El Gobierno defiende ante la OEA la legalidad de las acciones tomadas ante el paro nativo

Washington (dpa).- La embajadora peruana en el ente continental calificó de “conspiración contra el sistema democrático” las protestas que devinieron en al menos 33 muertos. El Gobierno defendió hoy ante la OEA su “ejercicio legal” durante los hechos de violencia registrados el fin de semana en la zona amazónica de Bagua, que se saldaron con la muerte de al menos 33 personas, y aseguró que realiza “todos los esfuerzos necesarios” para esclarecer los sucesos.“El Estado peruano, ante ante una conspiración contra el sistema democrático, respondió con el ejercicio legal de las atribuciones que le reconoce la Constitución, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos comprometidos en estos lamentables actos, sin ningún tipo de distinción y proporcionándoles la asistencia legal y la supervisión de las autoridades competentes”, sostuvo la embajadora peruana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Zavala.
El Estado “realiza todos los esfuerzos necesarios para esclarecer estos lamentables sucesos dentro del marco que corresponde a una democracia y a un Estado de Derecho”, agregó Zavala durante la sesión extraordinaria que celebró el Consejo Permanente de la OEA en su sede en Washington con motivo de los violentos hechos. “El gobierno del presidente Alan García utilizará los mecanismos y el diálogo (...) y el marco legal para solucionar satisfactoriamente este impasse doloroso que hemos afrontado este fin de semana”, agregó la diplomática peruana, según la cual los detenidos por los hechos “continuarán gozando”, cuando se inicie el proceso judicial, de “todas las garantías inherentes al debido proceso”.Los violentos hechos, de los que ambas partes se acusan mutuamente y que devinieron en la muerte de 24 policías y al menos nueve indígenas, se desataron el pasado viernes, cuando la policía despejó una carretera bloqueada por indígenas que están en huelga en cinco departamentos de la selva desde hace casi dos meses en demanda de que se deroguen decretos que supuestamente los perjudican en beneficio de las transnacionales.
FUE UNA RESPUESTA, ASEGURA

Zavala afirmó hoy que la intervención estatal se produjo “frente a una agresión cuidadosamente preparada que interrumpió la producción y transporte de petróleo y el envío de gas hacia las principales ciudades del país”, a la par que subrayó que tanto las detenciones como la actuación policial “se han llevado con la presencia de representantes del Ministerio Público” en base al “respeto de las normas y derechos fundamentales”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, había condenado “enérgicamente” los “graves hechos de violencia” y pidió al Estado peruano “esclarecer judicialmente” el suceso y “reparar sus consecuencias”. Asimismo, abogó por “promover un proceso de diálogo” para hallar una solución al conflicto. “La CIDH hace un llamado a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos. Cabe resaltar la importancia de adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta”, señaló. El organismo también pidió al gobierno peruano que tome las “medidas necesarias” para garantizar que todos los heridos tengan acceso a servicios de salud y le recordó que debe respetar el “derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales” de los detenidos durante los incidentes, que según la CIDH se realizó “sin que se informara sobre su identidad o paradero”.

Fuente: El Comercio del 09.06.09