No más prórrogas a combustibles sulfurosos

Es absurdo e indignante que, en lugar de defender sus fueros y hacer cumplir la ley, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) pretenda ahora dar marcha atrás en sus propias normas y plantee una nueva prórroga a la obligación de las refinerías de reducir los altos niveles de azufre en el petróleo.
De por medio están no solo el principio de autoridad, ya bastante vapuleado en estos días, sino la obligación constitucional del Estado —y del gobierno que lo administra— de poner orden y regular el mercado de combustibles, así como de proteger el medio ambiente y la salud de la población.
Por lo mismo, es entendible y justificado el rechazo de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Ambiente a esta posible nueva prórroga, sobre todo porque en todo momento advirtieron sobre la importancia de cumplir el decreto supremo del 2005 que obligaba a las refinerías a reducir el azufre en cinco años, lo que se cumple el 1 de enero del 2010.
Este plazo, concordado con las refinerías de Repsol y de Petro-Perú, era más que suficiente para modernizar las plantas. Pero lo que ha faltado es voluntad política y mayor celo del MEM y del organismo regulador, Osinergmin, para vigilar el cumplimiento gradual del cronograma aprobado, así como para aplicar las sanciones correspondientes a los transgresores.
Hay que recordar aquí que la creación del Ministerio del Ambiente se dio en un contexto esperanzador de una nueva política gubernamental, basada en el mayor esfuerzo para preservar el ecosistema y reducir los graves niveles de contaminación que afectan la salud y la vida de las personas.
El problema es acuciante. Y es que, a pesar de que importamos petróleo más limpio y menos contaminante, recientes informes internos del Osinergmin dan cuenta de que las refinerías siguen comercializando combustible con la misma cantidad de azufre que en el 2005, es decir 5.000 ppm (partes por millón), cuando lo ideal es 50 ppm, que es lo que la actual norma obligaría a comercializar desde el 1 de enero del 2010.
En tan delicado contexto, aceptar ahora una nueva prórroga de 3 o 5 años implicaría graves costos, lo que obliga al Gobierno y al MEM a ser más severos para ejecutar sus propias normas, plantear sanciones, y convocar a las refinerías para que asuman su grave responsabilidad y cumplan las metas establecidas.
Aquí no puede haber retroceso, lo que, además de ser incongruente y sentar un mal precedente en la gestión estatal, sería condenarnos a vivir en un ambiente insano de contaminación, con no pocas repercusiones económicas.
Urge, por ello, establecer un nuevo cronograma, mucho más corto pero acompañado de mecanismos de seguimiento puntual, control, fiscalización y, por supuesto, de sanción, en lo que no puede haber ningún trato preferencial a la refinería estatal.

Fuente: El Comercio del 20.06.09

Ministerio del Ambiente y Defensoría rechazan prórroga para refinerías

Por: Nelly Luna Amancio

Las refinerías han dicho que no cumplirán el plazo para reducir los altos niveles de azufre en el petróleo antes del 1 de enero del 2010, tal y como lo obliga un decreto supremo del 2005. Hace unas semanas, El Comercio advirtió que ninguna de estas empresas (tanto las que administra Petro-Perú como la de Repsol) había avanzado en la instalación de plantas que les permitieran reducir la presencia de azufre a 50 partes por millón de azufre (ppm) y que, por el contrario, continuaban produciendo un diésel con 100 veces más azufre de lo recomendado internacionalmente.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha rechazado la propuesta del Ministerio de Energía y Minas, que plantea otorgar a las refinerías una prórroga de 3 o 5 años más. “Esta política de postergaciones no hace bien a la salud”, dijo Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente, tras recordar que el cumplimiento de la norma reduciría el impacto de la contaminación en la salud de las personas. Recordó también que en dos informes previos (el 116 y el 136) la defensoría había recomendado a Osinergmin “vigilar el cumplimiento del cronograma de reducción del azufre en el diésel”.

Los funcionarios del Ministerio del Ambiente tampoco están de acuerdo con la ampliación. Sin embargo, señalan que esta “va a tener que darse” porque el avance en la instalación de plantas para reducir el azufre es ínfimo. “La prórroga debe llegar con las sanciones correspondientes a las refinerías por incumplimiento de los compromisos”, señaló la viceministra de Gestión Ambiental Ana María González del Valle. Pese a ello —aseguró la funcionaria— se podrán implementar otras alternativas, como la importación de petróleo más limpio. “En estos días estamos diseñando estas y otras estrategias”, dijo.

