber dónde construirlas y bajo qué condiciones.
César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, considera, por su parte, que las iniciativas brasileñas son bienvenidas porque el mercado interno no tiene incentivos para invertir en hidroeléctricas, debido a que se confía en demasía en la posibilidad de generar energía a gas.
Uno de los principales reparos tiene que ver con el destino de la energía que producirían las hidroeléctricas, pues el interés de Brasil es llevarla a su territorio. Aunque el MEM no explica cómo se repartiría esta energía, versiones extraoficiales afirman que un primer planteamiento habría sido llevar el 75% a Brasil y que el 25% quede para el Perú. Otra versión sostiene que la provisión para nuestro país se incrementaría gradualmente hasta llegar al 100% en un horizonte de 20 años.
Al respecto, el ex ministro Carlos Herrera Descalzi opina que se debe priorizar el mercado interno. Butrón, en cambio, propone que la provisión eléctrica acompañe el crecimiento de la demanda. A pesar de que el MEM asegura estar negociando las mejores condiciones para el país, Herrera desconfía de la capacidad del gobierno para negociar frente a un gigante como Brasil.
LOS IMPACTOS AMBIENTALES
La polémica con esta hidroeléctrica tiene que ver también con el lugar en el que se piensa construir la represa. El embalse —estimado en 41.000 hectáreas, la sexta parte de Lima Metropolitana— requerirá la deforestación de una gran parte de bosques tropicales ubicados en la zona de amortiguamiento —esa suerte de cinturón de protección natural— del Parque Nacional Bahuaja Sonene y cubrirá, además, zonas pobladas (ver infografía y nota de la página siguiente). El experto Luis Moreno —del Colegio Nacional de Ingenieros— explica que el primer gran reto será la construcción del dique que detenga las aguas del río Inambari. “Ello implicará modificar el cauce del río y remover una gran cantidad de tierra”, advierte.
Para Luis Espinel, director de Conservación Internacional, estos desbordes afectarán las rutas naturales de los peces migratorios y reducirán el caudal del río Inambari aguas abajo. El Ministerio del Ambiente (Minam) ha calculado los costos de este impacto en US$200 millones, basado en la captación de carbono por hectárea afectada.
Moreno estima que estos serían mucho mayores, pues “no se está considerando el impacto sobre las áreas de servidumbre que tendrían que otorgarse para las líneas de transmisión eléctrica hasta Brasil, ni la alteración de la biodiversidad”.
La inundación de esos grandes bosques —que afectará, según la misma empresa, el 4% del Bahuaja Sonene— podría generar gases de efecto invernadero (carbono y metano), “como consecuencia de la descomposición de los compuestos orgánicos sumergidos por el embalse”, asegura Martín Arana, consultor internacional en temas ambientales.
Él ha calculado —de acuerdo con fórmulas recomendadas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático— que si no se toman medidas de mitigación durante el primer año de funcionamiento de la hidroeléctrica, se generarán siete millones de toneladas de carbono (5% de las emisiones anuales en todo el país) y un volumen importante de metano. El especialista recomendó, por ello, que el estudio de impacto ambiental por desarrollar tenga en cuenta tecnologías que mitiguen estas emisiones, tal como se hace en Brasil.
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, declaró que la posición de su despacho dependerá de los estudios de prefactibilidad. “Aún no está decidido que se vaya a hacer la obra”, concluyó. En todo caso, precisó que de hacerse esta no debería afectar el Parque Nacional Bahuaja Sonene.
EL DATO
El consumo eléctrico anual promedio del país está en 4.200 megavatios (MW), la capacidad instalada del mercado energético suma 6.000 MW, mientras que la demanda crece a ritmo de 300 MW a 400 MW por año

sábado, 19 de septiembre de 2009

Menos coches para mejorar el clima

Entre el 16 y 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad. Este año tiene por lema “Mejora el clima de tu ciudad”. Por ello, Ecologistas en Acción quiere enfatizar la fuerte contribución de los automóviles a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que una de las principales formas de limitar el cambio climático, al tiempo que se mejora la habitabilidad urbana, es reducir el tráfico de automóviles en nuestras ciudades.
La convocatoria de la Semana Europea de la Movilidad se planteó por primera vez el año 2002. Con ella, se pretende promover la realización de actividades previas al Día sin Coches, con el objetivo de informar, concienciar y dar participación a la ciudadanía en la tarea de mejorar la calidad de vida de las ciudades y áreas metropolitanas. En último término, se trata de reducir el número de coches en circulación y demostrar en la práctica los beneficios que reporta el que los automovilistas dejen el coche en casa.
Lamentablemente, año tras año, esta iniciativa se ha ido saldando con una sensación de fracaso cada vez mayor, a medida que ha ido perdiendo contenido e incidencia, ya que la mayor parte de los Ayuntamientos han renunciado a cortar el tráfico de automóviles privados (verdadero núcleo de la campaña) y a organizar la movilidad urbana basándose en el transporte público y en los medios alternativos y no motorizados.
Todo parece indicar que 2009 seguirá esta tendencia de declive: renuncia a cortar el tráfico, actividades improvisadas y de escasa incidencia, falta de planificación del transporte público o de medidas a favor de peatones y ciclistas, escasa o inexistente implicación de las organizaciones sociales, ausencia de una campaña de información a la ciudadanía… resultan la tónica general en nuestras ciudades.
Este año la convocatoria reviste una particular importancia, ya que el tema central es “Mejora el clima de tu ciudad”, destacando por tanto la gran contribución que tienen el transporte y en particular el uso excesivo de los coches al empeoramiento del cambio climático. Efectivamente, las emisiones de CO2 en el transporte por carretera son las que más se han incrementado desde 1990 en el Estado español –practicamente el doble hasta 2007 (un 97%)–. Y la mitad de estas emisiones se producen en nuestras zonas urbanas y metropolitanas.
Hoy por hoy, seguir aplicando la receta de incrementar el viario para los coches es una respuesta obsoleta, cara y contraproducente ante los retos del tráfico. Al contrario, reducir la capacidad del viario para los coches permite modos de vida más saludables para todos los ciudadanos, con la ventaja de que se disminuyen las emisiones de gases de invernadero, al tiempo que se produce una mejora en la calidad del aire, menor ruido, más espacio para la gente… Hasta ahora, las mejoras tecnológicas en la eficiencia de los automóviles han sido en buena medida neutralizadas por su cada vez mayor uso, por lo que la única estrategia razonable es la de reducir su utilización.
Por ello, Ecologistas en Acción destaca la importancia de elaborar planes de movilidad sostenible en nuestras ciudades y áreas metropolitanas, realizados con participación ciudadana, que actúen limitando el estacionamiento y circulación de automóviles, reforzando y mejorando los transportes públicos y favoreciendo el transporte a pie y en bicicleta.
Desgraciadamente, las políticas de movilidad urbana siguen ancladas en conseguir “la mayor fluidez del mayor tráfico posible”, en un camino opuesto al que señala la Semana Europea de la Movilidad y todas las recomendaciones internacionales. www.ecoportal.net
Ecologistas en Acciónwww.ecologistasenaccion.org

