miércoles, 17 de febrero de 2010

Suspenden indefinidamente minera Afrodita en Amazonas‏

Empresa no pudo acreditar el derecho de uso del terreno a ser explorado. Ejecutivo reaccionó antes que comunidades nativas amazónicas se movilicen en contra de operaciones.
El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunció la suspensión indefinida de las actividades de exploración que desarrollaba la compañía minera Afrodita en la Cordillera del Cóndor, en la provincia de Condorcanqui (Amazonas).
Sanchez, sostuvo que la empresa minera no pudo acreditar el derecho de uso del terreno a ser explorado, por lo que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), dentro de sus competencias y rol sancionador, procedió a suspender dichas operaciones.
"Al no haberse materializado la autorización y conforme al texto unificado de la ley de Minería, Osinerming, ha procedido a suspender este proceso exploratorio de manera indefinida", enfatizó el titular del MEM, luego de participar en la reunión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, al referirse al tema, precisó que ésta importante información tiene mucho que ver con la movilización que preparaban algunas comunidades indígenas en la zona de la Cordillera del Cóndor, con el propósito de mostrar su desacuerdo con las operaciones de esta minera.
"Osinergmin ya tomó una decisión para dejar sin efecto toda actividad exploratoria en esa zona", puntualizó el premier.
Aproximadamente, 52 comunidades nativas amazónicas de la Cordillera del Cóndor habían denunciado a la Compañía Minera Afrodita por contaminar con mercurio y cianuro los ríos Cenepa y Marañón, en la zona fronteriza entre Perú y Ecuador afectando a más de trece mil pobladores indígenas.

martes, 16 de febrero de 2010

Pesqueras y siderúrgicas contaminan la bahía El Ferrol en Chimbote

El Ministerio del Ambiente señala que especies de la fauna marina como la anchoveta pueden desaparecer.
La ensenada se ha convertido en el basurero de Chimbote. (USI)
Por Martín Sánchez Jorges
Lo que antes fue un pequeño balneario que atraía a los turistas, hoy se ha convertido en un temible foco infeccioso para los pescadores y para la población de Chimbote. De acuerdo con Raúl Roca, director general de la oficina de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, el indiscriminado crecimiento de las industrias pesquera y siderúrgica en la bahía El Ferrol ha dañado su ecosistema hasta un punto crítico.
“Especies de la fauna marina como la anchoveta corren el riesgo de desaparecer si las 33 plantas pesqueras principales que allí explotan ese y otros recursos siguen afectando el medio ambiente sin que se haga nada para remediarlo”, dijo el funcionario.
Agregó que, por ello, el Ministerio del Ambiente (Minan) viene ejecutando el Plan de Recuperación Ambiental de la Bahía El Ferrol. “Uno de los avances de este programa es el acuerdo con las compañía pesqueras para realizar, en conjunto, un tratamiento de las aguas residuales y, así, evitar que el daño ecológico continúe”, sostuvo Roca a Perú.21.
TIENE SALVACIÓN. Indicó que lo que se hará es recolectar las descargas de residuos solidos de estas compañías y las que emiten los distritos de Chimbote y de Nuevo Chimbote, para llevarlas a una zona segura donde verterlas. Empero, manifestó, también hay que tener en cuenta la contaminación del aire que ocasionan las siderúrgicas instaladas en la zona.
“Este lugar puede volver a ser una bonita ensenada recreativa para los veraneantes del norte, solo hay que trabajar con ganas y empeño”, acotó.
DATOS
La bahía El Ferrol se ubica en la provincia del Santa, a aproximadamente 450 kilómetros al norte de la capital.
De acuerdo con el Minan, tiene una extensión de 11.1 kilómetro de largo y 6.5 kilómetros de ancho.

