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Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la OIT

Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
DECRETO SUPREMO Nº 001-2012-MC
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 19) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural y que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación;
Que, el artículo 55 de la Constitución Política del Perú establece que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional;
Que, es objetivo prioritario del Estado garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas, así como el pleno acceso a las garantías propias del Estado de Derecho, respetando sus valores, costumbres y perspectivas;
Que, mediante Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, la cual se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano mediante la Resolución Legislativa Nº 26253;
Que, a través de la Resolución Suprema Nº 337-2011-PCM, se crea la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de emitir un informe a través del cual se proponga el proyecto de Reglamento de la Ley Nº 29785, con la participación de representantes de organizaciones indígenas de alcance nacional y del Poder Ejecutivo, la cual fue instalada en Lima, el 22 de noviembre de 2011;
Que, la Comisión Multisectorial, ha cumplido con emitir un informe final que recoge el proyecto de Reglamento de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuya elaboración se siguieron las etapas previstas en el artículo 8 de la Ley Nº 29785, por lo que, es pertinente su aprobación;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) artículo 118 de la Constitución Política del Perú, así como el numeral 3) artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación del Reglamento
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual consta de treinta (30) artículos y dieciséis (16) Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales, los que forman parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, aplicándose a las medidas administrativas o legislativas que se aprueben a partir de dicha fecha, sin perjuicio de lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29785. Respecto a los actos administrativos, las reglas procedimentales previstas en la presente norma se aplican a las solicitudes que se presenten con posterioridad a su publicación.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Cultura.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de abril del año dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS ALBERTO PEIRANO FALCONÍ
Ministro de Cultura
Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Del objeto
1.1 La presente norma, en adelante “el Reglamento”, tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en adelante “La Ley”, para regular el acceso a la consulta, las características esenciales del proceso de consulta y la formalización de los acuerdos arribados como resultado de dicho proceso, de ser el caso.
1.2 El derecho a la consulta se ejerce conforme a la definición, finalidad, principios y etapas del proceso establecidos en la Ley y en el Reglamento.
1.3 El derecho a la consulta se realiza con el fin de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos como tales por el Estado Peruano en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Perú y las leyes.
1.4 El Viceministerio de Interculturalidad, en ejercicio de su función de concertar, articular y coordinar la implementación del derecho de consulta, por parte de las distintas entidades del Estado, toma en consideración la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
1.5 El resultado del proceso de consulta no es vinculante, salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdo entre las partes.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
2.1 El Reglamento se aplica a las medidas administrativas que dicte el Poder Ejecutivo a través de las distintas entidades que lo conforman, así como a los Decretos Legislativos que se emitan conforme a lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú. Igualmente establece las reglas que deben seguirse obligatoriamente para la implementación de la Ley por parte de todas las entidades del Estado. También se aplica a las medidas administrativas en virtud de las cuales se aprueban los planes, programas y proyectos de desarrollo.
2.2 Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicadas por los gobiernos regionales y locales para los procesos de consulta a su cargo, sin transgredir ni desnaturalizar los objetivos, principios y etapas del proceso de consulta previstos en la Ley y en el presente Reglamento, y en el marco de las políticas nacionales respectivas.
2.3 Los gobiernos regionales y locales sólo podrán promover procesos de consulta, previo informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad, respecto de las medidas que puedan aprobar conforme las competencias otorgadas expresamente en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respectivamente, y en tanto dichas competencias hayan sido transferidas. El Viceministerio de Interculturalidad ejercerá el rol de rectoría en todas las etapas del proceso de consulta, correspondiendo a los gobiernos regionales y locales la decisión final sobre la medida.
Artículo 3.- Definiciones
El contenido de la presente norma se aplica dentro del marco establecido por la Ley y el Convenio 169 de la OIT. Sin perjuicio de ello, se tomarán en cuenta las siguientes definiciones:
a) Acta de Consulta.- Instrumento público, con valor oficial, que contiene los acuerdos que se alcance como resultado del proceso de consulta, así como todos los actos y ocurrencias desarrollados durante el proceso de diálogo intercultural. Es suscrita por los funcionarios competentes de la entidad promotora y por los o las representantes del o de los pueblos indígenas. En caso de que los o las representantes no fueran capaces de firmar el acta, estamparán sus huellas digitales en señal de conformidad. Los documentos sustentatorios del acuerdo forman parte del acta de consulta.
b) Afectación Directa.- Se considera que una medida legislativa o administrativa afecta directamente al o los pueblos indígenas cuando contiene aspectos que pueden producir cambios en la situación jurídica o en el ejercicio de los derechos colectivos de tales pueblos.
c) Ámbito Geográfico.- Área en donde habitan y ejercen sus derechos colectivos el o los pueblos indígenas, sea en propiedad, en razón de otros derechos reconocidos por el Estado o que usan u ocupan tradicionalmente.
d) Buena Fe.- Las entidades estatales deben analizar y valorar la posición del o los pueblos indígenas durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo. El Estado, los o las representantes y las organizaciones de los pueblos indígenas tienen el deber de actuar de buena fe, centrando la discusión en el contenido de las medidas objeto de consulta, siendo inadmisible las prácticas que buscan impedir o limitar el ejercicio de este derecho, así como la utilización de medidas violentas o coercitivas como instrumentos de presión en el proceso de consulta. El principio de buena fe, aplicable a ambas partes, comprende adicionalmente:
i. Brindar toda la información relevante para el desarrollo del proceso de diálogo.
ii. Evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo acordado.
iii. Cooperar con el desarrollo de la consulta.
iv. Diligencia en el cumplimiento de lo acordado.
v. Exclusión de prácticas que pretendan impedir o limitar el ejercicio del derecho a la consulta.
vi. No realizar proselitismo político partidario en el proceso de consulta.
e) Convenio 169 de la OIT.- Convenio OIT Nro. 169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989, ratificado por el Estado Peruano mediante la Resolución Legislativa Nº 26253.
f) Derechos Colectivos.- Derechos que tienen por sujeto a los pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT, así como por los tratados internacionales ratificados por el Perú y la legislación nacional. Incluye, entre otros, los derechos a la identidad cultural; a la participación de los pueblos indígenas; a la consulta; a elegir sus prioridades de desarrollo; a conservar sus costumbres, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos; a la jurisdicción especial; a la tierra y el territorio, es decir al uso de los recursos naturales que se encuentran en su ámbito geográfico y que utilizan tradicionalmente en el marco de la legislación vigente-; a la salud con enfoque intercultural; y a la educación intercultural.
g) Entidad promotora.- Entidad pública responsable de dictar la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta en el marco establecido por la Ley y el Reglamento. Las entidades promotoras son:
i. La Presidencia del Consejo de Ministros, para el caso de Decretos Legislativos. En este supuesto, dicha entidad puede delegar la conducción del proceso de consulta en el Ministerio afín a la materia a consultar.
ii. Los Ministerios, a través de sus órganos competentes.
iii. Los Organismos Públicos, a través de sus órganos competentes.
Los gobiernos regionales y locales, a través de sus órganos competentes, también se entenderán entidades promotoras, conforme a lo establecido en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento.
h) Enfoque Intercultural.- Reconocimiento de la diversidad cultural y la existencia de diferentes perspectivas culturales, expresadas en distintas formas de organización, sistemas de relación y visiones del mundo. Implica reconocimiento y valoración del otro.
i) Medidas Administrativas.- Normas reglamentarias de alcance general, así como el acto administrativo que faculte el inicio de la actividad o proyecto, o el que autorice a la Administración la suscripción de contratos con el mismo fin, en tanto puedan afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
En el caso de actos administrativos, el proceso de consulta a los pueblos indígenas se realiza a través de sus organizaciones representativas locales, conforme a sus usos y costumbres tradicionales, asentadas en el ámbito geográfico donde se ejecutaría el acto administrativo.
j) Medidas Legislativas.- Normas con rango de ley que puedan afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
