Las empresas mineras, a las cuales Doe Run adeuda aproximadamente US$110 millones, no están dispuestas a solicitar su declaratoria de insolvencia pese a que esta situación es a todas luces evidente en la minera. Según explicó Ricardo Trovarelli, de Cormin, una de las acreedoras, el hacerlo podría significar congelar el cumplimiento de la deuda. La declaratoria de insolvencia la da el Indecopi a solicitud de una acreedora o de la empresa en problemas. Una vez que esto sucede, el regulador del mercado convoca a una junta de acreedores que decide la quiebra o la reestructuración patrimonial de la empresa, y define un cronograma de pagos para los acreedores. Miguel Morales, representante legal de Compañía de Minas Buenaventura, indicó en días anteriores que su representada no contemplaba este mecanismo y más bien analiza recuperar la deuda vía un proceso judicial a Doe Run. Se debe indicar que las conversaciones entre Doe Run y los proveedores de concentrados, han quedado en un punto muerto luego de que las mineras exigieran que el principal accionista de Doe Run, Ira Rennert, disponga de US$100 millones que garantice el financiamiento y cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). De otro lado, una fuente de Doe Run indicó que esta tampoco se acogería a un proceso de reestructuración, pues si lo hiciera los proveedores mineros no le darían concentrados por el hecho de existir una deuda pendiente, aspecto que fue corroborado por Trovarelli. Otro acreedor de Doe Run, que prefirió mantener su identidad en reserva, explicó que la alternativa del Poder Judicial tampoco es una buena opción debido a que los procesos son extensos. Las mineras del centro venden sus concentrados a Doe Run, debido a que exportarlos a fundiciones asiáticas implica asumir gastos de flete y almacenamiento. Según ellas, esto provocaría una pérdida en sus ventas de hasta 5% (entre US$40 y US$50 por tonelada). Para los expertos, estas proveedoras podrían perder hasta US$ 5 millones mensuales. Por otra parte, se informó que Doe Run habría cometido un delito penal debido a que vendió concentrados de las mineras sin que haya pagado por ellas. “Los contratos comerciales decían muy claro que el concentrado pasaba a ser propiedad de Doe Run una vez que el proveedor recibiera el pago”, indicó la misma fuente que se mantuvo en el anonimato.
PROTESTAS
Ayer, en la ciudad de La Oroya —donde se encuentra ubicada la fundición y refinería de la minera— los trabajadores salieron a protestar bloqueando por cerca de tres horas la Carretera Central, con el fin de presionar al Gobierno y a las empresas mineras que proveen de concentrados a lograr una solución.
Doe Run paralizó totalmente el complejo metalúrgico de La Oroya el martes debido a que ya no cuenta con concentrados para procesar. Esto ha hecho que los trabajadores teman por su futuro laboral y por la economía de la ciudad de La Oroya, según Mauricio Huamán Carrasco, sub secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya. “Si colapsa la planta, colapsa la población”, expresó.
Finalmente, unas 40 personas, pertenecientes a diez organizaciones gremiales de La Oroya, entregaron ayer en Lima planillones con 22.440 firmas de pobladores, al presidente de la República, a la Comisión de Energía y Minas del Congreso y al ministerio del sector, pidiendo la ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Doe Run.
Fuente: El Comercio del 04.06.09