lunes, 15 de febrero de 2010

Se pierden US$ 220 millones por la tala ilegal en Perú

Ahora van a fiscalizar la extracción de madera en 7 millones de hectáreas de bosques, sobre todo de cedro y caoba.
Cada año nuestro país pierde 220 millones de dólares por tala ilegal de especies selectivas como el cedro y la caoba. A raíz de ello, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) en enero de 2010 inició la fiscalización de más de siete millones de hectáreas de bosques de producción permanente. Precisamente, en el Perú existen 556 concesiones forestales maderables, que equivalen a 7,1 millones de hectáreas.
El año pasado se efectuaron 78 supervisiones a concesiones forestales y se detectó que 46 incumplieron los contratos suscritos con el Estado, por lo que se les ha iniciado Proceso Administrativo Único (PAU), que podría culminar con la declaratoria de caducidad.
La nueva etapa de supervisiones se inició el jueves 28 de enero en la concesión forestal maderable Pumaquiro S.A.C., ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios.
Hasta ese lugar llegó un grupo de ingenieros forestales comandados por el presidente ejecutivo del Osinfor, Richard Bustamante, y por el director de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, ingeniero José Ríos, quienes, luego de sortear las inclemencias del clima y de cruzar las caudalosas aguas del río Yaverija, evaluaron los árboles, los patios de trozas y las actividades de tumba y arrastre de la madera, con la finalidad de constatar que se cumpla con el plan operativo anual y con el programa general de manejo forestal. Anteriormente, esta concesión fue sancionada por una falta leve, pero ya han levantado las observaciones que se hicieron.

sábado, 13 de febrero de 2010

Hallan presuntas irregularidades en el 34% de ONG fiscalizadas

Algunas de las infracciones son por mal uso de recursos o dar datos falsos. APCI estima que este año se reducirá la cooperación internacional
Por: Héctor Villalobos
Viernes 12 de Febrero del 2010
No siempre la ayuda que envían los gobiernos o los organismos llega a los destinatarios, es decir, a los más pobres del país o a los sectores que enfrentan un problema específico. Muchas veces, las donaciones, sea dinero, ropa u otros objetos, no llegan a quienes deberían ser los beneficiados.
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) presentó ayer los resultados de su plan anual de fiscalización para el 2009. Una de las principales conclusiones es que el 34% de las entidades que reciben ayuda internacional cometieron presuntas irregularidades.
El director ejecutivo de la APCI, Carlos Pando Sánchez, informó que entre las irregularidades cometidas están el uso ilícito de facilidades, la presentación de información falsa, el uso indebido de un recurso o su aplicación para un fin distinto y la no presentación de documentos.
Entre las entidades involucradas se encuentran ONG peruanas (27), entidades extranjeras de cooperación internacional (4) e instituciones receptoras de donaciones (3).
En total, la APCI fiscalizó a un centenar de entidades. En 66 de ellas no se encontraron irregularidades. Las otras 34 son las que están comprometidas en estas presuntas infracciones.
El funcionario hizo énfasis en la palabra “presuntas” ya que dichas ONG se encuentran aún en un proceso administrativo y están a tiempo de presentar sus descargos. En caso de confirmarse sus responsabilidades, podrían ser sancionadas con una amonestación, suspensión temporal o con multas que podrían llegar hasta los S/.180.000 (50 UIT), de acuerdo con la gravedad de la infracción.
Pando Sánchez explicó que, según las normas vigentes y una sentencia del Tribunal Constitucional, la APCI solo puede fiscalizar la ayuda internacional que proviene de fuentes públicas, ya sea de países o de organismos multilaterales (BID, Banco Mundial, etc.). No puede hacer lo mismo con las donaciones de origen privado, salvo aquellas que estén sujetas a beneficios tributarios del Estado. Tampoco puede disponer la cancelación definitiva de las organizaciones. El monto de la ayuda proveniente de fuentes públicas hacia nuestro país alcanzó el año pasado unos US$130 millones. La suma que manejaron las instituciones fiscalizadas fue de US$13 millones, es decir, el 10% del total.
EL RÁNKING
En la lista de las ONG que más presupuesto ejecutaron el año pasado figura en primer lugar el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, con un total de US$6’010.677. Lo siguen la Asociación Solaris Perú (US$5’957.700); la Sociedad Peruana de la Cruz Roja (US$5’719.518) y Cáritas del Perú (US$5’609.762).
En el undécimo puesto figura el Instituto Trabajo y Familia, de la esposa del presidente Alan García, Pilar Nores. El presupuesto ejecutado por esta institución se incrementó en 403% del 2008 al 2009.
En cuanto a las instituciones extranjeras, el primer lugar lo ocupa Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE), con US$24’134.707.
Los mayores cooperantes son la Fundación Ayuda en Acción de España; el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.
Pando dijo que en los últimos años la cooperación extranjera en el Perú llegó a casi US$500 millones, pero estimó que este año la cifra será menor, debido a la crisis financiera internacional y a la mejora de los indicadores económicos de nuestro país.
Francisco Soberón, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC), que agrupa a diversas ONG, dijo que la labor de la APCI se ha moderado respecto a la retórica que tuvo hace un tiempo, pero señaló que algunas entidades son fiscalizadas más de una vez en un año. No obstante, señaló que en las organizaciones de su institución existe total disposición a la transparencia.
“En todas partes se cuecen habas. Hay unas ONG que son cumplidoras y hay aquellas que evaden sus responsabilidades”.FRANCISCO SOBERÓN. PRESIDENTE DE LA ANC
LAS CIFRAS2.726ONG dedicadas a temas de desarrollo existían en el Perú al 31 de diciembre pasado.
979Tienen su inscripción vigente. Las restantes 1.747 no la tienen.
232Entidades extranjeras de cooperación internacional están debidamente registradas en el Perú.
661ONG peruanas presentaron su declaración anual del período 2008-2009 ante la APCI.
85Instituciones extranjeras hicieron lo mismo, así como 60 entidades públicas.