Banco Mundial decide detener las inversiones en aceite de palma

Su expansión a gran escala produce deforestación y abusos sobre los derechos humanos en países como Indonesia, Malasia o Colombia.
Amigos de la Tierra celebra el anuncio de la Corporación Financiera Internacional (IFC), la institución afiliada al Grupo del Banco Mundial que se ocupa del sector privado, de detener todas sus inversiones en aceite de palma. Durante los últimos años, grupos de Amigos de la Tierra en todo el mundo han denunciado la destrucción ambiental y los graves impactos sociales de la extensión de este monocultivo en países del Sudeste Asiático y América Latina. Los principales destinos del aceite de palma son la industria cosmética, la alimentaria y, cada vez en mayor medida, la producción de combustibles.
“Las inversiones a gran escala en plantaciones de aceite de palma conducen a la deforestación y a la violación de los derechos humanos” aseguró Torry Kuswardono de Amigos de la Tierra Indonesia/WALHI. ”Por fin el Banco Mundial reconoce estos problemas, y esperamos que otras instituciones sigan el mismo camino”.
La decisión del Banco Mundial fue desvelada la semana pasada en una carta de su presidente, Robert Zoellick, respondiendo a un llamamiento de organizaciones sociales indonesas e internacionales [1]. La carta anuncia la suspensión de toda la financiación de esta institución del Banco Mundial en el aceite de palma hasta tener una estrategia revisada sobre la financiación de este controvertido sector.
Esta decisión es resultado de la presión de organizaciones sociales frente al órgano de vigilancia del IFC sobre las actividades de una de las principales empresas de aceite de palma, Wilmar [2]. El resultado de la protesta fue un veredicto en el que se concluye que el Banco Mundial había violado sus propios procedimientos y que había priorizado los intereses comerciales frente a los estándares ambientales y sociales del propio IFC. [3]
Amigos de la Tierra ha denunciado repetidamente las prácticas de las multinacionales del aceite de palma, como las talas y quemas ilegales, el desplazamiento de comunidades locales en Indonesia por parte del grupo Wilmar [2], el desastre del avance de estos monocultivos en Malasia [4] o la grave situación creada sobre los derechos humanos [5].
El aceite de palma es importante tanto para la industria alimentaria como para la cosmética [6]. Pero uno de los grandes motores que ha generado su expansión a gran escala es la demanda de combustibles de origen vegetal (agrocombustibles o biocombustibles) en los países del Norte. Los objetivos obligatorios de EE.UU. y la UE para la introducción de agrocombustibles están detrás de esta última expansión y de la catástrofe ambiental y social que lleva asociada.
“La demanda europea de materias primas como el aceite de palma para la producción de agrocombustibles es en gran parte responsable de la situación en el Sur. Aprovechando esta semana de la movilidad, debemos plantearnos soluciones reales a los impactos generados por nuestro sistema de transporte, que pasen por reducir nuestro consumo de combustibles y no por ceder ante falsas soluciones como los agrocombustibles” afirmó David Sánchez, de Amigos de la Tierra España. www.ecoportal.net
Amigos de la Tierra Españawww.tierra.org
Notas
[1] La noticia y la carta están disponibles en http://news.mongabay.com/(...)
[2] http://www.foeeurope.org/(...)
[3] Ver http://www.cao-ombudsman.org/(...)
[4] http://www.foei.org/(...)
[5] http://www.tierra.org/(...)
[6] http://www.tierra.org/(...)

Mafias farmacéuticas


Por Ignacio Ramonet
En el comercio de los medicamentos la competencia no está funcionando y los grandes grupos farmacéuticos recurren a toda suerte de juegos sucios para impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo para descalificar los medicamentos genéricos mucho más baratos. La ofensiva de los monopolios farmacéutico-industriales no tiene fronteras. También estarían implicados en el reciente golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, país que importa todas sus medicinas, producidas fundamentalmente por las "Big Pharma".