PARA RECORDAR

Estándar mundial.- En otros países se han endurecido las normas sobre la presencia de azufre en los combustibles. Mientras que en el Perú se comercializa diésel con 5.000 partes por millón (ppm) de azufre, en Chile, por ejemplo, el tope es 50 (ppm).

Efectos en la salud.- El humo causado por la combustión del azufre produce dióxido de azufre (SO2). Sus partículas penetran el sistema respiratorio y provocan problemas cardíacos, e inflamación de los alvéolos pulmonares.
Más vale prevenir

La atención en salud por contaminación atmosférica le demanda al Estado un gasto de S/.547 millones anuales.

Fuente: El Comercio del 19.06.09

La derogación de los cuestionados decretos 1090 y 1064 es una corrección sin precedente

Por Jorge Saldaña
Por razones de Estado, alegó el aprismo; por inconstitucional dijeron el humalismo, Unión por el Perú, Alianza Parlamentaria y Bloque Popular, y por inconsulto a las comunidades nativas según el fujimorismo, el pleno del Congreso aprobó ayer la derogación de los controvertidos decretos legislativos 1090 y 1064.
Las dos únicas bancadas políticas que se mantuvieron firmes a favor de la vigencia de estas leyes fueron Unidad Nacional y Renovación. El vocero de UN Raúl Castro alertó a sus colegas del grave precedente que representa para la institucionalidad democrática convalidar la toma de carreteras y de puentes para echarse abajo la vigencia de normas legales.
El representante de Renovación Wilder Ruiz dijo que votó en contra “para no hacerle el juego al narcotráfico y a los traficantes de madera. Fue un voto a conciencia. Los decretos eran firmes y claros porque apuntaban a eliminar el comercio relacionado con la tala ilegal”, aseveró.
A la hora de la votación —que registró 82 adhesiones a favor de la derogación, 12 en contra y ninguna abstención— se encontraba en la galería del hemiciclo una numerosa delegación de comuneros encabezada por la presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Deysi Zapata, la cual aplaudió la decisión parlamentaria.
Antes de llegar al más polémico retroceso político que se tenga memoria, el hemiciclo del Congreso fue escenario de más de cinco horas de debate, en las que hubo más de un cruce de palabras por parte de la oposición contra un ausente primer ministro Yehude Simon y con la particularidad de una silente bancada aprista que no movió ni una ceja para defenderlo de los ataques de sus adversarios.
El fujimorista Carlos Raffo tildó a Simon Munaro de ser el Judas de la política peruana y de lobo disfrazado de cordero, porque de principal opositor de la derogación (de los decretos) resulta que de un día a otro, de una hora a otra, cambia de posición. “Aparece ahora como el santo varón de la solución. ¡Simon está llevando adelante su plan de llegar a la Presidencia [de la República] a costa del país, de los nativos, del Congreso y del mismo presidente [Alan García] que confió en él! ¿Vamos a dejar que siga?”, inquirió.
Rosa Venegas, de Coordinadora Democrática, llamó la atención por su drástica crítica respecto de la gestión de la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, a quien llamó la reina de los TLC y no dudó en acusarla de haber “paseado” a los pueblos amazónicos. Reclamó su interpelación por haber defendido los cuestionados decretos 1090 y 1064.
Lo curioso de todo fue que estos embates provenientes de varios flancos de la oposición no fueron replicados por la otrora maquinaria de defensa aprista. Nadie dijo nada. El secretario general aprista Mauricio Mulder cerró el debate afirmando que el oficialismo votará por la derogación de los decretos por estrictas “razones de Estado”.
Los voceros de la bancada humalista, Víctor Isla; de Bloque Popular, Oswaldo Luizar; de Unión por el Perú, Carlos Cánepa, respaldaron también el voto de sus propias colectividades a favor de la derogación de los decretos por considerarlos inconstitucionales, tal como fue aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución del Parlamento.
Empero también aprovecharon la oportunidad para proponer a sus colegas que, conforme al último mensaje presidencial que apostó por la búsqueda de un clima de distensión en el país, debería reconsiderarse la suspensión por 120 días a los siete congresistas humalistas, quienes la semana anterior irrumpieron en el hemiciclo del Parlamento.
El Comercio se enteró de que en la Junta de Portavoces y la Mesa Directiva que se realizó a las 8:30 a.m.—antes de que comenzara la sesión plenaria— se planteó la reconsideración de esta sanción disciplinaria para que sea incorporada en la agenda congresal, pero quedó pendiente de discusión, quizás para la semana próxima.
En la víspera el presidente del Congreso, Javier Velásquez, dijo que no se votará sobre ese tema.
Fuente : El Comercio del 19.06.09

