De concretarse el anunciado respaldo del Congreso al pedido de Doe Run para ampliar a 30 meses el plazo para cumplir el PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental), sería una victoria pírrica con muchos perdedores.
Ante todo, no se puede pasar por alto que los recientes bloqueos causaron la muerte de un policía y varios heridos. Esto no puede quedar impune y exige deslindar responsabilidades para sancionar severamente a los responsables. Nadie puede afectar el libre derecho de los ciudadanos a transitar por el territorio, que tiene protección constitucional, y menos propiciar la violencia y la conculcación de los derechos a la integridad y la vida.
Luego, si observamos la línea de conducta de la empresa, no ha habido cambios que evidencien seriedad o propósito de enmienda, sino lo contrario. Así, por ejemplo, ya en el 2005 Doe Run solicitaba ampliar hasta el 2010 el plazo para cumplir sus obligaciones ambientales, luego de haber recibido facilidades el año anterior. El esquema, que parece más un círculo vicioso, se ha repetido en los últimos años: se utiliza a los trabajadores para forzar al Gobierno a aceptar nuevas postergaciones, pero sin ninguna garantía de cumplimiento. Mientras tanto, La Oroya sigue siendo una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, con niveles insoportables de azufre en la atmósfera y enormes daños colaterales al sistema ambiental de la sierra central.
Es atendiendo principalmente a razones sociales, que el Gobierno se allanó a formar una comisión técnica multisectorial que recomendó una ampliación de 20 meses. Pero la empresa otra vez usó a los trabajadores con el sofisma de que si no la apoyaban para exigir un plazo de 36 meses se quedarían sin empleo.
Es en estas circunstancias que se da el actual entrampamiento que lleva a la degradante situación de poner contra las cuerdas al Gobierno para forzar una virtual extorsión al Estado Peruano.
Como todos, queremos una solución, pero no del modo en que se ha dado, como una especie de extorsión. Y si otra vez el Congreso cede, será corresponsable de lo que pueda pasar en el futuro, por lo que deben exigirse las máximas garantías financieras y legales, a ser ejecutadas al menor incumplimiento.
Todo tiene su límite. No puede ponerse en continuo jaque al Gobierno, que no puede abdicar de su obligación de aplicar la ley y ejercer autoridad, so riesgo de sentar precedentes nefastos. Y mientras se espera un pronunciamiento contundente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo sobre la compleja situación a que ha llevado Doe Run, el Poder Ejecutivo debe tener preparado un plan de contingencia ante la eventualidad de que se vuelva a incumplir el nuevo acuerdo. Y visto que se trata de una labor con negativas repercusiones ecológicas, habría que plantear una progresiva reconversión laboral.
Somos estrictamente respetuosos del derecho de propiedad y de los contratos de inversión, pero también del respeto a la ley. Y si eventualmente los contratos se transgreden de un modo tan burdo y deliberado, habría que accionar las cláusulas que facultan al Estado a intervenir de un modo más directo, considerando no solo el bienestar de los trabajadores sino también la prevalencia del principio de autoridad y la protección del bien común.
El Comercio
Ante todo, no se puede pasar por alto que los recientes bloqueos causaron la muerte de un policía y varios heridos. Esto no puede quedar impune y exige deslindar responsabilidades para sancionar severamente a los responsables. Nadie puede afectar el libre derecho de los ciudadanos a transitar por el territorio, que tiene protección constitucional, y menos propiciar la violencia y la conculcación de los derechos a la integridad y la vida.
Luego, si observamos la línea de conducta de la empresa, no ha habido cambios que evidencien seriedad o propósito de enmienda, sino lo contrario. Así, por ejemplo, ya en el 2005 Doe Run solicitaba ampliar hasta el 2010 el plazo para cumplir sus obligaciones ambientales, luego de haber recibido facilidades el año anterior. El esquema, que parece más un círculo vicioso, se ha repetido en los últimos años: se utiliza a los trabajadores para forzar al Gobierno a aceptar nuevas postergaciones, pero sin ninguna garantía de cumplimiento. Mientras tanto, La Oroya sigue siendo una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, con niveles insoportables de azufre en la atmósfera y enormes daños colaterales al sistema ambiental de la sierra central.
Es atendiendo principalmente a razones sociales, que el Gobierno se allanó a formar una comisión técnica multisectorial que recomendó una ampliación de 20 meses. Pero la empresa otra vez usó a los trabajadores con el sofisma de que si no la apoyaban para exigir un plazo de 36 meses se quedarían sin empleo.
Es en estas circunstancias que se da el actual entrampamiento que lleva a la degradante situación de poner contra las cuerdas al Gobierno para forzar una virtual extorsión al Estado Peruano.
Como todos, queremos una solución, pero no del modo en que se ha dado, como una especie de extorsión. Y si otra vez el Congreso cede, será corresponsable de lo que pueda pasar en el futuro, por lo que deben exigirse las máximas garantías financieras y legales, a ser ejecutadas al menor incumplimiento.
Todo tiene su límite. No puede ponerse en continuo jaque al Gobierno, que no puede abdicar de su obligación de aplicar la ley y ejercer autoridad, so riesgo de sentar precedentes nefastos. Y mientras se espera un pronunciamiento contundente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo sobre la compleja situación a que ha llevado Doe Run, el Poder Ejecutivo debe tener preparado un plan de contingencia ante la eventualidad de que se vuelva a incumplir el nuevo acuerdo. Y visto que se trata de una labor con negativas repercusiones ecológicas, habría que plantear una progresiva reconversión laboral.
Somos estrictamente respetuosos del derecho de propiedad y de los contratos de inversión, pero también del respeto a la ley. Y si eventualmente los contratos se transgreden de un modo tan burdo y deliberado, habría que accionar las cláusulas que facultan al Estado a intervenir de un modo más directo, considerando no solo el bienestar de los trabajadores sino también la prevalencia del principio de autoridad y la protección del bien común.
El Comercio
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