Combustible sucio contamina a los limeños

El combustible que se vende en el Perú tiene 100 veces más azufre que el de otros países. Plazo para instalar plantas de sulfurización vence el 2009, pero refinerías piden ampliarlo.

1. El azufre se encuentra en el diésel y sus derivados. El humo producido por la combustión posee dióxido de azufre (SO2).

2. Las partículas de SO2 producen problemas respiratorios y cardíacos, e inflamación de los alvéolos pulmonares.

3. Los altos niveles de azufre en el diésel impiden la importación de vehículos con mejores tecnologías, pues estos requieren combustibles más limpios.

4. El ex viceministro de Energía Pedro Gamio señaló que no se puede sacrificar la salud de la población. “Para que Petro-Perú adquiera estas plantas (de sulfurización) hay que encontrar soluciones financieras sujetas al apoyo del Estado”, dijo.

Fuente: El Comercio del 01.06.09

Conflictos sociales en la Amazonía Peruana tienen como origen el desconocimiento del Estado de la realidad de esta Región

Lo que llamamos Amazonía tiene una extensión de 7,8 millones de kilómetros cuadrados, abarca nueve países y alberga una enorme diversidad social y ambiental. Aproximadamente 33 millones de personas habitan en ese espacio, incluyendo más de 370 pueblos indígenas, con una población de 1,6 millones de personas, distribuidas en más de 2.200 territorios. Todo esto, sin contar a los indígenas que viven en las ciudades ni a los llamados pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En el caso del Perú, el Sistema de Información sobre Comunidades Nativas (Sicna) registró a febrero del 2009 un total de 1.509 comunidades nativas, de las cuales 1.232 se encuentran tituladas y abarcan un área demarcada de 10’564.258 hectáreas, quedando un total de 277 comunidades nativas peruanas por titular. Adicionalmente existen solicitudes de ampliación por comunidades cuyas tierras y recursos no abastecen a la población actual.

La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), que aglutina a instituciones de diversos países, ha elaborado el mapa Amazonía 2009. Se trata de un documento fundamental para la comprensión de las dinámicas de este vasto territorio compartido al que algunos ven como un simple espacio para la extracción de materias primas. Margarita Benavides, subdirectora del Instituto del Bien Común (IBC), miembro de la RAISG, explica que este mapa panamazónico “contiene información sobre territorios indígenas y áreas naturales protegidas de los nueve países —Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Surinam y el Perú—. Su importancia radica en que muestra los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas de la Amazonía, información muy importante para la planificación y la toma de decisiones”.

“La Amazonía es un ecosistema sumamente frágil y continuo, y en ella habitan pueblos indígenas. Esto debe ser tomado en cuenta si queremos alcanzar un desarrollo sostenible que permita conservarla y evitar los conflictos sociales”, afirma Benavides. Esta es una de las razones por las que el IBC ha producido el mapa Amazonía Peruana 2009, que incluye información sobre los territorios indígenas y áreas naturales protegidas de nuestra Amazonía. Además, este mapa ofrece información sobre las áreas fronterizas con los países vecinos, lo que permite apreciar la continuidad de las cuencas, los territorios indígenas y las áreas protegidas al momento de planificar cualquier iniciativa de desarrollo o conservación. Adicionalmente, se han elaborado otros tres mapas con información sobre pueblos indígenas amazónicos, lotes de hidrocarburos, concesiones mineras, bosques de producción permanente, concesiones forestales, y proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

Detectar y evitar los conflictos

En la Amazonía peruana existen conflictos por tierras y recursos naturales, los mismos que se reflejan claramente en el mapa Amazonía Peruana 2009 en forma de superposiciones entre lotes petroleros, comunidades indígenas, reservas territoriales para indígenas en aislamiento y áreas naturales protegidas, entre otros. Para la Benavides, los conflictos surgen porque la legislación indica que el Estado es dueño del subsuelo y puede entregarlo en concesión, pero ocurre que sobre ese subsuelo habitan personas, existen propiedades comunales o áreas protegidas.

