martes, 30 de junio de 2009

Doe Run y el futuro de La Oroya (SPDA)

La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del planeta, podría convertirse en el centro de un nuevo conflicto social para el gobierno. La empresa Doe Run Perú, que opera un complejo metalúrgico en esa zona, estaría por cerrar debido a problemas económicos. Un cierre que afectaría la economía de la zona, relacionada en buena parte a los ingresos que genera esta empresa.
José Mogovejo, vicepresidente de asuntos ambientales de DRP, ha asegurado que uno de los puntos débiles encontrados por entidades crediticias es el cumplimento del plan de adecuación y manejo ambiental, o PAMA (uno de los pasos básicos para salvaguardar el futuro y la salud de los pobladores de La Oroya). El problema es que el PAMA ha sido ampliado hasta en cuatro oportunidades a favor de Doe Run; el gobierno se niega a dar más beneficios a esta empresa; e incluso miembros de la Sociedad Peruana de Minería, Petróleo y Energía se han mostrado contrarios a la actitud de DRP.
Este reportaje incluye entrevistas al vicepresidente de asuntos ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, y Carmen Rosa Sandoval, del programa de Defensa del Interés Público de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

domingo, 28 de junio de 2009

No más amenazas contra Chan Chan

¡Increíble, pero cierto! Ahora resulta que una empresa minera ha solicitado al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico una autorización para explorar y explotar hierro en la zona de amortiguamiento de Chan Chan, un pedido insólito e inconcebible que debe ser rechazado de plano.
El Instituto Nacional de Cultura (INC) ha hecho bien en reaccionar a tiempo y garantizar que de ninguna manera aprobará un proyecto que constituye una clara transgresión a la Ley de Patrimonio Cultural vigente, aun cuando se disfrace bajo el argumento de que los lotes mineros se ubican fuera de la ciudadela y sobre las tierras que rodean el santuario prehispánico.
No es la primera vez que la ciudadela es avasallada. Además de saqueos infames, fue en su momento invadida por traficantes de tierras a pesar de que se trata de un bien invalorable que ostenta el título concedido por Unesco de Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocimiento que solo pueden exhibir pocos monumentos del mundo.
Pero el pedido actual es tan risible, incoherente e insultante, que la propia empresa interesada en la extracción de hierro ha tenido que reconocer que no sabía que su pedido abarcaba una zona histórica.
Habría que decir, además, que su solicitud va en contra de todas las iniciativas orientadas a revalorar Chan Chan en los últimos tiempos, con el objetivo de consolidarlo como uno de los atractivos principales del turismo trujillano y nacional.
Hace apenas cinco meses, el Consejo Regional de La Libertad declaró en emergencia la ciudadela de Chan Chan debido a los daños que las lluvias causaron en sus estructuras. Y, recientemente, las autoridades departamentales anunciaron la aplicación de una serie de medidas de precaución para proteger el complejo de adobe de las inclemencias del clima y de un eventual fenómeno de El Niño en el 2010.
Debe quedar claro que, como hemos señalado reiteradamente, toda inversión es bienvenida al Perú. La inyección de capitales no solo permite el desarrollo de la infraestructura que el país necesita y la generación de divisas, sino que favorece el empleo con nuevos puestos de trabajo para miles de peruanos.
Sin embargo, tampoco se puede permitir ni alentar la agresión contra el patrimonio monumental que de manera cíclica pretende sorprendernos. Cada atentado contra esos bienes históricos no solo afecta la peruanidad sino que es como matar a la gallina de los huevos de oro, es decir, la riqueza que nos diferencia como país y revaloriza nuestra actividad turística.
Esta política no se opone a la inversión. Porque si bien tenemos muchos bienes culturales que aún no podemos poner en valor, sería un error no cautelar aquellos que con mucho esfuerzo están siendo recuperados.
Lamentablemente, como reconoce el propio INC, tales principios no se respetan y frecuentemente tenemos que reportar la destrucción de numerosos bienes o espacios patrimoniales. La responsabilidad recae en los gobiernos locales y regionales, encargados de conciliar criterios para minimizar el impacto de iniciativas descabelladas como la que se ha pretendido montar estos días en Chan Chan.
Fuente: El Comercio del 28.06.09

jueves, 25 de junio de 2009

Guía de Derecho Ambiental de Henry Carhuatocto

Informes para Adquirir este libro, escribir al correo hcarhuatocto@hotmail.com

El libro "Guía de Derecho Ambiental", doctrina, jurisprudencia y legislación, parte de la experiencia de su autor como Asesor de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, Abogado de la Procuraduría del Ministerio de Agricultura, Asesor de la Dirección Nacional de Turismo y el profesor de Derecho Ambiental Así como de la serie de cursos sobre el derecho ambiental e indígenas que organice En los últimos años, con Jueces y Fiscales de Tumbes (2005), Lima (2006), Loreto (2007), Ucayali (2008) y el I Curso de Derechos Humanos (2008) para Policías organizado por la Defensoría de la Policía y la Escuela de Capacitación y Especialización de la Policía Nacional. Un texto que resalta por su Aplicación Práctica sin descuidar la prolija doctrina nacional en derecho ambiental.

El lector del libro Objetivo es Brindar al Las herramientas mínimas para entender nuestro ordenamiento jurídico ambiental que en el último año y medio viene cambiando drásticamente una Raíz EE.UU. del Tratado del Libre Comercio con Así se encuentra en este libro una sección dedicada a comentar la doctrina de Los Principios de la Ley General del Ambiente, La creación del Ministerio del Ambiente, La aparición de nuevos Delitos ecológicos, la responsabilidad civil por daño, la Superposición de actividades de Hidrocarburos en Áreas Naturales Protegidas, las emergencias ambientales, el turismo en Áreas Naturales Protegidas, el desalojo ambiental en la experiencia del Bosque de Pomac, entre otros temas de interés general.

Posteriormente se entrega a los lectores La Legislación básica ambiental Como la Constitución Política, la Ley de Creación del Ministerio del Ambiente, la Ley General del Ambiente, La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales ,, La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales de La Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, la Ley de Áreas Naturales Protegidas, entre otra importantes instrumentos legislativos. Adicionalmente se agrega una sección de Legislación Indígena que contiene el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La última parte del libro esta Dedicada a La jurisprudencia ambiental Más importante de los últimos años del Tribunal Constitucional como Los casos de la Cordillera Escalera, Cerro Quilish, El Canom Minero, la contaminación por plomo en La Oroya, la Planta de Fraccionamiento de Camisea en la Reserva Nacional de Paracas, El caso Praxair, Los depósitos de minerales del Callao, entre otros emblemáticos casos. También se incluye una reseña exhaustiva del Primer Pleno Casatorio Civil Cuya Repercusión en la Legitimidad para obrar por daño ambiental ha suscitado polémica y críticas.

Finalmente, el texto Tiene un diseño práctico y de fácil uso, Para el lector que ubique las leyes Rápidamente, Cuyos Nombres Aparecen resaltados viñetas con derecho al Extremo. Estamos seguros el texto Será de suma utilidad A LOS profesionales de la conservación, operadores del derecho ya quienes Tienen encomendada la magna labor de la defensa legal de nuestro ambiente.

Intituto de Defensa Legal IDLADS

miércoles, 24 de junio de 2009

AMAZONÍA, HIDROCARBUROS Y PUEBLOS INDÍGENAS (DAR, 2009)

Por: Cesar Gamboa Balbin, Presidente de DAR
Actualmente se está viviendo en América Latina una política agresiva de promoción de las inversiones energéticas debido al alto precio de los combustibles y a la decreciente acumulación de reservas de hidrocarburos a nivel mundial. Ello ha posibilitado que se vea a la Amazonía como una opción donde explorar y explotar estos recursos no renovables sin considerar criterios éticos, de derechos humanos, técnico biológicos y legales en espacios de conservación de especies y protección de derechos que podría traer graves consecuencias sociales en nuestros países. En el caso del Perú, desde el 2003, el Estado no ha tenido consideración al implementar una política incoherente de promoción de las inversiones de hidrocarburos en la Amazonía peruana, el establecer lotes de hidrocarburos a ámbitos de conservación como áreas protegidas, territorios indígenas, derechos preexistentes y otros ámbitos de protección como las reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Esta ponencia busca presentar un estado de la cuestión sobre estos conflictos entre espacios de conservación/protección y aprovechamiento hidrocarburífero en la Amazonía, sus posibles impactos, así como las posibles soluciones para encontrar una “gobernabilidad energética”, política coherente y sostenible de hidrocarburos que beneficie al inversionista, a los pueblos indígenas (comunidades y pueblos indígenas aislados) y a las futuras generaciones de nuestros países. Más sobre el tema en:

lunes, 22 de junio de 2009

Trabajadores de Doe Run inician paro con bloqueo de la Carretera Central

Dos mil 900 trabajadores de la empresa Doe Run Perú de La Oroya iniciaron a la medianoche de ayer un paro indefinido en demanda de solución al problema de la continuidad de operaciones de la planta metalúrgica, manifestó Luis Castillo Carlos, secretario general de la Federación Minera del Perú. Previéndose el bloqueo de vías, la Policía Nacional recomendó ayer que no salgan vehículos desde Lima hacia la sierra por la Carretera Central, pues de hacerlo serían detenidos por las fuerzas del orden a la altura de Corcona, que se hallan en el lugar desde las 8 p.m.
El paro con cierre de carreteras fue acordado la noche del sábado durante la asamblea de delegados de trabajadores de Doe Run realizada en La Oroya. En esa reunión participaron dirigentes de las organizaciones sociales de la provincia, que anunciaron el apoyo de toda la población de la provincia de Yauli-La Oroya. Ellos también acordaron rechazar la última propuesta de la empresa Doe Run de postergar hasta el jueves el cierre de operaciones de la planta por 90 días. “Lo que queremos es que se solucione de una vez por todas el problema”, dijeron. Zócimo Galarza, presidente del comité de lucha de los trabajadores de Doe Run, manifestó que se trata de un paro cívico provincial indefinido, porque se plegaron a él todas las fuerzas organizadas de la provincia y sus distritos.
EL DATO
Toda la provincia de Yauli-La Oroya paralizaría sus actividades. No trabajará el gremio que presta servicio de transporte urbano, interdistrital e interprovincial, así como los comerciantes.