Muy pocos medios de comunicación lo han comentado. La opinión pública no ha sido alertada. Y sin embargo, las preocupantes conclusiones del Informe final (1), publicado por la Comisión Europea el pasado 8 de julio, sobre los abusos en materia de competencia en el sector farmacéutico merecen ser conocidas por los ciudadanos y ampliamente difundidas.
¿Qué dice ese informe? En síntesis: que, en el comercio de los medicamentos, la competencia no está funcionando, y que los grandes grupos farmacéuticos recurren a toda suerte de juegos sucios para impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo para descalificar los medicamentos genéricos mucho más baratos. Consecuencia: el retraso del acceso del consumidor a los genéricos se traduce en importantes pérdidas financieras no sólo para los propios pacientes sino para la Seguridad Social a cargo del Estado (o sea de los contribuyentes). Esto, además, ofrece argumentos a los defensores de la privatización de los Sistemas Públicos de Salud, acusados de ser fosos de déficits en el presupuesto de los Estados.
Los genéricos son medicamentos idénticos, en cuanto a principios activos, dosificación, forma farmacéutica, seguridad y eficacia, a los medicamentos originales producidos en exclusividad por los grandes monopolios farmacéuticos. El periodo de exclusividad, que se inicia desde el momento en que el producto es puesto a la venta, vence a los diez años; pero la protección de la patente del fármaco original dura veinte años. Entonces es cuando otros fabricantes tienen derecho a producir los genéricos que cuestan un 40% más baratos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría de los Gobiernos recomiendan el uso de genéricos porque, por su menor coste, favorecen el acceso equitativo a la salud de las poblaciones expuestas a enfermedades evitables (2).
El objetivo de las grandes marcas farmacéuticas consiste, por consiguiente, en retrasar por todos los medios posibles la fecha de vencimiento del periodo de protección de la patente; y se las arreglan para patentar añadidos superfluos del producto (un polimorfo, una forma cristalina, etc.) y extender así, artificialmente, la duración de su control del medicamento.

El mercado mundial de los medicamentos representa unos 700.000 millones de euros (3); y una docena de empresas gigantes, entre ellas las llamadas "Big Pharma" -Bayer, GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis-, controlan la mitad de ese mercado. Sus beneficios son superiores a los obtenidos por los poderosos grupos del complejo militar-industrial. Por cada euro invertido en la fabricación de un medicamento de marca, los monopolios ganan mil en el mercado (4). Y tres de esas firmas, GSK, Novartis y Sanofi, se disponen a ganar miles de millones de euros más en los próximos meses gracias a las ventas masivas de la vacuna contra el virus A(H1N1) de la nueva gripe (5).
Esas gigantescas masas de dinero otorgan a las "Big Pharma" una potencia financiera absolutamente colosal. Que usan en particular para arruinar, mediante múltiples juicios millonarios ante los tribunales, a los modestos fabricantes de genéricos. Sus innumerables lobbies hostigan también permanentemente a la Oficina Europea de Patentes (OEP), cuya sede se halla en Múnich, para retrasar la concesión de autorizaciones de entrada en el mercado a los genéricos. Asimismo lanzan campañas engañosas sobre estos fármacos bioequivalentes y asustan a los pacientes. El resultado es que, según el reciente Informe publicado por la Comisión Europea, los ciudadanos han tenido que esperar, por término medio, siete meses más de lo normal para acceder a los genéricos, lo cual se ha traducido en los últimos cinco años en un sobregasto innecesario de cerca de 3.000 millones de euros para los consumidores y en un 20% de aumento para los Sistemas Públicos de Salud.
La ofensiva de los monopolios farmacéutico-industriales no tiene fronteras. También estarían implicados en el reciente golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, país que importa todas sus medicinas, producidas fundamentalmente por las "Big Pharma". Desde que Honduras ingresó en el ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de América), en agosto de 2008, Manuel Zelaya negociaba un acuerdo comercial con La Habana para importar genéricos cubanos, con el propósito de reducir los gastos de funcionamiento de los hospitales públicos hondureños. Además, en la Cumbre del 24 de junio pasado, los Presidentes del ALBA se comprometieron a "revisar la doctrina sobre la propiedad industrial", o sea, la intangibilidad de las patentes en materia de medicamentos. Estos dos proyectos, que amenazaban directamente sus intereses, impulsaron a los grupos farmacéuticos transnacionales a apoyar con fuerza el movimiento golpista que derrocaría a Zelaya el 28 de junio último (6).
Asimismo, Barack Obama, deseoso de reformar el sistema de salud de Estados Unidos que deja sin cobertura médica a 47 millones de ciudadanos, está afrontando las iras del complejo farmacéutico-industrial. Aquí, las sumas en juego son gigantescas (los gastos de salud representan el equivalente del 18% del PIB) y las controla un vigoroso lobby de intereses privados que reúne, además de las "Big Pharma", a las grandes compañías de seguros y a todo el sector de las clínicas y de los hospitales privados. Ninguno de estos actores quiere perder sus opulentos privilegios. Por eso, apoyándose en los grandes medios de comunicación más conservadores y en el Partido Republicano, están gastando decenas de millones de dólares en campañas de desinformación y de calumnias contra la necesaria reforma del sistema de salud.
Es una batalla crucial. Y sería dramático que las mafias farmacéuticas la ganasen. Porque redoblarían entonces los esfuerzos para atacar, en Europa y en el resto del mundo, el despliegue de los medicamentos genéricos y la esperanza de unos sistemas de salud menos costosos y más solidarios. http://www.ecoportal.net/
Ignacio Ramonet - Le Monde Diplomatique - Septiembre 2009. Numero 167
Notas:
(1) http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/%20pharmaceuticals/inquiry/index.html
(2) El 90% de los gastos de la gran industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos fármacos está destinado a enfermedades que sólo padece el 10% de la población mundial.
(3) Intercontinental Marketing Services (IMS) Health, 19 de marzo de 2009.
(4) Carlos Machado, "La mafia farmacéutica. Peor el remedio que la enfermedad", 5 de marzo de 2007 (www.ecoportal.net/content/view/full/67184).
(5) Léase, Ignacio Ramonet, "Los culpables de la gripe porcina", Le Monde diplomatique en español , junio de 2009.
(6) Observatorio Social Centroamericano, 29 de junio de 2009
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miércoles, 16 de septiembre de 2009

Mineras invertirán unos US$2.500 mlls.