“Para explotar hidrocarburos u otros recursos debe dialogarse con las comunidades nativas. El Convenio 169 de la OIT indica que debe realizarse una consulta previa, informada y oportuna, y no cuando ya todos los acuerdos entre el Estado y las empresas están pactados. Las comunidades requieren información completa sobre la extracción de recursos por las empresas en sus territorios. Se les suele informar solamente sobre los beneficios económicos, se les ofrece trabajos temporales o donaciones puntuales pero no se les informa cabalmente sobre los impactos negativos sobre el medio ambiente, hábitat del cual ellos dependen para su sobrevivencia”, comenta la investigadora. El mapa de la Amazonía peruana revela casos de superposición de lotes petroleros en áreas habitadas por indígenas aislados, “lo que es totalmente incoherente —explica Benavides— ya que estos pueblos tienen una altísima vulnerabilidad frente a enfermedades foráneas. Desde el 2006 el país cuenta con una Ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento, cuyo proyecto de ley buscaba lograr la total intangibilidad de sus reservas territoriales. Sin embargo, el pleno del Congreso, en el debate para su aprobación final, colocó una frase —artículo 5— señalando que, si es de necesidad pública, se pueden desarrollar industrias extractivas en las reservas territoriales de indígenas aislados. De esta manera su protección quedó vulnerada”, sostiene la investigadora.

De los 60 pueblos indígenas que habitan en la Amazonía, 14 se encuentran en estado de aislamiento o de contacto inicial. “Esta situación de aislamiento de algunos pueblos o secciones de ellos se creó principalmente durante el “boom” del caucho, a principios del siglo pasado cuando muchos indígenas fueron esclavizados y perseguidos, en esta situación algunos decidieron refugiarse en zonas remotas e inaccesibles de la Amazonía. Tomar contacto con ellos puede resultarles fatal pues la transmisión de una enfermedad como la gripe, por ejemplo, podría diezmar a toda una población. Además, ellos ven en los hombres “civilizados” a los explotadores de caucho y taladores que esclavizaron a sus antepasados por décadas”, explica. En la actualidad las colonizaciones están avanzando tan rápidamente que estos pueblos en aislamiento están cercados. Tal es el caso del pueblo indígena Cacataibo en la selva central”, sostiene Benavides

Desarrollo sostenible

Estos mapas constituyen una herramienta fundamental para la toma de decisiones, ya que permiten tener una visión real de la situación en la Amazonía, de sus zonas más vulnerables y los espacios donde discurre la vida de los pueblos indígenas. “No se trata de obstaculizar el desarrollo —destaca Benavides—sino de lograr un desarrollo realmente sostenible. No puede ser que en nombre del crecimiento económico las poblaciones nativas sufran impactos negativos en su medio ambiente y su salud”. Tanto el mapa panamazónico como el de la Amazonía peruana serán distribuidos a instituciones del Estado, de la sociedad civil y a empresas para facilitar la adecuada toma de decisiones que atañen a territorios indígenas existentes y a las comunidades que están solicitando titulaciones. Más información: http://www.ibcperu.org/

La elaboración del mapa panamazónico de áreas protegidas y territorios indígenas supuso el trabajo de 11 instituciones de 7 países miembros de la red RAISG, que aportaron su capacidad técnica de manejo de sistemas de información geográfica. Por el Perú participaron Aidesep y el Instituto del Bien Común. Este es tan solo el primer producto de la Red Amazónica RAISG y se están planeando otros mapas. En el caso del Perú, la información sobre las áreas naturales protegidas proviene del Inrena (hoy Sernanp) y la relativa a los territorios indígenas fue elaborada por el Sistema de Información sobre Comunidades Nativas (Sicna) del Instituto del Bien Común. El Sicna también incluye información de otras fuentes como Cedia, ACPC, Aidesep y el PETT de Loreto.