sábado, 20 de junio de 2009

No más prórrogas a combustibles sulfurosos

Es absurdo e indignante que, en lugar de defender sus fueros y hacer cumplir la ley, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) pretenda ahora dar marcha atrás en sus propias normas y plantee una nueva prórroga a la obligación de las refinerías de reducir los altos niveles de azufre en el petróleo.
De por medio están no solo el principio de autoridad, ya bastante vapuleado en estos días, sino la obligación constitucional del Estado —y del gobierno que lo administra— de poner orden y regular el mercado de combustibles, así como de proteger el medio ambiente y la salud de la población.
Por lo mismo, es entendible y justificado el rechazo de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Ambiente a esta posible nueva prórroga, sobre todo porque en todo momento advirtieron sobre la importancia de cumplir el decreto supremo del 2005 que obligaba a las refinerías a reducir el azufre en cinco años, lo que se cumple el 1 de enero del 2010.
Este plazo, concordado con las refinerías de Repsol y de Petro-Perú, era más que suficiente para modernizar las plantas. Pero lo que ha faltado es voluntad política y mayor celo del MEM y del organismo regulador, Osinergmin, para vigilar el cumplimiento gradual del cronograma aprobado, así como para aplicar las sanciones correspondientes a los transgresores.
Hay que recordar aquí que la creación del Ministerio del Ambiente se dio en un contexto esperanzador de una nueva política gubernamental, basada en el mayor esfuerzo para preservar el ecosistema y reducir los graves niveles de contaminación que afectan la salud y la vida de las personas.
El problema es acuciante. Y es que, a pesar de que importamos petróleo más limpio y menos contaminante, recientes informes internos del Osinergmin dan cuenta de que las refinerías siguen comercializando combustible con la misma cantidad de azufre que en el 2005, es decir 5.000 ppm (partes por millón), cuando lo ideal es 50 ppm, que es lo que la actual norma obligaría a comercializar desde el 1 de enero del 2010.
En tan delicado contexto, aceptar ahora una nueva prórroga de 3 o 5 años implicaría graves costos, lo que obliga al Gobierno y al MEM a ser más severos para ejecutar sus propias normas, plantear sanciones, y convocar a las refinerías para que asuman su grave responsabilidad y cumplan las metas establecidas.
Aquí no puede haber retroceso, lo que, además de ser incongruente y sentar un mal precedente en la gestión estatal, sería condenarnos a vivir en un ambiente insano de contaminación, con no pocas repercusiones económicas.
Urge, por ello, establecer un nuevo cronograma, mucho más corto pero acompañado de mecanismos de seguimiento puntual, control, fiscalización y, por supuesto, de sanción, en lo que no puede haber ningún trato preferencial a la refinería estatal.
Fuente: El Comercio del 20.06.09

viernes, 19 de junio de 2009

Ministerio del Ambiente y Defensoría rechazan prórroga para refinerías



Por: Nelly Luna Amancio
Las refinerías han dicho que no cumplirán el plazo para reducir los altos niveles de azufre en el petróleo antes del 1 de enero del 2010, tal y como lo obliga un decreto supremo del 2005. Hace unas semanas, El Comercio advirtió que ninguna de estas empresas (tanto las que administra Petro-Perú como la de Repsol) había avanzado en la instalación de plantas que les permitieran reducir la presencia de azufre a 50 partes por millón de azufre (ppm) y que, por el contrario, continuaban produciendo un diésel con 100 veces más azufre de lo recomendado internacionalmente.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha rechazado la propuesta del Ministerio de Energía y Minas, que plantea otorgar a las refinerías una prórroga de 3 o 5 años más. “Esta política de postergaciones no hace bien a la salud”, dijo Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente, tras recordar que el cumplimiento de la norma reduciría el impacto de la contaminación en la salud de las personas. Recordó también que en dos informes previos (el 116 y el 136) la defensoría había recomendado a Osinergmin “vigilar el cumplimiento del cronograma de reducción del azufre en el diésel”.

Los funcionarios del Ministerio del Ambiente tampoco están de acuerdo con la ampliación. Sin embargo, señalan que esta “va a tener que darse” porque el avance en la instalación de plantas para reducir el azufre es ínfimo. “La prórroga debe llegar con las sanciones correspondientes a las refinerías por incumplimiento de los compromisos”, señaló la viceministra de Gestión Ambiental Ana María González del Valle. Pese a ello —aseguró la funcionaria— se podrán implementar otras alternativas, como la importación de petróleo más limpio. “En estos días estamos diseñando estas y otras estrategias”, dijo.

PARA RECORDAR
Estándar mundial.- En otros países se han endurecido las normas sobre la presencia de azufre en los combustibles. Mientras que en el Perú se comercializa diésel con 5.000 partes por millón (ppm) de azufre, en Chile, por ejemplo, el tope es 50 (ppm).
Efectos en la salud.- El humo causado por la combustión del azufre produce dióxido de azufre (SO2). Sus partículas penetran el sistema respiratorio y provocan problemas cardíacos, e inflamación de los alvéolos pulmonares.
Más vale prevenir
La atención en salud por contaminación atmosférica le demanda al Estado un gasto de S/.547 millones anuales.
Fuente: El Comercio del 19.06.09

La derogación de los cuestionados decretos 1090 y 1064 es una corrección sin precedente

Por Jorge Saldaña
Por razones de Estado, alegó el aprismo; por inconstitucional dijeron el humalismo, Unión por el Perú, Alianza Parlamentaria y Bloque Popular, y por inconsulto a las comunidades nativas según el fujimorismo, el pleno del Congreso aprobó ayer la derogación de los controvertidos decretos legislativos 1090 y 1064.
Las dos únicas bancadas políticas que se mantuvieron firmes a favor de la vigencia de estas leyes fueron Unidad Nacional y Renovación. El vocero de UN Raúl Castro alertó a sus colegas del grave precedente que representa para la institucionalidad democrática convalidar la toma de carreteras y de puentes para echarse abajo la vigencia de normas legales.
El representante de Renovación Wilder Ruiz dijo que votó en contra “para no hacerle el juego al narcotráfico y a los traficantes de madera. Fue un voto a conciencia. Los decretos eran firmes y claros porque apuntaban a eliminar el comercio relacionado con la tala ilegal”, aseveró.
A la hora de la votación —que registró 82 adhesiones a favor de la derogación, 12 en contra y ninguna abstención— se encontraba en la galería del hemiciclo una numerosa delegación de comuneros encabezada por la presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Deysi Zapata, la cual aplaudió la decisión parlamentaria.
Antes de llegar al más polémico retroceso político que se tenga memoria, el hemiciclo del Congreso fue escenario de más de cinco horas de debate, en las que hubo más de un cruce de palabras por parte de la oposición contra un ausente primer ministro Yehude Simon y con la particularidad de una silente bancada aprista que no movió ni una ceja para defenderlo de los ataques de sus adversarios.
El fujimorista Carlos Raffo tildó a Simon Munaro de ser el Judas de la política peruana y de lobo disfrazado de cordero, porque de principal opositor de la derogación (de los decretos) resulta que de un día a otro, de una hora a otra, cambia de posición. “Aparece ahora como el santo varón de la solución. ¡Simon está llevando adelante su plan de llegar a la Presidencia [de la República] a costa del país, de los nativos, del Congreso y del mismo presidente [Alan García] que confió en él! ¿Vamos a dejar que siga?”, inquirió.
Rosa Venegas, de Coordinadora Democrática, llamó la atención por su drástica crítica respecto de la gestión de la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, a quien llamó la reina de los TLC y no dudó en acusarla de haber “paseado” a los pueblos amazónicos. Reclamó su interpelación por haber defendido los cuestionados decretos 1090 y 1064.
Lo curioso de todo fue que estos embates provenientes de varios flancos de la oposición no fueron replicados por la otrora maquinaria de defensa aprista. Nadie dijo nada. El secretario general aprista Mauricio Mulder cerró el debate afirmando que el oficialismo votará por la derogación de los decretos por estrictas “razones de Estado”.
Los voceros de la bancada humalista, Víctor Isla; de Bloque Popular, Oswaldo Luizar; de Unión por el Perú, Carlos Cánepa, respaldaron también el voto de sus propias colectividades a favor de la derogación de los decretos por considerarlos inconstitucionales, tal como fue aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución del Parlamento.
Empero también aprovecharon la oportunidad para proponer a sus colegas que, conforme al último mensaje presidencial que apostó por la búsqueda de un clima de distensión en el país, debería reconsiderarse la suspensión por 120 días a los siete congresistas humalistas, quienes la semana anterior irrumpieron en el hemiciclo del Parlamento.
El Comercio se enteró de que en la Junta de Portavoces y la Mesa Directiva que se realizó a las 8:30 a.m.—antes de que comenzara la sesión plenaria— se planteó la reconsideración de esta sanción disciplinaria para que sea incorporada en la agenda congresal, pero quedó pendiente de discusión, quizás para la semana próxima.
En la víspera el presidente del Congreso, Javier Velásquez, dijo que no se votará sobre ese tema.
Fuente : El Comercio del 19.06.09

jueves, 18 de junio de 2009

Aidesep llama a los nativos a levantar las medidas de fuerza tras derogación de decretos 1090 y 1064

Poco después de que el pleno del Congreso de la República derogó los decretos legislativos 1090 y 1064 , los que eran ampliamente rechazado por las comunidades nativas de la selva, y que generaron los violentos hechos en Bagua, la lideresa de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Deisy Zapata, hizo un llamado a sus bases para levantar las medidas de fuerza en el interior del país.
Poco después de que el pleno del Congreso de la República derogó los decretos legislativos 1090 y 1064, los que eran ampliamente rechazado por las comunidades nativas de la selva, la lideresa de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Deisy Zapata, hizo un llamado a sus bases para levantar las medidas de fuerza en el interior del país.
“Hoy Aidesep estará llamando a las bases, y le diremos que deben levantar las medidas correspondientes”, dijo en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo.
Tras asegurar que los nativos no son manipulados ni tienen dependencia de ninguna ONG ni de algún partido político Zapata solicitó al Parlamento que se levante la sanción a los siete legisladores nacionalistas suspendidos por impedir el funcionamiento del Parlamento al tomar el hemiciclo, como medida de su reclamo de derogatoria de los decretos.
Manifestó que el lunes estarán presentes en las conversaciones con las autoridades para la revisión de la legislación vinculada a la Amazonía. “Se debe suspender, se debe levantar la suspensión de los congresistas”, agregó.
La propuesta del Poder Ejecutivo para derogar estos decretos fue respaldada por 82 votos a favor, 2 en contra y cero abstenciones, tras un largo debate que se prolongó por aproximadamente cuatro horas. La decisión fue exonerada de la segunda votación.