Vuelve la amenaza de autos chatarra: jueza autoriza ingreso de 950 vehículos usados ilegales

Algunas unidades tienen hasta 20 años de fabricación, más antiguos que lo permitido por ley. “Hablen con mis abogados”, dice empresario que sería favorecido
Sábado 13 de febrero de 2010 - 09:04 am
Por: Ricardo Serra Fuertes
Nuevamente hay el riesgo de que entre al país una numerosa cantidad de automóviles usados que exceden la antigüedad permitida por la ley (hasta 5 años los vehículos gasolineros y hasta 2 años los petroleros). La jueza Dora Carhuamaca, del Segundo Juzgado Civil del Callao, a solicitud de Auto Partes Diésel Álvarez, concedió una medida cautelar y dispuso el ingreso al país de 946 vehículos chatarra, algunos de los cuales tienen hasta 20 años de antigüedad.
Según documentos proporcionados por la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (Araper), Auto Partes Diésel Álvarez compró 82 de estos vehículos a M Y A Used Cars cuando estuvo vigente una medida cautelar que esta última obtuvo en el 2006, la cual fue luego revocada.
En noviembre del 2009, Auto Partes Diésel Álvarez demandó que se permita el ingreso al país de otros 864 vehículos usados, que también exceden la antigüedad máxima permitida. Estos 864 autos fueron adquiridos por Auto Partes Diésel Álvarez a las empresas M Y A Used Cars, R & S International, World Cars Import, MGM Trading Co., Import Export Vizcar y Kanagawa Corporation (estas dos últimas, de propiedad de César Cataño, investigadas por presunto lavado de activos). En todos los casos la compra se hizo aprovechando diversas medidas cautelares que después fueron dejadas sin efecto.
IRREGULARIDADESSegún Paul Concha, abogado especialista en temas de transporte del estudio Lozada & Castle Abogados, las medidas cautelares son “provisorias, instrumentales y variables”, es decir, no otorgan un derecho definitivo a las partes que la obtuvieron, por cuanto están condicionadas a lo que finalmente se decida en la sentencia.
“De tal manera, no es posible invocar los derechos de seguridad jurídica, debido proceso, libre contratación y derecho de propiedad sobre la base de una medida provisional que posteriormente fue dejada sin efecto”, agregó Concha.
Además, señaló que la jueza no ha considerado que, tratándose en el fondo de inaplicación de requisitos técnicos de calidad para la importación de vehículos usados establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la acción de amparo de Auto Partes Diésel Álvarez y su medida cautelar debieron ser entabladas en contra del MTC.
EMPRESARIOEste Diario buscó la versión de David Arcondo, gerente de Auto Partes Diésel Álvarez, quien dijo que efectivamente había adquirido los vehículos a las empresas en mención.
“No estoy en Lima, estoy en Tacna. Si quieren saber algo, les voy a decir a mis abogados que conversen con ustedes”, señaló, antes de decidir, unilateralmente, terminar la conversación.
LAS CIFRAS37.284Vehículos usados fueron importados al Perú en el 2009, una caída de 18,7% frente al 2008.
76.932Vehículos nuevos se vendieron en el Perú en el 2009, una caída de 20,3% con respecto al 2008.
7Son las principales marcas de vehículos usados importados: Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, KIA, Honda y Mazda.
100Es aproximadamente el número de marcas de vehículos usados importados.
http://elcomercio.pe/noticia/414295/vuelve-amenaza-autos-chatarra-jueza-autoriza-ingreso-950-vehiculos-usados-ilegales

