DECRETOS DE URGENCIA EN LA MIRA

DECRETOS DE URGENCIA EN LA MIRA
Infraestructura, desarrollo y manejo ambiental

Por: Gonzalo Castro De La Mata V*
Sábado 12 de Febrero del 2011

La introducción de los decretos de urgencia 001 y 002 que permitirían la dación de permisos administrativos para una treintena de proyectos de infraestructura sin la previa aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) ha generado una gran discusión. Por un lado quienes defienden los decretos argumentan, válidamente, que las inversiones en infraestructura no están ocurriendo con la velocidad necesaria, en parte por la maraña burocrática y por la existencia de un Estado ineficiente, enclenque y con una muy disminuida capacidad profesional. Por otro lado, quienes los critican, enfatizan la inconstitucionalidad de los mismos y el riesgo que su aprobación podría significar para el manejo ambiental del país.

Estas posiciones opuestas caricaturizan la percepción errada de que la protección ambiental y por ende la existencia de los EIA constituye un freno al desarrollo. Estas razones encontradas sugieren que hay que escoger entre desarrollo y medio ambiente, y que cuando un lado gana, el otro pierde, es decir, la existencia de un juego de “suma cero”. El ministro de Economía, por ejemplo, restó importancia a las críticas porque, en referencia a los proyectos favorecidos, “son de infraestructura básica, que tienen poco o nulo impacto ambiental”. Es decir, habría personas como él que saben, a priori, cuándo un proyecto tiene impacto y cuándo no. De ser así, entonces efectivamente los EIA serían una mera formalidad y un estorbo, en cuyo caso no habría argumento válido para defender su existencia.

Paradójicamente, lo que no se discute es para qué sirven los EIA. Su ‘raison d’être’ no es otra que la incorporación de externalidades al proceso de toma de decisiones. Imaginemos una mina que toma agua limpia de un río y luego vierte sus desechos sucios al mismo. Las personas que viven aguas abajo se enferman o se ven obligadas a comprar agua limpia de otro lugar. Este costo adicional para ellas no lo paga la mina, que al mostrar estados financieros sólidos lleva a la conclusión errada de que su inversión beneficia a la sociedad. Pero en algunos casos el resultado final puede ser negativo si los costos pagados por los que viven aguas abajo (las externalidades) exceden los beneficios que trae la mina. Los EIA permiten identificar estos casos y tomar decisiones que a la larga son las económicamente correctas. Es por ello que son justamente las compañías transnacionales más serias las que nunca invertirían o arriesgarían recursos sin tener la certeza de que los aspectos ambientales (y por ende sociales) no les significarán problemas en el mediano plazo. La única forma de saberlo es a través de los EIA serios y que den permanencia en el tiempo, es decir, sustentabilidad, a sus inversiones. Contrariamente a los argumentos escuchados a favor de estos decretos, el riesgo es el inverso, es decir, que no se invierta por la incertidumbre que genera la relajación de esta herramienta tan indispensable en sociedades más avanzadas.

El Perú sigue siendo un país pobre y desigual, en donde la falta crónica de inversión privada en infraestructura, sobre todo en las zonas rurales, exagera las diferencias sociales entre los que participan de la economía de mercado y los que no tienen acceso a ella. La inversión privada en infraestructura es indispensable para el desarrollo de nuestro país. Al mismo tiempo, un país moderno y civilizado y con un Estado eficaz debe aplicar reglas de juego inteligentes que generen desarrollo sostenible y nos permitan competir en el mundo globalizado de las economías verdes. Estos mal concebidos “decretos de urgencia”, desafortunadamente, nos llevan en la otra dirección.

http://elcomercio.pe/impresa/notas/infraestructura-desarrollo-manejo-ambiental/20110212/712507