domingo, 30 de agosto de 2009

Proyecto de Reglamento sobre procedimientos para operaciones de hidrocaros y minería en ANP, ¿Olvida a las Áreas de Conservación Regional? Observé:

Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo Nº 038-2001-AG
Artículo 1°.- Modificación del artículo 116° del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG. Modifíquese el artículo 116° del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, en los términos siguientes:

Artículo 116°.- El presente artículo establece los procedimientos para operaciones de hidrocarburos o de minería en Áreas Naturales Protegidas o en sus Zonas de Amortiguamiento:

1. Para la realización de actividades mineras o de hidrocarburos al interior de un Área Natural Protegida o su Zona de Amortiguamiento, para emitir la compatibilidad respectiva, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Para el caso de tramitación de petitorios mineros la concesión respectiva se otorgará previa aprobación de la compatibilidad de la actividad otorgada por el SERNANP;

b) Para iniciar el proceso de oferta o negociación de lotes de hidrocarburos, PERUPETRO solicitará al SERNANP la compatibilidad respectiva en la etapa de diseño o establecimiento de los mismos;
c) Cuando se trate de actividades de transporte por ductos, comercialización y distribución de hidrocarburos, previo al otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones, según corresponda, la Dirección General de Hidrocarburos solicitará al SERNANP, la compatibilidad de la actividad con el área involucrada;

d) En todos los casos el pronunciamiento de compatibilidad del SERNANP, favorable o desfavorable, se sustenta, necesariamente, en la naturaleza jurídica, condiciones naturales del Área Natural Protegida involucrada, el correspondiente Plan Maestro aprobado, y en su defecto, en el uso permitido, la categoría, la zonificación, y, en los requerimientos objetivos y técnicos del área en particular.

2. En todos los casos será de aplicación lo siguiente:

a) La autoridad sectorial competente solicitará al SERNANP aportes a ser incorporados a los Términos de Referencia para la elaboración de los Instrumentos de Gestión Ambiental que correspondan;

b) El procedimiento de evaluación y aprobación de los respectivos Instrumentos de Gestión Ambiental o documentos ambientales, debe incluir procedimientos de participación ciudadana, los cuales se realizarán de acuerdo a la regulación sectorial sobre la materia y en coordinación entre el sector correspondiente y el SERNANP;

c) El Instrumento de Gestión Ambiental exigido por la legislación respectiva debe contar con la opinión técnica previa favorable del SERNANP;

d) Los permisos otorgados por la autoridad competente, sobre las actividades propias de la operación, deberán ser comunicados a las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP;

e) El transporte de sustancias peligrosas o de explosivos deberá ser previamente coordinado con las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas a fin que se puedan tomar medidas preventivas;

f) Los informes y conclusiones de las actividades propias de la fiscalización realizado por las autoridades competentes, deberán ser comunicados al SERNANP.

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro del Ambiente y el Ministro de Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, a los días del mes de julio del año 2009.

martes, 25 de agosto de 2009

Ministros de varios sectores hablarán con amazónicos

En una nueva sesión de las mesas de diálogo que sostiene el Ejecutivo con las comunidades indígenas, realizada ayer, se acordó que esta semana se publicará una resolución suprema que garantizará la ampliación de funciones y representantes del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que agrupa a estas reuniones. En ella se especificará la participación de la mayoría de ministros, aseguró a este Diario Salomón Awanash, vocero oficial de la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
En la cita, que tiene como fecha tentativa este viernes, estarán el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, además de los jefes de los despachos de Agricultura, Justicia, del Ambiente, Salud y Educación. Velásquez agregó un día antes que la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, también formará parte de las reuniones.
Además, Awanash resaltó que el Ejecutivo, representado en esta reunión por Eduardo Perochena del Ministerio de Agricultura, ha asegurado que se considerarán las actas firmadas en San Ramón y Santa María de Nieva. En estas se incluyen la indemnización a los familiares de los nativos fallecidos, el reconocimiento de los gastos a los heridos, la modificación de los decretos que atentan contra sus derechos, entre otros pedidos. “Estas promesas han sido comunicadas a las bases nativas y están esperando que haya un pronunciamiento dentro del plazo de diez días que se ha adoptado. De lo contrario nos volveremos a reunir y reanudaremos las protestas”, agregó el dirigente.
INVESTIGACIÓN EN ESPERA
En la reunión de ayer también se discutió la formación de la comisión que investigará los sucesos del 5 de junio en Bagua. Awanash dijo que se ha contabilizado a 13 desaparecidos tras estos luctuosos hechos. Confirmar esta cifra sería una de las funciones de esta comisión. Para ella están proponiendo a la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, como presidenta.
Awanash añadió que mañana se reunirán ocho presidentes regionales para discutir sus propuestas con los nativos con respecto al tema forestal. El Comercio trató de conversar con el Ministerio de Agricultura sobre estos acuerdos pactados, pero se excusaron de prestar declaraciones.
PRECISIONES
Los pedidos de los apus en ImazaDetener persecuciónExigen que se detenga la persecución de los dirigentes asilados en Nicaragua y se liberen a los 13 detenidos en el penal de Huancas en Chachapoyas. También indican que el único portavoz de los pueblos indígenas es Aidesep.
Apoyo a fiscalRespaldan a Luz Rojas, actual fiscal en Chachapoyas, y apoyan su denuncia contra los dos generales y 17 oficiales de la policía por los sucesos ocurridos en Bagua el pasado 5 de junio. Piden también el retiro de las compañías mineras de la provincia de Condorcanqui.
Fuente: El Comercio del 25.08.09

lunes, 24 de agosto de 2009

El esperado Reglamento de Sanciones e Infracciones de Areas Naturales Protegidas en compas de espera en el Ministerio del Ambiente.

Han pasado casí cuatro años desde que la Ley General del Ambiente dispuso la aprobación de este importante reglamento de sanciones e infracciones en áreas naturales protegidas ¿ Cuánto más tendremos que esperar Señor Ministro del Ambiente?

jueves, 20 de agosto de 2009

¿Cuándo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones dispondra la mitigación de los impactos generados por el Aeropuerto "Jorge Chavéz"?

¿Paracas ya fue?

Por: Patricia Majluf/ Ernesto Ráez Luna, Investigadores del Centro para la Sostenibilidad Ambiental. Universidad Cayetano Heredia.
Hace algunos días preguntaron nuestra opinión sobre la construcción deuna planta petroquímica en Pisco-Paracas. Hace algunos años nuestrarespuesta hubiera sido otra. Pero hoy con la zona orientada fuertementehacia el desarrollo industrial, es tarde para llorar sobre la lechederramada. Ayer lugar de conservación e investigación, de proyectos deturismo ecológico y cultural (por su vasta riqueza arqueológica) ; hoyconvertido en espacio para la instalación de plantas que nada tienenque ver con el desarrollo sostenible.En el lugar equivocadoEn el 2004, durante el gobierno del presidente Toledo, se dio la infameautorización para la construcción de la planta de fraccionamiento dePluspetrol Perú Corporación S.A. Entonces se discutió ampliamente sobrela poca pertinencia de ubicarla en una zona que, entre otras cosas, esaltamente sísmica, es zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional deParacas y está muy cercana a las poblaciones de San Andrés y Pisco. ElColegio de Biólogos y el Colegio de Arquitectos presentaron una acciónde inconstitucionalida d ante el Tribunal Constitucional (TC) queresolvió que la construcción “no constituye amenaza cierta al medioambiente”.La suma de todos los riesgosPor muy bien construida que esté una planta productora de metano,butano, diésel y combustible de avión, existe un riesgo real deexplosiones, ya sea por accidente, sabotaje e incluso terrorismo. Encuanto al terminal de embarque, el crecimiento del tráfico de grandescargueros de hidrocarburos, en la bahía, aumentará igualmente el riesgode derrames. Por lógica, al crecer el número de instalaciones industriales y eltráfico marítimo se incrementa la posibilidad de que algo ocurra. Ese“algo” puede ser una explosión, un accidente marítimo, un derrame dehidrocarburos y un largo etcétera. Cada una de estas instalaciones, siestá adecuadamente construida y administrada, generará un riesgo muypequeño, pero al ir acumulando riesgos (con la instalación de nuevasindustrias) las probabilidades de un accidente aumentarán, pues losriesgos individuales se van sumando. Poniéndolo en crudo: una cosa esque explote la planta de gas sola, y otra muy distinta es que ocurrajunto a una petroquímica.Ecología y economíaNo se trata de decidir entre la infraestructura mercantil e industrialo la conservación de la naturaleza. Esta es una falaz dicotomía puesambos son elementos necesarios para el desarrollo. Los recursosnaturales renovables y los servicios de los ecosistemas soncomponentes imprescindibles para el crecimiento económico, eldesarrollo y el bienestar de la población. Conservar nuestros ecosistemas marinos y construir una planta defraccionamiento son inversiones de desarrollo. No tiene sentidosobreponer una actividad sobre la otra, apostando por lo industrial ydejando de lado la conservación, como se hace en Pisco-Paracas.Bienvenidos sean los proyectos de desarrollo y las inversiones, pero noapoyados sobre falsas disyuntivas. Prevenir antes que lamentarEs imperativo atender el riesgo acumulado sobre Paracas. Ello, sinembargo, implica una visión moderna del desarrollo en el que labiodiversidad no se considere “una mala palabra”. La rentabilidad paralos inversionistas no puede considerarse el único criterio de calidad.Una visión moderna de desarrollo debería presupuestar sistemasvanguardistas de planificación, monitoreo, coordinación y prevención,para minimizar el riesgo de accidentes extremos y sinérgicos (es decir,combinados). Es también razonable fortalecer económica y políticamentela autoridad de áreas protegidas y crear nuevas áreas protegidasmarino-costeras (en islas y puntas guaneras, por ejemplo). Eso no solodiluiría el riesgo de perderlo todo en Paracas, sino que incrementaríala estabilidad y la rentabilidad a largo plazo del guano y de la pesca.Es imposible hacer una tortilla sin romper huevos, tan imposible comoextraer recursos sin afectar los ecosistemas. Impactos siempre habrán,pero muy distinto es actuar irresponsablemente rompiendo más huevos delo necesario y matando a las demás gallinas del corral. Y eso es lo quese hace cuando arriesgamos nuestra biodiversidad y descuidamos nuestrasáreas naturales protegidas. Eso ocurre cuando se omite estipular quequienes obtienen beneficios económicos, por utilizar nuestros recursosnaturales, deben invertir en proyectos sostenibles donde los impactos yriesgos sean mínimos, para que todos podamos gozar de esta riquezaexcepcional, ahora y en el futuro. Desafortunadamente, para Paracastodo esto parece que ¿ya fue?Peligrosa incoherencia El mundo entero reconoce la importancia de Paracas como zona de excepcional productividad y diversidad biológica marina. La circulación de nutrientes en sus aguas le da un inmenso valor parala biodiversidad marina que se reproduce, cría y alimenta allí. No resulta coherente aumentar fuentes industriales de riesgo en la zona. Hay miles de kilómetros de costa disponibles, ¿por qué no construir enotro lugar?, porque sale “más barato”, hacerlo en Paracas. Pero lo barato puede acabar saliendo caro. La productividad del mar peruano sostenía a grandes civilizaciones hace miles de años y lo sigue haciendo hoy. ¿Cuántos miles de años se sostendrá el complejo portuario e industrial,de modo rentable y sin afectar los extraordinarios recursos marinos deParacas?

miércoles, 19 de agosto de 2009

Cierran una fundición por el envenenamiento de 615 niños

Las autoridades de Shaanxi, China, ordenaron ayer el cierre completo de una planta de fundición en la zona, a la que se atribuye la intoxicación por plomo de por lo menos 615 niños de esta provincia, según la agencia de noticias Xinhua.