AREQUIPA. La decisión de la ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Doe Run Perú no está en la cancha del Ministerio de Energía y Minas (MEM) tal como se creía. Esta requerirá de una decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros o del propio presidente de la República.
El viceministro de Minas, Fernando Gala, explicó que la decisión de la última ampliación del PAMA en el 2005 fue a través de un decreto supremo, por lo que se requeriría de una norma de igual o mayor rango (posiblemente una ley).
Indicó que en una semana, a más tardar, se decidiría la ampliación del PAMA de Doe Run. Incluso señaló que el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, informaría hoy al Consejo de Ministros la decisión de la Comisión Técnica y se podría tomar un acuerdo al respecto, aunque un par de horas antes Sánchez fue esquivo con el tema y no confirmó esta posibilidad.
Aclaró que esta tendría que coincidir con la recomendación de la comisión técnica La Oroya, formada por representantes del propio MEM, el Ministerio del Ambiente, el Osinergmin y el Gobierno Regional de Junín. La referida comisión recomendó ampliar el plazo por 20 meses.
Gala explicó que el período se estableció en función a tres factores: dos meses para que la empresa vuelva a contratar a los constructores de la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre (que es la parte del PAMA interrumpida por Doe Run), doce meses para la construcción del proyecto y seis para realizar los ajustes y pruebas.
Una fuente de la comisión indicó que esta le recomendó al Gobierno el establecimiento de un cronograma de cumplimiento para Doe Run, de modo que Osinergmin pudiera fiscalizar paso a paso el desarrollo de los US$150 millones que deberá invertir Doe Run para cumplir con lo que le falta del PAMA.
FINANCIAMIENTO
El financiamiento del PAMA es una situación que aún preocupa a los agentes involucrados en la situación de Doe Run. Gala indicó que así como el Gobierno está haciendo un esfuerzo para ampliar el PAMA, a la empresa le toca asegurar su financiamiento y sobre todo garantizar su cumplimiento. Por ello, se le solicitará a la empresa dos requisitos.
Inicialmente el Gobierno solicitó que la empresa dé como garantía del cumplimiento del PAMA sus acciones; sin embargo, actualmente se estudia la posibilidad de una carta fianza.
José Miguel Morales, representante legal de Compañía de Minas Buenaventura, una de las empresas acreedoras de Doe Run, explicó que será muy difícil para la minera ubicada en La Oroya acceder a líneas de crédito; sin embargo, explicó que si esta minera obtiene financiamiento y apoyo del Gobierno, los acreedores apoyarán una salida.
NORMA MINERA
De otro lado, Fernando Gala, quien inauguró el Top Mining en el Perúmin, indicó que el MEM presentará una propuesta para la recuperación anticipada del IGV por tres años para las exploraciones mineras, con la finalidad de fomentar esta actividad que redujo considerablemente producto de la crisis financiera internacional.
Antamina, Milpo y Southern: inversiones por US$2.500 mllsLa minera Antamina decidirá a fin de año si da luz verde al proyecto de ampliación de su mina ubicada en Áncash. Según el presidente Ian Kilgour, todo parece indicar que sí, aunque la decisión final la tendrán que tomar a fin de año el directorio de la empresa, cuyos accionistas son Xstrata, BHP Billiton, Teck Cominco y Mitsubishi.
Aunque Kilgour no indicó el monto de la inversión, se estima que la ampliación costaría a Antamina alrededor de US$1.000 millones y que podría iniciar su construcción en el primer semestre del 2010.
Por otra parte, la minera Milpo anunció que su proyecto Hilarión, en Áncash, requeriría una inversión de entre US$200 millones a US$300 millones, lo cual implicaría la compra de una planta que procese 30.000 toneladas por día. Según su gerente general, Abraham Chahuán, ya ha culminado los estudios de prefactibilidad y podrían tener listo el de factibilidad este año para empezar la construcción el año siguiente. El proyecto permitiría a Milpo alcanzar la cifra de procesamiento de un millón de toneladas al año.
Esta empresa también ha identificado proyectos mineros que podrían ser desarrollados en los próximos años, entre los cuales se encuentran Estrella del Norte y Romina, ubicados en Áncash; y Aurora, en Lima. Chahuán informó también que tras la compra de Atacocha, en diciembre del 2008, han logrado reducir la cuantiosa deuda de US$240 millones a US$116 millones. Asimismo, el ejecutivo indicó que aún no han pensado en fusionar Atacocha con Milpo, lo cual era un rumor que circulaba insistentemente en el mercado minero.
De otro lado, Southern Copper Corporation también realizó anuncios en el marco del Perúmin. El presidente ejecutivo de esta empresa, Óscar Gonzales, indicó que prevén que el estudio de factibilidad del proyecto de cobre Los Chancas, ubicado en Apurímac, estará listo a inicios del próximo año.
El referido análisis servirá para confirmar la inversión que requerirá desembolsar la minera, la cual ha sido estimada en aproximadamente US$1.200 millones. Gonzales estimó que el proyecto podría entrar en operaciones en el 2013.
LA CIFRA
US$24.000Millones habrían pagado las mineras por Impuesto a la Renta entre el período 2006 y 2008, según el dato que proporcionó la SNMPE

