Resulta decepcionante que pese a la gravedad de la asonada sangrienta ocurrida el pasado viernes en la región amazónica, así como a la crisis política que se ha desatado de manera consiguiente, la jornada de ayer haya sido totalmente nula en la búsqueda de soluciones integrales. El Gobierno ha reconocido que falló la comunicación para entenderse con los auténticos dirigentes de las comunidades nativas. Y el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha insistido en que sí había un plan para desalojar a quienes habían cerrado las carreteras en la zona de Bagua, aunque contradictoriamente asegura que “se siente culpable de la muerte de los policías (porque les dijeron que no llevaran armamento)”. ¿Significa eso que el plan no estaba afinado?
La ministra del Interior, si bien asume la responsabilidad política por los luctuosos acontecimientos, persiste en la versión —a todas luces inexacta— de que no existieron informes de inteligencia previos, lo cual resulta también contradictorio, porque, como ella reconoce, la policía tuvo a cargo la ejecución de la operación fallida, ya que “tiene su propia jerarquía”. Quizá eso explique por qué la señora Cabanillas no conocía los reportes previos.
En cuanto a su ataque contra El Comercio, deslizando que estaría al servicio de ciertos intereses políticos, ella sabe muy bien que nos rigen la independencia y la veracidad, así como la plena identificación con los intereses del Perú, que no es lo mismo que identificarse con los funcionarios de un gobierno de turno ni con partido político alguno. En el Congreso, la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa ha sido pobre, pues fue una suerte de necio ajuste de cuentas. Los humalistas estuvieron en el cínico papel de víctimas, cuando las evidencias los sindican como azuzadores del conflicto e incluso cómplices en la fuga a la Embajada de Nicaragua del cabecilla Alberto Pizango, quien traicionó a sus hermanos nativos. Los fujimoristas trataron de sacar provecho de la situación; y los apristas únicamente intentaron eximirse de culpas. Nadie, en cambio, asume hasta hoy la responsabilidad integral por lo ocurrido.
Entre tanto, el movimiento de defensa de los indígenas amazónicos está dividido. Mientras los seguidores de Pizango continúan el bloqueo de carreteras en Yurimaguas, “exigiendo” ahora la renuncia del presidente de la República, el cambio de la política económica, la denuncia del TLC, etc., las voces más prudentes buscan la conciliación con el Gobierno. Tal es el caso de los apus de la región San Martín, quienes han presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones cien mil firmas, que deberán ser validadas para iniciar el camino hacia la acción de inconstitucionalidad de los decretos conflictivos. Precisamente, esta es la ruta a transitar. Es hora de que el Tribunal Constitucional conozca el caso y emita una sentencia para que el Estado pueda reconsiderar, sin abjurar de las potestades del Legislativo y el Ejecutivo, las normas que tanto problema acarrean.Asimismo, debe retomarse el diálogo porque ese es el único camino al restablecimiento de la paz social, aunque ese diálogo solo será posible cuando el Gabinete Ministerial y cuando la dirigencia nativa se renueven oficialmente.
El presidente García —además de dirigirse a una nación que espera un informe preciso del jefe del Estado— debe empeñar su liderazgo entendiendo que en el sistema democrático los ministros son una suerte de fusibles para que el sistema representativo no se afecte de manera medular. Desde el punto de vista comunicativo, el Gobierno debe, asimismo, organizar un sistema de reporte transparente y preciso sobre los hechos. No puede ser posible, por ejemplo, que hasta el momento no se establezca el número definitivo de los muertos y heridos en la zona de Bagua, cosa que fomenta manipulaciones sobre presuntas fosas clandestinas. Falta, entre tanto, que se restablezca el pleno imperio de la autoridad democrática en todos los pueblos afectados por la violencia. Mientras se mantengan las amenazas de nuevas asonadas y no se restauren las garantías para los ciudadanos y las empresas, la emergencia no se superará.
La denuncia sobre una presunta conspiración contra el Perú debe, luego, precisarse. Es cierto que existen indicios de injerencias extremistas y hasta eventualmente extranjeras; sin embargo, no coinciden las palabras del mandatario con las de su primer ministro; tampoco con el texto utilizado en un spot publicitario oficial. La acción diplomática, por lo demás, ha sido eficiente al pedir a la Asamblea de la OEA una reunión extraordinaria para informar sobre lo sucedido y evitar la manipulación que habían iniciado los delegados de otros países de la región. Por último, el país —especialmente a través de los medios de comunicación— debe recuperar no solo la calma, sino también la confianza en que por muy aciagos que sean los episodios de confrontación social en una democracia, siempre será posible encontrar salidas creativas, duraderas y pacíficas.
