viernes, 6 de noviembre de 2009

Alianza con las comunidades

Lo que estamos viendo es una ofensiva política y una disputa abierta por los recursos, a la vez. Es necesario civilizarla. Ponerle reglas, aceptadas por todos
Por: Jaime de Althaus Guarderas
No se puede seguir postergando un replanteamiento global de la relación entre la inversión minera y las comunidades en la sierra. Esta última semana han ocurrido dos hechos alarmantes. El primero, sumamente grave, fue el ataque, de naturaleza terrorista, al campamento de la minera Río Blanco en la sierra de Piura, donde fueron asesinados dos vigilantes y el administrador. Las armas usadas —retrocargas, punzocortantes, pistolas— hacen pensar que los asesinos podrían ser integrantes de rondas campesinas, algunas de ellas muy hostiles al proyecto Majaz, eventualmente vinculadas al narcotráfico, y alimentadas por las versiones de la Iglesia y algunas ONG de que la mina afectaría el agua. Y al narcotráfico no le interesa una presencia formal fuerte en el área.
El segundo fue la invasión de áreas de exploración de la empresa Ares, en Chumbivilcas. No por las tres comunidades en cuyas tierras se realiza la exploración —que han firmado acuerdos con Ares—, sino por comuneros de dos provincias aledañas pertenecientes a la misma cuenca, y otras personas. Aquí se juntaron la información de que la empresa está contaminando la cabecera del valle y ha matado animales —falsa porque la exploración no contamina—, y el interés de lanzarse a la minería informal en las tierras de la empresa. Se usa un argumento ambiental para disfrazar una apropiación ilícita. O se inventan mentiras para expulsar a una empresa de su concesión.
Lo que tenemos es un campo de batalla en el que el Estado de derecho ha sido sustituido por la ley de la fuerza. Es el estado presocial. Lo que estamos viendo es una ofensiva política y una disputa abierta por los recursos, a la vez. Es necesario civilizar esa disputa. Ponerle reglas, aceptadas por todos.
Las reglas en teoría existen: antes de explotar un recurso se debe hacer un estudio de impacto ambiental y debe haber acuerdo de la población. Pero en muchos casos no se puede llegar siquiera a eso. El proyecto es expulsado antes del estudio. Las campañas agitadoras de los temores irracionales vencen. Pero vencen, primero, por una historia pasada que las avala; segundo, porque no hay una campaña explicativa suficientemente poderosa para contrarrestarlos ni una propuesta que integre realmente a las comunidades, que las haga aliadas. Y, tercero, porque no se castigan los actos delictivos.
Habría que concertar mejor aquellas reglas con las comunidades para lograr una alianza con ellas. Promover, acaso, formas asociativas que vayan más allá de los programas sociales de las minas. Hacerlas socias, en buena cuenta. Y fortalecer sustancialmente la presencia del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio Público a la vez.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.