k) Pueblo Indígena u Originario.- Pueblo que desciende de poblaciones que habitaban en el país en la época de la colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo tiempo, se auto reconozca como tal. Los criterios establecidos en el artículo 7 de la Ley deben ser interpretados en el marco de lo señalado en artículo 1 del Convenio 169 de la OIT. La población que vive organizada en comunidades campesinas y comunidades nativas podrá ser identificada como pueblos indígenas, o parte de ellos, conforme a dichos criterios. Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos. En adelante se utilizará la expresión “pueblo indígena” para referirse a “pueblo indígena u originario”.
l) Plan de Consulta.- Instrumento escrito que contiene la información detallada sobre el proceso de consulta a realizarse, el que debe ser adecuado a las características de la medida administrativa o legislativa a consultarse y con un enfoque intercultural.
m) Institución u Organización Representativa de los Pueblos Indígenas.- Institución u organización que, conforme los usos, costumbres, normas propias y decisiones de los pueblos indígenas, constituye el mecanismo de expresión de su voluntad colectiva. Su reconocimiento se rige por la normativa especial de las autoridades competentes, dependiendo del tipo de organización y sus alcances. En el Reglamento se utilizará la expresión “organización representativa”.
n) Representante.- Persona natural, miembro del pueblo indígena, que pudiera ser afectada directamente por la medida a consultar y que es elegida conforme los usos y costumbres tradicionales de dichos pueblos. Cualquier mención a “representante” en el Reglamento se entenderá referida a la forma de participación a que hace referencia el artículo 6 de la Ley. El Plan de Consulta incluye la referencia al número de representantes conforme a los criterios señalados en el numeral 2 del artículo 10 del Reglamento. En el proceso de consulta, los organismos no gubernamentales u otras organizaciones de la sociedad civil y del sector privado sólo podrán ejercer las funciones señaladas en el numeral 3 del artículo 11 del Reglamento.
Artículo 4.- Contenido de la medida legislativa o administrativa
El contenido de la medida legislativa o administrativa que se acuerde o promulgue, sobre la cual se realiza la consulta, debe ser acorde a las competencias de la entidad promotora, respetar las normas de orden público así como los derechos fundamentales y garantías establecidos en la Constitución Política del Perú y en la legislación vigente. El contenido de la medida debe cumplir con la legislación ambiental y preservar la supervivencia de los pueblos indígenas.
TÍTULO II
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONSULTA
Artículo 5.- De la obligación de consultar
La obligación de consultar al o los pueblos indígenas deriva del Convenio 169 de la OIT y de la Ley y constituye una responsabilidad del Estado Peruano. Dicha obligación significa que:
a) Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe; debe producirse un verdadero diálogo entre las autoridades gubernamentales y el o los pueblos indígenas, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo o consentimiento; buscando que la decisión se enriquezca con los aportes de los o las representantes del o de los pueblos indígenas, formulados en el proceso de consulta y contenidos en el Acta de Consulta;
b) Deben establecerse mecanismos apropiados, realizándose las consultas de una forma adaptada a las circunstancias y a las particularidades de cada pueblo indígena consultado;
c) Las consultas deben realizarse a través de los o las representantes de las organizaciones representativas del o de los pueblos indígenas directamente afectados, acreditados conforme al numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento;
d) Las consultas deben realizarse con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas administrativas o legislativas propuestas. No obstante, el no alcanzar dicha finalidad no implica la afectación del derecho a la consulta;
e) El derecho a la consulta implica la necesidad de que el pueblo indígena, sea informado, escuchado y haga llegar sus propuestas, buscando por todos los medios posibles y legítimos, previstos en la Ley y en el Reglamento, llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas consultadas mediante el diálogo intercultural. Si no se alcanzara el acuerdo o consentimiento sobre dichas medidas, las entidades promotoras se encuentran facultadas para dictarlas, debiendo adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo;
f) La consulta debe tener en cuenta los problemas de accesibilidad que pudieran tener los miembros de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y sus representantes, de llegar al lugar en donde se realice el proceso de consulta. Debe optarse por lugares que por su fácil acceso permitan lograr el máximo de participación;
g) Atendiendo a la diversidad de pueblos indígenas existentes y a la diversidad de sus costumbres, el proceso de consulta considera las diferencias según las circunstancias a efectos de llevar a cabo un verdadero diálogo intercultural. Se presta especial interés a la situación de las mujeres, la niñez, personas con discapacidad y los adultos mayores;
h) El proceso de consulta debe realizarse respetando los usos y tradiciones de los pueblos indígenas, en el marco de lo establecido por la Constitución y las leyes. La participación de las mujeres, en particular en funciones de representación, se realizará conforme a lo señalado en este inciso;
i) Los pueblos indígenas deben realizar los procedimientos internos de decisión o elección, en el proceso de consulta, en un marco de plena autonomía, y sin interferencia de terceros ajenos a dichos pueblos, respetando la voluntad colectiva;
j) La obligación del Estado de informar al pueblo indígena, así como la de apoyar la evaluación interna, se circunscribe sólo a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que participen del proceso de consulta.
k) Las normas de carácter tributario o presupuestario no serán materia de consulta;
l) No requieren ser consultadas las decisiones estatales de carácter extraordinario o temporal dirigidas a atender situaciones de emergencia derivadas de catástrofes naturales o tecnológicas que requieren una intervención rápida e impostergable con el objetivo de evitar la vulneración de derechos fundamentales de las personas. El mismo tratamiento reciben las medidas que se dicten para atender emergencias sanitarias, incluyendo la atención de epidemias, así como la persecución y control de actividades ilícitas, en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Perú y las leyes vigentes;
m) Son documentos de carácter público, disponibles, entre otros medios, a través de los portales web de las entidades promotoras: El Plan de Consulta, la propuesta de la medida administrativa o legislativa a consultar, el nombre de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y el de sus representantes, el nombre de los representantes estatales, el Acta de Consulta y el Informe de Consulta; y
n) La dación de medidas administrativas o legislativas que contravengan lo establecido en la Ley y el Reglamento, vulnerando el derecho a la consulta, pueden ser objeto de las medidas impugnatorias previstas en la legislación.
Artículo 6.- Consulta previa y recursos naturales
De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y en el artículo 66 de la Constitución Política del Perú; y siendo los recursos naturales, incluyendo los recursos del subsuelo, Patrimonio de la Nación; es obligación del Estado Peruano consultar al o los pueblos indígenas que podrían ver afectados directamente sus derechos colectivos, determinando en qué grado, antes de aprobar la medida administrativa señalada en el artículo 3, inciso i) del Reglamento que faculte el inicio de la actividad de exploración o explotación de dichos recursos naturales en los ámbitos geográficos donde se ubican el o los pueblos indígenas, conforme a las exigencias legales que correspondan en cada caso.
Artículo 7.- Sujetos del derecho a la consulta
7.1 Los titulares del derecho a la consulta son el o los pueblos indígenas cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa.
7.2 Los titulares del derecho a la consulta son el o los pueblos indígenas del ámbito geográfico en el cual se ejecutaría dicha medida o que sea afectado directamente por ella. La consulta se realiza a través de sus organizaciones representativas. Para ello, los pueblos indígenas nombrarán a sus representantes según sus usos, costumbres y normas propias.
Artículo 8.- Identificación de los sujetos del derecho
8.1 La entidad promotora identifica al o los pueblos indígenas, que pudieran ser afectados en sus derechos colectivos por una medida administrativa o legislativa, y a sus organizaciones representativas, a través de la información contenida en la Base de Datos Oficial.
8.2 En caso la entidad promotor a cuente con información que no esté incluida en la Base de Datos Oficial, remitirá la misma al Viceministerio de Interculturalidad para su evaluación e incorporación a dicha Base, de ser el caso.
Artículo 9.- Derecho de petición
9.1 El o los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, pueden solicitar su inclusión en un proceso de consulta; o la realización del mismo respecto de una medida administrativa o legislativa que consideren pueda afectar directamente sus derechos colectivos. El derecho de petición se ejercerá por una sola vez y nunca simultáneamente.
El petitorio debe remitirse a la entidad promotora de la medida dentro de los quince (15) días calendario de publicado el Plan de Consulta respectivo, para el caso de inclusión en consultas que se encuentren en proceso. En caso el petitorio tenga como objeto solicitar el inicio de un proceso de consulta, dicho plazo correrá desde el día siguiente de la publicación de la propuesta de medida en el Diario Oficial. En este último supuesto, si la propuesta de medida no se hubiera publicado, el derecho de petición se puede ejercer hasta antes de que se emita la medida administrativa o legislativa.
La entidad promotora decidirá sobre el petitorio dentro de los siete (7) días calendario de recibido el mismo, sobre la base de lo establecido en el Reglamento y la normativa vigente aplicable.
