Ejecutivo entregó proyecto al Congreso para derogar decretos cuestionados

El Gobierno entregó esta tarde al Congreso la propuesta de derogación de los decretos legislativos 1064 y 1090, cuestionados por las comunidades nativas, con la finalidad de poner fin a la protesta amazónica que dejó 34 muertos. Flanqueado por dirigentes indígenas, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, hizo entrega simbólica del documento al titular del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén.
En conferencia de prensa en la sede del Poder Legislativo, Simon Munaro pidió a las bancadas “que no se personalice” la discusión de la inciativa y pensar en los nativos, en alusión al pedido de renuncia que le hacen varios grupos de oposición al jefe del gabinete ministerial al considerarlo responsable político de los luctuosos sucesos en Bagua. “Sé que partidos democráticos del Congreso están mortificados, sé que muchos de ellos están hasta indignados. Puedo decir que estoy en la capacidad de poder soportar las indignaciones y de poder soportar, como diría (el poeta César) Vallejo, los palos y las palizas”, manifestó Simon. El jefe del gabinete hizo una aparente alusión a las bancadas de Unidad Nacional y Alianza por el Futuro, del sector fujimorista, que piden la renuncia de Simon al considerar que tuvo un gesto de debilidad al pactar con los dirigentes indígenas.
Al respecto, Velásquez Quesquén indicó que el Congreso le dará prioridad al proyecto en la discusión del pleno y aseveró que hay deseo de todas las bancadas de derogar las normas.
El presidente del Congreso manifestó que el proyecto suscribirá el Convenio 169, de la Organización Internacional de Trabajo, en el que pide a las autoridades consultar a los pueblos indígenas cuando elaboren normas que atañen a sus territorios. En la cita se encontraba presente el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos; la presidenta de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central, Lidia Rengifo; la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz; y el ministro de Ambiente, Antonio Brack.

Fuente: El Comercio del 17.06.09