Un día antes, centenares de personas, la mayoría padres de familia, asaltaron la Compañía de Fundición de Plomo y Zinc Dongling y se enfrentaron a la policía. Los disturbios representan una señal del creciente odio popular hacia la industria contaminante.

El 6 de agosto, esta fundición había recibido la orden de suspender su producción después de que se registraran casos de envenenamiento por plomo en menores de dos aldeas cercanas.

Sin embargo, los residentes locales aseguraron que las instalaciones de coque de la planta seguían funcionando a pesar de la orden. Un testigo declaró a Xinhua que los obreros ya no estaban vistiendo sus uniformes y que los talleres permanecían iluminados hasta la medianoche.

El alcalde Dai Zhengshe acudió el lunes al lugar de la protesta y se disculpó por la contaminación de plomo y sus efectos perjudiciales para la población. Según explicó, la producción de coque no había cesado inmediatamente para evitar una explosión debido al gas restante en las tuberías.

Durante la protesta, cientos de residentes destrozaron vallas, bloquearon el tráfico y apedrearon camiones que transportaban carbón. Según testigos, los manifestantes entraron al recinto y destruyeron vehículos estacionados antes de que un centenar de policías llegara al lugar.

El rápido desarrollo del país está vinculado a la contaminación que producen algunos de sus sectores claves. Las autoridades prometen cerrar las empresas contaminantes, pero no suelen cumplir las promesas debido a la importancia de la industria para la economía local.

Un especialista declaró que los estándares nacionales sobre las emisiones industriales están lejos de cumplir los requisitos mínimos para que el terreno sea habitable.

La fundición comprometida es una de las mayores compañías privadas de la provincia de Shaanxi. Tiene una producción anual de 100.000 toneladas de plomo y 700.000 toneladas de zinc. Su actividad supone un 17% del PBI del distrito.

Según su director Sun Hong, antes de la inauguración de la planta, la firma había acordado reubicar a los residentes que vivían en un radio de 500 metros en un período de tres años. Sin embargo, solo 156 familias de 581 fueron trasladadas.

PRECISIONES
Afectados
De 731 niños menores de 14 años que fueron examinados, 615 presentaban niveles excesivos de plomo en la sangre, y de este grupo, 166 tenían más de 250 miligramos de plomo por litro en la sangre.

Daños
El exceso de plomo afecta los sistemas nervioso y reproductivo y ocasiona alta presión sanguínea, anemia y pérdida de memoria.

Constituyen comisión multisectorial que determinará plazo técnico para que Doe Run concluya PAMA

El Poder Ejecutivo constituyó hoy una comisión multisectorial, de carácter temporal, que se encargará de elaborar un informe que determine el plazo técnico en el cumplimiento de la última etapa del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la empresa Doe Run Perú.

Esta comisión estará presidida por el Ministerio de Energía y Minas, e integrada por representantes del Ministerio del Ambiente, el Organismos Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), además de un representante del gobierno regional de Junín y de los trabajadores de la empresa.

La instalación de la comisión se hará en los próximos tres días hábiles y su informe final deberá entregarse en un plazo de 15 días hábiles a partir de su fecha de instalación, es decir aproximadamente en la primera quincena de setiembre.

Según la norma publicada hoy, se ha considerado necesario constituir dicha comisión debido a los problemas ambientales y sociales acontecidos en la población de La Oroya, respecto del cumplimiento del PAMA asumido por Doe Run, la solicitud de prórroga mencionada y la paralización de las actividades del complejo metalúrgico.

El 29 de mayo del 2006 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó en parte la solicitud de prórroga excepcional a la última etapa del PAMA de Doe Run, la cual consistía en la Planta de Acido Sulfúrico y la modificación del Circuito de Cobre.

Sin embargo, el 8 de julio de este año, la empresa volvió a solicitar una prórroga para la ejecución de esta etapa del PAMA por un plazo adicional de 30 meses.

Perú pierde US$ 2.3 mil mllns por culpa de diésel con azufre (Expreso)

Bien dicen que todo acto tiene su consecuencia. Y es que el seguir utilizando –a decir de diversos especialistas– un combustible más contaminante que en otros países, como lo es el diésel con azufre, no sólo conlleva a que día a día los peruanos nos veamos perjudicados con problemas bronquiales y respiratorios sino que también el Perú pierda unos US$ 2.3 mil millones por ese concepto.

Así, el estudio de análisis ambiental del Perú, publicado por el Banco Mundial (BM), asevera que el diésel contaminante ubica al país en los niveles más altos de atmósfera viciada, superiores a México y Brasil, por lo que es imperante la necesidad de introducir combustibles más limpios. Una exhortación que va en línea con las normas internacionales que recomiendan un máximo de 350 partes por millón (ppm) de azufre en los combustibles, incluso en Europa la exigencia llega a 30 pmm en este año. El BM afirma que la contaminación atmosférica urbana es uno de los problemas más agudos de los centros urbanos del Perú y estima que es responsable de la muerte anual de 4,000 personas, en su mayoría pobres y niños menores de cinco años. Por ese motivo el organismo multilateral ha aprobado un préstamo de US$ 330 millones para fortalecer el Ministerio del Ambiente (Minam) y mejorar la gestión en el Perú en sectores claves de la economía, que tiene dentro de sus objetivos reformar el sector transporte y de combustibles, con el objetivo de mejorar la calidad del aire.

Bien gracias
Sin embargo, a pesar de este panorama sombrío, todo parece indicar que el Perú no haría cumplir sus leyes ya que si bien las refinerías (Petroperú y Repsol) debían a partir del 1 de enero de 2010 instalar plantas de sulfurización y por ende reducir de los más de 2,000 ppm que tienen actualmente a no más de 50 ppm –tal como lo indica el Decreto Supremo 025-2005-EM– se viene evaluando otorgarles una prórroga al 2015. Es decir, priorizar la reducción de la contaminación en bien de la población, bien gracias.
“Daña bolsillo de choferes”
Alfonso Cárdenas, especialista en transporte, sostuvo que el problema va más allá. ya que el exceso del azufre en el diésel le quita años de vida a los automóviles causándoles constantes averías que por supuesto cuestan dinero.

“Desgaste prematuro en el sistema de inyección, mal funcionamiento del motor, mayor consumo de combustible y por ende la expulsión de gases contaminantes causan pérdidas económicas para los propietarios que ascienden a unos miles de dólares, suma que cada año se irá incrementando si es que no se saca del mercado al diésel”, aseveró al tiempo de opinar que una buena solución sería la utilización del gas natural vehicular, ya que éste es un combustible limpio.

sábado, 15 de agosto de 2009

Ministro del Ambiente: La tala de 150 árboles fue una acción antidemocrática

El ministro del Ambiente, Antonio Brack, reiteró sus críticas a la acción del municipio de Lima que llevó a cabo a la tala de 150 árboles en la avenida la Prolongación Paseo de la República, en el distrito de Chorrillos, al referir que se trata de una acción antidemocrática pues no se le consultó a los vecinos.
Brack Egg aseguró en CPN que se une a todos los sentimientos de frustración, dolor y protesta de los vecinos. Como se recuerda, la tala de árboles se realizó, además, en horas de la madrugada por lo que los vecinos manifestaron sentirse “sorprendidos e indignados”. Brack Egg recordó que a Lima le hacen falta dos mil hectáreas de parques y jardines.
De otro lado, el municipio de Chorrillos anunció que interpondrá una acción de amparo ante la decisión del concejo de Lima de modificar el lugar donde se construye un terminal del corredor vial denominado El Metropolitano.
Así lo anunció el alcalde de ese distrito, Augusto Miyashiro, tras reunirse con los vecinos de la intersección de las avenidas Paseo de la República y Matellini.
Tala de árboles por obras de corredor vial generan polémica en Chorrillos
La Municipalidad de Lima taló 150 árboles en la prolongación de la avenida Paseo de la República, en el distrito de Chorrillos, con la finalidad de culminar con las obras del corredor vial, en medio de la oposición de los vecinos.
La medida fue desarrollada en las dos de la madrugada en medio de un gran contingente policial.
“Es un atropello de la naturaleza”, indicó a América Noticias Blanca Gómez, quien vive cerca del lugar, al ver como los funcionarios de la comuna metropolitana cortaban los árboles.
Por su parte, Carola Cuadros, jefa de Proyectos de la Municipalidad de Lima, aseguró que al finalizar el trabajo se sembrarán otros árboles en compensación.
“Hay un compromiso por parte de la Municipalidad de Lima de plantar en esta zona, en esta intersección, tres mil plantas”, manifestó Cuadros.
La poda se desarrolló entre las cuadras 11 y 14 de la prolongación de la avenida Paseo de la República.

jueves, 13 de agosto de 2009

Servicios ambientales: nuevos mercados y retos

Por FERNANDO LEÓN MORALES

El sostenimiento de la vida sobre el planeta depende en buena medida de los servicios ambientales brindados por los ecosistemas, entre los que podemos mencionar: la regulación del clima, la provisión de agua, la reproducción de peces, la polinización, la captura y el almacenamiento de carbono.

Aun siendo de vital importancia, los servicios ambientales se han considerado como gratuitos e infinitos. Como consecuencia, el sistema económico los ha tomado como condiciones dadas por la naturaleza, mas no como insumos fundamentales para el desarrollo de actividades económicas de importancia nacional, regional o global.

Sin embargo, la pérdida de ecosistemas del planeta en los últimos cincuenta años ha causado la disminución de la provisión de algunos de estos servicios; por ejemplo, se conoce que el 60% de los servicios ambientales globales se está degradando como consecuencia de la destrucción de ecosistemas . Esta situación ha comenzado a reflejar el costo de su escasez, estimulando –en algunos casos con mayor desarrollo que en otros– el establecimiento de mercados para servicios ambientales.

Aunque relativamente nuevos, algunos mercados para servicios ambientales globales crecen con rapidez, tal es el caso del llamado mercado voluntario de carbono, que en los últimos años ha reportado un incremento no solo en términos del valor de las transacciones, sino también en cuanto a los actores que en él participan. Desde el año 2002, el número de organizaciones que ofertan créditos de carbono ha crecido significativamente y se reportó un crecimiento de 200% entre los años 2005 y 2006 ; mientras que en el año 2006, 23,7 millones de toneladas de dióxido de carbono fueron negociadas en este mercado.

El contexto del cambio climático global ha causado que se tome especial interés en los servicios ambientales relacionados con el almacenamiento y secuestro de carbono. Sin embargo, otros servicios ambientales, tales como el suministro de agua, la belleza escénica y la polinización natural, están ganando espacio en la discusión académica y en la implementación de nuevos mercados. Así, por ejemplo, se han establecido experiencias en las que comunidades asentadas en las partes altas de cuencas hidrográficas cuidando ecosistemas, permiten el suministro de agua de calidad y con la regularidad que necesitan las poblaciones y las industrias aguas abajo.