9.2 En el supuesto de que se deniegue el pedido, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas pueden solicitar la reconsideración ante la misma autoridad o apelar la decisión. Si la entidad promotora forma parte del Poder Ejecutivo, la apelación es resuelta por el Viceministerio de Interculturalidad, quien resolverá en un plazo no mayor de siete (7) días calendario, sobre la base de lo establecido en el Reglamento y la normativa vigente aplicable, bajo responsabilidad. Con el pronunciamiento de esta entidad queda agotada la vía administrativa.
La apelación, en cualquier supuesto, debe realizarse en cuaderno aparte y sin efecto suspensivo.
9.3 En caso de que el pedido sea aceptado y el proceso de consulta ya se hubiera iniciado, se incorporará al o los pueblos indígenas, adoptando las medidas que garanticen el ejercicio del derecho a la consulta.
Artículo 10.- Acreditación de representantes
10.1 El o los pueblos indígenas participan en los procesos de consulta a través de sus representantes nombrados conforme a sus propios usos y costumbres, debiendo acreditarlos en el proceso de consulta ante la entidad promotora, alcanzando un documento formal de acreditación. El indicado documento debe estar firmado por los responsables del nombramiento de los representantes según corresponda. Las mismas reglas se siguen en caso se realice un cambio de representantes en el proceso de consulta. Este cambio no altera el proceso ni los acuerdos alcanzados hasta dicho momento.
Quien presente el documento formal de acreditación debe ser la persona que aparece registrada en la Base de Datos Oficial como representante de la organización representativa del o los pueblos indígenas.
10.2 El número de representantes designados debe considerar las necesidades del proceso, con enfoque de género y facilitando el diálogo intercultural orientado a la búsqueda de acuerdos.
10.3 La falta de organizaciones representativas o representantes no es obstáculo para la realización del proceso de consulta, debiendo la entidad promotora adoptar las medidas necesarias para hacer posible la consulta al o los pueblos indígenas que pudieran ser afectados. Corresponde al Viceministerio de Interculturalidad incluir dicho supuesto en la Guía Metodológica.
10.4 El o los pueblos indígenas, dentro de los treinta (30) días calendarios de recibido el Plan de Consulta, deben designar a sus representantes, conforme lo regula el presente artículo. El nombre de los o las representantes y los documentos de acreditación son de acceso público. El plazo de designación de los representantes transcurre dentro del plazo de la etapa de información, prevista en el artículo 18 del Reglamento.
En caso no llegara la acreditación dentro del plazo, se presumirá que las personas registradas en la Base de Datos son los o las representantes.
Artículo 11.- De la participación de facilitadores, intérpretes y asesores en el proceso de consulta
11.1 La Entidad promotora es la responsable de convocar a los facilitadores, facilitadoras e intérpretes previa coordinación con los o las representantes del o de los pueblos indígenas. El Viceministerio de Interculturalidad dictará políticas orientadas a promover la debida capacitación de facilitadores e intérpretes.
11.2 Los y las intérpretes, facilitadores y facilitadoras deben estar registrados obligatoriamente en el Registro respectivo a cargo del Viceministerio de Interculturalidad.
11.3 Los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas y sus representantes están facultados a contar con asesores durante todo el proceso de consulta, quienes cumplen tareas de colaboración técnica en el proceso. Los asesores y asesoras no pueden desempeñar el rol de vocería.
11.4 La Guía Metodológica establecerá las pautas de actuación de los facilitadores y facilitadoras, asesores, asesoras e intérpretes. El Viceministerio de Interculturalidad promueve la participación efectiva de las mujeres en dichas funciones.
Artículo 12.- De la participación de interesados en las medidas administrativas
Cuando la medida administrativa sometida a consulta haya sido solicitada por un administrado, éste puede ser invitado por la entidad promotora, por pedido de cualquiera de las partes y en cualquier etapa del proceso, con el fin de brindar información, realizar aclaraciones o para evaluar la realización de cambios respecto del contenido de la indicada medida, sin que ello implique que dicho administrado se constituya en parte del proceso de consulta.
Artículo 13.- De la metodología
El proceso de consulta se realiza a través de una metodología con enfoque intercultural, de género, participativo y flexible a las circunstancias, en el marco de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, la Ley y el Reglamento. Se rige por los principios establecidos en la Ley y es acorde con las disposiciones del Reglamento. Para su desarrollo se considerará la Guía Metodológica.
TÍTULO III
DEL PROCESO DE CONSULTA
Artículo 14.- Inicio del proceso
El proceso de consulta se inicia con la etapa de identificación de la medida a consultar y del o los pueblos indígenas, conforme lo señalado por la Ley y el Título I de la presente norma.
Artículo 15.- Reuniones preparatorias
Las entidades promotoras pueden realizar reuniones preparatorias con las organizaciones representativas del o de los pueblos indígenas, a fin de informarles la propuesta de Plan de Consulta.
También podrán realizar dichas reuniones en casos de procedimientos de especial complejidad que requieran precisiones mayores a las contenidas en el Reglamento.
Artículo 16.- Del Plan de Consulta
El Plan de Consulta debe ser entregado por la entidad promotora a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, junto con la propuesta de la medida a consultar, conteniendo al menos:
a) Identificación del o de los pueblos indígenas a ser consultados;
b) Las obligaciones, tareas y responsabilidades de los actores del proceso de consulta;
c) Los plazos y el tiempo para consultar, los que deberán adecuarse a la naturaleza de la medida objeto de consulta;
d) Metodología del proceso de consulta, lugar de reuniones e idiomas que se utilizarán, y las medidas que faciliten la participación de las mujeres indígenas en el proceso;
e) Los mecanismos de publicidad, información, acceso y transparencia del proceso, así como el mecanismo para realizar consultas o aclaraciones sobre la medida objeto de consulta.
Artículo 17.- Etapa de publicidad de la medida
Las entidades promotoras de la medida administrativa o legislativa objeto de consulta deben entregarla a las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas que serán consultados, mediante métodos y procedimientos culturalmente adecuados, considerando el o los idiomas de los pueblos indígenas y sus representantes. Al mismo tiempo deben entregar el Plan de Consulta.
Una vez que se haya entregado a las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas tanto la propuesta de medida como el Plan de Consulta, culmina esta etapa e inicia la etapa de información. Tal hecho debe constar en el portal web de la entidad promotora.
Artículo 18.- Etapa de información
18.1 Corresponde a las entidades promotoras brindar información al o los pueblos indígenas y a sus representantes, desde el inicio del proceso de consulta, sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o administrativa. La etapa de información dura entre treinta (30) y sesenta (60) días calendario, según establezca la autoridad promotora.
18.2 La información debe darse de forma adecuada y oportuna, con el objetivo de que el o los pueblos indígenas cuenten con información suficiente sobre la materia de consulta, así como para evaluar la medida y formular sus propuestas. Se deben usar medios de comunicación cercanos a la población indígena de tal manera que puedan llegar efectivamente a sus organizaciones representativas y a sus representantes, sobre la base de un enfoque intercultural.
18.3 La entidad promotora alentará que el o los pueblos indígenas cuenten con la asistencia técnica que fuera necesaria para la comprensión de la medida.
Artículo 19.- Etapa de evaluación interna
19.1 Las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas y sus representantes deben contar con un plazo razonable en consideración de la naturaleza de la medida con el fin de realizar un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida legislativa o administrativa y sobre la relación directa entre su contenido y la afectación de sus derechos colectivos, calidad de vida y desarrollo de los pueblos indígenas.
19.2 Debe incorporarse dentro de los costos del proceso de consulta el apoyo logístico que debe brindarse a los pueblos indígenas para la realización de la etapa de evaluación interna y conforme lo señalado en el artículo 26 del Reglamento.
19.3 Acabado el proceso de evaluación interna, y dentro del plazo de dicha etapa, los o las representantes del o de los pueblos indígenas deberán entregarle a la entidad promotora, un documento escrito y firmado, o de forma verbal, dejándose constancia en un soporte que lo haga explícito, en el cual podrán indicar su acuerdo con la medida o presentar su propuesta acerca de lo que es materia de consulta, debiendo referirse en particular a las posibles consecuencias directas respecto a las afectaciones a sus derechos colectivos. Si los o las representantes no pudieran firmarlo, pueden colocar su huella digital.
19.4. En caso los o las representantes del o de los pueblos indígenas señalen que se encuentran de acuerdo con la medida, concluye el proceso de consulta. La autoridad toma el documento indicado en el numeral anterior, en que se señala el acuerdo, como Acta de Consulta. En caso de que los o las representantes de las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas presenten modificaciones, aportes o propuestas, tales servirán para iniciar la etapa de diálogo propiamente dicha.
