viernes, 5 de junio de 2009

El gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos y promover una solución pacífica al conflicto indígena


PRONUNCIAMIENTO DE IDLADS

IDLADS, lamenta profundamente las muertes de los pobladores indígenas, policías y civiles ocurridas como consecuencia de intentar dar una solución represiva a los reclamos de los pueblos indígenas del departamento de Amazonas. En ese sentido, exhortamos al poder ejecutivo peruano cese los actos de represión que puedan desencadenar hechos violentos, y que retome el dialógo y busque una solución pacífica a este conflicto. También exhortamos a las comunidades indígenas liberen a los policías y civiles que han tomado de rehenes, y abrir canales de dialógo con las autoridades. Nada justifica la violencia retomemos el dialógo. Recomendamos al poder legislativo peruano ponga en agenda la inconstitucionalidad de los decretos legislativos cuestionados por las organizaciones indígenas. Finalmente, sugerimos se designe a la Defensoría del Pueblo como ente mediador en este conflicto.

Bellavista, 05 de junio de 2009

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible

Exigen que el Estado administre Doe Run


Ni para un lado, ni para el otro. El entrampamiento en que se encuentra la actual situación de la empresa Doe Run Perú mantiene paralizados a más de 3,500 trabajadores del complejo metalúrgico de La Oroya, que cansados de no escuchar soluciones emplazaron al gobierno asumir la administración de la empresa. Luis Castillo, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, expresó tal propuesta tras afirmar que ya se agotaron todos los plazos necesarios para que los funcionarios de Doe Run y el Estado lleguen a una solución, por lo que exigen la intervención del gobierno para impedir el colapso de la empresa.“El Estado sabe muy bien, conoce que la empresa no va a poder cumplir con el Programa de Adecuación Ambiental (PAMA). Yo no entiendo entonces qué estamos esperando. Por eso, nosotros exigimos que el Estado tome la empresa inmediatamente”, enfatizó.En la misma reunión, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Doe Run, Roiberto Guzmán, recordó que la empresa les debe como S/. 8 millones, por lo que según dijo, en caso esta se declare en insolvencia, los trabajadores también pasarían a convertirse en acreedores. “Nosotros también podemos pedir ser acreedores y poder así administrar la empresa, pero la solución es a nivel del gobierno. Ellos pueden hacer la inyección de dinero y los trabajadores apoyaríamos, eso sería lo mejor”, comentó.

Mucho cuidado.José De Echave, presidente de Cooperacción, consideró que la propuesta para que el Estado asuma la administración de Doe Run es una buena salida, pero recomendó cuidado con las medidas a tomar. Dijo que hay que buscar la solución que afecte menos a La Oroya, a los acreedores y a los trabajadores.“No podemos darle argumentos a Doe Run para que finja que las cosas no se hicieron de manera correcta. Estamos frente a una empresa que pide la rescaten, que quiere que el Estado le resuelva sus problemas, solo le queda declararse en insolvencia”, opinó.La claveMarchas. Más de 2 mil trabajadores mineros se movilizarán en Lima este martes 9 si el Gobierno aún no asume una posición respecto a este controvertido caso.

Miles en calles de La Oroya

1] Anoche se sumó la movilización de más de 5 mil pobladores, quienes desde la “Oroya vieja” marcharon por la Carretera Central hasta el Óvalo Marcavalle. Según los lugareños nunca se vio una movilización de esa magnitud desde el 2005 cuando pidieron se renueve el PAMA. Señalan que las marchas continuarán en los próximos días para exigir solución en el caso Doe Run ya que de ello depende el trabajo, el salario y el movimiento comercial de esa zona del país.

2] En tanto ayer renunció el viceministro de Minas, Felipe Isasi, quien en repetidas oportunidades mostró su posición para que el gobierno no amplíe una vez más el cumplimiento del PAMA, además de comprometerse a que el problema se resuelva entre privados. José De Echave consideró que esta renuncia agrega una preocupación adicional a un tema ya complicado, ya que no deja claro cuál será la postura que asumirá el gobierno al respecto.

Fuente: La República del 05.06.09