miércoles, 17 de junio de 2009

"Lo que pasa en el Perú es lo que pasa en los pueblos indígenas del mundo"

(Andina).- El relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James J. Lenoir Anaya, destacó que el Gobierno y el Congreso peruano están dando los pasos necesarios para atender la problemática de fondo de las comunidades amazónicas.
“Hay que revisar los asuntos de fondo, me alegra los pasos que se han llevado a cabo. Yo estoy aquí para conocer más sobre esto, me interesa saber cuáles son (las medidas) a corto plazo”.
Leinor se reunió esta mañana con los miembros de la Comisión Multipartidaria del Congreso que se encarga de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas. Explicó que su presencia en el Perú responde a una invitación del Gobierno y de la propia comisión parlamentaria, y responde también al interés de conocer la verdad sobre los trágicos hechos de violencia ocurridos en la amazonía, donde murieron más de 30 personas.
El relator de la ONU aseveró que su visita al Perú no significa una interferencia de la ONU en los temas internos del país.“Sino (se trata) de apoyar. Estoy aquí para comprender y respaldar al sistema de derechos humanos de la ONU, me interesa conocer la verdad, tienen mi palabra que diré la verdad”, aseguró.Agradeció al Gobierno peruano por facilitar su visita al territorio nacional, porque ello le ha permitido conocer el fondo de lo ocurrido en la amazonía,
“Lo que está pasando en el Perú representa lo que pasa en los pueblos indígenas del mundo. Estamos en una época en donde hay un reconocimiento de los derechos indígenas”, precisó.
Lamentó los hechos de violencia ocurridos en Bagua, departamento de Amazonas. “Creo que se está superando situación, me alegra que se den los pasos, creo que va a haber investigación exhaustiva”, añadió.Expresó, asimismo, su simpatía por los familiares de las víctimas (nativos y policías) y se mostró seguro de que en el futuro se evitarán este tipo de situaciones. Confió en la buena voluntad de todos los sectores involucrados para llegar a soluciones definitivas en el tema de las protestas de las comunidades nativas.
Consideró que la misma formación de la comisión multipartidaria encargada de encontrar una fórmula de solución a la situación de las comunidades indígenas, representa el compromiso del Congreso hacía los pueblos. “Tenemos la declaración de la ONU de reconocimiento de los derechos indígenas que es un gran avance, el Perú fue un líder de ese tema, en llevar esas normas. Que la gente de la Amazonía y de la sierra sienta que esos derechos son reales, ese es el gran desafío”.

Ejecutivo entregó proyecto al Congreso para derogar decretos cuestionados

El Gobierno entregó esta tarde al Congreso la propuesta de derogación de los decretos legislativos 1064 y 1090, cuestionados por las comunidades nativas, con la finalidad de poner fin a la protesta amazónica que dejó 34 muertos. Flanqueado por dirigentes indígenas, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, hizo entrega simbólica del documento al titular del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén.
En conferencia de prensa en la sede del Poder Legislativo, Simon Munaro pidió a las bancadas “que no se personalice” la discusión de la inciativa y pensar en los nativos, en alusión al pedido de renuncia que le hacen varios grupos de oposición al jefe del gabinete ministerial al considerarlo responsable político de los luctuosos sucesos en Bagua. “Sé que partidos democráticos del Congreso están mortificados, sé que muchos de ellos están hasta indignados. Puedo decir que estoy en la capacidad de poder soportar las indignaciones y de poder soportar, como diría (el poeta César) Vallejo, los palos y las palizas”, manifestó Simon. El jefe del gabinete hizo una aparente alusión a las bancadas de Unidad Nacional y Alianza por el Futuro, del sector fujimorista, que piden la renuncia de Simon al considerar que tuvo un gesto de debilidad al pactar con los dirigentes indígenas.
Al respecto, Velásquez Quesquén indicó que el Congreso le dará prioridad al proyecto en la discusión del pleno y aseveró que hay deseo de todas las bancadas de derogar las normas.
El presidente del Congreso manifestó que el proyecto suscribirá el Convenio 169, de la Organización Internacional de Trabajo, en el que pide a las autoridades consultar a los pueblos indígenas cuando elaboren normas que atañen a sus territorios. En la cita se encontraba presente el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos; la presidenta de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central, Lidia Rengifo; la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz; y el ministro de Ambiente, Antonio Brack.
Fuente: El Comercio del 17.06.09

martes, 16 de junio de 2009

Portadas de Diarios de Lima sobre el desenlace del Conflicto Indígena y la Derogatoria de los Decretos Cuestionados





Yehude Simon anuncia que dejará el gabinete de ministros apenas se supere el conflicto en Bagua.- Ayer dijo que solo pondría su cargo a disposición, pero hoy fue más categórico. El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, anunció que dejará el cargo apenas culmine el conflicto en la Amazonía. Esta decisión, aseguró, la tomó a fin de dar tranquilidad al país y no por el “capricho” del líder nacionalista Ollanta Humala. “Yo voy a salir de todas maneras en el momento que tenga todo esto tranquilizado, que debe ser en las próximas semanas”, declaró Simon a RPP. “Porque quiero al país, porque quiero tranquilidad, quiero estabilidad y porque siento mucho cariño por el Presidente (García), porque creo que hace los esfuerzos inmensos para que el país llegue a buen puerto, lo hago”, acotó el jefe del gabinete ministerial. Simon Munaro dejó en claro que su salida no obedecería a los pedidos de la oposición, especialmente del nacionalismo, que lo responsabiliza de los luctuosos sucesos ocurridos en Bagua, Amazonas, el pasado 5 de junio. “No (renuncia) por el capricho del señor Humala o de algunos radicalones que creen que sacando un gabinete el país se estabiliza”, manifestó.
SIN DEBILIDAD
Refirió, asimismo que el Ejecutivo haya cedido a la derogatoria de los decretos 1090 y 1064 representa un acto de debilidad del Gobierno. “No queda debilitado el Gobierno o la democracia frente al pueblo (…) La gente común y corriente pide paz”, justificó al criticar el “oportunismo terrible” de algunos grupos de televisión que “creen que han ganado” con la decisión gubernamental de derogar los referidos decretos.
CONSPIRACIÓN A LA VISTA
En diálogo con la emisora, Simon aseveró que hay una conspiración contra el Gobierno y que existe la intención de grupos radicales de “preparar algo el 24 de junio”, aunque no dio más detalles.En ese contexto, dijo entender las críticas de la lideresa de Unidad Nacional, Lourdes Flores y la congresista de Alianza por el Futuro, Keiko Fujimori, en cuyas bancadas vieron actos de debilidad en el accionar de Simon. “Tienen que entender que estamos luchando contra una conspiración que mañana actúe contra ellos”, mencionó.
Fuente: El Comercio del 16.06.09

Preocupación creciente: el agua

Por: Tomás Unger. El Comercio del 16.06.09
En un reciente festival de documentales sobre el ambiente, en Washington D.C., se presentaron 135 películas sobre diversos temas. A diferencia del documental de Al Gore sobre el cambio climático, estos se ocupan de temas específicos: desde especies en extinción y la reducción de los glaciares hasta la investigación científica de temas ambientales. Los que más llamaron la atención fueron los que tratan uno de los problemas ambientales más preocupantes: el agua.
EL CAMBIO
Aun antes de descubrir la agricultura, el hombre nunca vivió apartado del agua. Las primeras ciudades surgieron alrededor de zonas agrícolas que, por definición, tenían que disponer de agua. De ahí en adelante la civilización evolucionó donde había un suministro permanente de agua dulce. No es posible imaginar una ocupación humana permanente sin disponibilidad de agua. La relación entre población y agua disponible ha cambiado a través de los milenios y el crecimiento exponencial de la población la está llevando a un punto crítico.
Con excepción de algunas tribus nómades del norte de África, la mayoría de la humanidad ha considerado el agua como un bien gratuito siempre disponible. En un momento dado, que varía de acuerdo con la ubicación geográfica, esto ha dejado de ser así. Hoy hay lugares en todos los continentes con una preocupación justificada por la disponibilidad de agua. Esta preocupación aumenta y todo parece indicar que hará crisis en un futuro cercano. Nuestros actuales hábitos de consumo y mecanismos reguladores no pueden afrontar el cambio en la relación agua /población.
DÓNDE ESTÁ EL AGUA
Si un extraterrestre se acercara a la Tierra en su nave, podría pensar que nuestro planeta está habitado por automóviles (más de 600 millones, muchos más visibles que sus usuarios) y es una planeta acuático. Las cuatro quintas partes del planeta están cubiertas de agua y nuestros océanos y mares tienen el 97%, unos 1.320 millones de kilómetros cúbicos; pero es agua salada. Con 35.000 partes por millón de sal (3,5%) el agua de mar no es potable. Aunque la vida se originó en el mar y millones de especies pueden vivir en él, para consumo humano hay que desalinizar el agua de mar, que es un proceso costoso en energía.
La civilización ha prosperado a través de los milenios porque, además de la inmensa cantidad de agua salada, tenemos en el planeta unos 40 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce; el problema es la distribución. Veinticinco millones son hielo, y están principalmente en la Antártida y en Groenlandia, con una pequeña parte en glaciares de montañas altas, la mayoría en retroceso. Trece millones de km3 están bajo tierra en napas freáticas. En los ríos y lagos hay 250.000 km3, mientras que las nubes y la humedad atmosférica contienen unos 13.000 km3 de agua. El agua, propulsada por la energía del Sol, recircula permanentemente. Cada año 120.000 km3 caen en forma de lluvia, de los cuales 50.000 regresan al mar por ríos o van al subsuelo para reponer las napas freáticas y 70.000 se evaporan para formar nubes. Disponibles para consumo, en ríos y en el subsuelo, hay 12.000 km3. De este total, para consumo humano extraemos 5.000 km3, de los cuales la mayor parte son de uso agrícola (3.500 km3) y para la industria (1.000 km3 ), los restantes 500 km3 son de consumo humano directo, llamado doméstico. De los 5.000 km3 usados solo 13 (0,26%) son producto de la desalinización del agua de mar.
CUÁNTO ES MUCHO
Hasta ahora hemos estado hablando de kilómetros cúbicos, una medida a la cual no estamos acostumbrados. Un kilómetro cúbico, un cubo con 1.000 m por lado son 1.000 millones de m3, y cada metro cúbico tiene 1.000 litros. Así, un kilómetro cúbico tiene un millón de millones (una cifra de 12 ceros, difícil de visualizar) de litros. Sin embargo, el flujo, consumo y desperdicio del agua se manejan con esas cifras porque la población, 6.300’000.000, también es una cifra difícil de visualizar.
La magnitud de las cifras no parecería justificar la preocupación por la disponibilidad de agua; sin embargo, intervienen otros factores que alteran el panorama. Además de la distribución variable, tanto de la lluvia como de los ríos, lagos y subsuelo, está su uso. Para hablar del consumo tenemos que pasar de kilómetros cúbicos a metros cúbicos. Si dividimos el agua dulce disponible en ríos y subsuelo entre la población mundial, cada habitante dispondría de 1.800 m3 al año. Debería sobrar agua porque en promedio consumimos solo 800 m3 por persona. Sin embargo, las estadísticas no reflejan la situación real.
Las condiciones naturales y los recursos económicos hacen variar la disponibilidad de agua. En China están cerca del promedio disponible con 500 m3 por persona al año, en México están en el promedio con 800 m3. En Israel cuidan el agua porque viven en el desierto y usan solo 300 m3 por persona al año. En Italia el consumo por persona es de 1.000 m3 y en EE.UU. 2.000 m3, mientras que en Nigeria es de solo 50 m3.
EL FUTURO
Entre los documentales mencionados, el canadiense “Oro azul” plantea una tesis interesante: tratar el agua como mercancía. Llama la atención que mientras solo el 54% de la población mundial está conectado a una red de agua, muchos países están privatizando el recurso. Por otra parte, las fuentes en uso hoy, principalmente ríos, están recibiendo la descarga de los desechos industriales. En las montañas las minas y en las zonas urbanas la industria contaminan permanentemente los ríos y el agua del subsuelo. Esto reduce el volumen de agua disponible o encarece la que es recuperable por tratamiento.
Otro documental trata el efecto directo del cambio climático sobre las reservas de agua heladas y sus consecuencias. El caso especial es Holanda, defendida por diques del mar, cuyo nivel crece a medida que los hielos se derriten. Las proyecciones varían, pero ya no hay duda de que el calentamiento global derrite hielos y estos elevan el nivel de los mares; en cuánto, eso está por verse. El tema es amplísimo y afecta de algún modo a países ricos y pobres.
En el Perú, donde la mayor concentración de población está en el desierto, nos las ingeniamos para desperdiciar agua, echar aguas servidas a la playa y derrochar agua con instalaciones defectuosas. Es cierto que hay temas de preocupación, además de los ambientales, pero esto no hace menos urgente enfrentar el problema del agua como se enfrentaría el de cualquier bien de consumo indispensable. Según una de las tesis planteadas, lo que le falta al agua para que la respetemos debidamente es el precio.
Dónde está el agua
El total en la Tierra: 1.360 millones de km3 de agua. De este total, 1.320 millones de km3 (97,2%) es agua salada en los océanos. El 2,8% restante, aproximadamente 37 millones de km3, está distribuido en: 25 millones de km3 (1,8%) en hielo (capas polares y glaciares); 13 millones de km3 (0,9%) en el subsuelo y 250.000 km3 (0,02%) en lagos, pantanos y ríos. Trece mil km3 (0,001%) están en la atmósfera.

