El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), Mario Palacios, se declaró insatisfecho por la conformación de la comisión que deberá esclarecer los hechos del 5 de junio en Bagua.
Palacios Quispe indicó que, al margen de la decisión del gobierno, aún no se expresa una real voluntad del Ejecutivo por respetar el derecho de las comunidades a decidir su desarrollo ni menos por combatir la discriminación racial que caracteriza a nuestra sociedad.
En ese sentido, señaló que los pueblos andinos y amazónicos todavía esperan que el gobierno central acceda a cumplir dispositivos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que defiende su derecho a consulta.
De igual modo, Palacios cuestionó las declaraciones del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien minimizó el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas, el cual considera que en Perú el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados no es respetado plenamente.
"A pesar de que hay diversas propuestas, (el tema) aún no está profundizado (...) hay una continuación de aquella política tradicional de negar la existencia de los pueblos indígenas y, con ello, de sus derechos. Hay resistencia pero el camino por recorrer es largo. Los derechos de los pueblos indígenas no dependen de una sola norma", enfatizó.
Por otra parte, el titular de CONACAMI lamentó que exista poco interés por dialogar con las comunidades andinas y recoger sus demandas, como es el caso de Sicuani (Cusco), Andahuaylas (Apurímac) y Ayacucho.
Denunció, así mismo, que las negociaciones con los nativos de la selva han sufrido severas limitaciones. "Se supone que era un diálogo de alto nivel. Sin embargo, en vez de los ministros, participan funcionarios de tercer nivel y los acuerdos terminan siendo no vinculantes. Esto no permite creer en los procesos de diálogo".
Por último, Palacios criticó que no existan pasos concretos para superar la discriminación racial estructural que padece un sector de la población por ser quechuahablante, andino o amazónico.
Estos compatriotas, son incluso marginados por el propio presidente de la República, Alan García, quien los considera como ciudadanos de segunda clase. Esto, dijo el titular de CONACAMI, impide que se construyan espacios de complementación en la sociedad peruana. "Gobernantes así no queremos en Perú porque conducen a una mayor conflictibilidad", puntualizó.
Palacios Quispe indicó que, al margen de la decisión del gobierno, aún no se expresa una real voluntad del Ejecutivo por respetar el derecho de las comunidades a decidir su desarrollo ni menos por combatir la discriminación racial que caracteriza a nuestra sociedad.
En ese sentido, señaló que los pueblos andinos y amazónicos todavía esperan que el gobierno central acceda a cumplir dispositivos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que defiende su derecho a consulta.
De igual modo, Palacios cuestionó las declaraciones del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien minimizó el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas, el cual considera que en Perú el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados no es respetado plenamente.
"A pesar de que hay diversas propuestas, (el tema) aún no está profundizado (...) hay una continuación de aquella política tradicional de negar la existencia de los pueblos indígenas y, con ello, de sus derechos. Hay resistencia pero el camino por recorrer es largo. Los derechos de los pueblos indígenas no dependen de una sola norma", enfatizó.
Por otra parte, el titular de CONACAMI lamentó que exista poco interés por dialogar con las comunidades andinas y recoger sus demandas, como es el caso de Sicuani (Cusco), Andahuaylas (Apurímac) y Ayacucho.
Denunció, así mismo, que las negociaciones con los nativos de la selva han sufrido severas limitaciones. "Se supone que era un diálogo de alto nivel. Sin embargo, en vez de los ministros, participan funcionarios de tercer nivel y los acuerdos terminan siendo no vinculantes. Esto no permite creer en los procesos de diálogo".
Por último, Palacios criticó que no existan pasos concretos para superar la discriminación racial estructural que padece un sector de la población por ser quechuahablante, andino o amazónico.
Estos compatriotas, son incluso marginados por el propio presidente de la República, Alan García, quien los considera como ciudadanos de segunda clase. Esto, dijo el titular de CONACAMI, impide que se construyan espacios de complementación en la sociedad peruana. "Gobernantes así no queremos en Perú porque conducen a una mayor conflictibilidad", puntualizó.
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