miércoles, 10 de junio de 2009

El pleno del Congreso aprueba la suspensión indefinida de los decretos 1090 y 1064

(DPA) El Congreso del Perú suspendió hoy por tiempo indefinido la vigencia de una ley contra la que los indígenas amazónicos cumplen una huelga en el marco de la cual murieron al menos 33 personas el viernes. La suspensión fue lograda por un acuerdo coyuntural entre el oficialismo y fuerzas de derecha que derrotó al Partido Nacionalista Peruano (PNP) y sus aliados, quienes exigían por el contrario la derogatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
La iniciativa fue aprobada en primera votación por 57 votos contra 47 y una abstención. En seguida, el oficialismo y sus aliados también lograron, por 58 votos contra 33 y una abstención, que el tema fuera eximido de la segunda votación reglamentaria. Aunque la idea inicial era que la suspensión fuera por 90 días, al final se optó por el “tiempo indefinido” para no someter a presión las negociaciones.
Terminada la sesión, los parlamentarios del PNP se declararon en rebeldía y amenazaron incluso con quedarse indefinidamente en el lugar.Según el gobernante Partido Aprista Peruano y sus aliados en el caso, Unidad Nacional (UN, derecha) y Alianza por el Futuro (AF, derecha radical), la suspensión permitirá que el gobierno y los indígenas dialoguen en busca de una ley que satisfaga a las partes. Mientras ello ocurre, estará en vigencia el marco legal que existía antes de que se adoptaran los nuevos decretos.
Para el PNP y sus minoritarios aliados coyunturales de centro-izquierda y centro, la iniciativa del PAP, UN y AF realmente apunta a “mecer” (engañar) a los indígenas para que desistan de la movilización que desarrollan desde hace 62 días. La ley suspendida es resistida por los indígenas porque estiman que vulnera sus derechos para favorecer a las transnacionales. Aunque la oposición de los nativos también apunta contra otros seis decretos aprobados parta adecuar la legislación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la Ley Forestal, o decreto 1090, es el símbolo de las protestas.
La Comisión de Constitución del Congreso consideró en días pasados que el 1090 es inconstitucional. No obstante, ese dictamen no llegó a evaluarse en el plenario, por acciones del oficialismo que la oposición calificó de maniobras dilatorias. Otro decreto que también fue considerado ya inconstitucional por la Comisión de Constitución, el 1064, sobre régimen jurídico para el aprovechamiento de tierras con fines agrícolas, también quedó suspendido hoy en paquete con la Ley Forestal. Los demás decretos, según el oficialismo y sus aliados, seguirán vigentes pero serán revisados en el marco de los diálogos.
El canal de televisión N, que transmitió en directo desde Bagua, el lugar donde se desencadenó la tragedia del viernes, mostró que los indígenas apostados allí siguieron con expectación el debate a través de la radio, pero no tuvieron ninguna reacción ante el resultado, pues esperan que sus líderes se pronunicien.
Fuente: El Comercio del 10.06.09

Evaluación Ambiental Estratégica en el Perú (DAR, 2008)

Desde inicios de la presente década se ha intensificado en el Perú las políticas de promoción de actividades extractivas e infraestructura, resultando imposible en la actualidad medir e intentar mitigar los impactos ambientales y sociales que generan. Ello vuelve urgente y necesaria la implementación de mecanismos que permitan evaluar políticas, planes y programas, es decir las grandes decisiones políticas, lo que constituye la esencia de la Evaluación Ambiental Estratégica. En ese sentido, el presente documento presenta una propuesta para el diseño e implementación de la EAE en nuestro país, desde el análisis de la experiencia de la EAE para el programa de actividades de hidrocarburos del Bajo Urubamba, área de influencia del proyecto del gas de Camisea. Ver texto completo:

Compendio de Normas e Instrumentos sobre Pueblos Indígenas Aislados (DAR, 2007)

Este compendio de normas e instrumentos internacionales y nacionales sobre pueblos indígenas aislados reúne las normas e instrumentos jurídicos más importantes y esenciales para el conocimiento de los derechos de estos pueblos, especialmente del derecho a la tierra, al territorio y al aprovechamiento de los recursos naturales. Ver texto completo:

El pleno del Congreso aprueba la suspensión del decreto legislativo 1090 por 90 días

La medida se aprobó con 57 votos a favor, 47 en contra y una abstención.

