El Comercio pide la renuncia del Gabinete Ministerial por la gobernalidad del país

Tras los aciagos sucesos registrados en la Amazonía, la crisis política sigue agudizándose: por una parte el presidente de la República reitera que estamos frente a una conspiración política de gran escala; mientras que, del otro lado, sigue desbordándose la violencia que se agazapa detrás de lo que comenzó como una protesta social de algunas comunidades indígenas contra un cuerpo legal al que sentían contrario a sus intereses tradicionales.En estas graves circunstancias resulta indispensable volver a revisar el caso integralmente. Así, lo primero que debe mencionarse es que el Perú —que es finalmente una nación en trámite de auténtica integración pese a sus casi doscientos años de independencia— está presenciando las consecuencias de un choque cultural profundo, entre quienes intentan preservar una cosmovisión nativa, organizada comunitariamente bajo reglas ancestrales, y quienes apuestan por la modernidad integral que nos conecte con el mundo globalizado según las pautas occidentales.
TLC Y DERECHOS INDÍGENAS

En ese contexto de fondo es que inicialmente se registra una confrontación por la firma del TLC con EE.UU. Ese paso fue considerado como muy beneficioso para el vasto segmento social que estructura su vida y su subsistencia en la producción industrial y el comercio internacional; sin embargo, fue calificado como negativo por aquellos que quisieran preservar una autarquía regionalista.Luego, como lógica consecuencia del TLC el Congreso aprobó leyes que bien entendidas propugnan la inversión productiva en la selva, sin lesionar los intereses de las comunidades nativas. Pero los dirigentes de esas entidades originarias empezaron una protesta que, en el fondo, no iba tanto contra el espíritu y la letra de las normas del Estado moderno, sino contra la forma como las leyes se aprobaron, sin que mediara un diálogo conciliador profundo. En esto son censurables las posiciones retrógradas que pretenden negar los derechos indígenas, porque si bien el Congreso de la República y el Ejecutivo tienen las facultades para legislar y aplicar los dispositivos, también están obligados a atender el reclamo de las bases sociales en todo aquello que afecte al sentir popular. Con mayor razón cuando el análisis político más elemental apuntaba a que podía estarse larvando una crisis de gran magnitud.
COOPTADOS POR EXTREMISTAS

Cuando fueron transcurriendo las semanas se advirtió con total claridad que la población indígena y sus dirigentes naturales (como los apus) progresivamente fueron primero cooptados y más tarde desplazados por personajes ideologizados y con posiciones extremistas, como en el caso de Alberto Pizango, el jefe de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Él literalmente echó leña al fuego en todo momento, manteniendo un discurso plagado de falsedades y adverso a las negociaciones que intentó llevar adelante el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg. Peor todavía, mientras engañaba a los nativos y distraía al Gobierno, alentó una serie de acciones ilegales, como la toma de carreteras y el ataque a las entidades públicas y privadas que abastecen de todo tipo de bienes y servicios a las poblaciones, haciendo que se llegara a un complicadísimo estado de efervescencia por la carestía hacia fines de la semana pasada.Paralelamente, una serie de grupos políticos extremistas se fueron sumando a una estrategia de enfrentamiento que solo podía terminar mal. Así, el humalismo se lanzó a atizar el fuego en la selva, el sur andino y el altiplano puneño. La CGTP convocó a una jornada en la cual anunciaba el inminente paso a la violencia, y en la última Cumbre de los Pueblos incluso se hizo patente el intervencionismo extranjero, cuando el presidente de Bolivia incitó con total desparpajo a la insurrección en nuestro país.
LA INCOMPETENCIA DEL PARLAMENTO

Mientras tanto, en el Parlamento prácticamente todas las fuerzas políticas actuaron a lo largo de estos dos meses de crisis con especial incompetencia. Debieron propiciar el diálogo con la auténtica dirigencia nativa e incluso hubiese sido lógico que derogaran las normas polémicas, para luego negociar otras leyes mejor consensuadas. En cambio, el humalismo boicoteó las sesiones contando hasta con la llamativa anuencia del fujimorismo, mientras el Apra no encontró mejor salida que echar mano de tecnicismos y maniobras sorpresivas para imponer sus criterios, sin entender que el verdadero problema no era la supuesta afectación de la majestad del Congreso, sino la preservación de la paz social.
LA RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO

A nivel del Ejecutivo, si bien es correcto que inicialmente se intentara mantener la vigencia de las normas, también debió haber profundizado el diálogo y nunca permitir que el violentismo escalara. ¿Por qué, por ejemplo, dejó que se prolongara el cierre de carreteras hasta el punto en que las ciudades selváticas empezaban a desabastecerse? ¿No es acaso cierto que a mediados de la semana pasada ya se habían planteado dos posibilidades, una respecto a que las comunidades indígenas podían trenzarse en ataques mortíferos con los pobladores regionales cercados; y, otra, que los levantiscos iban a atacar las instalaciones estratégicas, como comisarías, el oleoducto petrolero, etc.?
En el desarrollo de toda esta crisis, salvo los denodados esfuerzos del ministro Brack Egg, el Ejecutivo no ha sabido lidiar. Y, al final, la decisión de intervenir policialmente siguió acciones tácticas equivocadas, generando lo que ya conocemos: un terrible saldo de dos decenas de policías asesinados —a quienes rendimos homenaje por su abnegado cumplimiento del deber—,una cantidad elevada pero aun imprecisa de enardecidos insurrectos igualmente muertos, y más de un centenar de inocentes civiles heridos , a quienes también rendimos homenaje. Todo esto, como informamos en su oportunidad, ya había sido advertido por fuentes de Inteligencia que llegaron a filtrar el tétrico escenario de que el Perú estaba entrando a un estado de preinsurrección, aun cuando hoy la ministra del Interior niegue las evidencias.
En estas circunstancias el presidente García ha resumido la situación denunciando una conspiración que, efectivamente tiene visos de realidad. ¿Pero, qué más se está haciendo?
EL GABINETE DEBE RENUNCIAR

Tal como señalamos en nuestra Carta al lector del domingo, consideramos que el costo político debe ser asumido, como corresponde en la tradición democrática republicana, por el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores directamente involucrados. Eso debe entenderse no como un triunfo político para los insurrectos, ni tampoco solo como un relevo, sino como el recambio indispensable para que la gobernabilidad integral no se afecte. Es indispensable reconocer que la gran diferencia entre un régimen democrático y los que no lo son es que en democracia siempre debe haber responsables políticos.
Hoy, bajo el liderazgo constitucional del jefe del Estado, es necesario reorientar las estrategias gubernamentales para avanzar de inmediato a la pacificación de todo el país y para poner coto a cualquier manifestación nuevamente violenta que algunos radicales están organizando en ciudades como Yurimaguas, aparte de que ya circulan llamados a jornadas peligrosas a nivel nacional desde mañana. Por lo demás, es peligroso que se pueda afectar el oleoducto.
Esa recuperación de la paz social, por lo demás, debe hacerse con el concurso civil y el uso enérgico pero prudente de nuestros institutos militares y policiales, para devolver el imperio de la autoridad legítima, sin permitir extrañas formas de impunidad como la fuga del cabecilla Pizango aparentemente a Bolivia, donde sería acogido celebratoriamente por las posiciones antiperuanas. Es exigible, entonces, que el Ejecutivo actúe con la serenidad y la eficiencia suficiente para bajar el nivel de las terribles tensiones que han enlutado ya a nuestra selva. Por ello, este es el momento más adecuado para que el presidente Alan García dé un mensaje orientador a la nación; y que en el Legislativo se aquieten los ánimos para no seguir echando más combustible a una hoguera politiquera que puede terminar chamuscando a todos. Finalmente, exhortamos a la ciudadanía para que no se deje manipular por aquellas fuerzas extremistas que solo quieren sacar provecho de la confusión y el caos, traicionando a los propios indígenas en un caso que ya dejó de ser una legítima protesta social para convertirse en estallido sedicioso.

Fuente: El Comercio del 08.06.09