miércoles, 3 de febrero de 2010

Después de Doe Run, quién salvará a La Oroya

Finalmente, y de manera por demás merecida, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha procedido a expulsar de sus filas a la estadounidense Doe Run, por la falta de voluntad que esa empresa reiteradamente ha mostrado para solucionar sus problemas y cumplir compromisos adquiridos con el país, sus trabajadores, acreedores, proveedores y sobre todo la comunidad, víctima directa del daño ecológico que generan sus actividades de procesamiento de metales.
Tal vez esta censura debió cumplirse antes. Si bien Doe Run empezó a operar en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en 1997, y en la mina Cobriza de Huancavelica, en 1998, en los últimos años ha faltado permanentemente obligaciones que son vitales.
En el 2001 anunció un agresivo plan de reforestación, pero en el 2005 solicitó al Ministerio de Energía y Minas una primera prórroga, que se le concedió al año siguiente. Desde entonces, ha venido postergando el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), pese a su relevancia para enfrentar esa especie de agonía que padece La Oroya y que la convierte en una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, con niveles insoportables de azufre en la atmósfera y enormes daños colaterales al sistema ambiental de la sierra central.
Según la SNMPE, Doe Run ha ejecutado el 52% del plan ambiental, pero aún debe invertir 160 millones de dólares más para adecuarse a estándares socioambientales que se niega a desembolsar, aduciendo miles de excusas. Lo mismo sucedió en el 2005, cuando sostuvo que la competencia china le había causado complicaciones financieras y que los problemas ambientales habían superado sus expectativas. Luego, fue la crisis financiera internacional, entre otras excusas.
A estas alturas, lo que el país demanda de manera prioritaria es que Doe Run simplemente abandone el país, aun cuando haya sometido a sus trabajadores a un nefasto círculo vicioso, que los lleva a soportar el paulatino deterioro de su calidad de vida porque la planta de procesamiento es el único trabajo que conocen.
En segundo lugar, el Gobierno tiene que hallar una salida producto de una alianza estratégica con el sector privado. Parafraseando al economista Michael Porter, el desarrollo del Perú solo será posible si el Perú eleva su competitividad. Y para dar ese salto, “el sector empresarial y el Gobierno deben colaborar para ayudar a crecer a todas las industrias existentes y emergentes”.
Al respecto, resulta atendible la propuesta del presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, de reconvertir La Oroya en una ciudad industrial. Además, podría estudiarse la aplicación de la ley que exonera del pago del Impuesto a la Renta (IR) a las actividades económicas realizadas en localidades ubicadas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Además del grave daño ecológico, no olvidemos que en La Oroya subyace un enorme problema social latente que corresponde al Estado atender con el concurso del empresariado y la sociedad civil.
Así como el Perú ha avanzado en el proceso de respetar los contratos con las empresas extranjeras, también tiene que exigir que estas cumplan con lo pactado, más aun cuando en riesgo está la vida de toda una ciudad y sus recursos ambientales.