Se suscribe Acta entre el Gobierno y Pueblos Indígenas. El Dialógo se inicia.

Por: Raúl Mayo Filio
Luego de dos horas de conversaciones en la Base Aérea de San Ramón (provincia de Chanchamayo, Junín), el Gobierno le dio un giro de 360 grados a sus posturas de cómo enfrentar los problemas en la Amazonía. Representantes del Poder Ejecutivo y líderes de etnias indígenas suscribieron un acta de entendimiento en la que los representantes del Gobierno Central se comprometen a proponer, a través de un proyecto de ley, la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064 antes del jueves 18 de junio; además de otros 11 puntos.
El acuerdo fue tomado en una mesa de diálogo constituida por el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, el mismo que estuvo acompañado por miembros de la coordinación de esa entidad y por los ministros del Ambiente, de Salud y de Agricultura. En tanto, los indígenas fueron representados por la coordinadora de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC), Lidia Rengifo Lázaro, y otros 10 jefes indígenas procedentes de Pasco, Junín, Huánuco, Cusco y Apurímac. También formaron parte de la mesa de diálogo autoridades regionales y locales de Junín y miembros de otras instituciones.
En el punto en que se trata de derogar los dos decretos mencionados, también se consigna que los otros siete relacionados a las demandas de las comunidades indígenas se discutirán en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que se instalara hoy en Lima. Para ello, durante la noche viajaron a la capital los jefes de las etnias selváticas.
Otro acuerdo que figura en el documento suscrito ayer se refiere al levantamiento del bloqueo de la Carretera Central a la salida de San Ramón, medida que los indígenas vienen acatando desde el 11 de junio. Así, la vía se despejará durante cuatro horas diarias (de 8 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 6 p.m.) hasta que se concrete la derogación de los decretos mencionados. Además se acordó que se levantará el estado de emergencia en Bagua (Amazonas), en cuanto se deroguen las normas cuestionadas y se levante la toma de carreteras.
Otros puntos del acta suscrita
- Se encarga al grupo de trabajo en Lima estudiar los mecanismos de consulta establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Además debatirá la pertinencia del proyecto Paquizapango.
- Se garantiza la participación en el diálogo de la Aidesep y de todas las otras organizaciones representativas nativas.
- La delegación del Poder Ejecutivo reconoce que la protección de los bosques es una tarea urgente, para lo cual propone que el grupo de trabajo asuma una agenda conjunta con los pueblos nativos a fin de impedir la depredación de la Amazonía.
- El Ejecutivo se compromete a garantizar el trabajo de los núcleos ejecutores de Foncodes con las comunidades nativas.
- Se asume atención de heridos en Bagua y se reconoce la labor de la Policía Nacional.

¿FUERON NECESARIAS 34 MUERTES Y TAN ALTO COSTO SOCIAL?

Simon y apus llegan a un acuerdo de 12 puntos. El primero es derogar los decretos legislativos 1090 y 1064. Indígenas mantienen posición dura: liberarán la Carretera Central solo durante cuatro horas diarias. Este jueves vence plazo para presentar proyecto de derogación al Congreso. Debe explicarse el súbito giro. Ministro Antonio Brack afirma que acuerdo es un retroceso para el país y que afectará el TLC con EE.UU.
Luego de dos horas de conversaciones en la Base Aérea de San Ramón (provincia de Chanchamayo, Junín), el Gobierno le dio un giro de 360 grados a sus posturas de cómo enfrentar los problemas en la Amazonía. Representantes del Poder Ejecutivo y líderes de etnias indígenas suscribieron un acta de entendimiento en la que los representantes del Gobierno Central se comprometen a proponer, a través de un proyecto de ley, la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064 antes del jueves 18 de junio; además de otros 11 puntos.
El acuerdo fue tomado en una mesa de diálogo constituida por el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, el mismo que estuvo acompañado por miembros de la coordinación de esa entidad y por los ministros del Ambiente, de Salud y de Agricultura. En tanto, los indígenas fueron representados por la coordinadora de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC), Lidia Rengifo Lázaro, y otros 10 jefes indígenas procedentes de Pasco, Junín, Huánuco, Cusco y Apurímac. También formaron parte de la mesa de diálogo autoridades regionales y locales de Junín y miembros de otras instituciones.
En el punto en que se trata de derogar los dos decretos mencionados, también se consigna que los otros siete relacionados a las demandas de las comunidades indígenas se discutirán en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que se instalara hoy en Lima. Para ello, durante la noche viajaron a la capital los jefes de las etnias selváticas.
Otro acuerdo que figura en el documento suscrito ayer se refiere al levantamiento del bloqueo de la Carretera Central a la salida de San Ramón, medida que los indígenas vienen acatando desde el 11 de junio. Así, la vía se despejará durante cuatro horas diarias (de 8 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 6 p.m.) hasta que se concrete la derogación de los decretos mencionados.
Además se acordó que se levantará el estado de emergencia en Bagua (Amazonas), en cuanto se deroguen las normas cuestionadas y se levante la toma de carreteras.
ALGUNOS DISTURBIOS
Mientras se realizaba la reunión entre los representantes del Ejecutivo y los indígenas en San Ramón, algunos disturbios se produjeron en la capital de ese distrito y en La Merced. Hubo bloqueos de calles y cierres de mercados. Antes se habían suspendido las clases escolares en previsión de posibles desmanes.
LA FRASE“Es la primera vez que escucho a un funcionario del Gobierno, como el primer ministro, que nos llama hermanos porque todo el tiempo nos han visto diferentes, como si fuésemos la última rueda del coche”.LIDIA RENGIFO LÁZARO. DIRIGENTE INDÍGENA Y VOCERA

lunes, 15 de junio de 2009

Gobierno planteará derogar los decretos 1090 y 1064 cuestionados por los nativos

El Poder Ejecutivo presentará mañana por la tarde un proyecto de ley que establecerá la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064, normas cuestionadas por los nativos al considerarlas lesivas a sus intereses. El ministro de Ambiente, Antonio Brack, informó también a RPP que mañana se levantará el toque de queda en Bagua, Amazonas. Simon y Brack se encuentran en el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, en Junín, dialogando con las comunidades nativas a fin de poner fin a las protestas en la selva y que dejaron 34 muertos.
DIÁLOGO COMO CONSIGNA
El anuncio del Gobierno se da un día después de que el presidente Alan García retrocediera en su posición inicial y afirmara estar dispuesto a acatar la decisión que toma la mesa diálogo, conformada por el Ejecutivo, las comunidades, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones. Ambas partes acordaron el levantamiento del bloqueo de las carreteras por un lapso de cuatro horas en varios puntos del país.
A la cita acuden el ministro de Ambiente, Antonio Brack; el ministro de Agricultura, Carlos Leyton; el ministro de Salud, Óscar Ugarte; así como el presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc.
REACCIÓN DEL CONGRESO
Al respecto, el vocero de la bancada del Partido Nacionalista, el congresista Freddy Otárola, restó importancia al anuncio al sostener que existe un proyecto de ley que ya planeta la derogatoria de los mencionados decretos. Por su parte, el parlamentario fujimorista Rolando Sousa, manifestó que la medida demuestra las “idas y venidas” del Ejecutivo y lamentó que la misma no se haya presentado antes, toda vez que hubiera evitado muchas muertes. El decreto 1090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es cuestionado por los especialistas al considerar que en su afán de regular la propiedad privada no toma en cuenta la falta de titulación en los territorios de las comunidades, entre otras cosas. Por su parte, el decreto 1064, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamientos de tierras en uso agrario, no contemplaría el mayor uso forestal, en comparación al agropecuario, que le dan los habitantes de la selva a sus terrenos.

