domingo, 9 de agosto de 2009

El temor al daño ambiental genera gran parte de los conflictos sociales

Por: Martín Huancas
La comunidad de Tumba, en Áncash; el centro poblado de Huambocancha, en Cajamarca; y la provincia de Huaytará, en Huancavelica, son ejemplos claro de que el diálogo es el camino más seguro para resolver conflictos. En julio se solucionaron las controversias que había entre los habitantes de esos pueblos y las empresas mineras y petroleras que operan dentro de su jurisdicción. Así, la comunidad obtuvo lo que pedía y los privados avanzaron sus trabajos.
Sin embargo, los finales felices para los conflictos sociales escasean, según da cuenta la Defensoría del Pueblo en su último informe brindado ayer a la prensa.
De acuerdo al estudio de la defensoría, en julio se presentaron 272 conflictos sociales, de los cuales 223 se encuentran activos (82%) y 49 en estado latente (18%). Durante el mes se registraron además 5 casos nuevos y 2 casos reactivados. Además, 104 conflictos se encuentran en proceso de diálogo y solo se han resuelto tres, justamente son los que citamos al inicio de esta nota.
TEMOR AL DAÑO AMBIENTAL
Los conflictos sociales más comunes, según la defensoría, tienen que ver con problemas socioambientales (125). De estos, el 70% (87 casos) corresponde a conflictos por actividades mineras, el 10% (12 casos) está relacionado con el sector hidrocarburos, el 8% (10 casos) está referido a residuos sólidos y saneamiento, el 5% (6 casos) a recursos energéticos, el 2% (3 casos) está relacionado con recursos hídricos, otro 2% (3 casos) es por la instalación de antenas de telefonía celular y 1% (1 caso) tiene que ver con tala ilegal en una zona de reserva.
El análisis defensorial profundiza también en las causas de estos conflictos y da cuenta de que el motivo más recurrente es el “temor a posible afectación ambiental” y la “supuesta contaminación generada”. Ambas causas están presentes en 98 de los conflictos socioambientales.
Al parecer esta causa generadora de conflictos ya es percibida por los mineros, según una encuesta hecha por Apoyo Comunicación Corporativa, en la cual afirman que son conscientes del problema que se alimenta de las malas prácticas de la minería informal, así como del mal antecedente que deja el manejo de la Minera Doe Run.
Sin embargo, este estudio debería ser complementado por el siguiente dato obtenido por defensoría: según el tamaño de las empresas que son parte en los conflictos, en tres de cada cuatro disputas está involucrada una minera grande o mediana, mientras que en el 20% restante aparece una pequeña minera o la actividad artesanal. Cabe recordar que la actividad extractiva en gran y mediano tamaño es de competencia del Poder Ejecutivo (Ministerio de Energía y Minas) mientras que la pequeña y artesanal de los gobiernos regionales. Es decir; si ese sector del Ejecutivo actuara con más eficiencia, los conflictos sociales disminuirían mucho.
LOS AUTORES DEL CONFLICTO
Al analizar a los involucrados en los conflictos socioambientales, defensoría destaca una mayor participación de las empresas extractivas, fundamentalmente mineras. En tres de cada cuatro casos. En los restantes, la representación de los agentes económicos son mineros informales y empresas no extractivas.
La participación de la sociedad civil recae en la mitad de los casos en la comunidad campesina, seguido por los centros poblados o caseríos y las formas de organización como frentes de defensa, comités de lucha, comités de desarrollo, entre otros.
Lo que también vale resaltar es que la participación del Estado en este tipo de conflictos se aprecia repartida entre el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales, así como en las municipalidades, ya sea provinciales o distritales. Son justamente los municipios distritales los más involucrados en estos casos.
ENFOQUE
El papel de los alcaldesEn su discurso pronunciado el 28 de julio pasado ante el Congreso, el presidente Alan García Pérez propuso la realización de una segunda vuelta para la elección de los presidentes regionales, en un intento por reforzar la legitimidad de este cargo.
Tomando como base este estudio que mensualmente nos entrega la Defensoría del Pueblo, creemos que es conveniente también que esa misma medida se aplique en el caso de las autoridades municipales, si tenemos en cuenta que son para el ciudadano la organización estatal más cercana que tienen.
¿Qué es lo que está pasando ahora? Si le damos un vistazo al listado de los conflictos sociales podemos encontrar que en la mayoría de los lugares donde hay problemas la figura del alcalde es muy débil o es superada por la presencia de otras organizaciones paralelas.
La realización de una segunda vuelta en las elecciones municipales serviría para reforzar la imagen del alcalde de tal manera que su representatividad no deje espacio para la aparición de organizaciones paralelas que luego son las que generan los actos de violencia.MARTÍN HUANCAS CHINGA. Editor de Regiones
CLAVES
Las cifras para tener en cuenta1 En julio se presentaron 125 conflictos socioambien-tales, 41 relacionados con gobiernos locales, 31 problemas laborales, 26 con el Gobierno Central, 15 de corte comunal, 14 enfrentamientos por demarcación territorial, 10 problemas de índole regional, 6 conflictos electorales, 3 enfrentamientos por cultivos ilegales de coca y uno por otros motivos.
2 Lima, Puno, Junín, Cusco y Cajamarca son las regiones con mayor número de conflictos sociales. También destaca la gran cantidad de problemas de alcance nacional.
3 Ucayali y Tumbes son las dos únicas regiones donde no hay conflictos.
4 Durante el mes de julio se produjeron tres acciones terroristas. En San José de Secce, Huanta, Ayacucho, fueron asesinados tres policías y dos civiles.
Fuente: El Comercio 09.08.09