19.5 En caso los o las representantes del o de los pueblos indígenas no expresen su voluntad colectiva conforme lo señalado en el numeral 19.3 dentro del plazo previsto para la evaluación interna, la entidad promotora entenderá que existe desacuerdo con la medida y convocará a la primera reunión de la etapa de diálogo. En dicha reunión los o las representantes deberán presentar los resultados de la evaluación interna. En caso no pudieran entregarlos, por razones debidamente justificadas, la entidad promotora volverá a citarlos en dicha reunión, y dentro del plazo de la etapa de diálogo, con el fin de recibir dicha evaluación e iniciar la búsqueda de acuerdos, de ser el caso.
Si a pesar de lo señalado en el párrafo anterior, los o las representantes del o de los pueblos indígenas no presentaran los resultados de la evaluación interna, sean en forma oral o escrita, se entenderá abandonado el proceso de consulta y se pasará a la etapa de decisión.
19.6 En caso de haber varios representantes del o de los pueblos indígenas, con opiniones divergentes, cada una de ellos podrá emitir sus propias opiniones sobre la medida materia de consulta. Todas las partes, incluso las que señalaron su acuerdo, tienen el derecho de participar en este caso en la etapa de diálogo.
19.7 La evaluación interna debe completarse dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario.
Artículo 20.- Etapa de diálogo
20.1 El diálogo intercultural se realiza respecto de aquellos aspectos en donde se presentan diferencias entre las posiciones de la propuesta de la entidad promotora y las presentadas por el o los pueblos indígenas. Esta debe guiarse por un esfuerzo constante, y de buena fe, por alcanzar acuerdos sobre la medida objeto de consulta.
20.2 En el caso de medidas legislativas o administrativas de alcance general, la etapa de diálogo se realiza en la sede de la entidad promotora, salvo que las partes elijan una sede distinta, la cual debe contar con las facilidades que permitan el adecuado desarrollo del proceso.
20.3 En el caso de consulta de actos administrativos, la etapa de diálogo se realizará en un lugar que facilite la participación de los o las representantes del o de los pueblos indígenas.
20.4 Si algún pueblo indígena, que ya es parte del proceso de consulta al haber sido debidamente informado y convocado, no participara en la etapa de diálogo, y en tanto aún no se haya firmado el Acta de Consulta, puede incorporarse al proceso, previa presentación de sus aportes y aceptando el estado en el que se encuentra el proceso al momento de su incorporación, incluyendo los acuerdos que ya se hubieran adoptado.
20.5 La entidad promotora deberá, en caso sea necesario y para el desarrollo de esta etapa, cubrir los costos de los traslados, alimentación y alojamiento de los o las representantes del o de los pueblos indígenas y de los miembros de organizaciones representativas indígenas necesarios para el desarrollo del proceso de consulta; de conformidad con lo señalado en el artículo 26 del Reglamento.
20.6 El período máximo de esta etapa será de treinta (30) días calendario, pudiendo ser extendido, por razones debidamente justificadas y por acuerdo de las partes.
20.7 En el desarrollo de la etapa de diálogo se observarán las siguientes reglas mínimas:
a) El o los pueblos indígenas tienen el derecho de usar su lengua nativa o el idioma oficial. Cuando alguna de las partes desconozca el idioma del interlocutor se contará con los intérpretes respectivos.
b) Al iniciar la etapa de diálogo, la entidad promotora de la medida legislativa o administrativa debe realizar una exposición sobre los desacuerdos subsistentes al terminar la etapa de evaluación interna sobre la base de los documentos que las partes presentaron al finalizar dicha etapa. Realizada esta presentación se inicia el proceso de búsqueda de consenso.
Artículo 21.- Suspensión y abandono del proceso de diálogo
21.1 Si durante el proceso de consulta se produjeran actos o hechos ajenos a las partes que perturbaran el proceso de diálogo, la entidad promotora suspenderá el mismo hasta que se den las condiciones requeridas, sin perjuicio de que las autoridades gubernamentales competentes adopten las medidas previstas en la legislación. La decisión de suspensión se sustentará en un informe motivado sobre los actos o hechos que afectan el proceso de diálogo, no pudiendo dicha suspensión o la suma de ellas, de ser el caso, superar el plazo de quince (15) días calendario.
Cumplido ese plazo la entidad promotora podrá convocar al diálogo en un lugar que garantice la continuidad del proceso, en coordinación, de ser posible, con los o las representantes del o de los pueblos indígenas.
En cualquier caso, la entidad promotora pondrá fin al proceso de diálogo si el incumplimiento del principio de buena fe impidiera la continuación del proceso de consulta, elaborando un informe sobre las razones que sustentan dicha decisión, sin perjuicio de que las autoridades gubernamentales competentes adopten las medidas previstas en la legislación, de ser el caso, luego de lo cual se pasará a la etapa de decisión.
21.2 El o los pueblos indígenas pueden desistirse, no continuar, o abandonar el proceso de consulta. Las entidades promotoras deben agotar todos los medios posibles previstos en la Ley y el Reglamento para generar escenarios de diálogo. Si luego de lo señalado no es posible lograr la participación del o de los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, la entidad promotora dará el proceso por concluido, elaborando un informe que sustente la decisión adoptada, dentro del plazo de la etapa de diálogo.
Artículo 22.- Acta de consulta
22.1 En el Acta de Consulta deben constar, de ser el caso, los acuerdos adoptados, señalando expresamente si los mismos son totales o parciales. En caso de no existir acuerdo alguno, o cuando el acuerdo es parcial, debe quedar constancia de las razones del desacuerdo parcial o total.
22.2 El Acta será firmada por los o las representantes del o de los pueblos indígenas y por los funcionarios y funcionarias debidamente autorizados de la entidad promotora.
De negarse a firmar el Acta, se entenderá como una manifestación de desacuerdo con la medida, y se pasará a la etapa de decisión.
Artículo 23.- Etapa de decisión
23.1 La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad promotora. Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por el o los pueblos indígenas durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las consecuencias directas que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política del Perú y en los tratados ratificados por el Estado Peruano.
23.2 De alcanzarse un acuerdo total o parcial entre el Estado y el o los pueblos indígenas, como resultado del proceso de consulta, dicho acuerdo es de carácter obligatorio para ambas partes.
23.3 En caso de que no se alcance un acuerdo y la entidad promotora dicte la medida objeto de consulta, le corresponde a dicha entidad adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos del o de los pueblos indígenas, así como los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo, promoviendo la mejora de su calidad de vida. Los o las representantes que expresen su desacuerdo tienen el derecho de que el mismo conste en el Acta de Consulta.
Artículo 24.- Plazo máximo del proceso de consulta
El plazo máximo para el desarrollo de las etapas de publicidad, información, evaluación interna y diálogo es de ciento veinte (120) días calendario; contados a partir de la entrega de la propuesta de medida administrativa o legislativa hasta la firma del Acta de Consulta.
Artículo 25.- Informe de consulta
Culminado el proceso de consulta, la entidad promotora debe publicar en su portal web un Informe conteniendo:
a) La propuesta de medida que se puso a consulta.
b) El Plan de Consulta.
c) Desarrollo del proceso.
d) Acta de Consulta.
e) Decisión adoptada, de ser el caso.
El Informe Final debe ser remitido a los o las representantes del o de los pueblos indígenas que participaron en el proceso de consulta.
Artículo 26.- Financiamiento del proceso de consulta
26.1 En el caso de medidas legislativas y administrativas de alcance general, corresponde a la entidad promotora financiar los costos del proceso de consulta.
26.2 En el caso de consultas de actos administrativos, los costos del proceso se incorporan en las tasas que cubren los costos del trámite de la indicada medida.
26.3 Las entidades promotoras identificarán o modificarán en sus TUPA los procedimientos a los que se le aplique el presente artículo.
Artículo 27.- De la consulta de medidas legislativas u otras de alcance general a cargo del Gobierno Nacional.
27.1 Las medidas legislativas o administrativas de alcance general, incluyendo los planes y programas, sólo serán consultadas en aquellos aspectos que impliquen una modificación directa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
27.2 Para tal fin, se consultará al o los pueblos indígenas, a través de sus representantes elegidos de acuerdo a sus propios usos y costumbres.
27.3 El proceso de consulta a los pueblos indígenas referido en el inciso anterior, se realizará a través de sus organizaciones representativas asentadas en el ámbito geográfico de la medida.
27.4 Conforme al numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, las medidas reglamentarias no pueden transgredir ni desnaturalizar las leyes, por lo que no pueden cambiar la situación jurídica de los derechos colectivos de los pueblos indígenas previstos en la ley. Sin perjuicio de lo anterior, podrían utilizarse los mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación, distintos a la consulta, conforme lo señala el Convenio 169 de la OIT.
27.5 Cuando, de manera excepcional, el Poder Ejecutivo ejercite las facultades legislativas previstas en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, se consultará aquellas disposiciones del proyecto de Decreto Legislativo que impliquen una modificación directa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El Poder Ejecutivo incluirá, en el pedido de delegación de facultades, un período adicional para el desarrollo del proceso de consulta.
27.6 La consulta de los proyectos de Decretos Legislativos se realizará sólo respecto del artículo o artículos que pudieran implicar un cambio en la situación jurídica de un derecho colectivo reconocido a los pueblos indígenas. Estarán comprendidos en el proceso de consulta sólo los pueblos indígenas que pudieran ser afectados directamente por el artículo o artículos antes indicados, a través de sus organizaciones representativas asentadas en el ámbito geográfico de la medida.