Inambari y el ausente Estado peruano

Por Humberto Campodónico
En el 2009 se firmó un Memorando de Entendimiento entre el Perú y Brasil, concebido como un paso hacia un Tratado de Integración Energética que debiera suscribirse este mes o el próximo. Si bien el tratado tiene múltiples aspectos, el más importante se refiere a la construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana.
Estas cinco centrales alcanzarían una potencia de 6,673 MW, lo que equivale a la capacidad actual total del Perú de 6,691 MW. Inambari, con 2,000 MW, sería más grande que la hidroeléctrica del Mantaro de Electroperú (900 MW). ¿Cuánto costaría? En su reciente libro, el Ing. Marc Dourojeanni, ex funcionario del Banco Mundial y del BID, dice que unos US$ 16,000 millones (1).
No cabe duda de que el Perú necesita energía para su crecimiento futuro. Si estos proyectos entran en producción en los próximos años (cada proyecto demora más o menos 5 años), es evidente que esas necesidades estarían satisfechas.
Pero, un momentito. La cosa no es tan simple como equiparar demanda con oferta. Hay otros requisitos. Uno es saber cómo se va a repartir la energía producida. Es obvio que no se pueden volver a repetir los “errores” de Camisea (que no son “errores” sino producto de la presión de los “lobbies” exportadores, como lo sabe todo el Perú) y que la energía se vaya al Brasil. Ha asegurado el ministro de Energía que el Perú determinará sus necesidades y solo el remanente se exportará. ¿Será?
¿Cuánto durarán las concesiones? Se dice que serán por 30 años y después revierten al Perú. ¿Será?
¿Quiénes serán los propietarios? Por el lado de Brasil, ya está claro: va a ser la estatal Eletrobrás, asociada con empresas privadas, y con financiamiento de la gigantesca banca de fomento BNDES. Dice Dourojeanni que aquí hay “un círculo vicioso que incluye consultores, empresas de construcción, bancos multilaterales y políticos”. Ojo.
Por el lado peruano, solo se sabe que la estatal Electroperú no puede participar por el criterio neoliberal de la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial. Miren ustedes.
Otro tema clave: ¿cuáles son las consecuencias ambientales y sociales? Se van a inundar amplios territorios y se va a desplazar a miles de personas. ¿Vale la pena? Según muchos expertos, el efecto es negativo. Es clave, entonces, un amplio debate nacional, lo que no se condice con la premura.
Brasil tiene un plan de desarrollo nacional y sabe exactamente los “porqués” de su interés en este proyecto. Muy bien. Pero, ¿y el Perú? Allí está el problema, porque no tenemos Plan Nacional de Desarrollo alguno.
Dice Dourojeanni que cada una de las propuestas para la Amazonía (que incluyen, además, lotes petroleros y explotación minera) “tiene un carácter aislado en su formulación, sin justificaciones económicas o sociales plausibles, sin ninguna reflexión sobre las implicaciones de cada uno sobre los demás ni, mucho menos, sobre sus efectos colaterales. Se proponen carreteras nuevas sin plantear proyectos correlativos de desarrollo rural; se provocan migraciones sin considerar mejorías proporcionales en educación y salud”.
Agrega: “Cuando se analiza el rol de los actores responsables del ‘paquete’ de proyectos, que en verdad ni siquiera es presentado como tal por el gobierno peruano, se descubre, con sorpresa, que sus elementos más significativos no son originados en el Perú que, apenas, pone ‘a la venta’ u ofrece ‘en subasta’ sus necesidades aparentes de infraestructura y sus recursos naturales” (ídem).
Así, la importante y necesaria integración energética con el Brasil tiene un gran talón de Aquiles: que el Estado peruano actual no tiene credibilidad alguna para planificar el desarrollo del país en el largo plazo (tampoco hay un Plan de Desarrollo Territorial). Y, lo que es peor, no hay voluntad política para corregir esta situación. Ese es el problema.
(1) Amazonía Peruana al 2021, Lima, 2010.