El Gobierno suscribe un acta de entendimiento con comunidades nativas de selva central

(Andina).- El Poder Ejecutivo suscribió esta tarde un acta de entendimiento, de 12 puntos, con las comunidades nativas de la selva central, en la que se compromete a presentar al Congreso antes del 18 de junio un proyecto de ley planteando la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064. Luego de una reunión de cuatro horas entre Simon y los “Apus” de 390 comunidades indígenas, en la localidad de San Ramón, también acordaron que los decretos cuestionados restantes se discutirán en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que se instalará mañana.
Para ello viajarán a Lima los representantes de las comunidades nativas de la selva central, a fin de incorporarse al trabajo de la comisión multisectorial, garantizando la participación de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y de otros grupos nativos. Asimismo, señala el acta, el Ejecutivo propone que el grupo de trabajo asuma también una agenda conjunta con los pueblos nativos para impedir la depredación de la amazonía.
Además, se encarga al mencionado grupo de trabajo estudiar los mecanismos de consulta, a fin de garantizar una labor concertada.
También, se establece que las comunidades nativas levantarán el bloqueo de la carretera La Merced-La Oroya-Lima por un lapso de cuatro horas, medida que mantendrán hasta que se derogue los decretos legislativos. Se precisó que el estado de emergencia en Amazonas se levantará cuando se desbloquee, en forma definitiva, la carretera Fernando Belaunde y se acordó expresar la solidaridad y asumir la atención de los heridos por los sucesos de violencia ocurridos en Bagua, entre otros acuerdos.

domingo, 14 de junio de 2009

Países desarrollados se resisten a cortar sus emisiones de CO2

BONN. Las negociaciones para definir un nuevo orden climático avanzan contrarreloj. En menos de seis meses debería firmarse un acuerdo global destinado a tomar la posta al Protocolo de Kioto. Sin embargo, son todavía muchos y de gran calado los obstáculos que quedan por superar. Esta semana, en la conferencia de la ONU sobre el clima que tuvo lugar en Bonn, varios países industrializados se mostraron poco dispuestos a cortar drásticamente sus emisiones de CO2. Mientras tanto, se siguen acumulando pruebas irrefutables de que el cambio climático ya está entre nosotros.
“Es la primera vez en dos años y medio en este trabajo que no sé qué decir”. Con estas palabras, Ivo de Boer, la máxima autoridad de la ONU sobre el cambio climático, respondió a los periodistas que le pidieron una reacción sobre la recién anunciada “meta japonesa” de reducir solo en un 8% sus emisiones de CO2 hasta el 2020 con respecto a 1990. El anuncio del primer ministro Taro Aso cayó como un baldazo de agua fría sobre la cabeza de las centenas de delegados, activistas y periodistas reunidos en Bonn con el objetivo de allanar el camino a Copenhague, la ciudad donde en diciembre se espera firmar un acuerdo histórico para mitigar el calentamiento global.
No era para menos. Existe consenso entre la comunidad científica sobre la necesidad de que los países industrializados reduzcan entre 25% y 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta el 2020 respecto de 1990 si se quiere evitar los más terribles impactos del cambio climático. “Con las metas de recortes avanzadas hasta hoy estamos todavía muy lejos de los rangos de ambición conformes con las recomendaciones del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU)”, sostuvo De Boer esta semana.
Al día de hoy solo la Unión Europea ha presentado un compromiso razonable de reducciones de GEI (entre -20% y -30%). Rusia y Nueva Zelanda todavía no han revelado sus metas. Australia ofrece un -5%. Canadá, sin empacho, ha anunciado un incremento de sus emisiones. Estados Unidos tramita un proyecto de ley en el Congreso que prevé un recorte del 17% hasta el 2020, pero tomando como base el 2005 en lugar de 1990.
“Con estas metas llegamos a un recorte total para los países industrializados de entre el 8% y 15%, lo que nos llevaría a un escenario de calentamiento del planeta superior a 2 grados centígrados”, explica Gustavo Ampugnani, coordinador para América Latina de Greenpeace. “Un incremento de la temperatura de 3 grados implicaría la pérdida de un tercio de las especies del planeta y de la mayor parte de los bosques amazónicos, así como el deshielo irreversible de Groenlandia y la Antártida occidental”, añadió.
ACUERDO HISTÓRICO
Las negociaciones para acordar un nuevo orden climático, además de ser consideradas las más trascendentales que la humanidad haya emprendido, puesto que está en juego nuestro único hábitat, se cuentan también entre las más complicadas: nada se da por decidido hasta que la totalidad del acuerdo sea adoptado y las piedras angulares de este son interdependientes. Los países industrializados, además de calcular sus metas mirando de reojo las contribuciones del vecino, condicionan el apoyo financiero indispensable para promover el desarrollo limpio de los países emergentes a que estos también fijen sus objetivos de reducción de gases. Pero los países en desarrollo se niegan a asumir compromisos hasta que las naciones desarrolladas reconozcan sus responsabilidades históricas de contaminación y pongan sobre la mesa los recursos suficientes para ayudarlos a disminuir las emisiones de GEI y a adaptarse a los impactos del cambio climático. La agencia de la ONU para el clima cifra en 250 mil millones de dólares anuales esta tarea.
El 1 de junio, en Bonn, 188 delegaciones de igual número de países retomaron el diálogo con miras a Copenhague sobre la base de un primer borrador del acuerdo. Diez días después, en la mitad de la segunda semana de la conferencia, el documento había quedado totalmente desfigurado por la cantidad de adendas, reparos y tachaduras que le introdujeron las partes.
Eduardo Durán, director general de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente y jefe de la comitiva peruana presente en la otrora capital alemana, manifestó cierto malestar hacia el final de las dos semanas de negociación: “Estamos algo frustrados porque no somos un país pequeño ni una potencia, nos vapulean por ambos lados”, declaró en referencia a la situación incómoda del Perú en el G77+ China, un numeroso grupo de países que incluye naciones en desarrollo, pero también grandes potencias emergentes que no tienen un prontuario histórico contra el medio ambiente, pero que en la actualidad son altamente contaminadoras.
No obstante, Durán rescató el hecho de que a estas alturas de las negociaciones se ha enriquecido la visión sobre cómo enfrentar la deforestación y degradación de los bosques que son responsables de aproximadamente el 20% de las emisiones de carbono: “Ahora ya no se ve a los bosques como un simple sumidero de CO2 sino como una realidad mucho más compleja en la que se incorpora el desarrollo de sus poblaciones y la protección de la biodiversidad y el agua”. Esta evolución es fundamental para el Perú, que, junto con Brasil e Indonesia, concentra las mayores extensiones de bosques tropicales en el mundo.
SEPA MÁS
Los acuerdos de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático de Bali 2007 abrieron el camino (vía Poznan 2008) hacia la cumbre de Copenhague 2009 (del 7 al 18 de diciembre del 2009).
En Copenhague se ha de negociar un nuevo protocolo que sustituya en el 2012 al de Kioto. Puede ser la última oportunidad para el planeta.
Fuente: El Comercio del 14.06.09

jueves, 11 de junio de 2009

Relator Especial sobre pueblos indígenas urge al Gobierno de Perú a dialogar con los pueblos indígenas del Amazonas

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Profesor James Anaya, expresa su más profunda preocupación por los enfrentamientos del viernes 5 de junio, y los eventos subsecuentes, en Bagua, Departamento de Amazonas, Perú, que han resultado en la muerte de aproximadamente 30 personas, incluidas personas indígenas y miembros de la Fuerza Pública, así como decenas de heridos y desaparecidos. El Relator Especial expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias.

“Hago un llamado urgente a todos los actores involucrados a que eviten otros acontecimientos de violencia, y exhorto a las autoridades del Estado a implementar todas las medidas ya establecidas, así como a adoptar todas las medidas adicionales necesarias, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas”, dijo James Anaya.

Además, el Relator Especial insta al Estado a investigar seriamente todos aquellos actos relacionados a esta situación que puedan indicar violaciones a los derechos humanos y llevar a la justicia a los responsables, así como a asegurar la no repetición de hechos similares. Asimismo, el Relator Especial insta a las personas y pueblos indígenas involucrados que sus reclamos y manifestaciones siempre sean de forma pacífica, respectando los derechos humanos de otros.

El Relator Especial también exhorta a todos los actores involucrados a buscar consensos y encaminarse a una vía de diálogo y de entendimiento sobre la base de la tolerancia y respeto a los derechos humanos. “Enfatizo la necesidad de que el Gobierno y los grupos indígenas interesadas hagan un nuevo esfuerzo conjunto hacia una resolución a los conflictos en la región de manera abierta y transparente que facilite el diálogo, evite la violencia y respete los derechos humanos”.

El Relator Especial expresa su disponibilidad de realizar una visita al país para revisar la situación y contribuir a la búsqueda de tal resolución a los conflictos, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para promover el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Finalmente, el Relator Especial desea adherirse a los comunicados previos sobre este tema emitidos por la Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo del Perú.