27.7 La dación de Decretos de Urgencia se rige por las reglas establecidas en el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú.
TÍTULO IV
DE LAS FUNCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTERCULTURALIDAD SOBRE EL DERECHO A LA CONSULTA
Artículo 28.- Funciones del Viceministerio de Interculturalidad
Son funciones del Viceministerio de Interculturalidad las establecidas por Ley y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. Estas incluyen:
1. Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta. Asimismo, brinda opinión previa sobre procedimientos para aplicar el derecho a la consulta.
2. Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades promotoras y a las organizaciones representativas y a sus representantes, del o de los pueblos indígenas, así como atender las dudas que surjan en cada proceso en particular, en coordinación con las entidades promotoras.
3. Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades promotoras, sobre la calificación de las medidas legislativas o administrativas proyectadas por dichas entidades, sobre el ámbito de la consulta y la determinación del o de los pueblos indígenas a ser consultados, así como sobre el Plan de Consulta.
4. Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta y al o los pueblos indígenas que son consultados en la definición del ámbito y características de la misma.
5. Elaborar, consolidar y actualizar la Base de Datos Oficial relativa a los pueblos indígenas, en donde también se registrarán sus organizaciones representativas.
6. Registrar los resultados de las consultas realizadas. Para tal fin, las entidades promotoras deben remitirle en formato electrónico, los Informes de Consulta. La información debe servir de base para el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados en los procesos de consulta.
7. Crear, mantener y actualizar un Registro de Facilitadores, así como el Registro de Intérpretes de las lenguas indígenas.
8. Dictar una Guía Metodológica para la implementación del derecho de consulta, incluyendo documentos modelo, en el marco de la Ley y el Reglamento.
Artículo 29.- Base de Datos Oficial
29.1 La Base de Datos Oficial de los pueblos indígenas y sus organizaciones a que hace referencia la Ley, constituye un instrumento de acceso público y gratuito, que sirve para el proceso de identificación de los pueblos indígenas. No tiene carácter constitutivo de derechos.
29.2 El Viceministerio de Interculturalidad es la entidad responsable de elaborar, consolidar y actualizar la Base de Datos Oficial. Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Cultura se aprueba la directiva que la regula, incluyendo los procedimientos para la incorporación de información en la misma, en particular la disponible en las distintas entidades públicas, así como para la coordinación con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. La Resolución Ministerial se aprobará dentro de los treinta (30) días calendario de la entrada en vigencia del Reglamento.
29.3 Todo organismo público al cual se le solicite información para la construcción de la Base de Datos Oficial está en la obligación de brindarla.
Artículo 30.- Deberes del funcionario público en el proceso de consulta
Los funcionarios y funcionarias públicos que participen en cualquiera de las etapas del proceso de consulta deberán actuar, bajo responsabilidad, en estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley y el Reglamento, en el marco del principio de Buena Fe.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
Primera.- Aplicación del reglamento
Las entidades promotoras deberán aplicar los procedimientos establecidos en la Ley y el Reglamento de forma inmediata.
Segunda.- Seguimiento
La Presidencia del Consejo de Ministros creará una Comisión Multisectorial para el seguimiento de la aplicación del derecho a la consulta, la cual estará integrada por representantes de los sectores del Poder Ejecutivo con responsabilidades en la aplicación del presente Reglamento. Esta Comisión emitirá informes, y podrá plantear recomendaciones para la debida implementación y mejora en la aplicación del derecho a la consulta. Para tal fin, podrá convocar a expertos que colaboren en el desarrollo de sus responsabilidades.
Tercera.- Progresividad del Registro de Facilitadores e Intérpretes
La obligación establecida en el artículo 11.2 entrará en vigencia progresivamente conforme lo establezca el Ministerio de Cultura, mediante Resolución Ministerial, el cual definirá las medidas transitorias que correspondan. En tanto, los facilitadores e intérpretes son propuestos por el Viceministerio de Interculturalidad.
Cuarta.- Excepción a derecho de tramitación
El presente Decreto Supremo constituye la autorización prevista en el artículo 45, numeral 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto de las tasas que cubran el costo del proceso de consulta.
Quinta.- Derecho a la participación
Conforme a lo señalado en el Convenio 169 de la OIT, corresponde a las distintas entidades públicas, según corresponda, desarrollar los mecanismos de participación dispuestos en la legislación vigente, los cuales serán adicionales o complementarios a los establecidos para el proceso de consulta.
Sexta.- Contenidos de los instrumentos del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental
El contenido de los instrumentos del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental señalados en el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, incluirá información sobre la posible afectación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que pudiera ser generada por el desarrollo del proyecto de inversión.
Sétima.- Garantías a la Propiedad comunal y del derecho a la tierra de los pueblos indígenas.
El Estado brinda las garantías establecidas por Ley y por la Constitución Política del Perú a la propiedad comunal. El Estado, en el marco de su obligación de proteger el derecho de los pueblos indígenas a la tierra, establecido en la Parte II del Convenio 169 de la OIT, así como al uso de los recursos naturales que les corresponden conforme a Ley, adopta las siguientes medidas:
a) Cuando excepcionalmente los pueblos indígenas requieran ser trasladados de las tierras que ocupan se aplicará lo establecido en el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT, así como lo dispuesto por la legislación en materia de desplazamientos internos.
b) No se podrá almacenar ni realizar la disposición final de materiales peligrosos en tierras de los pueblos indígenas, ni emitir medidas administrativas que autoricen dichas actividades, sin el consentimiento de los titulares de las mismas, debiendo asegurarse que de forma previa a tal decisión reciban la información adecuada, debiendo cumplir con lo establecido por la legislación nacional vigente sobre residuos sólidos y transporte de materiales y residuos peligrosos.
Octava.- Aprobación de medidas administrativas con carácter de urgencia
En caso las entidades promotoras requieran adoptar una medida administrativa con carácter de urgencia, debidamente justificado, el proceso de consulta se efectuará considerando los plazos mínimos contemplados en el presente reglamento.
Novena.- Protección de pueblos en aislamiento y en contacto inicial
Modifíquese el artículo 35 del Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES conforme al siguiente texto:
“Artículo 35.- Aprovechamiento de recursos por necesidad pública.- Cuando en la reserva indígena se ubique un recurso natural cuya exploración o explotación el Estado considere de necesidad pública, la autoridad sectorial competente solicitará al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura la opinión técnica previa vinculante sobre los estudios de impacto ambiental requeridos conforme a Ley.
La opinión técnica, será aprobada por Resolución Vice Ministerial y deberá contener las recomendaciones u observaciones que correspondan.
Corresponde al Viceministerio de Interculturalidad adoptar o coordinar las medidas necesarias con los sectores del Régimen Especial Transectorial de Protección, a fin de garantizar los derechos del pueblo en aislamiento o contacto inicial.”
Décima.- Participación en los beneficios
Conforme a lo señalado en el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporte el uso o aprovechamiento de los recursos naturales de su ámbito geográfico, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de las mismas, de acuerdo a los mecanismos establecidos por ley.
Décimo Primera.- Publicación de la Guía Metodológica
La Guía Metodológica se publicará en el portal web del Ministerio de Cultura dentro de los treinta (30) días calendario contados desde la entrada en vigencia del Reglamento. El Viceministerio de Interculturalidad realizará actualizaciones periódicas de dicho documento.
Décimo Segunda.- Medidas administrativas complementarias
Cuando una medida administrativa ya consultada requiera, para dar inicio a las actividades autorizadas por ella, de la aprobación de otras medidas administrativas de carácter complementario, estas últimas no requerirán ser sometidas a procesos de consulta.
Décimo Tercera.- Coordinación en procesos de promoción de la inversión privada
En el caso de los procesos de promoción de la inversión privada, corresponderá a cada Organismo Promotor de la Inversión Privada coordinar con la entidad promotora la oportunidad en que ésta deberá realizar la consulta previa, la cual debe ser anterior a la aprobación de la medida administrativa correspondiente.
Décimo Cuarta.- Reinicio de Actividad
No requerirá proceso de consulta aquella medida administrativa que apruebe el reinicio de actividad, en tanto no implique variación de los términos originalmente autorizados.
Décimo Quinta.- Educación, Salud y Provisión de Servicios Públicos
La construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que, en coordinación con los pueblos indígenas, esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el Reglamento.
Décimo Sexta.- Financiamiento
La aplicación de la presente norma se hará con cargo al presupuesto institucional de las entidades promotoras correspondientes sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

