En reciente información recibida de Lidercon se da cuenta que hasta inicios del mes de agosto se llevaron a cabo 312,229 inspecciones vehiculares de las cuales se DESAPROBARON el 27,73%, es decir, un total de 86,592. Este sólo dato da cuenta de la terrible situación de nuestro parque automotor. Luego de segundas y terceras inspecciones, la cifra total de vehículos que no pasó la prueba definitivamente es de 12,232 equivalentes al 5,17% del total revisado.
En primer término, es de suponer que los propietarios de los vehículos de mayor antigüedad y de peores condiciones mecánicas han permanecido, en gran proporción, omisos al sistema de revisiones. Y esto podría deberse a la nula fiscalización y control por parte de las autoridades del MTC, la MML y de la PNP durante el 2009.
En segundo lugar, es harto posible que la mayor concentración de vehículos que asistieron a las inspecciones sean vehículos de uso privado y no los dedicados al servicio de transporte público de pasajeros pues estos últimos han manifestado públicamente su oposición al sistema de revisiones. Se puede afirmar entonces que los resultados en desaprobación serían mayores de haber cumplido los taxis, colectivos, mototaxis y combis con asistir a la revisión correspondiente. Lamentablemente las cifras obtenidas oficialmente no establecen una diferenciación entre vehículos de servicio privado y los de servicio público asunto que es de singular importancia si realmente queremos ordenar y mejorar las prestaciones vehiculares en la ciudad.
Debe llamarnos la atención que más de la cuarta parte de los vehículos que se sometieron a la revisión no apruebe el examen en primera instancia (revisiones que hoy tienen las exigencias benignas comparativamente y cuyos equipos muestran calibraciones disímiles según las verificaciones realizadas por terceros que sirvieron para que Indecopi y el MTC multen recientemente a la empresa). No es propósito de este análisis entrar en la discusión sobre la calidad de los registros técnicos de los equipos de Lidercon ni sobre la indolencia de las autoridades para establecer mecanismos eficientes y puntuales de control de calidad de estas revisiones y del cumplimiento obligatorio de los usuarios. Incluso, bajo las circunstancias actuales, lo único que podríamos decir es que, como en otros asuntos claves de la ciudad, se trata de “una historia en la que hay un roto para un descocido”. O mejor aún, para varios descocidos.
Pero más allá de los ajustes y mejoras permanentes que es indispensable introducir en el sistema para que cumpla con los objetivos que la ley establece, sistema que bien llevado ninguna metrópoli seria se atrevería a desdeñar, resulta necesario introducir ciertas modificaciones tanto al ejercicio mismo de las revisiones como en la manera en que las concesionarias de este “servicio público” brindan la información periódica sobre los resultados obtenidos.
En este último aspecto, lo primero que se requiere es que la información esté actualizada, sea pública (colgada en una página web por ejemplo) y permita que la ciudadanía pueda evaluar por si misma los resultados de este servicio. Entonces corresponde a las empresas encargadas de las revisiones hacerlo del mismo modo que corresponde al MTC publicar los resultados de sus tareas de supervisión periódica de los sistemas de revisión y los ajustes progresivos a los requisitos técnicos y, a la Municipalidad de Lima y Policía Nacional, les toca mostrar los resultados de sus labores de fiscalización de campo relativos al cumplimiento de esta obligación que forma parte del esfuerzo por mejorar la calidad de vida en la ciudad.
En cuanto al modelo de tablas informativas es preciso que estas contengan la clasificación vehicular oficial en el eje vertical y con una distinción en el eje horizontal por tipo de servicio (público y privado) que los vehículos prestan en la ciudad. De este modo podremos comprender con claridad en qué tipo específico de vehículo y de prestación se concentran los principales problemas técnicos –los que a su vez están correlacionados con antigüedad, mayores emisiones contaminantes, riesgos de accidentes, etc.-. Y las políticas públicas en materia de renovación del parque automotor, de manejo y reducción de la congestión y de movilidad urbana, podrán nutrirse de esta información correctamente presentada y del trabajo articulado de las organizaciones involucradas. Lima, 31 de agosto 2009
Rafael García M.