Publican ley que suspende vigencia de Decretos Legislativos 1090 y 1064


El Poder Ejecutivo publicó hoy, jueves, la ley aprobada en la víspera por el Congreso de la República , que suspende indefinidamente la aplicación de los Decretos Legislativos 1090 y 1064.
“Suspéndase la aplicación del Decreto Legislativo 1090, que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sus normas modificatorias y su Reglamento; y el Decreto Legislativo 1064, que aprueba el Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario”, señala el dispositivo publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. De esta manera, se da fuerza de ley y se restituye el texto de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Asimismo, se da fuerza de ley y se restituye el texto de la Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, sus modificatorias y demás normas complementarias y además de restituirse su reglamento. Según informa la agencia Andina, el dispositivo precisa, además, que las funciones otorgadas por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre al desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), serán ejercidas por el Ministerio de Agricultura o los gobiernos regionales dentro del marco de sus competencias.
Como se sabe, esta iniciativa fue aprobada ayer por el Parlamento por 57 votos a favor, 47 en contra y una abstención.
Fuente: El Comercio del 11.06.09

Rumbo a la "Ley General de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas" (Perú, 2009)

PRONUNCIAMIENTO
IDLADS, reitera su solidaridad a todos los familiares de los peruanos caídos en Bagua, y exige justicia para todas las familias, por lo que exhorta al Ministerio Público efectue las investigaciones del caso y publicidad al Poder Judicial en los juicios orales que se avecinan.
IDLADS, exhorta al gobierno a promover un dialogo intercultural pacífico, abierto a comprender la cosmovisión nuestros pueblos indígenas y a la busqueda de soluciones consensuadas y pacíficas.
IDLADS, considera que jurídicamente el vicio de la los Decretos Legislativos cuestionados por los pueblos indigenas, esto es la omisión del derecho a la consulta previa, los hace inconstitucionales, por lo que debieron haber sido derogados tal como lo recomendo la Comisión Multisectorial para la solución de la problematica de Pueblos Indígenas del Congreso en diciembre del 2008. Empero, aunque no halla sido lo ideal, la suspensión de los efectos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es un primer paso para iniciar el dialógo y llegar a concensos.
IDLADS, apoya las marchas pacíficas en protesta por lo acontecido en Bagua y el respeto a los derechos indigenas y reitera su posición de proscribir la violencia, extremismos y radicalismos que cubran de dolor y pesar a nuestro país.
IDLADS, considera que además de revisarse y consultarse los decretos legislativos cuestionados, debe promoverse un procedimiento de consulta previa en la elaboración de normas del Congreso y el Poder Ejecutivo (ministerios, gobiernos regionales y locales) . Por lo pronto se puede dar un verdadero avance si se modifica el Reglamento del Congreso con el fin de establecer la obligatoriedad de realizar la consulta previa para aquellas medidas legislativas que afecten directamente a los pueblos indígenas, tal como lo ordena el Convenio 169º de la OIT. Seguidamente de ello, debe trabajarse de manera consensuada la tan esperada "Ley General de la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas" que viene promoviendo la Defensoría del Pueblo y que sería la solución de fondo para evitar de plano futuros conflictos sociales por este tema.
Bellavista, 11 de junio del 2009
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible

miércoles, 10 de junio de 2009

El pleno del Congreso aprueba la suspensión indefinida de los decretos 1090 y 1064

(DPA) El Congreso del Perú suspendió hoy por tiempo indefinido la vigencia de una ley contra la que los indígenas amazónicos cumplen una huelga en el marco de la cual murieron al menos 33 personas el viernes. La suspensión fue lograda por un acuerdo coyuntural entre el oficialismo y fuerzas de derecha que derrotó al Partido Nacionalista Peruano (PNP) y sus aliados, quienes exigían por el contrario la derogatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
La iniciativa fue aprobada en primera votación por 57 votos contra 47 y una abstención. En seguida, el oficialismo y sus aliados también lograron, por 58 votos contra 33 y una abstención, que el tema fuera eximido de la segunda votación reglamentaria. Aunque la idea inicial era que la suspensión fuera por 90 días, al final se optó por el “tiempo indefinido” para no someter a presión las negociaciones.
Terminada la sesión, los parlamentarios del PNP se declararon en rebeldía y amenazaron incluso con quedarse indefinidamente en el lugar.Según el gobernante Partido Aprista Peruano y sus aliados en el caso, Unidad Nacional (UN, derecha) y Alianza por el Futuro (AF, derecha radical), la suspensión permitirá que el gobierno y los indígenas dialoguen en busca de una ley que satisfaga a las partes. Mientras ello ocurre, estará en vigencia el marco legal que existía antes de que se adoptaran los nuevos decretos.
Para el PNP y sus minoritarios aliados coyunturales de centro-izquierda y centro, la iniciativa del PAP, UN y AF realmente apunta a “mecer” (engañar) a los indígenas para que desistan de la movilización que desarrollan desde hace 62 días. La ley suspendida es resistida por los indígenas porque estiman que vulnera sus derechos para favorecer a las transnacionales. Aunque la oposición de los nativos también apunta contra otros seis decretos aprobados parta adecuar la legislación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la Ley Forestal, o decreto 1090, es el símbolo de las protestas.
La Comisión de Constitución del Congreso consideró en días pasados que el 1090 es inconstitucional. No obstante, ese dictamen no llegó a evaluarse en el plenario, por acciones del oficialismo que la oposición calificó de maniobras dilatorias. Otro decreto que también fue considerado ya inconstitucional por la Comisión de Constitución, el 1064, sobre régimen jurídico para el aprovechamiento de tierras con fines agrícolas, también quedó suspendido hoy en paquete con la Ley Forestal. Los demás decretos, según el oficialismo y sus aliados, seguirán vigentes pero serán revisados en el marco de los diálogos.
El canal de televisión N, que transmitió en directo desde Bagua, el lugar donde se desencadenó la tragedia del viernes, mostró que los indígenas apostados allí siguieron con expectación el debate a través de la radio, pero no tuvieron ninguna reacción ante el resultado, pues esperan que sus líderes se pronunicien.
Fuente: El Comercio del 10.06.09

Evaluación Ambiental Estratégica en el Perú (DAR, 2008)

Desde inicios de la presente década se ha intensificado en el Perú las políticas de promoción de actividades extractivas e infraestructura, resultando imposible en la actualidad medir e intentar mitigar los impactos ambientales y sociales que generan. Ello vuelve urgente y necesaria la implementación de mecanismos que permitan evaluar políticas, planes y programas, es decir las grandes decisiones políticas, lo que constituye la esencia de la Evaluación Ambiental Estratégica. En ese sentido, el presente documento presenta una propuesta para el diseño e implementación de la EAE en nuestro país, desde el análisis de la experiencia de la EAE para el programa de actividades de hidrocarburos del Bajo Urubamba, área de influencia del proyecto del gas de Camisea. Ver texto completo:

Compendio de Normas e Instrumentos sobre Pueblos Indígenas Aislados (DAR, 2007)

Este compendio de normas e instrumentos internacionales y nacionales sobre pueblos indígenas aislados reúne las normas e instrumentos jurídicos más importantes y esenciales para el conocimiento de los derechos de estos pueblos, especialmente del derecho a la tierra, al territorio y al aprovechamiento de los recursos naturales. Ver texto completo:

El pleno del Congreso aprueba la suspensión del decreto legislativo 1090 por 90 días

La medida se aprobó con 57 votos a favor, 47 en contra y una abstención.

EN ARGENTINA. Ley forestal causa controversia

Los bosques nativos argentinos están en disputa entre quienes basan su producción en el manejo forestal sostenible y aquellos que transforman importantes superficies forestales en tierras agrícolas y campos de pastoreo, debido a la aplicación de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Dicha ley limita la emisión y aprobación de permisos, tanto de deforestación como de aprovechamiento forestal sostenido por parte de las provincias del país y establece que, antes de emitir cualquier permiso, las provincias deben generar un plan de ordenamiento territorial de sus zonas boscosas, donde se defina qué áreas son pasibles de deforestar para la expansión agrícola o pecuaria y cuáles serán preservadas en estado natural para el mantenimiento y perpetuidad de la rica biodiversidad regional. Argentina cuenta en la actualidad con 33 millones de hectáreas de bosques nativos a lo largo de todo el país. Estas áreas silvestres son de interés particular o sobresaliente para la conservación de la biodiversidad, tales como algunas áreas que limitan con el Parque Nacional Calilegua, los corredores riparios a lo largo de los cursos de agua y los sectores de humedales. En estos territorios -hoy propiedad de particulares o lotes fiscales- las comunidades campesinas y aborígenes se han provisto desde siempre de los recursos necesarios para su sustento: peces, animales, frutos, raíces, miel, algarroba, materiales para sus viviendas y sus artesanías. “Lo lamentable es que el fallo no diferencia entre quienes fragmentan y degradan las superficies forestales para ampliar la frontera agropecuaria y aquellos que mantienen su producción según el manejo forestal sostenible, como por ejemplo las comunidades campesinas y aborígenes usuarias de los bosques desde hace muchos años. De manera que esta ley perjudica más a los sectores menos favorecidos, que tienen como actividad fundamental la actividad forestal”, declaró Alejandro D. Brown, Presidente de la Fundación ProYungas. Este tema ha generado gran preocupación y movilización en distintos sectores de la población. Unos ven en el cultivo de soya y la extracción forestal una oportunidad para la recuperación económica del país, pues en Argentina la extracción forestal genera exportaciones por más de mil millones de dólares y da empleo a más de 500 mil argentinos. En la última década con el desarrollo de la soya se comenzó a dar un impulso de transformación de grandes superficies de bosques a tierras agrícolas. “La expansión de la actividad agrícola, necesaria para la compañía (Ledesma) debido a los mercados competitivos en los que participa y para la comunidad en términos de desarrollo económico, debe realizarse teniendo en cuenta el principio de sustentabilidad ambiental. Ello implica consultar a los referentes académicos y sociales de otros sectores (gobierno provincial, administración de parques nacionales, ONG ambientalistas) e incorporar sus conocimientos o visiones a la propuesta de expansión”, sostuvo la empresa maderera argentina Ledesma.
En el archivo adjunto encontrará el documento de la ley.
DOCUMENTO DE LEY
Fuente: http://www.proyungas.org.ar/ y InfoAndina

Manual de capacitación. Descentralización de la Gestión de las Áreas Protegidas en América Latina

Autor: Carlos Castaño Uribe
Información relevante para: Este manual busca contribuir con las instituciones nacionales en sus tareas de capacitación y ejecución. Hace parte de una serie de acciones realizadas en el marco de la Red Latinoamericana de Cooperación Técnicas en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES), que incluyó la realización de un foro electrónico y de un seminario/taller para los profesionales de los sistemas de áreas protegidas de los 19 países miembros de la Red.Este trabajo busca analizar los aspectos más importantes de la diversidad de tipos de gobernanza de las áreas protegidas en América Latina y los diferentes tipos de modelos que se están utilizando, evaluando hasta que punto éstas prácticas han permitido mejorar los objetivosde conservación. Se realiza en el marco acordado entre la FAO y el Organismo Autónomo Parques Nacionales de España (OAPN): "Fortalecimiento del manejo sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas de América Latina", en apoyo a la red de trabajo de la REDPARQUES.