Marina interviene cinco barcos que extraían oro en el río Napo

Esas naves ilegales usaban algunos insumos químicos que fueron decomisados
Sábado 13 de febrero de 2010 - 08:26 am
En esta intervención participaron miembros de la Marina de Guerra, un helicóptero MI-8T, dos cañoneras fluviales, cinco lanchas de interdicción y dos patrullas de infantería de selva, los cuales detectaron que en las inmediaciones de los poblados de Sara Isla y San Lorenzo operaban estas embarcaciones que se dedican a la extracción ilegal de oro del lecho del río, pero sin ningún tipo de control.
En esas naves también se encontraron insumos químicos contaminantes, que son vertidos al río durante las operaciones de extracción. Estos fueron decomisados en presencia de representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Antes de realizarse esta acción, el personal de la Marina desarrolló un trabajo de inteligencia con el fin de detectar las zonas donde trabajaban estas embarcaciones ilegales.
Los encargados de manejar las dragas fueron puestos a disposición de los representantes del Ministerio Público, quienes se encargarán de las investigaciones del caso.
100Integrantes de la Marina de Guerra del Perú participaron en esta operación llevada a cabo en el río Napo, la cual que se repetiría en unos días.
140Dragas operan en Madre de Dios, según un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente. El Comercio denunció este hecho el año pasado.
http://elcomercio.pe/noticia/414286/marina-interviene-cinco-barcos-que-extraian-oro-rio-napo

Cada vez hay más alimentos transgénicos en el Perú y nadie sabe cuáles son

Lo que hay son verdades a medias, legislación incompleta, riesgos insospechados, silencio y desinformación
Sábado 13 de febrero de 2010 - 08:44 am
Por Juan Carlos Cuadros
El debate sobre los alimentos transgénicos o modificados genéticamente es interminable y los argumentos a favor y en contra se cruzan de un lado a otro.
Pero el tema es más serio de lo que uno imagina, más aun si estos alimentos ya son parte de la dieta de los peruanos: salchichas, fécula de maíz, soya, margarina, harina, aceite, leche entera en polvo, cereales, etc. Y están en su mesa sin que usted se dé cuenta y nadie se lo advierta. No hay ley que regule su etiquetado, no hay nadie que dé cuenta de ello.
“Tal parece que vendieron la piel del zorro sin cazarlo. Es decir, alguien dice garantizar nuestra seguridad alimenticia sin demostrarla al 100%. Ni siquiera la Ley 27104 o Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, aprobada sin mayor debate, puede aplicarse a nuestro favor”, asegura Ymelda Montoro, bióloga y coordinadora de la Unidad de Incidencia Política de la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA).
“Esta dispuso que los organismos sectoriales —Pesquería, Salud y Agricultura— determinarían el procedimiento para el registro de transgénicos, pero nadie puede hacer nada, y menos sancionar su incumplimiento, si no hay reglamentos”, puntualizó.
PRÓXIMA REUNIÓന
Montoro dijo que en diez días se reunirá el Grupo Técnico sobre Biodiversidad Biológica y, en ella, algunos de sus integrantes, pedirán incluir al Ministerio del Ambiente en este colectivo para que tenga voto en sus decisiones.
En tanto los congresistas se resisten a debatir el proyecto de ley 2601 sobre etiquetado de productos transgénicos. Los peruanos tenemos derecho a saber qué comemos.
Artículo 10, Ley 27104: “El Estado, a través de sus organismos competentes, evaluará los impactos negativos a la salud humana, al ambiente y a la diversidad biológica…”.
Decreto Supremo 007-2005-SA: “El rótulo o etiqueta de los sucedáneos debe estar en idioma español y consignar la composición y análisis del producto [...], así como la declaración si contiene algún ingrediente transgénico o grasa trans”.
Art. 15. Ley de Protección al Consumidor: Los proveedores están obligados a consignar en forma veraz la información sobre los servicios y productos que ofrece.
http://elcomercio.pe/noticia/414289/cada-vez-hay-mas-alimentos-transgenicos-peru-nadie-sabe-cuales-son