IDLADS EXIJE JUDICIALMENTE A LA PCM REGLAMENTE EL ETIQUETADO DE TRANSGENICOS

3° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 12200-2011-0-1801-JR-CI-03
MATERIA : ACCION DE CUMPLIMIENTO
ESPECIALISTA : MACEDO FIGUEREDO, VIRGINIA
DEMANDADO : PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS ,
: PROCAURADOR PUBLICO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS ,
DEMANDANTE : INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y DESARROLLO DEL SOSTENIBLE PERU
Resolución Nro 04
Lima, quince de marzo
Del dos mil doce
Por devueltos los presentes autos proveniente de la segunda sala civil superior y habiendo declarado nula la resolución uno mediante resolución de vista de fecha dieciocho de noviembre pasado en consecuencia se renueva el acto procesal viciado y estando a tenor de lo expuesto en la resolución superior se vuelve a calificar la demanda y Atendiendo ; Primero: Que, es principio de orden constitucional y procesal que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de la defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso a tenor de lo dispuesto en el inciso 3° del numeral 139° de la Constitución Política del Perú y supletoriamente en lo dispuesto en el numeral II del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional Segundo : Por tanto para que el juez pueda admitir la demanda y así posibilitar el acceso al justiciable a un proceso de naturaleza constitucional es necesario que se cumpla ciertos requisitos básicos conocidos como “condiciones de la acción y “ presupuestos procesales “ , no debiendo de configurarse los supuestos generales de improcedencia previstos en el artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria ) ni menos aún las causales de improcedencia especial que de conformidad con el artículo 5 del Código Procesal Constitucional rige para que todo tipo de acción de garantía y que según el artículo 47 del propio código rige para los procesos de amparo Tercero : Que, la pretensión demandada versa en que se dé cumplimiento a la Tercera Disposición del Código de Defensa y Protección del Consumidor , la ley 29571 teniendo en cuenta que el plazo para realizarlo se encuentra vencido Cuarto: Que, en el presente caso lo que pretende la accionante es que la demandada cumpla con dictar un reglamento conforme a lo previsto en la Tercera Disposición del Código de Defensa y Protección Del Consumidor y habiendo cumplido este acto administrativo con los requisitos mínimos señaladas en la sentencia vinculante Expediente N° 168-2005 PC dicha demanda de amparo resulta amparable Quinto: Que, estando al séptimo considerando de la resolución superior y en aplicación del artículo VI del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional se resuelve ADMITIR la demanda a trámite y, en consecuencia se dispone CONCEDER a los demandados Presidencia del Consejo de Ministros y al Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros el plazo de CINCO días para que absuelva el trámite de la contestación de la demanda conforme corresponda, .-

ADMITEN ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE IDLADS PARA QUE EL MINAM IMPLEMENTE EL REGLAMENTO DEL SEIA AL QUE NINGÚN SECTOR SE HA ADECUADO

8° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 13845-2011-0-1801-JR-CI-08
MATERIA : ACCION DE CUMPLIMIENTO
ESPECIALISTA : HERMITAÑO LUYO, MIGUEL ANGEL
DEMANDADO : MINISTERIO DEL AMBIENTE ,
: PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE ,
DEMANDANTE : IDLADS PERU
: IDLADS PERU INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y DESARROLLO DEL SOSTENIBLE PERU ,
RESOLUCION NUMERO DOS
Lima, once de noviembre del
Año dos mil once.-

AUTOS Y VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, mediante resolución número uno de fecha veintitrés de septiembre último se declaró inadmisible la demanda, a efectos de que el actor cumpla con subsanar las observaciones allí precisadas; SEGUNDO.- Que, en lo que respecta a la observación indicada en el quinto considerando de la resolución en comento, cabe precisar, que, la parte Accionante precisa su petitorio en los términos expresados en el escrito que se da cuenta; TERCERO.- Que, sin embargo, en lo referente a las omisiones precisadas en el quinto considerando de la resolución de inadmisibilidad, solicitándosele que cumpla con acreditar el acto administrativo que contenga el mandamus a que se refiere la STC 168-2005-PC/TC; es de advertirse que la recurrente señala que se está exigiendo y demandando el cumplimiento de los numerales c, d y f artículo 17° de la Ley 27446 por parte del Ministerio del Ambiente y que una de las consecuencias del cumplimiento de estas normas, es que las diversas entidades públicas con competencias ambientales aprueben sus reglamentos de protección ambiental con opinión previa favorable de la entidad demandada, y asimismo apareja los medios probatorios que acreditan el incumplimiento de los numerales de la norma acotada, siendo ello así; ADMITASE la presente demanda de Acción de Amparo interpuesta por EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO DEL SOSTENIBLE PERU – IDLADS PERÚ contra a) MINISTERIO DEL AMBIENTE, y, b) EL PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE y de conformidad con el artículo 53º del Código procesal Constitucional: TRASLADO de la misma, por el término de CINCO DIAS a efectos que cumpla con absolverla, bajo apercibimiento de resolverse en su rebeldía, y sin perjuicio de ello: CUMPLAN, las partes procesales en el término de CINCO DÍAS de notificado con señalar una dirección de correo electrónico, que sea idóneo, a efectos de poner en conocimiento de los principales actos procesales que recaigan en el presente proceso, bajo responsabilidad.

ADMITEN DEMANDA DE HABEAS DE DATA DE IDLADS PARA QUE EL MINAM ENTREGUE EL INFORME SOBRE EL PROYECTO MINERO CONGA

PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 24733-2011-0-1801-JR-CI-01
MATERIA : HABEAS DATA
ESPECIALISTA : JIMENEZ CHACA, YASMINE FELICITA
DEMANDADO : MINISTERIO DEL AMBIENTE ,
: PROCURADOR PUBLICO DEL MEDIO AMBIENTE ,
DEMANDANTE : EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO DEL SOSTENIBLE PERUIDLADS ,
RESOLUCION No. UNO.
Lima, veinte de
Diciembre de dos mil once.
AUTOS Y VISTOS, y ATENDIENDO; al principal: con la copia de documento de identidad, solicitud y demás documentos anexados; advirtiéndose que la demanda en calificación no se encuentra incursa en los supuestos de improcedencia previstos en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional y se ha cumplido con la exigencia contemplada en el numeral 62 del citado Código adjetivo; por ende reúne los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, por lo que, estando a lo dispuesto en los artículos 53 y 61 inciso 2º del mismo cuerpo legal; SE ADMITE a trámite EL PROCESO DE HABEAS DATA y se corre traslado de la demanda por CINCO DÍAS a la emplazada MINISTERIO DEL AMBIENTE y estando a lo dispuesto por el artículo 7° del Código Procesal Constitucional, entiéndase la demanda con EL PROCURADOR PÚBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS DE DICHA CARTERA MINISTERIAL; teniéndose presente los documentos recaudados; al otrosí: por delegada la representación procesal a favor de los letrados indicados.-