Existen casos emblemáticos, como el de la ciudad de Nueva York, en la que en 1997 se tomó la decisión de implementar una estrategia de conservación de cuencas frente a la de construir una obra de infraestructura para filtrar el agua turbia que venía de dos cuencas degradadas (Cats Kill y Delaware). Los beneficios saltaron a la vista luego de unos años de implementada la estrategia, pues el programa agrícola, el programa de compra de tierras y el programa de conservación resultaron en una mejora evidente de la calidad del agua, a la par que tuvieron un importante impacto social en las poblaciones asentadas en estas zonas frente a la alternativa de construir infraestructura millonaria, que posiblemente pronto hubiese sido rebasada por la sedimentación. En la provincia de Heredia, en Costa Rica, desde 1999, la Empresa de Servicios Públicos incluyó en la factura mensual de agua potable un monto adicional para constituir un fideicomiso sobre la base del cual se implementa un programa de conservación de bosques y reforestación en la cuenca hidrográfica. Por su parte, en la ciudad de Cuenca, Ecuador, la Empresa Municipal de Agua potable implementó una tarifa hídrica con la finalidad de comprar tierras privadas y financiar la conservación del Parque Nacional Cajas, en donde se ubican los ecosistemas que suministran el agua para esta ciudad.

Asimismo, la industria turística está reconociendo, cada vez más, que la belleza escénica de los ecosistemas es un insumo fundamental para el desarrollo de esta actividad. En ese sentido, existe una disposición cada vez mayor por parte de los empresarios turísticos a reconocer y valorar este servicio ambiental, así como a contribuir con el financiamiento para la conservación de los ecosistemas que lo suministran. En el Parque Nacional de Manu y en la Reserva Nacional Tambopata, empresarios turísticos nacionales pagan un monto anual para la conservación de los ecosistemas de estas áreas protegidas, sobre los cuales desarrollan su negocio.

La agricultura es otra actividad económica que depende de un servicio ambiental: la polinización realizada por los insectos que viven y se reproducen en los ecosistemas naturales. Este servicio gratuito es de suma importancia para mantener la productividad y la variabilidad genética de los cultivos agrícolas. Estudios han reportado el valor económico de este subsidio que brinda la naturaleza a los agricultores rurales, considerando que siete de cada diez variedades cultivadas de plantas alimenticias son polinizadas por insectos, lo que representa 30% o más que la producción total de alimentos. En tal sentido, tal vez pronto veamos esquemas de pago por servicios ambientales por parte de agricultores, con el fin de conservar los ecosistemas donde viven y se reproduzcan los polinizadores naturales.

Es importante también reconocer que la consolidación de los mercados para servicios ambientales no solo tiene intrínseco el beneficio de lograr que el sistema económico los reconozca e internalice, sino también la posibilidad de generar financiamiento sostenible para contribuir de forma efectiva a reducir sustancialmente la pérdida de los ecosistemas que los proveen.

Por otro lado, si consideramos el valor de los servicios ambientales para la economía, podremos entender con facilidad la importancia que tiene la conservación de ciertos ecosistemas clave en términos de pérdidas evitadas. Así, por ejemplo, el 68% de la generación eléctrica en el Perú proviene de centrales hidroeléctricas que dependen del servicio ambiental de provisión de agua suministrados por ecosistemas altoandinos. La degradación de estos significaría pérdidas de, por lo menos, US$ 320 millones por año solo para la empresa de generación hidroeléctrica. En el mismo sentido, la conservación de ecosistemas cuya belleza escénica sustenta casi el 80% de la actividad turística nacional, evita una pérdida de casi US$ 1.600 millones cada año, considerando que en el año 2008, las divisas generadas por el turismo receptivo sumaron los US$ 2.000 millones. Si se tiene en cuenta que las exportaciones de un solo producto como el café llegaron el año pasado a los US$ 642 millones, la conservación de ecosistemas en zonas de la selva alta como Chanchamayo y Alto Mayo, en los que viven y se reproducen los insectos polinizadores, evita una pérdida de buena parte del valor de las exportaciones de café de estas zonas.

Este contexto está permitiendo asignar valor a cuestiones intangibles, hasta hace poco fuera del mercado. Asimismo, está plateando retos no solo a la ciencia económica que ahora tiene la necesidad de buscar un acercamiento cada vez mayor con la ecología, sino también a las ciencias contables, en el sentido de cómo reflejar de la manera más precisa en los estados financieros, intangibles como el servicio ambiental de secuestro de carbono, provisión de agua, belleza escénica, entre otros. Además, el sistema financiero tendrá a futuro que responder a estos nuevos mercados; por ejemplo, otorgando créditos a empresarios forestales para conservar y/o instalar bosques teniendo en cuenta no solo el valor futuro de la madera, sino también la potencial venta anual de los servicios ambientales generados por dichos ecosistemas.

Cada vez más se está comprendiendo que de la sostenibilidad de los ecosistemas del planeta depende en buena medida la sostenibilidad de la economía en el largo plazo. En tal sentido, es interesante ver el desarrollo de nuevas propuestas, como The Geen Economy Initiative del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la que se busca reconocer que la prosperidad del mundo requiere de la infraestructura física, tecnológica y científica, pero también reconocer el valor de la infraestructura natural.

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1. Los ecosistemas (bosques, tundras, sabanas, ríos, océanos, manglares, etc.) son considerados como las «fabricas» o «la infraestructura natural» en la que se producen los servicios ambientales.
2. Millenium Ecosystem Assessment (2005). La evaluación de los ecosistemas del milenio. Informe de síntesis. Washington, D.C.: Island Press.
3. Hamilton, K.; R. Bayon, G. Turner y D. Higgins (2007). State of the Voluntary Carbon Markets 2007. Picking Up Steam. Londres; Washington, D.C.: New Carbon Finance; Ecosystem Marketplace.
4. Derecho de aprovechamiento no consuntivo del paisaje.

La gestión ambiental y social: hacia el desarrollo de una estrategia empresarial eficiente

Por EMILIO GARCÍA VEGA

Desde inicios de los años 1980, la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible han evolucionado, tornándose en aspectos cada vez más relevantes en el desarrollo de estrategias empresariales eficientes de ejecutivos y empresarios. Se trata de variables que todo miembro de la comunidad empresarial debe manejar para lograr los objetivos fundamentales de sus organizaciones o emprendimientos. Así, el pensamiento estratégico y los respectivos modelos de negocios que se generan han pasado por una violenta transformación, de tal forma que cualquier planeamiento estratégico o formulación estratégica, a finales de la primera década del siglo XXI, que no incluya estos temas puede calificarse de incompleta y hasta inconclusa.

Así, cada vez más organizaciones incluyen aspectos de responsabilidad social y desarrollo sostenible en su visión, misión, objetivos y estrategias en todo nivel. En esta línea, dependiendo de la industria en la que se desarrollan, se abordan detalles específicos en términos sociales y ambientales o temas puntuales relacionados con una gama más amplia de stakeholders que la clásica (clientes, accionistas y trabajadores).

En suma, estos aspectos desempeñan un papel cada vez más protagónico en la estrategia empresarial.

ONCE RAZONES

A continuación, se presenta una serie de argumentos que tratan de explicar la importancia de los elementos sociales y ambientales en el desarrollo de la estrategia empresarial.

1. El consumidor demanda empresas responsables en todo sentido; es decir, tanto en el ámbito social, ambiental como económico.
El público peruano, de manera incipiente, está empezando a incluir estos temas en sus elecciones de productos o servicios. En la medida que haya mayor bienestar económico, la demanda por empresas socialmente responsables –y con un compromiso con el desarrollo sostenible– aumentará. Así, muchas proyecciones perfilan un crecimiento interno prometedor; es decir, más decisores que compran más. En cuanto al papel cada vez más activo que los consumidores están desempeñando en el tema ambiental, un buen ejemplo se puede encontrar en el Manual de educación en consumo sustentable, de Consumers International del año 1999 (citado por ASPEC, en Aprendiendo a consumir, Lima: 2000), que dice: «Suecia produce grandes cantidades de papel, que también se exporta. Durante muchos años las autoridades y las organizaciones ambientales trataron de convencer a la industria papelera de producir papel sin utilizar cloro. Recordemos que el cloro da al papel su color blanco, pero también contribuye a la creación de dioxinas, que son muy tóxicas y dañinas para el medio ambiente. Los industriales opinaban que no había mercado para el papel sin blanquear, y se resistían a cambiar sus métodos de producción. Esa opinión cambió, sin embargo, a finales de los años 80, gracias a la presión de una opinión pública que se había hecho fuerte y exigía poder comprar papel no blanqueado con cloro. Al iniciarse la producción de papel no blanqueado, el éxito de ventas fue tal, que todas las empresas papeleras comenzaron a producirlo. Las emisiones de cloro disminuyeron rápidamente. Este es un buen ejemplo de cómo la fuerza de los consumidores organizados puede producir cambios, más rápido de lo que se cree (sic)» (p. 80).

2. El mundo que conocemos muta constantemente, no solo en lo sociocultural sino también en el plano ambiental.
La contaminación, la escasez del agua, la falta de áreas verdes, entre otros asuntos, generan la existencia de una tendencia global a preocuparse más por cuidar el planeta y las fuentes de recursos y energía.

3. Desde finales de la década de 1980, el tema de la responsabilidad social se trata con una creciente fuerza en las escuelas de negocio, tanto en el nivel de pregrado como de posgrado.
Estos profesionales ya asumieron cargos directivos y estratégicos, y ascienden a jerarquías superiores de una manera acelerada.

4. La responsabilidad social empresarial puede ser una fuente de ventaja competitiva (Porter y Kramer 2006) .
Los autores establecen una pauta clara y precisa entre la gestión estratégica y el logro de objetivos, en donde lo social y lo ambiental se constituyen en elementos estratégicos. Asimismo, el artículo «La filantropía empresarial como ventaja competitiva» , de los mismos autores, resulta clave en el entendimiento de esta concepción.

5. La búsqueda de la eficiencia siempre será un tema de suma preocupación de la gestión moderna y calificada.
La disminución de costos es una constante en la clase empresarial, independientemente del tamaño de la empresa o del estilo de gestión. Los temas sociales y ambientales aplicados a la administración llevan a la maximización del uso de los recursos en todo nivel. Es decir, la gestión social, pero sobre todo la ambiental, puede ser empleada como una herramienta para identificar formas más eficientes de desarrollar procesos de manufactura o de otro tipo funcional.

6. La búsqueda de atributos diferenciadores.
La diferenciación como estrategia empresarial y, en un enfoque más específico, el posicionamiento como baluarte del plan de marketing necesitan de atributos que permitan que la empresa se diferencie; los temas sociales y ambientales adecuadamente gestionados pueden brindarlos.

7. El respaldo de la opinión pública.
Hace algunos años que se habla de la «licencia social», como una suerte de «pacto» entre la empresa y la sociedad. Se trata de un requerimiento que no es formal, pero que es totalmente estratégico para una organización. Los temas sociales y ambientales son elementos que permiten la obtención de esta suerte de autorización que brinda la sociedad.

8. En el ámbito legislativo, se debe tener en cuenta el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales peruano.
Según Manuel Pulgar-Vidal (2003) , dicho código es considerado como la norma fundamental porque incorpora principios, derechos, instrumentos y un primer diseño de un marco institucional ambiental. El autor afirma que se incluyeron los siguientes lineamientos en la política ambiental nacional: a) el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, la conservación y el uso o aprovechamiento sostenible del ambiente y los recursos naturales; b) el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; c) el principio de prevención; d) garantizar y mejorar la calidad de vida de la población; e) el principio contaminador-pagador; f) el derecho a la información y participación ciudadana; g) la concepción integral del ambiente; y h) la educación ambiental.

