domingo, 30 de enero de 2011

ENTREGADA LA CONCESIÓN, TODO ESTA CONSUMADO…

Por Martín Tanaka
El tema de cómo canalizar institucionalmente los conflictos sociales para evitar que asuman formas de protesta violentas está prácticamente ausente del debate electoral, a pesar de que fue un asunto central durante el gobierno de García (allí están los trágicos sucesos de Bagua para atestiguarlo). Lo que ocurre es que la conflictividad social, en alza continua en los últimos años, se estabilizó relativamente hacia finales de 2009, para ir en lento descenso desde entonces.

Obviamente los conflictos no han desaparecido, y el año que pasó tuvimos los casos de Tía María o Majes- Siguas, por ejemplo. Lo que sí se desvaneció fue la percepción de que podría darse una “avalancha” de acciones de protesta, que podrían articularse detrás de algunas grandes demandas, y que podrían terminar identificándose con algún candidato presidencial. Lo que tenemos son demandas dispersas, variadas, que ocurren en un contexto electoral, que establece una suerte de tregua: las autoridades que salen no toman decisiones importantes, las organizaciones sociales adoptan una actitud de esperar a las nuevas, algunas de las cuales han salido, en los espacios subnacionales, de entre los líderes que cuestionan las prácticas existentes.

Pero una tregua es solamente eso; nada asegura que la tendencia declinante de la conflictividad se mantendrá una vez instalado el nuevo gobierno nacional; por el contrario, podríamos tener una rápida escalada en los dos últimos trimestres del año.

Recordemos que hay en el país una gran cartera de proyectos de inversión esperando la iniciación del nuevo gobierno; si el empresariado percibe que tendrá un gobierno amigable y que se esfumó el riesgo de políticos antisistema, es probable que se quiera avanzar mucho y rápido. Dentro de esa cartera destacan grandes inversiones en industrias extractivas y proyectos hidroenergéticos, que podrían despertar una nueva ola de protestas. Por ello, lo que necesitamos es elevar las exigencias ambientales y sociales de los proyectos, pero vamos en la dirección contraria.

En esa línea consideramos la reciente aprobación de los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011 que buscan acelerar la realización de proyectos de inversión considerados prioritarios. Si bien se mantiene el requisito de contar con un estudio de impacto ambiental aprobado para el inicio de los mismos, no es necesario contar con este para iniciar trámites administrativos y realizar otras acciones.

El problema es que para la población se presenta una lógica de hechos consumados: se consiguen autorizaciones, se hacen planos, se consigue financiamiento para obras que no se sabe todavía qué impacto tendrán, y que no han desarrollado aún estrategias de relación con las comunidades. No debería sorprendernos entonces un probable recrudecimiento de los conflictos.

¿Cómo compatibilizar la promoción de la inversión con una lógica de prevención de conflictos? ¿Cuáles son las propuestas?

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