Aidesep llama a los nativos a levantar las medidas de fuerza tras derogación de decretos 1090 y 1064

Poco después de que el pleno del Congreso de la República derogó los decretos legislativos 1090 y 1064 , los que eran ampliamente rechazado por las comunidades nativas de la selva, y que generaron los violentos hechos en Bagua, la lideresa de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Deisy Zapata, hizo un llamado a sus bases para levantar las medidas de fuerza en el interior del país.
Poco después de que el pleno del Congreso de la República derogó los decretos legislativos 1090 y 1064, los que eran ampliamente rechazado por las comunidades nativas de la selva, la lideresa de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Deisy Zapata, hizo un llamado a sus bases para levantar las medidas de fuerza en el interior del país.
“Hoy Aidesep estará llamando a las bases, y le diremos que deben levantar las medidas correspondientes”, dijo en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo.
Tras asegurar que los nativos no son manipulados ni tienen dependencia de ninguna ONG ni de algún partido político Zapata solicitó al Parlamento que se levante la sanción a los siete legisladores nacionalistas suspendidos por impedir el funcionamiento del Parlamento al tomar el hemiciclo, como medida de su reclamo de derogatoria de los decretos.
Manifestó que el lunes estarán presentes en las conversaciones con las autoridades para la revisión de la legislación vinculada a la Amazonía. “Se debe suspender, se debe levantar la suspensión de los congresistas”, agregó.
La propuesta del Poder Ejecutivo para derogar estos decretos fue respaldada por 82 votos a favor, 2 en contra y cero abstenciones, tras un largo debate que se prolongó por aproximadamente cuatro horas. La decisión fue exonerada de la segunda votación.

"Lo que pasa en el Perú es lo que pasa en los pueblos indígenas del mundo"

(Andina).- El relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James J. Lenoir Anaya, destacó que el Gobierno y el Congreso peruano están dando los pasos necesarios para atender la problemática de fondo de las comunidades amazónicas.
“Hay que revisar los asuntos de fondo, me alegra los pasos que se han llevado a cabo. Yo estoy aquí para conocer más sobre esto, me interesa saber cuáles son (las medidas) a corto plazo”.
Leinor se reunió esta mañana con los miembros de la Comisión Multipartidaria del Congreso que se encarga de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas. Explicó que su presencia en el Perú responde a una invitación del Gobierno y de la propia comisión parlamentaria, y responde también al interés de conocer la verdad sobre los trágicos hechos de violencia ocurridos en la amazonía, donde murieron más de 30 personas.
El relator de la ONU aseveró que su visita al Perú no significa una interferencia de la ONU en los temas internos del país.“Sino (se trata) de apoyar. Estoy aquí para comprender y respaldar al sistema de derechos humanos de la ONU, me interesa conocer la verdad, tienen mi palabra que diré la verdad”, aseguró.Agradeció al Gobierno peruano por facilitar su visita al territorio nacional, porque ello le ha permitido conocer el fondo de lo ocurrido en la amazonía,
“Lo que está pasando en el Perú representa lo que pasa en los pueblos indígenas del mundo. Estamos en una época en donde hay un reconocimiento de los derechos indígenas”, precisó.
Lamentó los hechos de violencia ocurridos en Bagua, departamento de Amazonas. “Creo que se está superando situación, me alegra que se den los pasos, creo que va a haber investigación exhaustiva”, añadió.Expresó, asimismo, su simpatía por los familiares de las víctimas (nativos y policías) y se mostró seguro de que en el futuro se evitarán este tipo de situaciones. Confió en la buena voluntad de todos los sectores involucrados para llegar a soluciones definitivas en el tema de las protestas de las comunidades nativas.
Consideró que la misma formación de la comisión multipartidaria encargada de encontrar una fórmula de solución a la situación de las comunidades indígenas, representa el compromiso del Congreso hacía los pueblos. “Tenemos la declaración de la ONU de reconocimiento de los derechos indígenas que es un gran avance, el Perú fue un líder de ese tema, en llevar esas normas. Que la gente de la Amazonía y de la sierra sienta que esos derechos son reales, ese es el gran desafío”.