9. En el Perú, la minería está en constante exposición e indagación con respecto a los temas sociales y ambientales.
A pesar de que muchos empresarios afirman que las empresas formales de este sector toman los recaudos necesarios y respetan las normativas establecidas, se puede afirmar que las mineras informales sí constituyen un caso muy complicado, pues dañan el medioambiente y nadie las regula ni las restringe. Así, cada sector, industria y mercado tiene su propia problemática y naturaleza, razón por la cual no se puede plantear “fórmulas mágicas” ni “genéricas” para la gestión.

10. El empaque, por lo general, es un agente contaminador, sujeto a la reducción del uso de recursos con el fin de lograr la eficiencia.
Concienciar al consumidor al respecto puede hacer que este demande empaques más sencillos y ecológicos, que impliquen una reducción de costos interesante, mediante un análisis de costo-beneficio adecuado, que puede dar luces acerca de un driver para afinar la eficiencia operacional.

11. Las tendencias ambientalistas pueden ser un buen método para reducir costos o mantenerlos competitivos.
Por ejemplo, Pratt y Rojas (2000) afirman que «[…] anualmente cada empleado bancario produce unos 250 - 300 Kg. […] de material de desecho que requiere de eliminación. El hecho de evitar los desechos comienza al comprar productos. Se pueden lograr grandes ahorros en el consumo de papel y empaques. Algunos proveedores ya entregan sus productos en empaques retornables (es decir, reutilizables), por ejemplo, sobres para la correspondencia de los clientes. Esto puede producir ahorros de toneladas de cajas de cartón (sic)» (p. 7).

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Seguidamente, se presentarán las herramientas clásicas de gestión que permiten incorporar la responsabilidad social y el desarrollo sostenible –en suma, la gestión social y ambiental– a la estrategia empresarial.

• Las ISO 14000 y la normativa ambiental. El International Standar Organization estableció la familia ISO 14000 como los estándares internacionales de la gestión ambiental. Esta incluye temas como la reducción del impacto ambiental de las diversas actividades industriales y el diseño de la prevención de hechos que pueden deteriorarlo. Saavedra (1999) escribió un artículo sobre la evolución de las normas ambientales, en el que menciona, como antecedentes, que en los Estados Unidos se aprobó la primera Ley sobre el Medio Ambiente (1899), a la cual se le denominó Acta de aprobación de ríos y puertos de 1899; en 1910, se aprobó el Acta de los insecticidas”; en 1912, el Acta sobre el servicio de salud pública y en 1924, el Acta de contaminación de petróleo. Posteriormente, en 1955, se puso en vigencia la Primera acta sobe el control de la contaminación del aire. Asimismo, señala que los partidos de Los Verdes europeos se convirtieron en defensores del tema ambiental y, por ende, en propulsores de normativas al respecto. Además, sostiene que son paradigmas importantes en el tema ambiental: la Conferencia de Estocolmo de 1972; la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED), celebrada en Brasil en 1992 y la British Standard 7750 (Norma BS 7750 o Sistemas de Gestión Medioambientales), que se publicó también en 1992 y es el eslabón más cercano para el desarrollo de la familia ISO 14000, la cual aparece en el primer quinquenio de la década de 1990. Cualquier estrategia empresarial que pretenda incluir iniciativas relacionadas con la conservación y respeto del ambiente, debería considerar como referente a esta norma ISO.
• Sustainability Scorecard (SSC). Kaplan y Norton, en la primera mitad de la década pasada, desarrollaron el Balance Scorecard (BSC) como un «tablero de mando integral» clave para la implementación y control de la estrategia. Años después apareció el SSC como una variante del BSC, que plantea la incorporación de la dimensión social y ambiental a las cuatro dimensiones clásicas planteadas por este último. En el Perú, la empresa Amanco –que fabrica tuberías, conexiones y accesorios plásticos para la conducción de fluidos, como agua, electricidad y gas– aplica la SSC en su labor gerencial y define su estrategia empresarial como: «Manejamos nuestros negocios usando un enfoque de gerencia del Triple Resultado que se centra en crecimiento económico, social y ambiental. Bajo este acercamiento, intentamos obtener el mejor rendimiento y los más altos ingresos para nuestros negocios, mientras nos esforzamos en reforzar efectos ambientales y sociales positivos a través de nuestras operaciones. El Sustainability Scorecard (SSC) es una herramienta de gerencia que utilizamos para definir objetivos e identificar los indicadores estratégicos que nos permiten medir nuestro funcionamiento en la puesta en práctica del Triple Resultado, ayudándonos a desarrollar una estrategia de negocio única y sostenible que se esfuerza para el logro financiero, social y ambiental. Al poner este enfoque de negocio en marcha, intentamos promover una cultura del pensamiento estratégico a cada nivel de nuestras operaciones y demostrar cómo el uso de objetivos sociales y ambientales puede crear valor para nuestro negocio» ().
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EL PROYECTO ECOBANKING

Un caso interesante que resume el espíritu y mensaje que se busca dejar en estas líneas es el proyecto Ecobanking, auspiciado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible-CLACDS del INCAE, la Internationale Weiterbildung und Entwicklung GMBH-InWEnt (Alemania), la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) y el Grupo AVINA, y en el que participan los bancos más importantes del planeta. «Las Instituciones financieras alrededor del mundo se han dado cuenta que pueden mejorar la eficiencia, disminuir el riesgo, reducir costos y satisfacer mejor las necesidades de sus accionistas y las sociedades para las que trabajan, mejorando su desempeño ambiental. El Proyecto tiene como fin mejorar la competitividad del Sector Financiero Latinoamericano a través de una mejor administración ambiental, reducción de riesgos ambientales y sociales, y diseño de productos financieros innovadores (sic)» (). Cabe mencionar que en la página web citada se puede encontrar información acerca de buenas prácticas en el tema, implementadas en las instituciones financieras en el ámbito mundial.

EL FUTURO

Más allá de la total certeza de que la aplicación de estos temas a la gestión estratégica de la empresa está relacionado con los valores personales y la sostenibilidad de la sociedad en la cual nos desarrollamos, es evidente la existencia de industrias en las cuales es más urgente y viable la asunción de estos elementos como parte de la estrategia por razones directas del mercado. La gestión social y ambiental de una empresa puede ser parte o generar factores críticos del éxito en industrias altamente competitivas. En estas líneas, se trata de establecer un escenario futuro con respecto a estas afirmaciones.

• El desarrollo sostenible se está instalando de manera cada vez más sólida en el mundo de los negocios. Estrategias empresariales que garanticen la consecución de resultados económicos aunados a una preocupación social y ambiental serán muy pertinentes en el mundo «poscrisis financiera».
• La medición de estos ámbitos y las certificaciones que garanticen que las empresas son responsables serán de sumo interés como argumento de ventas; primero, en el mercado organizacional y con mayor fuerza, año a año, en los mercados de consumo masivo. Cabe mencionar que, en la actualidad, la lSO 26000 se encuentra en elaboración. Esta representará una guía para el desarrollo de la responsabilidad social empresarial.
• Cada vez habrán más iniciativas gremiales y sectoriales que empujen a los empresarios y ejecutivos a involucrarse en temas sociales y ambientales.
• Los consumidores serán progresivamente más activos y su capacidad de organización aumentará de manera exponencial a cada momento, ya que la globalización, la tecnología y la Internet les permiten agruparse, asociarse, formar comunidades virtuales, crear redes sociales, elaborar manifiestos participativos, entre otros. Todo desde su PC o laptop en su hogar, universidad u oficina.
• El deterioro del medioambiente seguirá y se llegará a situaciones extremas de escasez de recursos, como el agua o fuentes energéticas.
• La filosofía de los negocios inclusivos –una suerte de último estadio de desarrollo de la responsabilidad social empresarial–, que consiste en incluir a las mayorías menos favorecidas económicamente en la cadena de valor de la organización, puede ser una herramienta que brinde aspectos para la integración de lo social, ambiental y económico.

Ante un panorama tan claro en lo que respecta a la gestión ambiental y social, no quedaría mayor ni menor excusa para asumir el tema y empezar –o continuar– la construcción de una estrategia de negocios eficiente y saludable, por el bien de nuestras empresas y del ecosistema que nos acoge sin cobrarnos ningún tipo de «alquiler».

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1. Porter, Michael E. y Mark R. Kramer (2006). «Estrategia y sociedad: el vínculo entre ventaja competitiva y responsabilidad social corporativa». En: Harvard Busines Review, vol. 84, Nº 12, diciembre, pp. 42-57.
2. Porter, Michael E. y Mark R. Kramer (2003). «La filantropía empresarial como ventaja competitiva». En: Harvard Busines Review, Nº 112, enero-febrero, pp. 7-20.
3. Pulgar-Vidal, Manuel (2003). «Evolución, tendencias y perspectivas de la gestión ambiental en el Perú». Seminario internacional La Política Ambiental en América Latina. Bogotá, noviembre.
4. Pratt, Lawrence y Edgar Rojas (2000). «Desafíos para el sector financiero latinoamericano». En: Boletín INCAE, Nº 7, setiembre-diciembre, pp. 7-8.
5. Saavedra, Ladislao (1999). «ISO 14000 y la gestión medio ambiental». En: Quipucamayoc, Nº 2, segundo semestre.




Jueves, 13 de agosto
Punto de Equilibrio
Perú: ¿debemos optar por los transgénicos? (Regresar)

Por ISABEL GUERRERO

En las últimas décadas se ha generado una gran controversia en torno al cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) y organismos vivos modificados (OVM) o transgénicos, que, de acuerdo con el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología adoptado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) , son organismos vivos que poseen una combinación de material genético que se ha obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna (BM). La BM consiste en una variedad de técnicas que permiten la transferencia selectiva de uno o varios genes de un organismo vivo hacia otro.

Las estadísticas al año 2007 (James 2007) revelan que la superficie cultivada mundial asciende a 114,3 millones de hectáreas que se distribuye en 23 países, lo que significa un crecimiento de 12% con respecto a 2006. De otro lado, los productos transgénicos con mayor superficie cultivada, al año 2007 (James 2007), fueron: la soya, con 52%; el maíz, con 31%; el algodón, con 13% y la canola, con 5%.

Debido a los movimientos transfronterizos de los OGM y las diferentes posiciones de los países al respecto, el acuerdo conocido como el Protocolo de Cartagena (CDB 2000) proporciona un marco normativo internacional para reconciliar las necesidades de protección del comercio y del medioambiente en una industria mundial en rápido crecimiento. La creación, producción, transformación y comercialización de OGM son controversiales para la sociedad, ya que muchas veces los efectos en el mediano y largo plazo son poco conocidos por los actores de la cadena. El Protocolo de Cartagena se elaboró con el fin de garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna, que puedan tener efectos adversos en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.

