Domingo 30 de Enero del 2011Tan preocupante como la promulgación de los polémicos decretos de urgencia que eliminan la obligación de presentar estudios de impacto ambiental (EIA) para tramitar concesiones o permisos estatales en 33 proyectos de inversión es la terca insistencia del Ministerio del Ambiente (Minam) en respaldar la absurda, peligrosa e inconstitucional iniciativa gubernamental.
¿De qué lado está el Minam que olvida que esos decretos son ilógicos y anticonstitucionales, no responden a los requerimientos de un decreto de urgencia y podrían ser una bomba de tiempo para el próximo gobierno, como lo han demostrado entidades académicas, ambientales y legales?
Promovemos la economía social de mercado, dentro del Estado de derecho, pero con reglas claras y equitativas y respeto al medio ambiente y los derechos de las comunidades. No obstante, los polémicos decretos de urgencia no son tales, ya que, según el art. 118 de nuestra Carta Magna, estos solo pueden darse por excepción y exclusivamente en materia económica y financiera y no en temas regulatorios y administrativos como en este caso.
Colateralmente, se pretende establecer un absurdo privilegio a favor de un determinado grupo de inversionistas, lo que genera un clima inequitativo y perturbador poco propicio para futuros proyectos de inversión. Asimismo, los decretos en cuestión dicen privilegiar las inversiones, pero relegan a un segundo plano los temas ambientales y la relación con las comunidades, además de contravenir convenios con la OIT de rango constitucional.
Se trata de asuntos especialmente sensibles en un país como el Perú, que destaca por su biodiversidad, y en el que muchos conflictos sociales graves han tenido como causa principal la falta de atención a las comunidades eventualmente afectadas, que debieran ser escuchadas a través de mecanismos de consulta.
No se puede poner la carreta delante de los caballos: Hay normas y procedimientos constitucionales, administrativos y sociales que sustentan la estructura del Estado de derecho y que no pueden ser trastrocados de ninguna manera, so riesgo de afectar seriamente la estabilidad legal, institucional y democrática.
El Poder Ejecutivo tiene que sopesar lo que está en juego en el fondo o corresponderá al Congreso o al Tribunal Constitucional revisar tales controvertidos decretos de urgencia y disponer su inmediata derogación.
http://elcomercio.pe/impresa/notas/minam-carreta-delante-caballos/20110130/706086
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