viernes, 12 de febrero de 2010

Gobierno priorizará remediación de 119 pasivos mineros

En la víspera, el viceministro de Minas, Fernando Gala, reveló que el gobierno priorizará la remediación de aproximadamente 119 pasivos mineros en la provincia de Hualgayoc abandonados por la actividad minera antigua en esa zona del país y además controlará a las compañías mineras Culquirumi y Corona a cumplir su compromiso en este tema.
“El Gobierno –a través del Ministerio de Energía y Minas- ha priorizado a la provincia de Hualgayoc para atender los pasivos mineros. De los 969 pasivos identificados, el Estado asumirá la remediación de 119 a pesar que no le pertenecen”, sostuvo Gala.
“Hay mineros que no quieren reconocer estos pasivos ambientales, no importa nosotros lo asumiremos y luego los ubicaremos para que paguen por esto”, enfatizó el viceministro.
Gala llegó a la capital de esta provincia cajamarquina encabezando un equipo de funcionarios de diferentes direcciones del Ministerio de Energía y Minas, Osinerming e Ingemmet, con el objetivo de presentar información técnica relacionada a la remediación de los pasivos ambientales en la provincia de Hualgayoc.

A fines de mes culmina estudio de Inambari

Entregarán el análisis de factibilidad al Gobierno. El viceministro Cámac opinó que la producción de la central no alcanzaría para exportar.
Los 2,000 megavatios que, según se calcula, producirá la central hidroeléctrica de Inambari alcanzarían solo para abastecer al mercado peruano y no se exportarían a Brasil, de acuerdo con estimaciones preliminares que han efectuado las empresas a cargo de la concesión de la obra.
Así lo reveló el viceministro de Energía, Daniel Cámac, quien detalló que la demanda actual de electricidad en el país es de 5,000 megavatios. “Si sigue creciendo entre 6% y 7% al año, en los p*róximos 20 años necesitaremos 25,000 megavatios”*, dijo a Perú.21.
Anotó que la construcción de dicho proyecto tomaría entre cinco y seis años, tiempo durante el cual el mercado peruano podría absorber la nueva energía generada.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. Actualmente, el consorcio que tiene la concesión de Inambari –integrado por las firmas Electrobras, Furnas y OAS– se encuentra en la etapa final de la elaboración del Estudio de Factibilidad de la hidroeléctrica. Cámac manifestó que el documento podría ser entregado al Ministerio de Energía y Minas dentro de dos semanas para su aprobación.
A la par, viene elaborando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que le podría tomar “tres o cuatro meses más”, anotó el viceministro. El tiempo podría alargarse si se toma en cuenta que el consorcio ha encontrado oposición en varios de los centros poblados de la zona de influencia del proyecto.
El funcionario estima que, para ejecutar el mismo, unas 2,000 familias deberán ser reubicadas. “Para un proyecto de este nivel, la población involucrada es mucho menor en comparación con otros países”, refirió.
POR SI ACASO... Para asegurar el abastecimiento al mercado peruano, en el convenio de cooperación energética que se firme con Brasil se establecerá que “la prioridad la tendrá el servicio público regulado a una tarifa especial”, afirmó el viceministro.
“Todo lo que no requiera el servicio público será vendido al mercado privado peruano: grandes industriales y mineras. Solo lo que no se coloque aquí se podrá vender a Brasil a un precio mayor que garantice la rentabilidad de la inversión”, anotó Cámac.
En total, se trata de cinco centrales hidroeléctricas que los empresarios brasileños construirían en nuestro país. Paquitzapango es el otro proyecto que cuenta con una concesión temporal, pero que, hasta el momento, no tiene estudios.
Notas relacionadas
23/01/10 - Puno: minería informal tras protestas en Inambari
16/01/10 - Detectan tala ilegal de árboles en Puno
13/01/10 - Empresarios de Puno apoyan el proyecto Inambari

viernes, 5 de febrero de 2010

La Reserva Nacional Pacaya Samiria celebra 28 años de creación como área protegida