En el ámbito nacional existe mucha discusión sobre la producción, la importación y el consumo de OGM. Por un lado, el Ministro del Ambiente asegura que su primera opción es que el país sea libre de transgénicos, debido a que «El Perú es un centro mundial de recursos genéticos nativos de importancia mundial, como la papa y el maíz, entre muchos otros […] primero debemos dar prioridad a nuestros recursos genéticos y luego pensar en los transgénicos importados y patentados» (Brack 2008) . Sin embargo, existen algunas opiniones contrarias, como la del ex ministro de Agricultura, Ismael Benavides, quien sostiene que aceptar el ingreso de los transgénicos es «una decisión inteligente y pensando en el futuro alimentario de los peruanos [ya que estos] mejorarán la productividad de los campos y reducirán futuras crisis de alimentos» . Asimismo, Alex Grossman, representante del ex Ministro de Agricultura mencionado, votó en contra de un acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que, ante la imposibilidad científica de determinar los perjuicios del uso de los OGM, las empresas asuman el costo de cualquier impacto. Esta decisión causó mucha controversia, pues no reflejaba la opinión concertada del país. A pesar de que el actual ministro de Agricultura, Carlos Leyton, no le ha dado libre ingreso a estos productos, ha solicitado al Ministro del Ambiente que sustente científicamente su negativa; así como, que se desarrolle una norma de bioseguridad en la que se establezca los casos en los que se puede permitir el ingreso de un OGM, de manera que se pruebe caso por caso su impacto en la biodiversidad.

Estas posiciones reflejan una parte de la discusión alrededor de estos productos, discusiones que tienen que llegar a un consenso sobre si el Perú es o no un país libre de transgénicos. Por ello, a modo de ejercicio, se profundizará de manera cualitativa los argumentos a favor y en contra de la introducción de semillas, producción y comercialización de OGM, sobre la base de las dimensiones ambiental, social, económica y legal.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

En la dimensión ambiental, el Instituto de Biotecnología de la Universidad Agraria La Molina menciona que la biotecnología moderna, a diferencia de la tradicional, permite la transferencia selectiva de un gen o unos pocos genes deseables, y no el cruce incontrolado de cientos o miles de genes. Muchos de estos caracteres desarrollados en las nuevas variedades defienden a las plantas de insectos, enfermedades y malas hierbas que pueden devastar los cultivos; además, pueden reducir el riesgo de contaminación por fertilizantes y plaguicidas, y se puede optimizar el uso de agua en la agricultura.

De otro lado, los argumentos en contra, promovidos por organismos no gubernamentales (ONG) de conservación, sostienen que introducir OGM en zonas agrícolas trae consigo riesgos de contaminación (transferencia de material genético) de especies nativas cercanas y de especies depredadoras, que tienen impactos negativos en la biodiversidad. Además, no se conoce si el OGM introducido es una especie dominante y desplaza a otras especies, o si genera que sus depredadores evolucionen haciéndose más resistentes a los pesticidas, requiriéndose cantidades mayores de estos elementos en el largo plazo. De otro lado, la modificación genética de especies forestales es un tema inclusive más delicado por la variedad de servicios ambientales que provee, de manera que su alteración genera implicancias en la funcionalidad de los ecosistemas.

DIMENSIÓN SOCIAL

En la dimensión social resaltan los siguientes puntos de discusión: seguridad alimentaria y nutrición, salud y equidad. Con respecto a la seguridad alimentaria, se considera que los OGM pueden ser un instrumento para aliviar la hambruna en las zonas pobres, mediante el aumento de valor nutritivo en ciertos cultivos; y también pueden ser útiles para aumentar la producción de alimentos, en vista del crecimiento poblacional mundial y la escasez de tierras. Sin embargo, no son muchos los casos en los que el conocimiento generado por la biotecnología ha llegado a los encargados de combatir la desnutrición y de promover la seguridad alimentaria en países en desarrollo, razón por la cual los beneficios no se reparten de manera equitativa. En cuanto a la salud, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO (2001) , la inocuidad de los OGM debe ser probada mediante un análisis de riesgos, antes de poder ser distribuidos. La evaluación del riesgo de los OGM se basa en el concepto de equivalencia sustancial, con la que se determina si el alimento modificado genéticamente es tan inocuo como su homólogo tradicional. Este análisis debe realizarse en diferentes etapas del proceso productivo de un OGM, ya que es probable que los efectos no se vean en el corto plazo. Además, es necesario prestar especial atención a los posibles riesgos de añadir alérgenos al suministro alimentario, por lo que debe presentarse la información para que los consumidores adquieran los productos según sus preferencias.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

En el sentido económico, uno de los argumentos a favor de los OGM es el incremento de la producción agrícola con la misma cantidad de insumos, ya que el cultivo de los OGM aumenta la productividad. Sin embargo, este argumento pierde fuerza cuando se observa que los cultivos de OGM se producen en grandes extensiones de tierra y solo reducen los costos para ciertos grupos de agricultores con poder económico. De otro lado, bajo la premisa que los consumidores buscan maximizar su nivel de bienestar cuando adquieren un determinado producto, la selección del mismo debería realizarse sobre la base de información completa de las características del producto, así como de sus riesgos de consumo. En este sentido, el artículo 5 del Decreto Legislativo 716, Ley de Protección al Consumidor en el Perú, establece que cuando compremos un producto o servicio, tenemos derecho a exigir que nos informen todas sus características, para decidir si nos conviene o no adquirirlo. Es decir, la publicidad, las etiquetas, los precios, las instrucciones, las garantías y la información de los productos y servicios ofrecidos deben ser completos, claros y verdaderos.

Por este motivo, es responsabilidad de los vendedores o proveedores brindar toda la información necesaria para que los consumidores puedan realizar una elección fundamentada. Sin embargo, en la mayoría de países en desarrollo, los consumidores no acceden a la información para tomar sus decisiones, con lo cual se incumple este derecho. Adicionalmente, en el mismo artículo 5, se establece la protección eficaz de los consumidores: «Los vendedores o proveedores han de tomar las medidas necesarias para que los productos o servicios ofrecidos no pongan en riesgo su salud o integridad física». Entonces, dada esta ley, es necesario que los vendedores o proveedores de OGM consideren los posibles efectos que pueden tener estos productos en la salud y la integridad física de los seres humanos en el mediano y largo plazo, y lo comuniquen eficazmente.

DIMENSIÓN LEGAL

En la dimensión legal, las principales biotecnologías que se utilizan en la actualidad están patentadas y se concentran en un grupo pequeño de entidades privadas, hecho que altera la estructura de la investigación al privatizar el conocimiento. Tradicionalmente, el Estado investigaba por medio de una entidad científica nacional, de modo que los hallazgos eran comunicados al público. Actualmente, la investigación es realizada por el inversionista privado en alianza con alguna universidad, por lo que el privado patenta los derechos y vende el conocimiento en el mercado, y, a su vez, tiene menos incentivos para comunicar los posibles riesgos asociados a su producto OGM.

La asignación de derechos de propiedad asegura el retorno de la inversión y la continuación de la investigación; sin embargo, cuando se trata de organismos vivos, se debe considerar también el tema ético. Por ejemplo, los agricultores tienen que pagar por la semilla cada vez que deciden cultivar, porque las semillas son estériles, lo cual genera una fuerte dependencia con respecto a las empresas, por lo general multinacionales. Esta figura crea monopolios, lo que implica que el inversionista se lleva una parte del excedente del consumidor y, con ello, el bienestar de este último disminuye. La renta que se genera a partir de la biotecnología incentiva a que otros inversionistas presten atención a los recursos genéticos, que en su mayoría se encuentran en los países en desarrollo. En muchos de estos países, como el Perú, con instituciones débiles y escaso desarrollo tecnológico, la apropiación del conocimiento y genes particulares de productos oriundos resulta sencilla para estas empresas que desarrollan productos farmacéuticos y alimenticios, que terminan vendiéndose o cobrando regalías a las comunidades y países que tradicionalmente cultivaban esa variedad. Al mismo tiempo, la posibilidad de contagios entre parcelas (de una parcela con cultivos transgénicos hacia otra con cultivos orgánicos) es alta, por lo que la regulación debería de ser lo suficientemente estricta para prevenir una situación como esta y establecer las penalidades cuando suceda.

A modo de conclusión
Tomar la decisión sobre la introducción de OGM al Perú debería hacerse considerando que actualmente, según la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica–IFOAM, es el sétimo país con el mayor número de productores que cultivan productos orgánicos (alrededor de 33.500 pequeños productores). Adicionalmente, en el año 2007, el Perú alcanzó 275.000 hectáreas certificadas y en transición; y el valor FOB de las exportaciones peruanas de productos orgánicos ascendió a US$ 161,32 millones. Asimismo, se debe tomar en cuenta que las ventas mundiales de productos OGM ascendieron a US$ 6,9 mil millones en el mismo año, con una tasa de crecimiento de 9% (James 2007); mientras que la venta de productos orgánicos fue de US$ 41 mil millones, con una tasa de crecimiento del 17% .
Finalmente, puede ser de gran utilidad generar información cuantitativa que permita realizar un análisis beneficio-costo, en el nivel privado y social, para cada etapa de la cadena (creación, producción y comercialización de OGM) y de este manera determinar su conveniencia para cada grupo de actores y para la sociedad en general. Por lo tanto, esta decisión debe ser tomada de manera concensuada, conociendo y asumiendo las responsabilidades que trae consigo.

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1. Convenio sobre la Diversidad Biológica-CDB (2000). Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
2. James, Clive (2007). Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2007. ISAAA Brief Nº 37. Ithaca, Nueva York: International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications.
3. Brack, Antonio (2008). «Antonio Brack a favor de los alimentos orgánicos». En: El Comercio [Lima]. 5 de julio.
4. El Comercio (2008). «Benavides a favor de transgénicos, mientras Brack se opone». Lima: 5 de julio.
5. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO (2001). Los organismos modificados genéticamente, los consumidores, la inocuidad de los alimentos y el ambiente. Roma: FAO

Perú: ¿debemos optar por los transgénicos?

Por ISABEL GUERRERO

En las últimas décadas se ha generado una gran controversia en torno al cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) y organismos vivos modificados (OVM) o transgénicos, que, de acuerdo con el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología adoptado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) , son organismos vivos que poseen una combinación de material genético que se ha obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna (BM). La BM consiste en una variedad de técnicas que permiten la transferencia selectiva de uno o varios genes de un organismo vivo hacia otro.

Las estadísticas al año 2007 (James 2007) revelan que la superficie cultivada mundial asciende a 114,3 millones de hectáreas que se distribuye en 23 países, lo que significa un crecimiento de 12% con respecto a 2006. De otro lado, los productos transgénicos con mayor superficie cultivada, al año 2007 (James 2007), fueron: la soya, con 52%; el maíz, con 31%; el algodón, con 13% y la canola, con 5%.

Debido a los movimientos transfronterizos de los OGM y las diferentes posiciones de los países al respecto, el acuerdo conocido como el Protocolo de Cartagena (CDB 2000) proporciona un marco normativo internacional para reconciliar las necesidades de protección del comercio y del medioambiente en una industria mundial en rápido crecimiento. La creación, producción, transformación y comercialización de OGM son controversiales para la sociedad, ya que muchas veces los efectos en el mediano y largo plazo son poco conocidos por los actores de la cadena. El Protocolo de Cartagena se elaboró con el fin de garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna, que puedan tener efectos adversos en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.