Ejecutivo entregó proyecto al Congreso para derogar decretos cuestionados

El Gobierno entregó esta tarde al Congreso la propuesta de derogación de los decretos legislativos 1064 y 1090, cuestionados por las comunidades nativas, con la finalidad de poner fin a la protesta amazónica que dejó 34 muertos. Flanqueado por dirigentes indígenas, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, hizo entrega simbólica del documento al titular del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén.
En conferencia de prensa en la sede del Poder Legislativo, Simon Munaro pidió a las bancadas “que no se personalice” la discusión de la inciativa y pensar en los nativos, en alusión al pedido de renuncia que le hacen varios grupos de oposición al jefe del gabinete ministerial al considerarlo responsable político de los luctuosos sucesos en Bagua. “Sé que partidos democráticos del Congreso están mortificados, sé que muchos de ellos están hasta indignados. Puedo decir que estoy en la capacidad de poder soportar las indignaciones y de poder soportar, como diría (el poeta César) Vallejo, los palos y las palizas”, manifestó Simon. El jefe del gabinete hizo una aparente alusión a las bancadas de Unidad Nacional y Alianza por el Futuro, del sector fujimorista, que piden la renuncia de Simon al considerar que tuvo un gesto de debilidad al pactar con los dirigentes indígenas.
Al respecto, Velásquez Quesquén indicó que el Congreso le dará prioridad al proyecto en la discusión del pleno y aseveró que hay deseo de todas las bancadas de derogar las normas.
El presidente del Congreso manifestó que el proyecto suscribirá el Convenio 169, de la Organización Internacional de Trabajo, en el que pide a las autoridades consultar a los pueblos indígenas cuando elaboren normas que atañen a sus territorios. En la cita se encontraba presente el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos; la presidenta de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central, Lidia Rengifo; la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz; y el ministro de Ambiente, Antonio Brack.

Fuente: El Comercio del 17.06.09

Portadas de Diarios de Lima sobre el desenlace del Conflicto Indígena y la Derogatoria de los Decretos Cuestionados

Yehude Simon anuncia que dejará el gabinete de ministros apenas se supere el conflicto en Bagua.- Ayer dijo que solo pondría su cargo a disposición, pero hoy fue más categórico. El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, anunció que dejará el cargo apenas culmine el conflicto en la Amazonía. Esta decisión, aseguró, la tomó a fin de dar tranquilidad al país y no por el “capricho” del líder nacionalista Ollanta Humala. “Yo voy a salir de todas maneras en el momento que tenga todo esto tranquilizado, que debe ser en las próximas semanas”, declaró Simon a RPP. “Porque quiero al país, porque quiero tranquilidad, quiero estabilidad y porque siento mucho cariño por el Presidente (García), porque creo que hace los esfuerzos inmensos para que el país llegue a buen puerto, lo hago”, acotó el jefe del gabinete ministerial. Simon Munaro dejó en claro que su salida no obedecería a los pedidos de la oposición, especialmente del nacionalismo, que lo responsabiliza de los luctuosos sucesos ocurridos en Bagua, Amazonas, el pasado 5 de junio. “No (renuncia) por el capricho del señor Humala o de algunos radicalones que creen que sacando un gabinete el país se estabiliza”, manifestó.
SIN DEBILIDAD

Refirió, asimismo que el Ejecutivo haya cedido a la derogatoria de los decretos 1090 y 1064 representa un acto de debilidad del Gobierno. “No queda debilitado el Gobierno o la democracia frente al pueblo (…) La gente común y corriente pide paz”, justificó al criticar el “oportunismo terrible” de algunos grupos de televisión que “creen que han ganado” con la decisión gubernamental de derogar los referidos decretos.
CONSPIRACIÓN A LA VISTA

En diálogo con la emisora, Simon aseveró que hay una conspiración contra el Gobierno y que existe la intención de grupos radicales de “preparar algo el 24 de junio”, aunque no dio más detalles.En ese contexto, dijo entender las críticas de la lideresa de Unidad Nacional, Lourdes Flores y la congresista de Alianza por el Futuro, Keiko Fujimori, en cuyas bancadas vieron actos de debilidad en el accionar de Simon. “Tienen que entender que estamos luchando contra una conspiración que mañana actúe contra ellos”, mencionó.

Fuente: El Comercio del 16.06.09