ADMITEN DEMANDA DE AMPARO DE IDLADS CONTRA EL RUIDO DE LOS AVIONES EN EL CALLAO

EXPEDIENTE : 02065-2011-0-0701-JR-CI-05
MATERIA : ACCION DE AMPARO
ESPECIALISTA : MORALES DE CALDERON ISABEL
DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO DEL MISTERIO DE SALUD ,
: PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES ,
: PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO ,
: PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE ,
: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES ,
: MINISTERIO DE SALUD ,
: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO ,
: CORPAC ,
: MINISTERIO DEL AMBIENTE ,
DEMANDANTE : INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO DEL SOSTENIBLE PERU ,
Resolución Número Uno.-
Callao, veintiuno de Noviembre
Del año dos mil once.-
AUTOS Y VISTOS, Y, Atendiendo:
Primero: Que, los procesos constitucionales tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional; igualmente el proceso de amparo procede contra el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace los derechos constitucionales reconocidos, conforme lo prescribe el inciso 2 del artículo 200° de la Constitución Política del Perú concordante con los artículos 1° y 2° del Código Procesal Constitucional.
Segundo: Que, la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, ha señalado como requisito para la admisión de la demanda de amparo: a) que debe tratarse de un derecho cuyo contenido esté constitucionalmente reconocido; b) que no exista materia controvertida; c) que el petitorio demandado no requiera de etapa probatoria; y, d) que no se cuente con otro proceso que brinde la protección adecuada al trabajador o administrado.
Tercero: Que, cuando el actor constitucional demanda la amenaza de un derecho constitucional, éste debe estar sustentada tácticamente con criterios ciertos y de inminente realización, además de sustentarlos con medios de prueba de actuación y valoración inmediata que permitan crear convicción en la decisión del Juez; en tal sentido la amenaza inminente está referido a aquellos actos en los cuales existe la inminencia de su ejecución, es decir, aquellos que están tratando de ejecutarse; lo real, el acto inconstitucional deber ser de naturaleza objetiva, de existencia antológicas, siendo indiferentes para el derecho constitucional los aspectos subjetivos o de suposiciones.
Cuarto: Que, la institución demandante recurre en busca de tutela jurisdiccional efectiva, con el objeto de salvaguardar el derecho al acceso a la protección judicial, la salud, a su tranquilidad, al disfrute del tiempo libre, al descanso, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, participación ciudadana, y a la propiedad de los habitantes de los distritos de Bellavista, especialmente en la Urbanización Proción que es una de las zonas más críticamente afectada, La Perla y Carmen de La Legua (Callao) que viene siendo afectados por la contaminación sonora y vibraciones ocasionadas por el sobrevuelo de aviones que despegan o aterrizan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; dispone que a fin de proteger a las mencionadas personas se orden:
a) Al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), a de que el mismo adopte medidas preventivas, mitigadoras, compensatorias y fiscalizadoras eficaces para mitigar los impactos negativos que ocasiona el ruido y vibraciones ocasionadas por el sobrevuelo de aviones en los distritos de Bellavista, especialmente en la Urbanización Proción que es una de las zonas más críticamente afectadas; La Perla y Carmen de la Legua, en salvaguarda de sus derechos a la saludad, a su integridad moral, psíquica, al libre desarrollo y bienestar; a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre, al descanso, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, y a la propiedad lo que incluye;
a.1) Cambio de ruta de los aviones que despegan y aterrizan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a fin de que no sobrevuelen zonas urbanas pobladas de los distritos de Bellavista, La Perla y Carmen de la Legua, salvo en situaciones muy excepcionales de fuerza mayor o caso fortutito debidamente probadas y reportadas a la autoridad nacional y la población afectada además de compensadas, tales como vuelos por emergencias regionales o nacionales, más no para vuelos comerciales, que pueden reprogramarse para otros horarios, o derivarse a aeropuertos alternos como el es de Pisco.
a.2) Prohibición absoluta de utilización de la pista 15 del aeropuerto internacional Jorge Chávez, u otra pista alterna, que implique sobrevolar zonas urbanas pobladas de los distritos de Bellavista, La Perla y Carmen de la Legua, especialmente en horarios de estudio de escuelas, nidos y universidades, horarios de atención más frecuentes de hospitales, horarios de descanso, en días no laborables y feriados, fines de semana (sábado y domingo), semana santa, fiestas patrias, navidad, aniversarios del distrito, y otras festividades nacionales o regionales.
a.3) Establecer la capacidad de carga por contaminación sonora por sobrevuelo de aviones en los distritos antes citados, que incluya frecuencia/número máximo de aviones por hora, día, semana y mes, que puedan ser autorizados a surcar excepcionalmente los distritos de Bellavista, La Perla y Carmen de la Legua, y aprobación de límites máximos permisibles correspondientes en zonas pobladas afectadas por la citada contaminación sonora. El objetivo de ello es reducir al mínimo el número de aviones que excepcionalmente despeguen o aterricen del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez atravesando zonas urbanas de los distritos de Bellavista, Carmen de La Legua y La Perla (Callao).
a.4) Reprogramación de vuelos, teniendo en cuenta los factores meteorológicos a fin de que el 100% de vuelos despeguen por la pista 33, u otra alterna, que no surquen los distritos de Bellavista, Carmen de La Legua y La Perla, como medida óptima para prevenir la contaminación por ruidos, vibraciones, monóxido de carbono y otros gases tóxicos emitidos por los aviones.
a.5) Implementación mecanismos de control de la contaminación sonora por el ruido ocasionado por el sobrevuelo de aviones diarios en zonas críticas de la Provincia Constitucional del Callao, lo que implica instalación de sonómetros en dichas zonas, un plan de monitoreo y control de contaminación sonora aprobado, y la implementación de sanciones para quienes superen los límites máximos permisibles por contaminación sonora por sobrevuelo de aviones. En ese sentidos, al menos uno de los puntos de control y monitoreo de contaminación sonora debe estar ubicado en la Urbanización Proción, una de las zonas más críticamente afectadas por esta contaminación y zona del domicilio real de la demandante afectada directamente.
a.7) Actualizar el Estudio de Impacto Ambiental del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a fin de que se incluyan en el mismo los mecanismo de prevención, compensación, mitigación, y fiscalización antes mencionados, y se actualicen los demás componentes desactualizados.
a.8) Emitir opinión técnica correspondiente para la aprobación de los límites máximos permisibles para la contaminación sonora ocasionada por el sobrevuelo de aviones en zonas urbanas, con especial énfasis para el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
a.9) Suspenda y cancele las licencias de autorización de operaciones de aquellas aerolíneas que incumplan con las medidas de prevención, mitigación, y compensación, que el demandado dicte o aprueba, como mecanismo idóneo para salvaguardar los derechos fundamentales objetos de afectación.
b) Al Ministerio del Ambiente (MINNAM); a fin de que revise el Estudio de Impacto Ambiental del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con el objeto de coadyuvar su actualización, al haber transcurrido más de 10 años, desde que se aprobó y, apruebe los límites máximos permisibles específicos para la contaminación sonora y vibraciones producida por el ruido de aviones que sobrevuelan zonas urbanas pobladas de los distritos de Bellavista, especiadamente en la Urbanización Proción que es una de las zonas más críticamente afectada; La Perla y Carmen de La Legua. Asimismo se ordene al MINAM, realizar la valoración económica ambiental por la contaminación sonora y vibraciones ocasionada por el sobrevuelo de aviones en los distritos antes mencionados, producto de las operaciones aeroportuarias del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a favor de las poblaciones afectadas.
c) Al Ministerio de Salud; a fin de que adopte medidas concretas para salvaguardar la salud de la población afectada por el ruido de los aviones, en los distritos de Bellavista, especialmente en la Urbanización Proción que es una de las zonas más críticamente afectadas, La Perla y Carmen de la Legua, lo que implica que elabore un estudio epidemiológico, a través de la Dirección General de Epidemiología en Salud Pública, sobre los efectos adversos a la salud pública que ocasiona el ruido y vibraciones que ocasionado el sobrevuelo de los aviones de manera crónica en los últimos 20 años, además de implementar medidas de atención médica a la población afectada. Asimismo, se ordene que la Dirección General de la Salud (DIGESA) y Dirección Regional de Salud del Callao (DIRESA Callao) realice los informes mensuales y anuales sobre la contaminación sonora ocasionada por el sobrevuelo de aviones y establezca programas locales de vigilancia y monitoreo de contaminación sonora por dicho emisor.
d) Al Gobierno Regional del Callao; apruebe e implemente un plan de control de ruido de los aviones en la Provincia Constitucional del Callao, que consista en instalar enómetros en lugares estratégicos del distrito de manera permanente así como monitorear a las poblaciones afectadas por el ruido de aviones a fin de adoptar las medidas mas adecuadas en resguardo de su salud y sus propiedades, y emitir en forma mensual un reporte del monitoreo diario de los ruidos ocasionados por el despegue y aterrizaje de los aviones en las zonas aledañas al aeropuerto más afectadas, especialmente en la Urbanización Proción.
e) Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC); se le ordene que la reprogramación de vuelos, teniendo en cuenta los factores meteorológicos, a fin de que el 100% de vuelos despeguen por la pista 33, u otra alterna, que no surquen los aviones el espacio aéreo de los distritos de Bellavista, Carmen de La Legua y La Perla, como medida óptima para prevenir la contaminación por ruidos, vibraciones, monóxido de carbono y otros gases tóxicos emitidos por los aviones. Además se le orden implemente un sistema de monitoreo de ruido de aeronaves (GEMS) con participación de la población afectada y las autoridades municipales locales..
Quinto: Que, en ésta clase de proceso debe tenerse en consideración que las normas que regulan el sistema recursivo deben aplicarse a la luz del principio pro actione, es decir, en sentido favorable para posibilitar el acceso a la tutela jurisdiccional y, consiguientemente con exclusión de toda opción interpretativa que sea contraria a este propósito; asimismo se debe tener presente el principio de favorecimiento del proceso, que constituye un régimen interpretativo en función del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en virtud del cual entre cualquier duda en el momento de calificar la demanda, se debe dar trámite al proceso.
Sexto: En atención al considerando precedente, al petitorio de la demanda, se evidencia la urgencia de la presente demanda, corresponde tramitar la interpuesta a través de un proceso de amparo, única vía para obtener la protección adecuada de su derecho constitucional vulnerado.
Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 51° y 53° del Código Procesal Constitucional, en concordancia con el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil[1]; se resuelve: ADMITIR a trámite el PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO interpuesta por el INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO DEL SOSTENIBLE PERU – IDLADS PERU contra MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES y su Procurador Público; MINISTERIO DEL AMBIENTE y su Procurador Público; MINISTERIO DE SALUD y su Procurador Público; GOBIERNO REGIONAL y su Procurador Público; y, CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL (CORPAC), corriéndose TRASLADO a los emplazados por CINCO DÍAS; teniéndose por ofrecidos los medios probatorios y agregándose a los autos los anexos que se adjunta. Al primer otrosí; Téngase por delegadas las facultades de representación de conformidad con el artículo 74 y 80 del Código Procesal Civil aplicable al caso de autos, en los Abogados que se señala.-


1.- Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso.

OBITUARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)

Dr. Henry Carhuatocto Sandoval
Director Ejecutivo Instituto IDLADS PERÚ

Marzo 2012, un mes después de haberse modificado de facto el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental escribimos este obituario que narra brevemente el significado de la vida del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental versión fin de siglo XX, y de su compañera desde el 2008, el Ministerio del Ambiente. Recordemos que la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicada en 1997 y modificada el 2008, crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), definido como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. La idea era establecer un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental y participación ciudadana de proyectos de inversión para todos los sectores, y acabar con el caos existente en la gestión ambiental.

Sin embargo, la norma nació con un hándicap pues quedo en suspenso desde su promulgación, debido a que el texto original del artículo 2º de la Ley 27446, se estableció que “quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, los proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos, según disponga el Reglamento de la presente Ley.” Esto es la norma estaría muerta en vida, pues por más de 13 años el Estado no tuvo interés en reglamentarla, y con ello todos los sectores la tomaron solo de manera referencial, y mantuvieron regímenes autónomos y disimiles. Más adelante, el 28 de junio de 2008, el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1078, se insistirá que “el Reglamento señalará los proyectos y actividades comerciales y de servicios que se sujetarán a la presente disposición." Y la triste historia de una norma impotente desde su nacimiento se consumaría en que una vez reglamentada al fin, mediante el Decreto Supremo No 019-2009-MINAM, y luego de dos años ningún sector se adecuaría al mismo. Ósea, el SEIA había fracaso rotundamente primero desde un punto de vista formal pues no pudo implementar ni siquiera su normatividad más básica ante la impotencia, desidia y negligencia de la autoridad rectora del SEIA, el MINAM.

Una cuestión interesante que de manera expresa no menciona la modificada de facto Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es la oportunidad en que se debe realizar el EIA, o mejor dicho si antes de entregar una concesión se debe contar previamente con certificación ambiental, de la lectura del artículo anterior, se supone que ello debería ser así. Sin embargo, al no exigir las normas sobre concesiones de los diferentes sectores como requisito previo para obtener la concesión certificación ambiental, lo que ha estado ocurriendo en la práctica, es que es posterior a la suscripción del contrato de concesión. Valgan verdades una interpretación más estricta de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental debió habernos llevado a que no se otorgue concesiones si es que no se cuenta con certificación ambiental previa, tal y como ocurre, en el artículo 25 numeral h, de la Ley de Concesiones Eléctricas.

Ahora bien recordemos que históricamente, la tendencia ha sido la de entregar la concesión y con posterioridad a la misma realizar el estudio de impacto ambiental, cuestión que presenta serios inconvenientes tales como: a) de desaprobarse el estudio de impacto ambiental, el Estado no podría cumplir los compromisos contractuales ni recibir los beneficios económicos derivados de la concesión; b) al tener intereses en conflictos, podrían existir presiones endógenas y exógenas tendientes a que se expida la certificación ambiental o se extienda el plazo para que levanten las observaciones efectuadas. Todo ello se ve agravado en razón a que la misma autoridad que promueve la actividad económica, también otorga la certificación ambiental, con lo cual nuevamente existirán intereses en conflicto o cuanto menos se estaría contrariando la ética profesional.

El punto de inflexión que significo la caída definitiva del SEIA versión siglo XX, fueron las experiencias en resolución de conflictos socio ambientales entre el 2010-12, específicamente en los casos del Proyecto Tía María, Majes Sigua y Conga, que pusieron en evidencia que el mecanismo de aprobación de los estudios de impacto ambiental era incompatible con la obligación del Estado de proteger el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado, contenido en el artículo 2.22 de la Constitución. Tres son los vicios que presenta el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y comprometen su independencia, objetividad y validez del mismo. El primero que el propio sector que promueve la actividad concesionada, sea el que a su vez expide la certificación ambiental (aprobación de EIA) conforme se observa del artículo 18.1 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 y artículo 9º del Reglamento a la citada ley, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. El segundo vicio de fondo es que los EIA son elaborados por consultoras contratadas y pagadas por las empresas interesadas conforme el artículo 7º de la Ley Nº 27446. El tercero la escaza voluntad real de los sectores de compartir información en casos de megaproyectos o proyectos vinculados a conflictos sociales como se ha observado en el caso de Inambari, y Conga. Y en ciertos sectores existe un cuarto vicio, pues el sector no sólo promueve la actividad extractiva, otorga la certificación ambiental, sino que fiscaliza la actividad, y eventualmente, expide el informe técnico para determinar si existe delito ambiental, y con ello se produce todo un conflicto de intereses.

El Tribunal Constitucional dejo abierta la posibilidad de que los EIA sean revisados por instituciones internacionales. Esto lo ha señalado en la sentencia recaída en el caso Majes Siguas II (Exp. N° 01939-2011-PA/TC) en relación con el Estudio de Balance Hídrico, cuando precisa que “el resultado del referido estudio podrá ser sometido a la opinión técnica de una especializada institución internacional de reconocida solvencia en la materia” (f. j. 44 y punto 3 del fallo). En ese sentido, se reconoce tácitamente que nuestro Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental no ofrece garantías de autonomía, independencia ni objetividad necesarios para resguardar el derecho a un ambiente sano y equilibrado, y es por ello que el TC, decide en última instancia prefiere que sea un tercero de reconocida solvencia en materia ambiental, el que dirima el conflicto socio ambiental de Majes Siguas II. En esa misma línea se resolvió el caso del Proyecto Tía María mediante una evaluación del UNOPS, que levanto 180 observaciones al proyecto, razón por la cual el MEM observo el EIA, y cancelo el proyecto temporalmente. Lo propio ha pasado con el Proyecto Minero Conga, empero a diferencia del caso del Proyecto Tía María, donde la designación del UNOPS perteneciente a la ONU como el encargado de realizar la evaluación no recibió ninguna crítica, el peritaje ambiental internacional a que es objeto el EIA de Conga, está compuesto por tres expertos internacionales elegidos sin concurso público, por lo que es evidente que estará sujeto a cuestionamientos.

Entonces, podemos concluir que existe una tendencia de facto que ha producido un cambio profundo en la institucionalidad ambiental y que todos los actores sociales han aceptado como incontenible, y que se deriva de la desconfianza de las poblaciones locales al sector evalúa y aprueba el EIA, la ausencia de una auténtica participación ciudadana, y que ha dado lugar a que desde el 2010, la mayoría de conflictos socio ambientales generados en el ámbito de la ejecución de un proyecto o la evaluación de un EIA sean resueltos por una entidad internacional de reconocido prestigio o en su defecto se utilice una especie de arbitraje o auditoria ambiental internacional, lo que en la práctica ha significado el colapso del SEIA, y la muerte súbita del MINAM como autoridad rectora del SEIA, en diciembre del 2011, cuando luego de expedir un Informe sobre el Proyecto Minero Conga, donde se señalaban serías deficiencias del mismo, el Ministro fue cesado, y el nuevo titular de la cartera desconoció el mismo, de una manera tan escandalosa que fue objeto de bromas políticas, pues era absurdo sostener que no lo encontraba en el archivo formal de la entidad, aunque materialmente si existía, al punto que hasta un diario local lo público, y le envió un mensaje: “lo encontramos” (La República/IDL Reporteros, 2012). Esa sería la última vez, que el MINAM opinaría técnicamente con la intensión de dirimir un conflicto socio ambiental, pues luego de ello, se decidió llevar adelante un peritaje ambiental internacional que sería directamente manejado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Al pie del sepulcro del SEIA sólo pensamos que la conducción de la Evaluación de Impacto Ambiental en el país sólo tiene dos caminos: a) o nos resignamos a que nuestros conflictos socio ambientales sean resueltos por entidades o peritos ambientales internacionales; b) o cambiamos nuestra estructura de gestión ambiental, y creamos una institucionalidad ambiental más fuerte, objetiva, independiente e imparcial. Pensamos que esta debería de ser la opción que valientemente asumamos, y convirtamos la muerte de un tipo de gestión pública ambiental en el nacimiento de otra más eficiente, que sea verdadero guardián del desarrollo sostenible y el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Pero ese será tema de un segundo artículo, por ahora sólo nos queda decir que en paz descanse el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, y nuestra condolencia a la autoridad rectora del SEIA (MINAM).