En el ámbito nacional existe mucha discusión sobre la producción, la importación y el consumo de OGM. Por un lado, el Ministro del Ambiente asegura que su primera opción es que el país sea libre de transgénicos, debido a que «El Perú es un centro mundial de recursos genéticos nativos de importancia mundial, como la papa y el maíz, entre muchos otros […] primero debemos dar prioridad a nuestros recursos genéticos y luego pensar en los transgénicos importados y patentados» (Brack 2008) . Sin embargo, existen algunas opiniones contrarias, como la del ex ministro de Agricultura, Ismael Benavides, quien sostiene que aceptar el ingreso de los transgénicos es «una decisión inteligente y pensando en el futuro alimentario de los peruanos [ya que estos] mejorarán la productividad de los campos y reducirán futuras crisis de alimentos» . Asimismo, Alex Grossman, representante del ex Ministro de Agricultura mencionado, votó en contra de un acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que, ante la imposibilidad científica de determinar los perjuicios del uso de los OGM, las empresas asuman el costo de cualquier impacto. Esta decisión causó mucha controversia, pues no reflejaba la opinión concertada del país. A pesar de que el actual ministro de Agricultura, Carlos Leyton, no le ha dado libre ingreso a estos productos, ha solicitado al Ministro del Ambiente que sustente científicamente su negativa; así como, que se desarrolle una norma de bioseguridad en la que se establezca los casos en los que se puede permitir el ingreso de un OGM, de manera que se pruebe caso por caso su impacto en la biodiversidad.

Estas posiciones reflejan una parte de la discusión alrededor de estos productos, discusiones que tienen que llegar a un consenso sobre si el Perú es o no un país libre de transgénicos. Por ello, a modo de ejercicio, se profundizará de manera cualitativa los argumentos a favor y en contra de la introducción de semillas, producción y comercialización de OGM, sobre la base de las dimensiones ambiental, social, económica y legal.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

En la dimensión ambiental, el Instituto de Biotecnología de la Universidad Agraria La Molina menciona que la biotecnología moderna, a diferencia de la tradicional, permite la transferencia selectiva de un gen o unos pocos genes deseables, y no el cruce incontrolado de cientos o miles de genes. Muchos de estos caracteres desarrollados en las nuevas variedades defienden a las plantas de insectos, enfermedades y malas hierbas que pueden devastar los cultivos; además, pueden reducir el riesgo de contaminación por fertilizantes y plaguicidas, y se puede optimizar el uso de agua en la agricultura.

De otro lado, los argumentos en contra, promovidos por organismos no gubernamentales (ONG) de conservación, sostienen que introducir OGM en zonas agrícolas trae consigo riesgos de contaminación (transferencia de material genético) de especies nativas cercanas y de especies depredadoras, que tienen impactos negativos en la biodiversidad. Además, no se conoce si el OGM introducido es una especie dominante y desplaza a otras especies, o si genera que sus depredadores evolucionen haciéndose más resistentes a los pesticidas, requiriéndose cantidades mayores de estos elementos en el largo plazo. De otro lado, la modificación genética de especies forestales es un tema inclusive más delicado por la variedad de servicios ambientales que provee, de manera que su alteración genera implicancias en la funcionalidad de los ecosistemas.

DIMENSIÓN SOCIAL

En la dimensión social resaltan los siguientes puntos de discusión: seguridad alimentaria y nutrición, salud y equidad. Con respecto a la seguridad alimentaria, se considera que los OGM pueden ser un instrumento para aliviar la hambruna en las zonas pobres, mediante el aumento de valor nutritivo en ciertos cultivos; y también pueden ser útiles para aumentar la producción de alimentos, en vista del crecimiento poblacional mundial y la escasez de tierras. Sin embargo, no son muchos los casos en los que el conocimiento generado por la biotecnología ha llegado a los encargados de combatir la desnutrición y de promover la seguridad alimentaria en países en desarrollo, razón por la cual los beneficios no se reparten de manera equitativa. En cuanto a la salud, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO (2001) , la inocuidad de los OGM debe ser probada mediante un análisis de riesgos, antes de poder ser distribuidos. La evaluación del riesgo de los OGM se basa en el concepto de equivalencia sustancial, con la que se determina si el alimento modificado genéticamente es tan inocuo como su homólogo tradicional. Este análisis debe realizarse en diferentes etapas del proceso productivo de un OGM, ya que es probable que los efectos no se vean en el corto plazo. Además, es necesario prestar especial atención a los posibles riesgos de añadir alérgenos al suministro alimentario, por lo que debe presentarse la información para que los consumidores adquieran los productos según sus preferencias.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

En el sentido económico, uno de los argumentos a favor de los OGM es el incremento de la producción agrícola con la misma cantidad de insumos, ya que el cultivo de los OGM aumenta la productividad. Sin embargo, este argumento pierde fuerza cuando se observa que los cultivos de OGM se producen en grandes extensiones de tierra y solo reducen los costos para ciertos grupos de agricultores con poder económico. De otro lado, bajo la premisa que los consumidores buscan maximizar su nivel de bienestar cuando adquieren un determinado producto, la selección del mismo debería realizarse sobre la base de información completa de las características del producto, así como de sus riesgos de consumo. En este sentido, el artículo 5 del Decreto Legislativo 716, Ley de Protección al Consumidor en el Perú, establece que cuando compremos un producto o servicio, tenemos derecho a exigir que nos informen todas sus características, para decidir si nos conviene o no adquirirlo. Es decir, la publicidad, las etiquetas, los precios, las instrucciones, las garantías y la información de los productos y servicios ofrecidos deben ser completos, claros y verdaderos.

Por este motivo, es responsabilidad de los vendedores o proveedores brindar toda la información necesaria para que los consumidores puedan realizar una elección fundamentada. Sin embargo, en la mayoría de países en desarrollo, los consumidores no acceden a la información para tomar sus decisiones, con lo cual se incumple este derecho. Adicionalmente, en el mismo artículo 5, se establece la protección eficaz de los consumidores: «Los vendedores o proveedores han de tomar las medidas necesarias para que los productos o servicios ofrecidos no pongan en riesgo su salud o integridad física». Entonces, dada esta ley, es necesario que los vendedores o proveedores de OGM consideren los posibles efectos que pueden tener estos productos en la salud y la integridad física de los seres humanos en el mediano y largo plazo, y lo comuniquen eficazmente.

DIMENSIÓN LEGAL

En la dimensión legal, las principales biotecnologías que se utilizan en la actualidad están patentadas y se concentran en un grupo pequeño de entidades privadas, hecho que altera la estructura de la investigación al privatizar el conocimiento. Tradicionalmente, el Estado investigaba por medio de una entidad científica nacional, de modo que los hallazgos eran comunicados al público. Actualmente, la investigación es realizada por el inversionista privado en alianza con alguna universidad, por lo que el privado patenta los derechos y vende el conocimiento en el mercado, y, a su vez, tiene menos incentivos para comunicar los posibles riesgos asociados a su producto OGM.

La asignación de derechos de propiedad asegura el retorno de la inversión y la continuación de la investigación; sin embargo, cuando se trata de organismos vivos, se debe considerar también el tema ético. Por ejemplo, los agricultores tienen que pagar por la semilla cada vez que deciden cultivar, porque las semillas son estériles, lo cual genera una fuerte dependencia con respecto a las empresas, por lo general multinacionales. Esta figura crea monopolios, lo que implica que el inversionista se lleva una parte del excedente del consumidor y, con ello, el bienestar de este último disminuye. La renta que se genera a partir de la biotecnología incentiva a que otros inversionistas presten atención a los recursos genéticos, que en su mayoría se encuentran en los países en desarrollo. En muchos de estos países, como el Perú, con instituciones débiles y escaso desarrollo tecnológico, la apropiación del conocimiento y genes particulares de productos oriundos resulta sencilla para estas empresas que desarrollan productos farmacéuticos y alimenticios, que terminan vendiéndose o cobrando regalías a las comunidades y países que tradicionalmente cultivaban esa variedad. Al mismo tiempo, la posibilidad de contagios entre parcelas (de una parcela con cultivos transgénicos hacia otra con cultivos orgánicos) es alta, por lo que la regulación debería de ser lo suficientemente estricta para prevenir una situación como esta y establecer las penalidades cuando suceda.

A modo de conclusión
Tomar la decisión sobre la introducción de OGM al Perú debería hacerse considerando que actualmente, según la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica–IFOAM, es el sétimo país con el mayor número de productores que cultivan productos orgánicos (alrededor de 33.500 pequeños productores). Adicionalmente, en el año 2007, el Perú alcanzó 275.000 hectáreas certificadas y en transición; y el valor FOB de las exportaciones peruanas de productos orgánicos ascendió a US$ 161,32 millones. Asimismo, se debe tomar en cuenta que las ventas mundiales de productos OGM ascendieron a US$ 6,9 mil millones en el mismo año, con una tasa de crecimiento de 9% (James 2007); mientras que la venta de productos orgánicos fue de US$ 41 mil millones, con una tasa de crecimiento del 17% .
Finalmente, puede ser de gran utilidad generar información cuantitativa que permita realizar un análisis beneficio-costo, en el nivel privado y social, para cada etapa de la cadena (creación, producción y comercialización de OGM) y de este manera determinar su conveniencia para cada grupo de actores y para la sociedad en general. Por lo tanto, esta decisión debe ser tomada de manera concensuada, conociendo y asumiendo las responsabilidades que trae consigo.

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1. Convenio sobre la Diversidad Biológica-CDB (2000). Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
2. James, Clive (2007). Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2007. ISAAA Brief Nº 37. Ithaca, Nueva York: International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications.
3. Brack, Antonio (2008). «Antonio Brack a favor de los alimentos orgánicos». En: El Comercio [Lima]. 5 de julio.
4. El Comercio (2008). «Benavides a favor de transgénicos, mientras Brack se opone». Lima: 5 de julio.
5. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO (2001). Los organismos modificados genéticamente, los consumidores, la inocuidad de los alimentos y el ambiente. Roma: FAO

Perú: ¿debemos optar por los transgénicos?

Por ISABEL GUERRERO

En las últimas décadas se ha generado una gran controversia en torno al cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) y organismos vivos modificados (OVM) o transgénicos, que, de acuerdo con el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología adoptado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) , son organismos vivos que poseen una combinación de material genético que se ha obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna (BM). La BM consiste en una variedad de técnicas que permiten la transferencia selectiva de uno o varios genes de un organismo vivo hacia otro.

Las estadísticas al año 2007 (James 2007) revelan que la superficie cultivada mundial asciende a 114,3 millones de hectáreas que se distribuye en 23 países, lo que significa un crecimiento de 12% con respecto a 2006. De otro lado, los productos transgénicos con mayor superficie cultivada, al año 2007 (James 2007), fueron: la soya, con 52%; el maíz, con 31%; el algodón, con 13% y la canola, con 5%.

Debido a los movimientos transfronterizos de los OGM y las diferentes posiciones de los países al respecto, el acuerdo conocido como el Protocolo de Cartagena (CDB 2000) proporciona un marco normativo internacional para reconciliar las necesidades de protección del comercio y del medioambiente en una industria mundial en rápido crecimiento. La creación, producción, transformación y comercialización de OGM son controversiales para la sociedad, ya que muchas veces los efectos en el mediano y largo plazo son poco conocidos por los actores de la cadena. El Protocolo de Cartagena se elaboró con el fin de garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna, que puedan tener efectos adversos en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.