La mayor extensión de bosque inundable en la Amazonía peruana ofrece una riqueza de recursos en flora y fauna a más de 92 mil personas
Viernes 05 de febrero de 2010 - 01:50 pm
La Reserva Nacional Pacaya Samiria conmemora hoy sus 28 de años de aniversario con diversas actividades orientadas a involucrar a la comunidad local en el trabajo de conservación del área protegida.
Asimismo, se viene desarrollando una campaña de difusión sobre la historia de la Reserva, que permita conocer de cerca las experiencias emprendidas por los especialistas y guardaparques, custodios del patrimonio natural del país.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), a través de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, protege la mayor extensión de bosque inundable en la Amazonía peruana, que ofrece una riqueza de recursos a la población asentada en el área con 92,125 personas aproximadamente, las mismas que están distribuidas en 208 centros poblados (caseríos, poblados menores y comunidades), dependiendo su calidad de vida de la conservación de los recursos naturales del área.
EXUBERANTE FLORA Y FAUNAEn la RNPS habitan numerosas comunidades, tanto nativas y tradicionales como de colonos relativamente recientes. Su territorio ofrece beneficios a miles de personas en la zona y en las ciudades vecinas, así como la posibilidad de realizar un turismo de primer nivel para conocer la Amazonía peruana.
En sus linderos convive una exuberante variedad de flora y fauna silvestre: 553 especies de aves 132 de mamíferos; 58 de anfibios; 69 de reptiles; 259 de peces y 1204 especies de plantas descubiertas hasta el momento.
Actualmente existen importantes avances en la gestión y manejo de los recursos naturales en Pacaya Samiria; se han aprobado planes de manejo para los recursos pesqueros y forestales no maderables que se vienen implementando adecuadamente en diferentes sectores de la Reserva.
http://elcomercio.pe/noticia/410889/reserva-nacional-pacaya-samiria-segunda-mas-grande-peru-celebra-28-anos-creacion-como-area-protegida

Mineros toman puente que une Arequipa con la costa como medida de fuerza por beneficios sociales impagos

Trabajadores de San Juan bloquearon única vía de acceso al sur. Trasnacional Century debe cerca de 9 millones de dólares en aportaciones, bonificaciones y descuentos de ley
Viernes 05 de febrero de 2010 - 02:07 pm
Cerca de 400 trabajadores de la mina San Juan, en Arequipa, tomaron esta mañana el puente Ocoña, vía obligatoria de paso hacia la Ciudad Blanca, Maquegua y Tacna, así como hacia Cusco y Puno, a raíz de las recintes lluvias en el sur.
La protesta de los mineros responde a que la trasnacional Century Mining –firma dueña del 60% de esta mina de oro, pues el restante es propiedad del sindicato de mineros- debe cerca de 9 millones de dólares a trabajadores activos y cesantes, por concepto de beneficios laborales y pensiones.
Como medida de fuerza, ya los trabajadores en pleno tomaron el martes el campamento minero, ubicado en la localidad de Río Grande, provincia de Condesuyos. Al no haber recibido una respuesta positiva de la Century ni del Ministerio de Trabajo, decidieron tomar el puente Ocoña, de la provincia de Camaná, pues la vía de ingreso a la mina se ubica a esta altura de la carretera Panamericana.
Un contingente policial al lado de un fiscal disuadieron a los mineros de seguir con su protesta, aunque la tregua es temporal, detalló el corresponsal de El Comercio en Arequipa, Carlos Zanabria.
Los trabajadores están a la espera de los resultados positivos de la reunión que hoy iba a sostener su dirigente sindical, Maurilio Saquicondori, con funcionarios del Ministerio de Trabajo, en Lima.
La mina San Juan tiene 660 trabajadores activos y 500 cesantes, que se habrían perjudicado a la hora de jubilarse o de acudir a la salud pública, a raíz de las aportaciones impagas de Century Mining.