En primer término, es de suponer que los propietarios de los vehículos de mayor antigüedad y de peores condiciones mecánicas han permanecido, en gran proporción, omisos al sistema de revisiones. Y esto podría deberse a la nula fiscalización y control por parte de las autoridades del MTC, la MML y de la PNP durante el 2009.
En segundo lugar, es harto posible que la mayor concentración de vehículos que asistieron a las inspecciones sean vehículos de uso privado y no los dedicados al servicio de transporte público de pasajeros pues estos últimos han manifestado públicamente su oposición al sistema de revisiones. Se puede afirmar entonces que los resultados en desaprobación serían mayores de haber cumplido los taxis, colectivos, mototaxis y combis con asistir a la revisión correspondiente. Lamentablemente las cifras obtenidas oficialmente no establecen una diferenciación entre vehículos de servicio privado y los de servicio público asunto que es de singular importancia si realmente queremos ordenar y mejorar las prestaciones vehiculares en la ciudad.
Debe llamarnos la atención que más de la cuarta parte de los vehículos que se sometieron a la revisión no apruebe el examen en primera instancia (revisiones que hoy tienen las exigencias benignas comparativamente y cuyos equipos muestran calibraciones disímiles según las verificaciones realizadas por terceros que sirvieron para que Indecopi y el MTC multen recientemente a la empresa). No es propósito de este análisis entrar en la discusión sobre la calidad de los registros técnicos de los equipos de Lidercon ni sobre la indolencia de las autoridades para establecer mecanismos eficientes y puntuales de control de calidad de estas revisiones y del cumplimiento obligatorio de los usuarios. Incluso, bajo las circunstancias actuales, lo único que podríamos decir es que, como en otros asuntos claves de la ciudad, se trata de “una historia en la que hay un roto para un descocido”. O mejor aún, para varios descocidos.
Pero más allá de los ajustes y mejoras permanentes que es indispensable introducir en el sistema para que cumpla con los objetivos que la ley establece, sistema que bien llevado ninguna metrópoli seria se atrevería a desdeñar, resulta necesario introducir ciertas modificaciones tanto al ejercicio mismo de las revisiones como en la manera en que las concesionarias de este “servicio público” brindan la información periódica sobre los resultados obtenidos.
En este último aspecto, lo primero que se requiere es que la información esté actualizada, sea pública (colgada en una página web por ejemplo) y permita que la ciudadanía pueda evaluar por si misma los resultados de este servicio. Entonces corresponde a las empresas encargadas de las revisiones hacerlo del mismo modo que corresponde al MTC publicar los resultados de sus tareas de supervisión periódica de los sistemas de revisión y los ajustes progresivos a los requisitos técnicos y, a la Municipalidad de Lima y Policía Nacional, les toca mostrar los resultados de sus labores de fiscalización de campo relativos al cumplimiento de esta obligación que forma parte del esfuerzo por mejorar la calidad de vida en la ciudad.
En cuanto al modelo de tablas informativas es preciso que estas contengan la clasificación vehicular oficial en el eje vertical y con una distinción en el eje horizontal por tipo de servicio (público y privado) que los vehículos prestan en la ciudad. De este modo podremos comprender con claridad en qué tipo específico de vehículo y de prestación se concentran los principales problemas técnicos –los que a su vez están correlacionados con antigüedad, mayores emisiones contaminantes, riesgos de accidentes, etc.-. Y las políticas públicas en materia de renovación del parque automotor, de manejo y reducción de la congestión y de movilidad urbana, podrán nutrirse de esta información correctamente presentada y del trabajo articulado de las organizaciones involucradas. Lima, 31 de agosto 2009
Rafael García M.
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