Fuente: El Dominical de "El Comercio" del 31.05.09

Denuncian a la minera Doe Run por presionar a sus trabajadores para que avalen prorroga del PAMA

La minera Doe Run utiliza a sus trabajadores para recolectar firmas que apoyen la ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Así lo denunció el ex dirigente del Comité de Defensa de La Oroya, Pedro Córdova Valdivieso y precisó que en los últimos días de mayo, los trabajadores han recibido una serie planillas por las cuales se solicita al gobierno central “interponer sus buenos oficios para que Doe Run obtenga los créditos bancarios y la flexibilidad del PAMA". Cada pliego tiene espacio suficiente para consignar los nombres y el número del documento de Identidad Nacional de 18 trabajadores de la empresa Doe Run Perú. Ciudadanos y trabajadores de La Oroya, también hicieron público que la empresa Doe Run Perú está propiciando firmar estas planillas.

En ese sentido, los trabajadores exhortaron al Ministerio de Trabajo que realice visitas de inspección con mayor frecuencia a la par que exigieron la instalación de un Juzgado especializado en materia laboral para agilizar la carga de procesos que existen en La Oroya. Es preciso indicar que los conflictos sociales que han causado los continuos incumplimientos de Doe Run, tanto de orden ambiental como económico, se han agudizado en los últimos días.

Los acreedores de la empresa metalúrgican (las mineras Buenaventura y Volcan) han amenazado embargar la referida empresa ante el Poder Judicial, pues ésta no ha capitalizado la deuda de 156 millones de dólares ante su matriz en Estadios Unidos, tal como se comprometió para que se le concediera el “salvataje” el 2 de abril. Por otro lado, pese a que Doe Run tiene un plazo definido por ley para cumplir con el PAMA (31 de octubre, 2009), el gobierno peruano ha anunciado que podría otorgarles una prorroga, siempre y cuando cumpla con sus compromisos con los acreedores.

Asimismo se ha anunciado que el próximo lunes, el Presidente de Doe Run Resources (la matriz de Doe Run Perú), Bruce Neil, arribará a Perú a fin de reunirse con los acreedores de la empresa metalúrgica en el país. Ante estos acontecimientos, la mesa de Huancayo, una asociación integrada por diversas organizaciones civiles públicas y privadas, sostendrán una reunión el próximo martes. En la cita, se redactara un pronunciamiento oficial y se detallaran las medidas para contrarrestar los incumplimientos laborales y ambientales de Doe Run ante la sociedad huancayna.

Fuente: La República del 30.05.09

La fundición de La Oroya podría dejar de ser administrada por la empresa Doe Run

Los protagonistas en la difícil situación de Doe Run, el Gobierno, la empresa en cuestión y los proveedores mineros, siguen jugando, lentamente, sus fichas. El último movimiento lo hizo ayer el Gobierno al publicar un decreto de urgencia que modifica las condiciones para aquellas empresas que podrían entrar a un proceso de reestructuración, que podría ser el caso, precisamente, de Doe Run. La minera, propietaria de la fundición y refinería de La Oroya, mantiene deudas por más US$100 millones con sus proveedores de concentrados y de US$20 millones con otras empresas que le prestan servicios. Sin embargo, la principal deuda es con su matriz estadounidense Doe Run Resources (grupo Renco) a la cual le adeuda US$156 millones.

Los acreedores de la minera estaban temerosos de que el grupo Renco solicitase la insolvencia de Doe Run Perú ante Indecopi. De acuerdo con el monto de su deuda, esto le permitiría controlar nuevamente la empresa a través de la junta de acreedores que se nombraría para administrar la minera. El decreto de urgencia 61-2009, publicado ayer, decreta que los acreedores considerados vinculados al deudor no podrán solicitar la insolvencia de la empresa ni votar en la junta de acreedores, que es el órgano que administra la empresa por reestructurar.

El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, indicó que esta norma no se ha dado para el caso específico de Doe Run. Sostuvo que se trata de una norma genérica porque en una situación de crisis muchas empresas solicitan la reestructuración ante Indecopi. Sin embargo, varias fuentes del Gobierno indicaban que esta era una disposición orientada a evitar que Doe Run “declare en insolvencia, cobre el dinero que se debe a sí misma, y se vaya”.
Ejecutivos de la empresa minera analizaban ayer por la tarde los alcances del decreto. El gerente de relaciones comunitarias y actual portavoz de Doe Run, Jesús Pérez, indicó que estaban evaluando el tema, sin brindar mayores detalles.