La ministra del Interior, si bien asume la responsabilidad política por los luctuosos acontecimientos, persiste en la versión —a todas luces inexacta— de que no existieron informes de inteligencia previos, lo cual resulta también contradictorio, porque, como ella reconoce, la policía tuvo a cargo la ejecución de la operación fallida, ya que “tiene su propia jerarquía”. Quizá eso explique por qué la señora Cabanillas no conocía los reportes previos.
En cuanto a su ataque contra El Comercio, deslizando que estaría al servicio de ciertos intereses políticos, ella sabe muy bien que nos rigen la independencia y la veracidad, así como la plena identificación con los intereses del Perú, que no es lo mismo que identificarse con los funcionarios de un gobierno de turno ni con partido político alguno. En el Congreso, la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa ha sido pobre, pues fue una suerte de necio ajuste de cuentas. Los humalistas estuvieron en el cínico papel de víctimas, cuando las evidencias los sindican como azuzadores del conflicto e incluso cómplices en la fuga a la Embajada de Nicaragua del cabecilla Alberto Pizango, quien traicionó a sus hermanos nativos. Los fujimoristas trataron de sacar provecho de la situación; y los apristas únicamente intentaron eximirse de culpas. Nadie, en cambio, asume hasta hoy la responsabilidad integral por lo ocurrido.
Entre tanto, el movimiento de defensa de los indígenas amazónicos está dividido. Mientras los seguidores de Pizango continúan el bloqueo de carreteras en Yurimaguas, “exigiendo” ahora la renuncia del presidente de la República, el cambio de la política económica, la denuncia del TLC, etc., las voces más prudentes buscan la conciliación con el Gobierno. Tal es el caso de los apus de la región San Martín, quienes han presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones cien mil firmas, que deberán ser validadas para iniciar el camino hacia la acción de inconstitucionalidad de los decretos conflictivos. Precisamente, esta es la ruta a transitar. Es hora de que el Tribunal Constitucional conozca el caso y emita una sentencia para que el Estado pueda reconsiderar, sin abjurar de las potestades del Legislativo y el Ejecutivo, las normas que tanto problema acarrean.Asimismo, debe retomarse el diálogo porque ese es el único camino al restablecimiento de la paz social, aunque ese diálogo solo será posible cuando el Gabinete Ministerial y cuando la dirigencia nativa se renueven oficialmente.
El presidente García —además de dirigirse a una nación que espera un informe preciso del jefe del Estado— debe empeñar su liderazgo entendiendo que en el sistema democrático los ministros son una suerte de fusibles para que el sistema representativo no se afecte de manera medular. Desde el punto de vista comunicativo, el Gobierno debe, asimismo, organizar un sistema de reporte transparente y preciso sobre los hechos. No puede ser posible, por ejemplo, que hasta el momento no se establezca el número definitivo de los muertos y heridos en la zona de Bagua, cosa que fomenta manipulaciones sobre presuntas fosas clandestinas. Falta, entre tanto, que se restablezca el pleno imperio de la autoridad democrática en todos los pueblos afectados por la violencia. Mientras se mantengan las amenazas de nuevas asonadas y no se restauren las garantías para los ciudadanos y las empresas, la emergencia no se superará.
La denuncia sobre una presunta conspiración contra el Perú debe, luego, precisarse. Es cierto que existen indicios de injerencias extremistas y hasta eventualmente extranjeras; sin embargo, no coinciden las palabras del mandatario con las de su primer ministro; tampoco con el texto utilizado en un spot publicitario oficial. La acción diplomática, por lo demás, ha sido eficiente al pedir a la Asamblea de la OEA una reunión extraordinaria para informar sobre lo sucedido y evitar la manipulación que habían iniciado los delegados de otros países de la región. Por último, el país —especialmente a través de los medios de comunicación— debe recuperar no solo la calma, sino también la confianza en que por muy aciagos que sean los episodios de confrontación social en una democracia, siempre será posible encontrar salidas creativas, duraderas y pacíficas.
Fuente: El Comercio del 09.06.09
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.