En el ámbito nacional existe mucha discusión sobre la producción, la importación y el consumo de OGM. Por un lado, el Ministro del Ambiente asegura que su primera opción es que el país sea libre de transgénicos, debido a que «El Perú es un centro mundial de recursos genéticos nativos de importancia mundial, como la papa y el maíz, entre muchos otros […] primero debemos dar prioridad a nuestros recursos genéticos y luego pensar en los transgénicos importados y patentados» (Brack 2008) . Sin embargo, existen algunas opiniones contrarias, como la del ex ministro de Agricultura, Ismael Benavides, quien sostiene que aceptar el ingreso de los transgénicos es «una decisión inteligente y pensando en el futuro alimentario de los peruanos [ya que estos] mejorarán la productividad de los campos y reducirán futuras crisis de alimentos» . Asimismo, Alex Grossman, representante del ex Ministro de Agricultura mencionado, votó en contra de un acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que, ante la imposibilidad científica de determinar los perjuicios del uso de los OGM, las empresas asuman el costo de cualquier impacto. Esta decisión causó mucha controversia, pues no reflejaba la opinión concertada del país. A pesar de que el actual ministro de Agricultura, Carlos Leyton, no le ha dado libre ingreso a estos productos, ha solicitado al Ministro del Ambiente que sustente científicamente su negativa; así como, que se desarrolle una norma de bioseguridad en la que se establezca los casos en los que se puede permitir el ingreso de un OGM, de manera que se pruebe caso por caso su impacto en la biodiversidad.

Estas posiciones reflejan una parte de la discusión alrededor de estos productos, discusiones que tienen que llegar a un consenso sobre si el Perú es o no un país libre de transgénicos. Por ello, a modo de ejercicio, se profundizará de manera cualitativa los argumentos a favor y en contra de la introducción de semillas, producción y comercialización de OGM, sobre la base de las dimensiones ambiental, social, económica y legal.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

En la dimensión ambiental, el Instituto de Biotecnología de la Universidad Agraria La Molina menciona que la biotecnología moderna, a diferencia de la tradicional, permite la transferencia selectiva de un gen o unos pocos genes deseables, y no el cruce incontrolado de cientos o miles de genes. Muchos de estos caracteres desarrollados en las nuevas variedades defienden a las plantas de insectos, enfermedades y malas hierbas que pueden devastar los cultivos; además, pueden reducir el riesgo de contaminación por fertilizantes y plaguicidas, y se puede optimizar el uso de agua en la agricultura.

De otro lado, los argumentos en contra, promovidos por organismos no gubernamentales (ONG) de conservación, sostienen que introducir OGM en zonas agrícolas trae consigo riesgos de contaminación (transferencia de material genético) de especies nativas cercanas y de especies depredadoras, que tienen impactos negativos en la biodiversidad. Además, no se conoce si el OGM introducido es una especie dominante y desplaza a otras especies, o si genera que sus depredadores evolucionen haciéndose más resistentes a los pesticidas, requiriéndose cantidades mayores de estos elementos en el largo plazo. De otro lado, la modificación genética de especies forestales es un tema inclusive más delicado por la variedad de servicios ambientales que provee, de manera que su alteración genera implicancias en la funcionalidad de los ecosistemas.

DIMENSIÓN SOCIAL

En la dimensión social resaltan los siguientes puntos de discusión: seguridad alimentaria y nutrición, salud y equidad. Con respecto a la seguridad alimentaria, se considera que los OGM pueden ser un instrumento para aliviar la hambruna en las zonas pobres, mediante el aumento de valor nutritivo en ciertos cultivos; y también pueden ser útiles para aumentar la producción de alimentos, en vista del crecimiento poblacional mundial y la escasez de tierras. Sin embargo, no son muchos los casos en los que el conocimiento generado por la biotecnología ha llegado a los encargados de combatir la desnutrición y de promover la seguridad alimentaria en países en desarrollo, razón por la cual los beneficios no se reparten de manera equitativa. En cuanto a la salud, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO (2001) , la inocuidad de los OGM debe ser probada mediante un análisis de riesgos, antes de poder ser distribuidos. La evaluación del riesgo de los OGM se basa en el concepto de equivalencia sustancial, con la que se determina si el alimento modificado genéticamente es tan inocuo como su homólogo tradicional. Este análisis debe realizarse en diferentes etapas del proceso productivo de un OGM, ya que es probable que los efectos no se vean en el corto plazo. Además, es necesario prestar especial atención a los posibles riesgos de añadir alérgenos al suministro alimentario, por lo que debe presentarse la información para que los consumidores adquieran los productos según sus preferencias.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

En el sentido económico, uno de los argumentos a favor de los OGM es el incremento de la producción agrícola con la misma cantidad de insumos, ya que el cultivo de los OGM aumenta la productividad. Sin embargo, este argumento pierde fuerza cuando se observa que los cultivos de OGM se producen en grandes extensiones de tierra y solo reducen los costos para ciertos grupos de agricultores con poder económico. De otro lado, bajo la premisa que los consumidores buscan maximizar su nivel de bienestar cuando adquieren un determinado producto, la selección del mismo debería realizarse sobre la base de información completa de las características del producto, así como de sus riesgos de consumo. En este sentido, el artículo 5 del Decreto Legislativo 716, Ley de Protección al Consumidor en el Perú, establece que cuando compremos un producto o servicio, tenemos derecho a exigir que nos informen todas sus características, para decidir si nos conviene o no adquirirlo. Es decir, la publicidad, las etiquetas, los precios, las instrucciones, las garantías y la información de los productos y servicios ofrecidos deben ser completos, claros y verdaderos.

Por este motivo, es responsabilidad de los vendedores o proveedores brindar toda la información necesaria para que los consumidores puedan realizar una elección fundamentada. Sin embargo, en la mayoría de países en desarrollo, los consumidores no acceden a la información para tomar sus decisiones, con lo cual se incumple este derecho. Adicionalmente, en el mismo artículo 5, se establece la protección eficaz de los consumidores: «Los vendedores o proveedores han de tomar las medidas necesarias para que los productos o servicios ofrecidos no pongan en riesgo su salud o integridad física». Entonces, dada esta ley, es necesario que los vendedores o proveedores de OGM consideren los posibles efectos que pueden tener estos productos en la salud y la integridad física de los seres humanos en el mediano y largo plazo, y lo comuniquen eficazmente.

DIMENSIÓN LEGAL

En la dimensión legal, las principales biotecnologías que se utilizan en la actualidad están patentadas y se concentran en un grupo pequeño de entidades privadas, hecho que altera la estructura de la investigación al privatizar el conocimiento. Tradicionalmente, el Estado investigaba por medio de una entidad científica nacional, de modo que los hallazgos eran comunicados al público. Actualmente, la investigación es realizada por el inversionista privado en alianza con alguna universidad, por lo que el privado patenta los derechos y vende el conocimiento en el mercado, y, a su vez, tiene menos incentivos para comunicar los posibles riesgos asociados a su producto OGM.

La asignación de derechos de propiedad asegura el retorno de la inversión y la continuación de la investigación; sin embargo, cuando se trata de organismos vivos, se debe considerar también el tema ético. Por ejemplo, los agricultores tienen que pagar por la semilla cada vez que deciden cultivar, porque las semillas son estériles, lo cual genera una fuerte dependencia con respecto a las empresas, por lo general multinacionales. Esta figura crea monopolios, lo que implica que el inversionista se lleva una parte del excedente del consumidor y, con ello, el bienestar de este último disminuye. La renta que se genera a partir de la biotecnología incentiva a que otros inversionistas presten atención a los recursos genéticos, que en su mayoría se encuentran en los países en desarrollo. En muchos de estos países, como el Perú, con instituciones débiles y escaso desarrollo tecnológico, la apropiación del conocimiento y genes particulares de productos oriundos resulta sencilla para estas empresas que desarrollan productos farmacéuticos y alimenticios, que terminan vendiéndose o cobrando regalías a las comunidades y países que tradicionalmente cultivaban esa variedad. Al mismo tiempo, la posibilidad de contagios entre parcelas (de una parcela con cultivos transgénicos hacia otra con cultivos orgánicos) es alta, por lo que la regulación debería de ser lo suficientemente estricta para prevenir una situación como esta y establecer las penalidades cuando suceda.

A modo de conclusión
Tomar la decisión sobre la introducción de OGM al Perú debería hacerse considerando que actualmente, según la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica–IFOAM, es el sétimo país con el mayor número de productores que cultivan productos orgánicos (alrededor de 33.500 pequeños productores). Adicionalmente, en el año 2007, el Perú alcanzó 275.000 hectáreas certificadas y en transición; y el valor FOB de las exportaciones peruanas de productos orgánicos ascendió a US$ 161,32 millones. Asimismo, se debe tomar en cuenta que las ventas mundiales de productos OGM ascendieron a US$ 6,9 mil millones en el mismo año, con una tasa de crecimiento de 9% (James 2007); mientras que la venta de productos orgánicos fue de US$ 41 mil millones, con una tasa de crecimiento del 17% .
Finalmente, puede ser de gran utilidad generar información cuantitativa que permita realizar un análisis beneficio-costo, en el nivel privado y social, para cada etapa de la cadena (creación, producción y comercialización de OGM) y de este manera determinar su conveniencia para cada grupo de actores y para la sociedad en general. Por lo tanto, esta decisión debe ser tomada de manera concensuada, conociendo y asumiendo las responsabilidades que trae consigo.

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1. Convenio sobre la Diversidad Biológica-CDB (2000). Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
2. James, Clive (2007). Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2007. ISAAA Brief Nº 37. Ithaca, Nueva York: International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications.
3. Brack, Antonio (2008). «Antonio Brack a favor de los alimentos orgánicos». En: El Comercio [Lima]. 5 de julio.
4. El Comercio (2008). «Benavides a favor de transgénicos, mientras Brack se opone». Lima: 5 de julio.
5. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO (2001). Los organismos modificados genéticamente, los consumidores, la inocuidad de los alimentos y el ambiente. Roma: FAO

La desertificación en el Perú: retos y oportunidades

Por ROSARIO GÓMEZ

En 1994, el Perú suscribió la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Sequía (CNULDS); sin embargo, la prioridad asignada al tema, tanto en la agenda pública como en términos presupuestales, es limitada. Por tanto, resulta interesante conocer el significado e importancia de la desertificación; la situación de la desertificación en el Perú; y los retos y oportunidades.

¿QUÉ ES DESERTIFICACIÓN?

La desertificación es un proceso complejo resultante de la interacción de factores naturales y antrópicos. El concepto está asociado al manejo no sostenible de la tierra en zonas áridas, semiáridas y áridas subhúmedas, que lleva a que esta pierda sus características productivas y de soporte de las actividades productivas. Las zonas áridas se caracterizan por la reducida precipitación pluvial y elevada tasa de evaporación.

En el mundo, el 20% de las tierras áridas tiene problemas de desertificación por el manejo inadecuado del agua y la erosión eólica (Middleton y Thomas 1997) . Ello representa 6 millones de km2, lo cual equivale al doble de la extensión del territorio de la India. El problema de manejo no sostenible de la tierra tiene efectos adversos en 20 millones de habitantes en más de 100 países (MEA 2005) .

Esta situación afecta el desarrollo de actividades productivas y, por ende, el ingreso de la población; por lo general, población vulnerable de bajos ingresos.