martes, 15 de septiembre de 2009

Comisión pide dar 20 meses para que Doe Run cumpla con PAMA

La Comisión Multisectorial La Oroya, presidida por el viceministro de Minas, Fernando Gala, y formada por representantes del Ministerio del Ambiente y del Osinergmin, recomendó que el plazo para que Doe Run cumpla con la construcción de la planta de ácido sulfúrico y la modificación del circuito de cobre sea de hasta 20 meses, que se contarán a partir de que la empresa consiga el financiamiento. Con estas obras se culminaría el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la compañía.
Según voceros de la oficina de prensa del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el plazo se ha establecido en base al tiempo que tomaría la construcción de la planta, que se divide en 14 meses para la edificación y 6 para el período de prueba. Sin embargo, para Carmen Rosa Sandoval, del programa de defensa del interés público de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el plazo recomendado es engañoso porque no contempla el lapso en el que Doe Run demorará en conseguir el financiamiento de US$150 millones, por lo que el plazo podría alcanzar los 30 meses que tanto —y originalmente— reclama la empresa.
Según Sandoval, Doe Run se salió con la suya otra vez: “Para que opere se necesitan más de US$600 millones, entre el PAMA y los pagos a proveedores y trabajadores. Es imposible que una empresa quebrada consiga todo ese dinero en poco tiempo”. Para María Chappuis, ex directora general de minería del Minem, es la tercera vez en cinco años que el Estado le extendería los plazos a Doe Run.
Oficialmente, la primera prórroga para el PAMA se le otorgó el 2004 (Decreto Supremo 046-2004) y se le extendió de manera excepcional el 2006 (Resolución Ministerial 257-2006).
NO PODRÍAN CUMPLIR
José Mogrovejo, vicepresidente corporativo de asuntos ambientales de Doe Run, señala que están satisfechos con el plazo que se les concede para la construcción y puesta a prueba de la planta, pero se sentirían aun más satisfechos si se define el plazo que se le debe sumar a los 20 meses para la obtención de financiamiento y la normalización de las operaciones.
Para Mogrovejo, 30 meses es un plazo más realista: “Es el tiempo en el que conseguiremos el financiamiento y repondremos las operaciones con normalidad”. En los próximos días el Minem definirá el plazo definitivo.
PRECISIONES
Ayer, trabajadores de Doe Run reclamaron frente a la sede del Ministerio de Energía y Minas, para que se le otorgue a la minera 30 meses más de plazo para cumplir con el PAMA.
Oficialmente el plazo que rige se cumplirá en octubre próximo, tras la última extensión que se hizo a la empresa en el 2006.
Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SDPA), no es jurídicamente posible que se le vuelva a extender los plazos a Doe Run.
El Colegio de Ingenieros del Perú recomendó un tiempo de 22 meses, por las contingencias que pudieran ocurrir en las diferentes etapas del proyecto.

sábado, 12 de septiembre de 2009

Doe Run en su hora final

Martes, 08 de setiembre
Expreso
Doe Run en su hora final (Regresar)
En siete días se culminará el informe final de la Comisión Multisectorial encargada de determinar el plazo técnico para el cumplimiento de la última etapa del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la empresa Doe Run Perú, informó el ministro del Ambiente, Antonio Brack. “A la comisión le quedan siete días para evacuar su informe y se acatará lo que diga, los ministros no vamos a decir nada antes de lo que disponga la comisión, que está haciendo un trabajo técnico y no político”, declaró.

Recordó que dicho grupo de trabajo, constituido el 19 de agosto, está integrado por técnicos de los ministerios de Energía y Minas (MEM) y del Ambiente (Minam), del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), así como de representantes del gobierno regional de Junín y de los trabajadores de Doe Run.

Agregó que la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Minam también podría iniciar una fiscalización a las actividades de Doe Run si es que no se decide darle una ampliación del PAMA.“Mientras haya un PAMA se tiene que respetar, porque significa realizar algunas inversiones. Pero si después de terminado el plazo del PAMA no se ha cumplido, entonces sí puede intervenir”, comentó.

Minam determinará zonas de exclusión minera
El ministro del Ambiente Antonio Brack, mencionó que el Minam está elaborando mapas de zonas de exclusión minera, con la finalidad de establecer las zonas donde no se podrá realizar actividades mineras para proteger el medio ambiente y los recursos naturales que hay en las diferentes regiones del país.“Por ejemplo, en Madre de Dios la minería está impactando fuertemente en las aguas del río Tambopata, donde están los mejores centros de ecoturismo de la Amazonía peruana”, advirtió.

Dijo que se están tomando medidas para luchar contra la minería ilegal y en el caso de la región Madre de Dios se coordinó con el MEM para que ya no se otorguen derechos mineros en los próximos dos años.

El dato
Brack precisó que la OEFA se encarga de investigar si cualquier empresa transgredió los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes.

Cuenca del Inambari invadida por mineros informales

La informalidad e ilegalidad en la explotación minera no solamente es un problema que se vive en las cuencas Ramis y Suches, en los últimos años esta actividad ha crecido significativamente en la cuenca del río Inambari, que implica territorios de las provincias de Sandia y Carabaya.

Desde el pasado lunes, el fiscal en material ambiental de Puno, Pedro Farfán Parrales, recorre junto a sus técnicos, varios poblados de la provincia de Carabaya, a propósito de que algunas serán afectadas con la construcción de la Hidroeléctrica del Inambari.

No obstante, grande fue la sorpresa de encontrar decenas de chutes a lo largo de la ribera del río Inambari, especialmente en los centros poblados de Carmen y Challuamayo, ubicados en el distrito de San Gabán.

En la víspera, el representante del Ministerio Público intervino a dos centros de operación de la actividad minera, constatando que generan contaminación a las aguas del afluente. Uno de los chutes fue inutilizado por la Policía Ecológica.

En la diligencia participó también el gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno, Lucio Mamani Ticona, y el director regional de Energía y Minas, Víctor Hugo Paredes Argandoña, éste informó que en la zona operan alrededor de tres mil mineros “artesanales”, pero ninguno cumple con la Ley.

Lo preocupante es que estas operaciones se vienen haciendo en la misma zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, generándose un auténtico atentado al medio ambiente.

En el lugar, varios agricultores se han quejado de este problema y han pedido que las autoridades intervengan para detener a los irresponsables empresarios que financian este tipo de explotación de oro. Ya no se puede considerar pequeña minería, pues para la extracción y lavado utilizan maquinaria pesada y peligrosos químicos.

ADEMÁS: 1. Según el presidente de las Rondas Campesinas de San Gabán, Eustaín Yanqui Charca, los mineros que ahora operan en la cuenca Inambari se trasladaron de la zona de Huaypetue (Madre de Dios) donde generaron mucha contaminación. 2. La Dirección Regional de Energía y Minas, precisó que hasta el momento se han presentado cinco expedientes para petitorios mineros en la zona del Inambari, no obstante, ninguno cumple con tener Estudio de Impacto Ambiental.

Reglamento de Bioseguridad Agrícola sería publicado en menos de 30 días, estima Minag

El Ministerio de Agricultura (Minag) prevé publicar en menos de 30 días el documento final del reglamento de Bioseguridad Agrícola, el cual regulará el ingreso y manejo de semillas de organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos al país.