DESCARGAR DOCUMENTO: MANUAL DE CAPACITACIÓN [1.2 MB - pdf]
Datos de edición: FAO, 2008, Roma, Italia

El pleno del Congreso debatirá hoy proyectos de ley para suspender o derogar el decreto ley 1090

Por: Gerardo Caballero / Miguel Ramírez
El pleno del Congreso se reunirá desde las 10 de la mañana de hoy con un único punto en agenda: el futuro del Decreto Legislativo 1090 (ley forestal y de fauna silvestre), que se balancea entre la suspensión temporal y la desaparición definitiva. Primero se sometería a votación el informe de la Comisión de Constitución que propone derogar esta norma. Solo el Grupo Parlamentario Nacionalista, Unión por el Perú y Bloque Popular apoyarían esta propuesta. Sin embargo, los votos de estas bancadas no serían suficientes para enviar el D.L. 1090 al olvido.
Luego de ello, se debatiría un novísimo proyecto de ley para suspender dicha norma. Esta propuesta recibirá el respaldo de la Célula Parlamentaria Aprista, Unidad Nacional (UN) y el Grupo Parlamentario Fujimorista (GPN): la mayoría está asegurada con 62 votos. De esta manera, el Gobierno y algunas fuerzas políticas esperan aquietar las violentas protestas que los indígenas llevan a cabo en la Amazonía. Temporalmente, al menos.
¿CÓMO SE COCINÓ LA SALIDA?
Después de tocar el suelo, ya no se puede seguir cayendo. Y los vituperios que los congresistas y ministros intercambiaron el lunes en la Comisión de Defensa del Congreso fueron el epílogo del desplome que generaron las protestas en la Amazonía. La noche de ese lunes, un puñado de parlamentarios de UN, del GPN y del Apra se reunieron en la casa del congresista Martín Pérez (UN), donde comenzaron a estudiar una salida legal a la crisis que ha generado el D.L. 1090. Así surgió la idea de suspender —y no derogar— su vigencia.
Este esfuerzo se retomó ayer por la mañana. El lugar elegido fue la casa de la presidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano. La reunión se inició alrededor de las 11 de la mañana. Esta vez participaron las ministras de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, y de Justicia, Rosario Fernández. A esa casa también llegaron Javier Bedoya, Raúl Castro, Luis Galarreta, Lourdes Alcorta, Martín Pérez (UN), Keiko Fujimori, Rolando Sousa (GPF), Jorge del Castillo y el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén (Apra). Los parlamentarios de oposición precisaron que, si bien apoyarían esta salida legal, exigirán más adelante saldar las responsabilidades políticas por los sucesos ocurridos en Bagua. La ministra Aráoz expuso los riesgos que, para el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, acarrearía derogar el D.L. 1090. Sin embargo, habría explicado que corre un plazo de 14 meses para terminar de ajustar la legislación peruana a este acuerdo comercial. Aunque los fujimoristas proponían la suspensión indefinida del D.L. 1090, el resto de presentes expresó su desacuerdo: Eso equivaldría a una derogación. Por ello coincidieron en que la suspensión debía ser por 90 días. Este plazo daría tiempo al Gobierno para instalar una mesa de diálogo con los indígenas y alcanzar así un consenso antes de aprobar una nueva ley forestal y fauna silvestre.
AL QUE MADRUGA
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, parece no estar dispuesto a perder tiempo. A las 10 de la mañana de ayer acudió a la sede de la Conferencia Episcopal del Perú, en Jesús María, donde se reunió con su presidente, monseñor Miguel Cabrejos. Yehude Simon consiguió que la Conferencia Episcopal participe en la mesa de diálogo.
Luego de ello, Simon se dirigió raudo al local de la Defensoría del Pueblo, en el Centro de Lima. Su titular, Beatriz Merino, también se comprometió a participar en este diálogo. La defensoría, además, propondrá un mecanismo para recoger la opinión de los indígenas cada vez que se apruebe una norma que afecte sus territorios, tal como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Poco después de la 1 p.m., Simon también se dirigió a la casa de Lourdes Flores, donde expresó su conformidad con la suspensión del D.L. 1090. ¿Sus esfuerzos serán recompensados?
Fuente: El Comercio del 10.06.09

martes, 9 de junio de 2009

En búsqueda de salidas pacíficas y duraderas (Editorial de "El Comercio")

Resulta decepcionante que pese a la gravedad de la asonada sangrienta ocurrida el pasado viernes en la región amazónica, así como a la crisis política que se ha desatado de manera consiguiente, la jornada de ayer haya sido totalmente nula en la búsqueda de soluciones integrales. El Gobierno ha reconocido que falló la comunicación para entenderse con los auténticos dirigentes de las comunidades nativas. Y el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha insistido en que sí había un plan para desalojar a quienes habían cerrado las carreteras en la zona de Bagua, aunque contradictoriamente asegura que “se siente culpable de la muerte de los policías (porque les dijeron que no llevaran armamento)”. ¿Significa eso que el plan no estaba afinado?
La ministra del Interior, si bien asume la responsabilidad política por los luctuosos acontecimientos, persiste en la versión —a todas luces inexacta— de que no existieron informes de inteligencia previos, lo cual resulta también contradictorio, porque, como ella reconoce, la policía tuvo a cargo la ejecución de la operación fallida, ya que “tiene su propia jerarquía”. Quizá eso explique por qué la señora Cabanillas no conocía los reportes previos.
En cuanto a su ataque contra El Comercio, deslizando que estaría al servicio de ciertos intereses políticos, ella sabe muy bien que nos rigen la independencia y la veracidad, así como la plena identificación con los intereses del Perú, que no es lo mismo que identificarse con los funcionarios de un gobierno de turno ni con partido político alguno. En el Congreso, la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa ha sido pobre, pues fue una suerte de necio ajuste de cuentas. Los humalistas estuvieron en el cínico papel de víctimas, cuando las evidencias los sindican como azuzadores del conflicto e incluso cómplices en la fuga a la Embajada de Nicaragua del cabecilla Alberto Pizango, quien traicionó a sus hermanos nativos. Los fujimoristas trataron de sacar provecho de la situación; y los apristas únicamente intentaron eximirse de culpas. Nadie, en cambio, asume hasta hoy la responsabilidad integral por lo ocurrido.
Entre tanto, el movimiento de defensa de los indígenas amazónicos está dividido. Mientras los seguidores de Pizango continúan el bloqueo de carreteras en Yurimaguas, “exigiendo” ahora la renuncia del presidente de la República, el cambio de la política económica, la denuncia del TLC, etc., las voces más prudentes buscan la conciliación con el Gobierno. Tal es el caso de los apus de la región San Martín, quienes han presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones cien mil firmas, que deberán ser validadas para iniciar el camino hacia la acción de inconstitucionalidad de los decretos conflictivos. Precisamente, esta es la ruta a transitar. Es hora de que el Tribunal Constitucional conozca el caso y emita una sentencia para que el Estado pueda reconsiderar, sin abjurar de las potestades del Legislativo y el Ejecutivo, las normas que tanto problema acarrean.Asimismo, debe retomarse el diálogo porque ese es el único camino al restablecimiento de la paz social, aunque ese diálogo solo será posible cuando el Gabinete Ministerial y cuando la dirigencia nativa se renueven oficialmente.
El presidente García —además de dirigirse a una nación que espera un informe preciso del jefe del Estado— debe empeñar su liderazgo entendiendo que en el sistema democrático los ministros son una suerte de fusibles para que el sistema representativo no se afecte de manera medular. Desde el punto de vista comunicativo, el Gobierno debe, asimismo, organizar un sistema de reporte transparente y preciso sobre los hechos. No puede ser posible, por ejemplo, que hasta el momento no se establezca el número definitivo de los muertos y heridos en la zona de Bagua, cosa que fomenta manipulaciones sobre presuntas fosas clandestinas. Falta, entre tanto, que se restablezca el pleno imperio de la autoridad democrática en todos los pueblos afectados por la violencia. Mientras se mantengan las amenazas de nuevas asonadas y no se restauren las garantías para los ciudadanos y las empresas, la emergencia no se superará.
La denuncia sobre una presunta conspiración contra el Perú debe, luego, precisarse. Es cierto que existen indicios de injerencias extremistas y hasta eventualmente extranjeras; sin embargo, no coinciden las palabras del mandatario con las de su primer ministro; tampoco con el texto utilizado en un spot publicitario oficial. La acción diplomática, por lo demás, ha sido eficiente al pedir a la Asamblea de la OEA una reunión extraordinaria para informar sobre lo sucedido y evitar la manipulación que habían iniciado los delegados de otros países de la región. Por último, el país —especialmente a través de los medios de comunicación— debe recuperar no solo la calma, sino también la confianza en que por muy aciagos que sean los episodios de confrontación social en una democracia, siempre será posible encontrar salidas creativas, duraderas y pacíficas.

Fuente: El Comercio del 09.06.09

El Gobierno defiende ante la OEA la legalidad de las acciones tomadas ante el paro nativo

Washington (dpa).- La embajadora peruana en el ente continental calificó de “conspiración contra el sistema democrático” las protestas que devinieron en al menos 33 muertos. El Gobierno defendió hoy ante la OEA su “ejercicio legal” durante los hechos de violencia registrados el fin de semana en la zona amazónica de Bagua, que se saldaron con la muerte de al menos 33 personas, y aseguró que realiza “todos los esfuerzos necesarios” para esclarecer los sucesos.“El Estado peruano, ante ante una conspiración contra el sistema democrático, respondió con el ejercicio legal de las atribuciones que le reconoce la Constitución, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos comprometidos en estos lamentables actos, sin ningún tipo de distinción y proporcionándoles la asistencia legal y la supervisión de las autoridades competentes”, sostuvo la embajadora peruana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Zavala.
El Estado “realiza todos los esfuerzos necesarios para esclarecer estos lamentables sucesos dentro del marco que corresponde a una democracia y a un Estado de Derecho”, agregó Zavala durante la sesión extraordinaria que celebró el Consejo Permanente de la OEA en su sede en Washington con motivo de los violentos hechos. “El gobierno del presidente Alan García utilizará los mecanismos y el diálogo (...) y el marco legal para solucionar satisfactoriamente este impasse doloroso que hemos afrontado este fin de semana”, agregó la diplomática peruana, según la cual los detenidos por los hechos “continuarán gozando”, cuando se inicie el proceso judicial, de “todas las garantías inherentes al debido proceso”.Los violentos hechos, de los que ambas partes se acusan mutuamente y que devinieron en la muerte de 24 policías y al menos nueve indígenas, se desataron el pasado viernes, cuando la policía despejó una carretera bloqueada por indígenas que están en huelga en cinco departamentos de la selva desde hace casi dos meses en demanda de que se deroguen decretos que supuestamente los perjudican en beneficio de las transnacionales.
FUE UNA RESPUESTA, ASEGURA
Zavala afirmó hoy que la intervención estatal se produjo “frente a una agresión cuidadosamente preparada que interrumpió la producción y transporte de petróleo y el envío de gas hacia las principales ciudades del país”, a la par que subrayó que tanto las detenciones como la actuación policial “se han llevado con la presencia de representantes del Ministerio Público” en base al “respeto de las normas y derechos fundamentales”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, había condenado “enérgicamente” los “graves hechos de violencia” y pidió al Estado peruano “esclarecer judicialmente” el suceso y “reparar sus consecuencias”. Asimismo, abogó por “promover un proceso de diálogo” para hallar una solución al conflicto. “La CIDH hace un llamado a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos. Cabe resaltar la importancia de adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta”, señaló. El organismo también pidió al gobierno peruano que tome las “medidas necesarias” para garantizar que todos los heridos tengan acceso a servicios de salud y le recordó que debe respetar el “derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales” de los detenidos durante los incidentes, que según la CIDH se realizó “sin que se informara sobre su identidad o paradero”.

