El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado (Sernanp) ha propuesto quince nuevas áreas de conservación, que abarcarán más de un millón de hectáreas en ocho departamentos de la costa, sierra y selva de nuestro país.¿Qué significa eso? De antemano, es muy positiva la mayor conciencia de los gobiernos regionales y de las comunidades respecto de la necesidad de conservar bosques y espacios naturales que pertenecen a todos. Buscan también proteger los recursos y especies, algunas en extinción, así como asegurar el equilibrio del ecosistema ante los terribles perjuicios que causa el calentamiento global en el clima, la agricultura y la calidad de vida de todo el mundo.
Sin embargo, siendo esto trascendental, no es suficiente. Falta aún que la Presidencia del Consejo de Ministros apruebe la propuesta y, no menos importante, que se pase de lo declarativo a la implementación de un plan con medidas concretas y efectivas para garantizar realmente la conservación de dichas áreas en riesgo y constantemente amenazadas.
Por ejemplo, resulta indignante y desalentador que 12 personas acusadas de invadir el bosque de Pomac y propiciar la muerte de dos policías durante una operación de desalojo hayan sido liberadas por las autoridades judiciales de Ferreñafe. ¿Qué mensaje se da a las comunidades y al país? ¿Y qué podrían pensar y hacer con este mal precedente otros posibles invasores?
Las instancias superiores del Poder Judicial y del Ministerio Público tienen que evaluar exhaustivamente la actuación del juez José Pisfil para tomar las medidas correctivas necesarias, en un caso flagrante de violación del principio de autoridad y contra los derechos a la vida y la propiedad.
En cuanto al Poder Ejecutivo, su responsabilidad sigue siendo crucial e inexcusable para fijar políticas ambientales y ejecutarlas. La creación de nuevas áreas de conservación, así como la protección de las ya existentes, es un tema que abarca diversos sectores pero que debe motivar una mayor atención presupuestal y transferencia de funciones operativas y normativas al Ministerio del Ambiente. Complementariamente, sigue pendiente la evaluación de mecanismos reguladores y fiscalizadores sobre la materia.
No se trata de caer en extremos que prohíban la entrada a los bosques, sino, por el contrario, de integrar a las comunidades y a las empresas responsables del sector privado en su conservación, protección y explotación racional y sostenible.
Como lo explican los expertos, estos espacios protegidos podrán generar unas siete gigatoneladas de captura de carbono, lo cual podrían significar importantes captaciones de ingresos, dentro del sistema de bonos ambientales que promueven países desarrollados, para financiar otros proyectos de conservación.
Hay, pues, razones prácticas y hasta de supervivencia que hacen del cuidado ambiental una acuciante prioridad mundial. A pocos días de la Cumbre Mundial de Copenhague sobre el cambio climático, el Perú debe presentar planes de conservación y protección con metas precisas y planes fiscalizados que involucren a las instancias estatales, las comunidades y el sector privado.
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