La propuesta de reglamento de bioseguridad del sector agrario fue concluida en el 2005 en un proceso que duró cerca de tres años con participación de instituciones y sectores involucrados en el tema, y fue puesto a consulta en la página web del Minag desde diciembre del año 2008.

A la fecha han transcurrido más de ocho meses del proceso de consulta y solamente se han recibido comentarios del Ministerio del Ambiente (Minam) y de Plataforma Perú país libre de transgénicos, los cuáles han sido incorporados según la pertinencia del caso.

“La etapa de consulta ha terminado y ahora estamos concordando con el Minam el reglamento y prácticamente lo tenemos definido y concordado. Es por ello que creemos que en menos de 30 días tendremos publicado el documento”, declaró el ministro de Agricultura, Adolfo De Córdova.

De otro lado, sostuvo que a la fecha el personal científico del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) no ha detectado ningún indicio que confirme la versión difundida a los medios de comunicación sobre una posible presencia de cultivos de origen transgénico en la provincia de Barranca (Lima).

“No se han encontrado pruebas tácitas de algún cultivo de este tipo así que no se puede afirmar nada”, anotó tras inaugurar la II Convención Nacional de Productos Orgánicos, en el marco de la Feria Expoalimentaria 2009.

Regulan uso turístico en áreas naturales del país

El Poder Ejecutivo publicó el 08.09.09 en el diario oficial el Decreto Supremo N° 018-2009-Minam, que aprueba el reglamento de uso turístico en áreas naturales protegidas.

Entre las medidas aprobadas se determina que la prestación de servicios turísticos entregada por el Estado a terceros generará la obligación de una retribución económica a efectos de garantizar la conservación y preservación del paisaje natural. Ese monto se fijará en base a criterios ambientales, económicos y sociales.

Según la norma suscrita por los titulares del Ambiente, Antonio Brack, y de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez, las modalidades de otorgamiento de derechos de uso de las áreas naturales serán cinco: concesión, contrato de servicio turístico, permiso, autorización y acuerdo.

La adecuación al referido reglamento tendrá un plazo máximo de un año, que se computará luego de aprobado el plan de uso turístico de cada área natural protegida.

EN PUNTOS

La modalidad de concesión se utilizará para los proyectos que requieran desarrollo de infraestructura turística. Se entregarán luego de un concurso o a solicitud de parte.
Los contratos de servicio turístico permiten el aprovechamiento económico del paisaje sin que se requiera de la construcción de infraestructura.

A cien días de Copenhague

Por: Erik Struyf Corresponsal en Bruselas, El Comercio

Anteayer el recién electo primer ministro de Japón, Yukio Hatoyama, se comprometió a reducir en 25% las emisiones de CO2 de su país hacia el 2020 con respecto al nivel de 1990. Con esta meta, que calza con las recomendaciones de la comunidad científica y que triplica el objetivo avanzado por el saliente Taro Aso, Tokio se pone a la cabeza de los países industrializados decididos a combatir el calentamiento global y devuelve empuje a las negociaciones para cerrar un ambicioso tratado sobre el cambio climático a mediados de diciembre en Copenhague.

“Pienso que el anuncio japonés es tremendamente alentador”, dijo el jefe de la Secretaría de la ONU para el Cambio Climático, Yvo de Boer. “Estamos avanzando en la dirección correcta, pero el ritmo deja que desear”, advirtió. Con la nueva meta nipona y el conocido objetivo de la UE de disminuir en por lo menos 20% sus emisiones hasta el 2020 con respecto a 1990, los ojos y oídos del mundo apuntan a Washington: Estados Unidos, pese a ser el primer emisor mundial per cápita de CO2 y pese a las expectativas creadas por el arribo de Barack Obama a la Casa Blanca, no ha pasado de ofrecer un recorte de 14% respecto del 2005.

Pero aun suponiendo que Washington levante sus ambiciones, los problemas no quedan resueltos. Las metas de recorte de emisiones de CO2 de los países industrializados constituyen solo parte de las piezas del rompecabezas que hay que encajar en Copenhague: para limitar a dos grados centígrados el alza de la temperatura del planeta en las próximas décadas y así impedir las más devastadoras consecuencias del calentamiento global es indispensable también el concurso de los países en desarrollo.

Y los pactos medioambientales de las naciones pobres y emergentes no se harán palpables sin el compromiso de los países industrializados — rubricado en la capital danesa— de desembolsar los recursos financieros que permitan a los primeros transitar a una economía verde y a adaptarse a los impactos del cambio climático. ¿De cuánto dinero estamos hablando? La ONU no se cansa de repetir que las necesidades para mitigación y adaptación alcanzarán por lo menos los 250.000 millones de dólares anuales hasta el 2020. Sin embargo, el sobre financiero permanece vacío. En ese contexto, y a solo cien días de Copenhague, las cifras comunicadas ayer por el BCR sobre los costos que el cambio climático tendrá en nuestro país resultan escalofriantes. “Hay que empezar a llenar el hoyo en lugar de discutir sobre sus exactas dimensiones”, aconseja De Boer.

El problema de la amazonía no solo es económico o redistributivo, sino también ambiental, social, cultural y de regulación"

Tras la emisión del documental El misterio del capital de los Indígenas Amazónicos, el directivo de la Red Muqui sostuvo que este se ha convertido en un análisis superficial de un tema que abarca factores ambientales, sociales, culturales y de regulación.
Para la Red Muqui las causas de los conflictos sociales en el país se deben, entre otras cosas, a la escasez de recursos naturales y a la disputa por ellos; a la acelerada expansión minera, dejando de lado los procesos de desarrollo local; a una regulación pública débil e insuficiente.

A ello se suma una gestión ambiental desarticulada y poco eficaz, que se expresa, por ejemplo, en problemas de contaminación ambiental no resueltos. Otro factor importante identificado por la Red Muqui es el vinculado al establecimiento de relaciones asimétricas entre poblaciones locales y empresas, así como el trastocamiento de las relaciones de poder.