Fuente: El Comercio del 09.06.09

Spot sobre paro nativo fue una de las razones de la renuncia de Carmen Vildoso

Yehude Simon confesó que la ex titular de Mimdes “mostraba su mortificación”. Carlos Leyton, de Agricultura, también evalúa renunciar.El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, declaró que Carmen Vildoso renunció al cargo de ministra de la Mujer por diferencias con el tratamiento de la información brindada por el Gobierno respecto a las protestas en la Amazonía. Simon indicó a los periodistas de RPP que el detonante de la renuncia de Vildoso fue el spot divulgado por el Ejecutivo sobre el conflicto en Bagua, en donde tacha de “extremistas” a los manifestantes, aunque también indicó que se debe a discrepancias sobre el manejo de la referida cartera.
“Se presentaron otras dificultades porque Carmen Vildoso tenía otra visión con respecto a como tenía que funcionar el Ministerio de la Mujer. Ella mostraba su mortificación, evidentemente”, declaró Simon.
"El video del Gobierno sobre los sucesos en Bagua polariza más el conflicto" .- Para el sociólogo Jaime Antezana el problema no se resuelve denunciando una conspiración. El reciente anuncio televisivo emitido por el Gobierno peruano, en torno a los enfrentamientos en Bagua entre nativos y policías, fue criticado por el sociólogo Jaime Antezana, quien consideró que, lejos de contribuir a la calma, polariza más el conflicto.En el spot se mencionan “22 humildes policías asesinados con ferocidad y salvajismo” y que “extremistas por consigna internacional quieren detener al Perú”. El video está acompañado por crudas fotografías de policías caídos en los enfrentamientos así como de nativos portando armas. “Creo que esos videos, y el mensaje que transmiten, en lugar de contribuir a poner paños fríos, polarizan más el conflicto con los diversos pueblos indígenas”, refirió Antezana en diálogo con elcomercio.com.pe.
El analista lamentó el tono del anuncio y aseguró que el problema no será resuelto señalando que existe una conspiración contra el desarrollo nacional. “Se presenta a los indígenas como salvajes y primitivos que son manipulados por fuerzas externas (...). Me parece que eso no eso solo un exceso, sino una forma de estigmatizar a este movimiento”, añadió.Asimismo, Antezana sostuvo que el video podría encender los ánimos en otros sectores de la población, como es el caso de las protestas que se vienen preparando en Loreto o Tarapoto.Sobre la actitud de los nativos, el experto precisó que no responde a una lógica ‘salvaje’, sino que es una conducta propia de los indígenas en respuesta a la muerte de muchos de ellos.“Eso no puede ser asociado a los indígenas para verlos como salvajes y primitivos. Esa es un vieja percepción que yo creía que ya no existía. Si estamos asistiendo a la emergencia de un indigenismo radical, pero no a un nuevo terrorismo”, concluyó.
EN EVALUACIÓN
Por su parte, el ministro de Agricultura, Carlos Leyton, señaló que evalúa presentar su carta de renuncia con el fin de no ser “un obstáculo” en el diálogo entre el Gobierno y las comunidades nativas. La salida de la ministra Vildoso es la primera a 11 meses del inicio del segundo gabinete ministerial que preside Yehude Simon. Vildoso y Leyton fueron llevados por Simon en el gabinete ministerial.
Fuente: El Comercio del 09.06.09

La Iglesia Católica accede a participar en la mesa de diálogo para tratar la crisis en Bagua

La Iglesia Católica aceptó participar en proceso de diálogo que busca restablecer el orden en la Amazonía, en crisis por las objeciones de las comunidades nativas a decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo sobre el derecho de propiedad de sus territorios. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Miguel Cabrejos, indicó que el objetivo de la participación de su institución en una mesa de diálogo es buscar la “reconciliación” entre peruanos. “Queremos el bien, la paz, la reconciliación y la restitución de la paz social”, señaló Cabrejos tras reunirse con el jefe del gabinete ministerial, Yehude Simon, en la sede de la CEP. El sacerdote refirió que la conferencia designará próximamente a su representante. Cabrejos hizo una invocación a todos los peruanos “a evitar cualquier indicio de violencia”, a la calma, a la serenidad y “pensemos en el Perú”. Por su parte, Simon Munaro expresó que la mediación de la Iglesia representa “una garantía de total independencia” para las comunidades nativas. El primer ministro adelantó que convocará también a la Defensoría del Pueblo y a dos antropólogos, a quienes no identificó, y a las fuerzas políticas para tratar la problemática indígena desde un punto dde vista integral.
Fuente: El Comercio del 09.06.09 .

Cabanillas descartó la responsabilidad de Policía por muertes en paro

(Andina).- La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, reiteró que la Policía no es la responsable de los sucesos de violencia en Bagua y consideró necesario que la comunidad nacional e internacional tengan conciencia de ello. “Necesitamos que el mundo entero sepa la verdad, aquí las víctimas, los masacrados han sido los policías”, remarcó. Asimismo, indicó que la Policía Nacional estuvo presente en las zonas de conflicto durante los más de 50 días que duró el paro amazónico y no un día antes que estallara la violencia.
“La Policía no llegó a la víspera, sino cuando comenzó el proceso del proceso del conflicto y estuvo sucesivamente dando soluciones temporales, que seguro nosotros los parlamentarios ni sabíamos (...), porque mientras acá habían reuniones, allá las carreteras, puentes, los oleoductos estaban interrumpidos y las estaciones cercadas. Allí estuvo la Policía”, enfatizó. Durante su presentación en la Comisión de Defensa del Congreso, señaló que la Policía, en los primeros días, recuperó el control de varias estaciones y puentes, además de lograr el desbloqueo temporal de unas zonas debido al diálogo y acercamiento con la población. En otro momento, sostuvo que el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, representó la parte “engañista” en el diálogo entre el Poder Ejecutivo y los nativos.
Refirió que mientras que el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, representaba la parte bien intencionada y de buena fe, Pizango evidenciaba una voluntad de patear el tablero para desestabilizar al país. Por otro lado, indicó que los ministros no pueden responder por las estrategias técnicas y tácticas utilizadas por la Policía Nacional (PNP) en Bagua, e indicó que esa labor corresponde a la propia institución policial.A su turno, el director de la Policía. José Sánchez, remarcó que los efectivos policiales actuaron bajo el estricto cumplimento de los derechos humanos.
Fuente: El Comercio del 08.06.09

Doe Run y sus acreedores no llegaron a un acuerdo y La Oroya sigue paralizada

Por: Manuel Marticorena Enviado Especial de El Comercio
LA OROYA. Pese a que ayer se esperaba que los acreedores mineros y la empresa Doe Run llegaran a un acuerdo que permitiera que el complejo metalúrgico de La Oroya volviera a operar , esto no ocurrió.Según un representante de un acreedor, los ejecutivos de Doe Run solo dieron una exposición de la situación actual y no comprometieron capital fresco, que fue una de las exigencias que los acreedores mineros le hicieron la semana pasada. Los funcionarios de la empresa refirieron que volverían a convocar a los acreedores durante la semana.
Como se recuerda, el complejo metalúrgico se encuentra paralizado desde el miércoles pasado, aunque los trabajadores asisten a realizar labores de mantenimiento. La empresa informó, a través del vicepresidente corporativo de asuntos ambientales, José Mogrovejo, que si la situación seguía así, optarían por dar vacaciones forzosas a los trabajadores.
POSTURAS ENCONTRADAS
La Oroya se encuentra dividida entre aquellos que creen que el Gobierno debe apoyar a la empresa minera Doe Run y aquellos que consideran que ya es hora de que esta cumpla sus compromisos. Y si no lo hace, debe ser sancionada.De esta posición es el alcalde de la provincia de Yauli-La Oroya, César Gutiérrez, quien considera que ya se le han dado suficientes oportunidades a la empresa para que cumpla el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).En ese sentido, una eventual ampliación del compromiso ambiental orientado a reducir las emisiones contaminantes generados por el complejo metalúrgico de la minera sería “vender la salud del pueblo”, afirmó.
En consecuencia, el alcalde ha convocado para mañana miércoles a todos los alcaldes distritales, presidentes y líderes de comunidades campesinas, impactadas por la minera, a fin de discutir qué acciones desarrollar con el objetivo de sacar adelante cuanto antes el PAMA y cautelar el empleo de los 3.500 trabajadores que dependen directamente de la minera.Por su parte, los trabajadores de Doe Run realizaron ayer una marcha por las calles de la ciudad para pedir al Gobierno una acción decidida ante el problema.El presidente de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Luis Castillo, confirmó que hoy se reunirán con el primer ministro Yehude Simon.Ayer, la federación y los sindicatos de La Oroya se reunieron con el viceministro de Trabajo, Antonio Paiva, y hoy en horas de la mañana conversarán con la directora Nacional de Relaciones de Trabajo, Manuela García.Castillo dijo que los sindicatos evaluaban medidas de fuerza, como bloquear la Carretera Central para el próximo martes.
EN PUNTOS
Los principales acreedores mineros de Doe Run son: Compañía de Minas Buenaventura, Glencore, Cormin y Compañía Minera El Brocal. La deuda que Doe Run tiene con estas cuatro empresas alcanza los US$110 millones. Aunque no se llegó a ejecutar, esas empresas ofrecieron a Doe Run un financiamiento de US$100 millones en concentrados y un aval de US$75 millones en créditos para que el complejo vuelva a operar.
Fuente: El Comercio del 09.06.09