EN ARGENTINA. Ley forestal causa controversia

Los bosques nativos argentinos están en disputa entre quienes basan su producción en el manejo forestal sostenible y aquellos que transforman importantes superficies forestales en tierras agrícolas y campos de pastoreo, debido a la aplicación de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Dicha ley limita la emisión y aprobación de permisos, tanto de deforestación como de aprovechamiento forestal sostenido por parte de las provincias del país y establece que, antes de emitir cualquier permiso, las provincias deben generar un plan de ordenamiento territorial de sus zonas boscosas, donde se defina qué áreas son pasibles de deforestar para la expansión agrícola o pecuaria y cuáles serán preservadas en estado natural para el mantenimiento y perpetuidad de la rica biodiversidad regional. Argentina cuenta en la actualidad con 33 millones de hectáreas de bosques nativos a lo largo de todo el país. Estas áreas silvestres son de interés particular o sobresaliente para la conservación de la biodiversidad, tales como algunas áreas que limitan con el Parque Nacional Calilegua, los corredores riparios a lo largo de los cursos de agua y los sectores de humedales. En estos territorios -hoy propiedad de particulares o lotes fiscales- las comunidades campesinas y aborígenes se han provisto desde siempre de los recursos necesarios para su sustento: peces, animales, frutos, raíces, miel, algarroba, materiales para sus viviendas y sus artesanías. “Lo lamentable es que el fallo no diferencia entre quienes fragmentan y degradan las superficies forestales para ampliar la frontera agropecuaria y aquellos que mantienen su producción según el manejo forestal sostenible, como por ejemplo las comunidades campesinas y aborígenes usuarias de los bosques desde hace muchos años. De manera que esta ley perjudica más a los sectores menos favorecidos, que tienen como actividad fundamental la actividad forestal”, declaró Alejandro D. Brown, Presidente de la Fundación ProYungas. Este tema ha generado gran preocupación y movilización en distintos sectores de la población. Unos ven en el cultivo de soya y la extracción forestal una oportunidad para la recuperación económica del país, pues en Argentina la extracción forestal genera exportaciones por más de mil millones de dólares y da empleo a más de 500 mil argentinos. En la última década con el desarrollo de la soya se comenzó a dar un impulso de transformación de grandes superficies de bosques a tierras agrícolas. “La expansión de la actividad agrícola, necesaria para la compañía (Ledesma) debido a los mercados competitivos en los que participa y para la comunidad en términos de desarrollo económico, debe realizarse teniendo en cuenta el principio de sustentabilidad ambiental. Ello implica consultar a los referentes académicos y sociales de otros sectores (gobierno provincial, administración de parques nacionales, ONG ambientalistas) e incorporar sus conocimientos o visiones a la propuesta de expansión”, sostuvo la empresa maderera argentina Ledesma.
En el archivo adjunto encontrará el documento de la ley.
DOCUMENTO DE LEY
Fuente: http://www.proyungas.org.ar/ y InfoAndina

Manual de capacitación. Descentralización de la Gestión de las Áreas Protegidas en América Latina

Autor: Carlos Castaño Uribe
Información relevante para: Este manual busca contribuir con las instituciones nacionales en sus tareas de capacitación y ejecución. Hace parte de una serie de acciones realizadas en el marco de la Red Latinoamericana de Cooperación Técnicas en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES), que incluyó la realización de un foro electrónico y de un seminario/taller para los profesionales de los sistemas de áreas protegidas de los 19 países miembros de la Red.Este trabajo busca analizar los aspectos más importantes de la diversidad de tipos de gobernanza de las áreas protegidas en América Latina y los diferentes tipos de modelos que se están utilizando, evaluando hasta que punto éstas prácticas han permitido mejorar los objetivosde conservación. Se realiza en el marco acordado entre la FAO y el Organismo Autónomo Parques Nacionales de España (OAPN): "Fortalecimiento del manejo sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas de América Latina", en apoyo a la red de trabajo de la REDPARQUES.

