Un grupo de representantes de pobladores de La Oroya solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevar la solicitud de imponer medidas cautelares al Estado Peruano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica.De acuerdo a Astrid Puentes, co-Directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), esta solicitud es viable pues “después de dos años y siete meses de la solicitud de las medidas cautelares por la Comisión Interamericana, éstas no han sido cumplidas” por parte del Estado peruano.
El pedido se realizó durante una audiencia de la CIDH, en Washington (EE.UU.) donde el Estado peruano se presentó (a través de representantes del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Osinergmin) para dar cuenta de las acciones que se han realizado para remediar los casos de contaminación en La Oroya.
Durante la cita, los representantes del Estado afirmaron que la medida cautelar a favor de la salud de los pobladores de La Oroya ha sido “satisfecha”, por lo que consideraron levantar esta medida.
Dentro de las acciones realizadas en La Oroya, el Estado informó que se ha iniciado un grupo de obras para cubrir suelos expuestos y mejorar hábitos de higiene; el Minsa ha coordinado citas médicas y se ha expandido la capacidad hospitalaria y, por se ha aumentado el nivel de multas contra las malas prácticas mineras.
Sin embargo, para Carmen Rosa Sandoval, abogada de la SPDA: “No es posible asegurar en el tiempo que la supervisión y fiscalización estatal sea eficaz; nuestro análisis y la presentación del Estado evidencia que las sanciones son tardías e incompletas, los procesos son largos, por lo que no cumplen con los objetivos”.
AÑOS ESPERANDO RESPUESTA
Para Rosa Amaro, pobladora de La Oroya, la actitud del Estado ante la CIDH fue “irresponsable”: “No pueden decir que se tiene que dar por concluida la medida cautelar, sin haber concluido las evaluaciones médicas y tampoco tener un diagnóstico definitivo para nuestro tratamiento”.
Amaro recordó la lentitud con la que el Ministerio de Salud actúa para dar un diagnóstico claro a los oroyinos: “Han pasado dos años y no tenemos diagnóstico de nuestros padecimientos. En el Ministerio de Salud y en el de La Oroya no existen médicos especialistas”.
Al respecto, Astrid Puentes, de AIDA, indicó que, por el contrario, el Estado ha “ignorando las conclusiones del Grupo de Expertos, las peticiones de los beneficiarios y los lineamientos científicos, pretende dar por concluidas las medidas cautelares. Esto aún sin haber dado a los beneficiarios las conclusiones que presentaron hoy ante la Comisión”.
Por su parte, Fernando Serrano, doctor de la Universidad de Saint Louis (Missouri, Estados Unidos), indicó, en base a los dosajes que se han hecho a un grupo de pobladores de esa ciudad, que los niveles de plomo reportados son elevados. La preocupación recae, sobre todo, en los niños menores de 7 años.
Además, informó que en la mayoría de niños menores de 7 años el cadmio excede el valor de referencia de 0.21 y 0.5; valores que en los adultos son largamente excedidos. En cuanto al arsénico, los porcentajes exceden el valor de referencia en la mayoría de los casos. Para Fernando Serrano, esto, desde el punto de vista de la salud pública, es preocupante pues indica que los pobladores continúan enfrentando riesgos en su salud.
“Con esos niveles de cadmio y arsénico la gente ya puede tener riesgo en la salud. No es necesario que les de cáncer para actuar”, dijo.
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Foto: Diego Pérez /
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