miércoles, 3 de febrero de 2010

Después de Doe Run, quién salvará a La Oroya

Finalmente, y de manera por demás merecida, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha procedido a expulsar de sus filas a la estadounidense Doe Run, por la falta de voluntad que esa empresa reiteradamente ha mostrado para solucionar sus problemas y cumplir compromisos adquiridos con el país, sus trabajadores, acreedores, proveedores y sobre todo la comunidad, víctima directa del daño ecológico que generan sus actividades de procesamiento de metales.
Tal vez esta censura debió cumplirse antes. Si bien Doe Run empezó a operar en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en 1997, y en la mina Cobriza de Huancavelica, en 1998, en los últimos años ha faltado permanentemente obligaciones que son vitales.
En el 2001 anunció un agresivo plan de reforestación, pero en el 2005 solicitó al Ministerio de Energía y Minas una primera prórroga, que se le concedió al año siguiente. Desde entonces, ha venido postergando el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), pese a su relevancia para enfrentar esa especie de agonía que padece La Oroya y que la convierte en una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, con niveles insoportables de azufre en la atmósfera y enormes daños colaterales al sistema ambiental de la sierra central.
Según la SNMPE, Doe Run ha ejecutado el 52% del plan ambiental, pero aún debe invertir 160 millones de dólares más para adecuarse a estándares socioambientales que se niega a desembolsar, aduciendo miles de excusas. Lo mismo sucedió en el 2005, cuando sostuvo que la competencia china le había causado complicaciones financieras y que los problemas ambientales habían superado sus expectativas. Luego, fue la crisis financiera internacional, entre otras excusas.
A estas alturas, lo que el país demanda de manera prioritaria es que Doe Run simplemente abandone el país, aun cuando haya sometido a sus trabajadores a un nefasto círculo vicioso, que los lleva a soportar el paulatino deterioro de su calidad de vida porque la planta de procesamiento es el único trabajo que conocen.
En segundo lugar, el Gobierno tiene que hallar una salida producto de una alianza estratégica con el sector privado. Parafraseando al economista Michael Porter, el desarrollo del Perú solo será posible si el Perú eleva su competitividad. Y para dar ese salto, “el sector empresarial y el Gobierno deben colaborar para ayudar a crecer a todas las industrias existentes y emergentes”.
Al respecto, resulta atendible la propuesta del presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, de reconvertir La Oroya en una ciudad industrial. Además, podría estudiarse la aplicación de la ley que exonera del pago del Impuesto a la Renta (IR) a las actividades económicas realizadas en localidades ubicadas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Además del grave daño ecológico, no olvidemos que en La Oroya subyace un enorme problema social latente que corresponde al Estado atender con el concurso del empresariado y la sociedad civil.
Así como el Perú ha avanzado en el proceso de respetar los contratos con las empresas extranjeras, también tiene que exigir que estas cumplan con lo pactado, más aun cuando en riesgo está la vida de toda una ciudad y sus recursos ambientales.

lunes, 1 de febrero de 2010

Fiscalización y control del ruido ocasionado por el sobrevuelo de aviones en Bellavista y el Callao

IDLADS considera que en la determinación de la contaminación sonora que sufre el distrito de Bellavista, la Perla y Carmen de la Legua por el sobrevuelo de aeronaves, deberá tenerse en cuenta los Límites Máximos Permisibles establecidos en la Ordenanza Regional No 0036 de la Municipalidad Provincial del Callao referida a la prevención y control del ruido. En su defecto, tener en cuenta lo dispuesto por la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Ley General del Ambiente, establece que “en tanto no se establezcan en el país, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles y otros estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, son de uso referencial los establecidos por instituciones de Derecho Internacional Público, como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS).”
Finalmente, habiendo quedado constancia en la última reunión de la Comisión Ambiental Regional del Callao (CAR Callao), 28.01.10, que las aeronaves que sobrevuelan el distrito de Bellavista, la Perla y Carmen de la Legua son las que despegan de la Pista No 15 del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”, consideramos que la Fiscalía de Prevención del Delito debe Exigir se fiscalice a las aeronaves que parten de la citada pista para verificar si estan Cumpliendo el programa anti ruido cuando vuelan por zonas urbanas.