DESCARGAR DOCUMENTO: MANUAL DE CAPACITACIÓN [1.2 MB - pdf]
Datos de edición: FAO, 2008, Roma, Italia

El pleno del Congreso debatirá hoy proyectos de ley para suspender o derogar el decreto ley 1090

Por: Gerardo Caballero / Miguel Ramírez
El pleno del Congreso se reunirá desde las 10 de la mañana de hoy con un único punto en agenda: el futuro del Decreto Legislativo 1090 (ley forestal y de fauna silvestre), que se balancea entre la suspensión temporal y la desaparición definitiva. Primero se sometería a votación el informe de la Comisión de Constitución que propone derogar esta norma. Solo el Grupo Parlamentario Nacionalista, Unión por el Perú y Bloque Popular apoyarían esta propuesta. Sin embargo, los votos de estas bancadas no serían suficientes para enviar el D.L. 1090 al olvido.
Luego de ello, se debatiría un novísimo proyecto de ley para suspender dicha norma. Esta propuesta recibirá el respaldo de la Célula Parlamentaria Aprista, Unidad Nacional (UN) y el Grupo Parlamentario Fujimorista (GPN): la mayoría está asegurada con 62 votos. De esta manera, el Gobierno y algunas fuerzas políticas esperan aquietar las violentas protestas que los indígenas llevan a cabo en la Amazonía. Temporalmente, al menos.
¿CÓMO SE COCINÓ LA SALIDA?
Después de tocar el suelo, ya no se puede seguir cayendo. Y los vituperios que los congresistas y ministros intercambiaron el lunes en la Comisión de Defensa del Congreso fueron el epílogo del desplome que generaron las protestas en la Amazonía. La noche de ese lunes, un puñado de parlamentarios de UN, del GPN y del Apra se reunieron en la casa del congresista Martín Pérez (UN), donde comenzaron a estudiar una salida legal a la crisis que ha generado el D.L. 1090. Así surgió la idea de suspender —y no derogar— su vigencia.
Este esfuerzo se retomó ayer por la mañana. El lugar elegido fue la casa de la presidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano. La reunión se inició alrededor de las 11 de la mañana. Esta vez participaron las ministras de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, y de Justicia, Rosario Fernández. A esa casa también llegaron Javier Bedoya, Raúl Castro, Luis Galarreta, Lourdes Alcorta, Martín Pérez (UN), Keiko Fujimori, Rolando Sousa (GPF), Jorge del Castillo y el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén (Apra). Los parlamentarios de oposición precisaron que, si bien apoyarían esta salida legal, exigirán más adelante saldar las responsabilidades políticas por los sucesos ocurridos en Bagua. La ministra Aráoz expuso los riesgos que, para el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, acarrearía derogar el D.L. 1090. Sin embargo, habría explicado que corre un plazo de 14 meses para terminar de ajustar la legislación peruana a este acuerdo comercial. Aunque los fujimoristas proponían la suspensión indefinida del D.L. 1090, el resto de presentes expresó su desacuerdo: Eso equivaldría a una derogación. Por ello coincidieron en que la suspensión debía ser por 90 días. Este plazo daría tiempo al Gobierno para instalar una mesa de diálogo con los indígenas y alcanzar así un consenso antes de aprobar una nueva ley forestal y fauna silvestre.
AL QUE MADRUGA
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, parece no estar dispuesto a perder tiempo. A las 10 de la mañana de ayer acudió a la sede de la Conferencia Episcopal del Perú, en Jesús María, donde se reunió con su presidente, monseñor Miguel Cabrejos. Yehude Simon consiguió que la Conferencia Episcopal participe en la mesa de diálogo.
Luego de ello, Simon se dirigió raudo al local de la Defensoría del Pueblo, en el Centro de Lima. Su titular, Beatriz Merino, también se comprometió a participar en este diálogo. La defensoría, además, propondrá un mecanismo para recoger la opinión de los indígenas cada vez que se apruebe una norma que afecte sus territorios, tal como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Poco después de la 1 p.m., Simon también se dirigió a la casa de Lourdes Flores, donde expresó su conformidad con la suspensión del D.L. 1090. ¿Sus esfuerzos serán recompensados?
Fuente: El Comercio del 10.06.09