Ante esta problemática, la Red Muqui considera necesario mejorar la regulación pública de la minería (regulación de sus actividades, de los recursos que genera, de los instrumentos de gestión ambiental para prevenir y mitigar los daños ambientales, sociales y culturales), además de establecer una gestión ambiental independiente, articulada y descentralizada, que tenga claridad en las competencias y con capacidad fiscalizadora y sancionadora.

Del mismo modo, que la minería se articule a los proceso de desarrollo local, teniendo en cuenta los procesos de zonificación económica-ecológica y el ordenamiento territorial.

Incremento de conflictos

Para José de Echave, directivo de la Red Muqui, la idea de que la crisis económica provocaría la disminución de los conflictos sociales, pues iban a haber menos inversiones, no se ha comprobado en la realidad. “Los conflictos no están disminuyendo, según la Defensoría del Pueblo, en el periodo enero-junio del año pasado hubo 123 conflictos, mientras que en ese mismo periodo este año ya se han registrado 273”, acotó.

Según manifestó De Echave, la Red Muqui ha seguido con detenimiento este panorama y considera que un elemento clave para entender el origen de los conflictos es la expansión territorial.

Entre diciembre de 2008 y junio de 2009, las concesiones mineras se han incrementado notablemente, alcanzando records históricos. Solo este año se han registrado más de 19 millones de hectáreas concesionadas, lo que representan –según De Echave- el 15 por ciento de todo el territorio nacional.

“Hoy en día Arequipa es la región más concesionada con un millón 985 mil 141.53 hectáreas, seguida de Cajamarca con un millón 477 mil 540.29 hectáreas. Además tenemos concesiones que van ocupando ecosistemas sumamente frágiles y que dan servicios ambientales muy importantes como los páramos y bosques de neblina ubicados en Huancabamba y Ayabaca, en la sierra de Piura, donde el 44% está concesionado a empresas mineras”, añadió De Echave.

Diálogo e intereses

En lo relacionado a mecanismos de diálogo, Javier Janhcke, otro miembro del Directivo de la Red Muqui, sostuvo que el problema del Estado radica en que éste “elige a dedo” con quien dialogar y lo hace con organizaciones más cercanas a sus intereses.

“Es así que se crean organizaciones paralelas con quienes pretenden llegar a acuerdos y con las que se busca, además, debilitar a aquellas elegidas por las propias comunidades”, indicó.

De otro lado, manifestó que las empresas están acostumbradas a desconocer ciertas normas que deberían ser exigidas por el Estado como el acuerdo previo.

“El Ministerio de Energía y Minas indica que para otorgar un permiso para la actividad minera, la empresa solo necesita presentar un certificado ambiental, dejando de lado la verificación de los permisos (acuerdo previo) que los propietarios de las tierras deben otorgar a quienes deseen utilizarlas para desarrollar actividades extractivas. Entonces, no existe ninguna institución que verifique este paso tan importante y que, a la larga, ha generado muchos de los conflictos sociales que actualmente se vienen desarrollando”, agregó.

Derechos de pueblos indígenas no dependen de una sola norma

El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), Mario Palacios, se declaró insatisfecho por la conformación de la comisión que deberá esclarecer los hechos del 5 de junio en Bagua.

Palacios Quispe indicó que, al margen de la decisión del gobierno, aún no se expresa una real voluntad del Ejecutivo por respetar el derecho de las comunidades a decidir su desarrollo ni menos por combatir la discriminación racial que caracteriza a nuestra sociedad.

En ese sentido, señaló que los pueblos andinos y amazónicos todavía esperan que el gobierno central acceda a cumplir dispositivos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que defiende su derecho a consulta.

De igual modo, Palacios cuestionó las declaraciones del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien minimizó el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas, el cual considera que en Perú el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados no es respetado plenamente.

"A pesar de que hay diversas propuestas, (el tema) aún no está profundizado (...) hay una continuación de aquella política tradicional de negar la existencia de los pueblos indígenas y, con ello, de sus derechos. Hay resistencia pero el camino por recorrer es largo. Los derechos de los pueblos indígenas no dependen de una sola norma", enfatizó.

Por otra parte, el titular de CONACAMI lamentó que exista poco interés por dialogar con las comunidades andinas y recoger sus demandas, como es el caso de Sicuani (Cusco), Andahuaylas (Apurímac) y Ayacucho.

Denunció, así mismo, que las negociaciones con los nativos de la selva han sufrido severas limitaciones. "Se supone que era un diálogo de alto nivel. Sin embargo, en vez de los ministros, participan funcionarios de tercer nivel y los acuerdos terminan siendo no vinculantes. Esto no permite creer en los procesos de diálogo".

Por último, Palacios criticó que no existan pasos concretos para superar la discriminación racial estructural que padece un sector de la población por ser quechuahablante, andino o amazónico.

Estos compatriotas, son incluso marginados por el propio presidente de la República, Alan García, quien los considera como ciudadanos de segunda clase. Esto, dijo el titular de CONACAMI, impide que se construyan espacios de complementación en la sociedad peruana. "Gobernantes así no queremos en Perú porque conducen a una mayor conflictibilidad", puntualizó.

"El problema esencial en la selva es la definición del territorio"

El destacado economista, Hernando de Soto, habla sobre la debilidad de la propiedad en las tierras de las comunidades indígenas de la Amazonía.

Por: Nelly Luna Amancio

¿A qué conclusiones han llegado sobre la propiedad en las comunidades de la selva?
La primera es que el reclamo de las comunidades sobre la falta de protección de sus territorios es correcto. El Estado reconoce 1.400 comunidades tituladas en la selva, pero nosotros hemos calculado que en total habría unas 3.000, en su mayoría no reconocidas. De esas 1.400, las que tienen sus linderos correctamente demarcados no serían más del 30%. De otro lado, si bien el título de propiedad que se les entrega es comunal, al interior de la comunidad ellos mismos han otorgado títulos privados. Tienen mapas que establecen qué persona es dueña de qué parte del territorio. Hay lugares en común, como ocurre con los parques o la playa en las ciudades, pero son la minoría. Tienen un comportamiento similar al nuestro, entonces, por qué hacer la diferencia sobre la propiedad.