Desertificación en África
Se estima que el 65% de la población total africana (485 millones de habitantes) está afectada por la desertificación. Cerca del 11% del área total africana (332 millones de hectáreas) corresponde a tierras áridas desertificadas debido a factores humanos.
El costo de la degradación de tierra en Madagascar, principalmente como consecuencia de procesos de deforestación, representa el 15% del PBI. En Ghana se ha registrado una pérdida de productividad anual de la tierra de 2,9% en todos los cultivos y ganadería por la erosión de la tierra y la pérdida de los nutrientes del suelo, lo cual representa entre 2% y 5% del PBI agropecuario.

Se registra una pérdida de ingreso anual entre US$ 332 y US$ 335 millones en Etiopía, y entre US$ 58 y US$ 68 millones en Mali.

Fuente: Banco Mundial (2009). «Africa-World Day to Combat Desertification, 2009». En: World Bank. 16 de junio. .

Entre los procesos y fuerzas motrices que contribuyen con la desertificación se incluyen: el sobreuso de agua, la deforestación, el cambio de uso de suelo, la ganadería extensiva, y las políticas públicas que no consideran el valor de los servicios ecosistémicos e incentivan su sobreuso o pérdida de calidad.

El funcionamiento de las actividades productivas que no consideran las consecuencias del estilo de producción en el equilibrio de los ecosistemas, genera costos económicos y sociales importantes. Los ecosistemas brindan una variedad de beneficios a la población y contribuyen a mejorar el bienestar humano. Estos se denominan servicios ecosistémicos y se clasifican en cuatro tipos: provisión (p. ej., agua, alimentos), regulación (p. ej., regulación del clima, ciclo hidrológico, autopurificación de agua y aire), soporte (p. ej., ciclo de nutrientes, fertilidad del suelo por la actividad de los microorganismos) y culturales (p. ej., espirituales, recreativos). El servicio de soporte es el que más sufre en un proceso de desertificación (MEA 2005).

Entre los servicios ecosistémicos que brindan los sistemas áridos, se incluye la provisión de vegetales y frutas, así como la producción ganadera, lo cual es parte de la alimentación de los productores agrícolas que viven en dicho sistema. De igual forma, la provisión de agua contribuye con el funcionamiento de los servicios de regulación y soporte, lo cual permite el desarrollo de pasturas, cultivos y atención de necesidades para la crianza de ganado y la población. La biodiversidad también desempeña un rol importante porque está vinculada con la producción de diversos servicios ecosistémicos.

Por ejemplo, la acacia africana ofrece forraje para el desarrollo del suelo, la generación de energía y los alimentos. Además, dicho cultivo facilita el ciclo de nutrientes y el desarrollo servicios culturales. De otro lado, dado que la producción agrícola en las zonas áridas está condicionada a la disponibilidad de agua, dependerá de las características del suelo la capacidad de almacenamiento de agua y su disponibilidad durante los períodos secos (MEA 2005).

LA DESERTIFICACIÓN EN EL PERÚ

En el Perú, la desertificación es un problema crítico y creciente por la pérdida de la capacidad productiva del suelo en las zonas de producción agrícola. El Perú tiene 3.862.786 hectáreas desertificadas, lo cual representa el 3% de la superficie total del país; a lo cual se suma 30.522.010 hectáreas en proceso de desertificación (Fuente: Inrena), lo cual equivale al 24% del territorio nacional o poco más de la superficie agregada de los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Puno y Piura. Una parte importante de la desertificación se encuentra en la costa norte (Piura-Lambayeque), la cual es un área importante de producción agrícola para la agroexportación. Las zonas áridas, subáridas y áridas subhúmedas reciben apenas el 2% de la precipitación pluvial que cae en el país.

La costa está afectada principalmente por la salinización. Es decir, el 40% de la superficie cultivada está afectada por este problema; mientras que en la sierra predomina la erosión de suelos, que afecta entre el 50% y 60% de los suelos en la zona (Andaluz et al. 2005) .

En el Perú, las causas de la desertificación están vinculadas con el manejo inadecuado del agua, el manejo productivo no sostenible; por ejemplo, prácticas agrícolas en tierras de elevada pendiente, sobrepastoreo, deforestación de lomas, bosques secos y matorrales, y minería con manejo eco-eficiente limitado. A ello se agrega la situación de pobreza de la población rural. En la costa norte se evidencia la tala indiscriminada del bosque seco, con la finalidad de obtener combustible barato; mientras que en los páramos de Cajamarca o en las punas de Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Puno se registra el uso intensivo del suelo y prácticas inadecuadas de cultivo (Cabrera 2005) .

Entre los impactos que genera la desertificación se incluyen: el deterioro del servicio ecosistémico de soporte, pues se reduce la capacidad productiva del suelo al modificarse el medio donde se desarrollan los distintos microorganismos que contribuyen con su fertilidad. Los suelos menos fértiles afectan la productividad agrícola, lo cual limita los ingresos de los productores y aumenta la inseguridad alimentaria de la población local. Como resultado, se agudiza la situación de pobreza local. De otro lado, la degradación de suelos en zonas áridas afecta la biodiversidad local. No solo se pierde la biodiversidad que habita en los suelos, sino también aquella que se desarrolla en los campos productivos.

Finalmente, la desertificación en la zona aumenta la vulnerabilidad de la población frente al cambio climático y a los eventos extremos debido a que la degradación del suelo incrementa el riesgo de deslizamientos de tierra, y reduce la productividad del suelo y los ingresos. Por tanto, la capacidad de adaptarse a dichas situaciones se reduce, aumentan los costos de manejar la actividad agrícola y se agudiza la situación de pobreza local.

EL MARCO JURÍDICO-INSTITUCIONAL

El Perú suscribió la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Sequía (CNULDS) en 1994 y en 1995, el Congreso de la República aprobó dicho compromiso, que fue ratificado en la CNULDS en el año 1996. Además, se aprobó normativa importante para contribuir con la formación de una institucionalidad que favorezca el cumplimiento de los compromisos. Cabe precisar que la CNULDS cuenta con una Red Internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre desertificación, la cual es una estructura de facilitación conformada por las ONG y organizaciones civiles de base (OCB) comprometidas con la lucha contra la desertificación.

Con la finalidad de promover la implementación de la CNULDS con la participación de los actores claves, se constituyó la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía (Conaldes) en el año 2006. A partir de 2008, el Ministerio del Ambiente es el responsable de formular la política nacional de lucha contra la desertificación y sequía. Por su parte, la Conaldes se ha constituido en un espacio integrador que favorece la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno con las comunidades afectadas, las ONG, el sector privado y la población.

DESERTIFICACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO


La desertificación se agudiza por el cambio climático. El Perú es considerado como uno de los países más sensibles al cambio climático por la variedad y fragilidad de los ecosistemas. El cambio climático afecta el régimen de lluvias, quedando zonas expuestas a lluvias más frecuentes e intensas o, en su defecto, a períodos de prolongada sequía. Además, la variabilidad climática afecta la frecuencia e intensidad del Fenómeno El Niño.

La reducida disponibilidad de agua en las zonas áridas, que es fundamental para la producción, se agudiza porque aumenta la evaporación debido a las mayores temperaturas. Además, las plantas pierden agua cada vez absorben el dióxido de carbono. De otro lado, si en algunas áreas aumenta la lluvia, lo cual mejora la capacidad productiva, el aumento de temperatura puede estar por encima del óptimo e incrementar la evaporación de la superficie del suelo, con la consecuente reducción de la humedad en el mismo.

Diversos investigadores coinciden en que el cambio climático exacerba la deforestación. Además, amplía los efectos negativos de la desertificación y eleva los riesgos de degradación de suelo y aumenta los costos de intervención para implementar medidas de adaptación o mitigación.

RETOS Y OPORTUNIDADES
El tema de manejo sostenible de la tierra para combatir la desertificación ofrece un conjunto de oportunidades y retos. En cuanto a las oportunidades, se puede trabajar en los siguientes aspectos:

• Diseñar programas y proyectos articulados entre las convenciones de Cambio Climático, Diversidad Biológica y Desertificación, dada la estrecha vinculación entre los objetivos y temas clave que abordan en cada convención. De esta manera, se puede optimizar el uso del recurso financiero, aprovechar economías de escala y sinergias entre programas y proyectos; y además, realizar una mayor difusión al tema de desertificación.
• Incorporar el componente de manejo sostenible de la tierra en los programas y proyectos de alivio a la pobreza en zonas áridas del ámbito rural, dada la estrecha relación entre pobreza y áreas desertificadas.
• Diseñar e implementar programas de investigación que capitalicen las fortalezas del sector académico y los centros de investigación científica y las urgencias de las políticas públicas, con la finalidad de brindar una comprensión integral del tema de desertificación en las diferentes partes del país y plantear propuestas de políticas integrales para promover el manejo sostenible de la tierra.

En el diseño de una agenda de investigación, se pueden tener en cuenta los siguientes temas:

o Análisis de la naturaleza, los alcances y la severidad de la desertificación y sequía. Relación entre desertificación y agricultura.
o Estudio de las instituciones y políticas en materia de desertificación, en diferentes niveles (internacional, nacional, regional y local).
o Tecnología y mejora en el manejo productivo y mejora en el ingreso del productor, sobre la base del conocimiento tradicional y la tecnología apropiada.
o Diseño de indicadores integrados: servicios ecosistémicos, productividad, competitividad y reducción de pobreza.
o Valoración de los servicios ecosistémicos.
o Pago por servicios ecosistémicos y competitividad.

El reto que plantea el abordaje de la desertificación, al igual que diversos temas económico-ambientales-sociales, está en el estilo de la formulación de las políticas públicas. El hecho de vivir bajo situaciones inciertas o desconocidas exige de políticas adaptativas, en los respectivos ámbitos nacional, regional y local, para enfrentar problemas ambientales globales y/o locales. Este tipo de políticas está cobrando importancia debido a su efectividad bajo contextos complejos, dinámicos e inciertos (Swanson y Bahdwal 2008) . En este sentido, se sugieren algunos elementos por tener en cuenta en el nuevo estilo de formulación de las políticas públicas:

• Formular e implementar políticas públicas integrales que incorporen, cuando sea pertinente, los objetivos y compromisos asumidos en los acuerdos internacionales suscritos, como en el caso de las convenciones de Cambio Climático, Diversidad Biológica y Desertificación.
• Diseñar e implementar estrategias de financiamiento conjunto entre las convenciones indicadas para optimizar el uso de los recursos provenientes de la cooperación internacional.
• Promover la participación de los actores locales en la discusión de los programas y proyectos con la finalidad de estar no solo respaldados, sino procurar asegurar su continuidad a lo largo del tiempo, cada vez que sea pertinente.

El tema de desertificación en el mundo adquiere importancia creciente y se tiene la oportunidad abordarlo desde una perspectiva estratégica e integrada, lo cual se puede constituir en un componente para contribuir a reducir la pobreza de las poblaciones locales, reducir la vulnerabilidad y mejorar la conservación de los servicios ecosistémicos. De esta manera, el manejo sostenible de la tierra contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población, en un contexto de desarrollo sostenible.

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1. Artículo preparado sobre la base del documento de discusión Gómez, Rosario (2009). Desertificación y producción agrícola: El caso de la microcuenca de Río Seco. Lima: CIUP.
2. Middleton, N.J. y Thomas, D., 1997. World atlas of desertification (2nd edition). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). Wiley, 182p.
3. Millenium Ecosystem Assessment-MEA (2005). «Dryland Systems». En: Ecosystems and Human Well-Being: Current State and Trends. Vol. I. Washington, D.C.: Island Press, pp. 625-662.