Pero el territorio colectivo es la esencia de la comunidad en la selva, con un título individual se estaría quebrando esta noción.
Yo no soy antropólogo, le diré lo que he visto. Una comunidad puede tener su título colectivo, pero al interior, ellos mismos han parcelado todo.

La visión que ellos tienen del territorio es distinta, es mucho más arraigada a la tierra.
La forma en la que ellos usan el territorio es igual a la del resto del Perú. Sin embargo, por lo que dicen algunos antropólogos, congresistas y líderes indígenas, como Alberto Pizango, el Estado ha terminado dándoles títulos que no son fuertes. El resultado es que cuando alguien de Lima va con su título para explotar madera, minas o petróleo, pasa por encima de las tierras de la comunidad. Ese título pesa más porque está correctamente definido. No estamos en contra de su cosmovisión, pero creemos que el tipo de título que tienen los hace vulnerables.

¿Pero podría emitirse un título comunal perfectamente demarcado y eso lo haría más fuerte?
Yo no estoy diciendo que el título comunal es malo, estoy diciendo que el comunal indefinido que les han dado es malo. El título que se otorga a los inversionistas (madereros, mineros o petroleros) está certificado internacionalmente y escapa del ámbito local, está protegido por el derecho internacional, y eso lo hace superior.

Ni siquiera las concesiones forestales, mineras o petroleras están claramente definidas…
Lo que quiero decir es que los que tienen el título de propiedad más definido son los que terminan ganando. La propiedad en el Perú siempre ha sido un problema, pero en la selva es peor y en esa batalla las comunidades tienen todas las de perder.

Entonces, podría haber un título colectivo claramente demarcado…
Olvídese de lo comunal y lo privado. Al momento de que se vuelva a titular a estas comunidades (y se tiene que hacer porque todo está mal titulado), ellos van a ser los primeros en decidir cómo quieren hacerlo. Aunque no es correcto decir que existe la propiedad comunal porque, como ya he dicho, ellos ya han parcelado todo.

¿Cómo entiende los sucesos de Bagua?
Detrás de lo Bagua hay una enorme insatisfacción, porque el derecho peruano no le sirve de nada al indígena de la selva.

Usted habla del control de territorio. Son constantes los conflictos entre colonos, madereros, mineros e indígenas.
El problema esencial en la selva es la definición del territorio. Para nosotros el pedazo de tierra es muy poco importante, pero para ellos es crucial.

Pero estos problemas fueron originados por el Estado Peruano, que empezó a concesionar lotes petroleros y forestales sin tener en cuenta los títulos de propiedad de las comunidades.
Para mí la propiedad es el control de las cosas. En la selva el problema aparece cuando se hacen evidentes las distintas definiciones que existe de la propiedad. Pero nada de esto va a cambiar hasta que el título de un indígena se parezca al de una transnacional.

¿Y cómo se logra eso?
Dándoles el mismo trato que al resto, pero la Constitución Política del Perú señala un trato distinto para los indígenas.

El Convenio 169 de la OIT también nos compromete a consultar sobre el destino de los territorios de estas comunidades.
Por un lado, están el Convenio 169 y el de la ONU sobre los derechos de los indígenas, y, por otro, los que se refieren a las transnacionales y compañías privadas, que son unas 800 normas, entre tratados bilaterales, TLC, etc. Entonces, si usted me menciona el Convenio 169, yo le diré que es muy parecido al título comunal, es puramente declarativo, no tiene dientes. Entonces, tenemos un cuerpo de derecho que está muy bien estructurado, quien se acoge a él puede hacer fortuna, y frente a este tenemos un convenio de la organización internacional más débil del mundo.

¿Y según el modelo que proponen de titulación individual, a nombre de quién se titularían las áreas del bosque que los indígenas usan para la caza, la pesca o la recolección?
Esos son asuntos por los que este tema no tiene una solución inmediata, tiene solución con el tiempo. Se tiene que trabajar con ellos, y tiene que hacerse de abajo hacia arriba. Nosotros recomendaríamos al Estado hablar comuna por comuna.

Pero eso es lo que menos se hace…
No se hace, pues.

Le insisto, ¿cómo quedarían los bosques que las comunidades comparten?
Para ese momento se produce la negociación más profunda, porque van a tener que conciliarse intereses. Lo que se tratará de ver es el mejor modelo, si cada comunidad es la que debe administrar esa zona o se debe crear una administración nacional que lo haga.

La alimentación de muchos indígenas depende directamente de esos bosques.
Los asesores de Aidesep nos han dicho que los cazadores y recolectores no serían más de ocho mil o 10 mil personas. Todos los otros, de una u otra manera, se han plegado a las ciudades. ¿Qué parte del Perú se les da? ¿Cómo compatibilizamos la vida de las comunidades con la extracción de recursos? Ese es el problema más grande de la historia.

Cualquiera sea el modelo, el hecho es que la debilidad del Estado en las comunidades de la Amazonía es increíble.
La pregunta es: ¿Tenemos un Estado que esté listo para lidiar con el problema de la soberanía de sus ciudadanos? La respuesta es no. Mientras en las zonas urbanas la ley ha ido llegando poco a poco, en esta parte del país estamos descubriendo que nunca ha llegado. Todo lo que anima esta territorialidad es el temor.

¿Ha conversado sobre este tema con alguna autoridad política?
Una sola persona, el presidente García, hace poco. Le dije que a mí me interesaba trabajar en el Perú y traer una fotografía de lo que está ocurriendo en la selva. Pero yo no estoy trabajando para el presidente, son fondos privados de gente que cree en nosotros.

¿Y si las comunidades aceptan la propuesta, pero quieren mantener los títulos colectivos?
Primero, cualquier propuesta debe comenzar desde la base. Y si comenzamos desde la base, yo dudo que alguien vaya a decir lo uno o lo otro. Solo luego de la consulta y el diálogo saldrá la propuesta final.