NORMA ESPAÑOLA

Hugo Silva Quintana, especialista en temas concursales y socio del Estudio Rodríguez, Díaz y Medrano, explicó que el decreto de urgencia del Gobierno no es una norma insólita, pues esta se aplica en España. “Se da porque en muchos casos los acreedores vinculados obstaculizan los procesos, impiden la reestructuración o generan reestructuraciones ficticias”, indicó Silva Quintana. Fernando Martinot, socio del Estudio Muñiz, se mostró en desacuerdo con la norma debido a que recorta en forma ilegítima derechos a los acreedores vinculados. Indicó que, al margen del tema Doe Run, existen empresas y accionistas que prestan capital a empresas vinculadas, los que perderán sus derechos políticos, puesto que no podrán votar en la junta de acreedores.

¿VA A INDECOPI?

Para que Doe Run ingrese a reestructuración cualquier empresa a la cual la minera adeude 50 UIT (S/.177.500) puede pedir su declaratoria de insolvencia ante Indecopi.
Ricardo Trovarelli, gerente general de Cormin, una de las empresas acreedoras de Doe Run, señaló que no estaban interesados en que Doe Run Perú sea declarado insolvente porque esto significaría prácticamente congelar su deuda.

Además, dijo que los acreedores tendrían que poner dinero para poner la fundición y la refinería en marcha. “La deuda se cobraría cuando la empresa tenga utilidades, eso podría demorar mucho tiempo”, señaló. José Miguel Morales, representante legal de la Compañía de Minas Buenaventura, que también es acreedor de Doe Run Perú, indicó igualmente que en Indecopi demoraría la recuperación de la deuda, por lo que preferirían obtener su acreencia (cuyo monto no definió) a través de la vía judicial.

Habrá nuevas conversacionesEl ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, informó que hoy se reunirá con funcionarios de Doe Run para evaluar la situación de la minera. Como se recuerda, la fundición y refinería de La Oroya, de propiedad Doe Run, funciona actualmente al 20% de su capacidad. José Miguel Morales, representante legal de la Compañía de Minas Buenaventura, indicó que los proveedores mineros se reunirán con Doe Run Perú el próximo lunes, aunque sostuvo que hoy se definirá la agenda.

El ministro Pedro Sánchez indicó que no han recibido hasta el momento ninguna propuesta para modificar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Doe Run, cuya culminación deber darse en octubre. El ministro señaló que hoy esperan recibir una propuesta de Doe Run para que vuelva a estar operativa.

MÁS DATOS

Los dos problemas de la minera. El primero es el aspecto financiero: tiene deudas y los bancos no quieren prestarle capital de trabajo. El segundo problema es el cumplimiento de su PAMA, para lo cual requiere invertir US$70 millones. Según la minera, aún no puede financiarlo.ç

Fuente: Manuel Marticorena Solís. El Comercio 29.05.09

Perú aún espera que minera Doe Run dé en garantia sus "acciones" para iniciar su salvataje

El Gobierno peruano insistió este jueves en que la minera Doe Run, que opera el mayor complejo metalúrgico del país, debe entregar en garantía sus acciones al Estado, para asegurarse de que la compañía cumplirá con sus inversiones para completar su plan ambiental.

Doe Run, controlado por el estadounidense Grupo Renco y que opera una fundición y refinadora de metales, atraviesa por problemas financieros luego de que un grupo de bancos le cortó un crédito vital para sus operaciones, en momentos en que la crisis financiera desplomó los precios del petróleo.

El ministro de Economía, Luis Carranza, dijo que espera que la firma capitalice una acreencia pendiente de su matriz de 156 millones de dólares y ponga en prenda el 100 por ciento de sus acciones a favor del Estado.Carranza hizo estas declaraciones días después de que Doe Run dijo que “el Gobierno se comprometió a brindar una solución viable y satisfactoria” que pasaría por flexibilizar el plazo del plan ambiental (PAMA) que vence el 31 de octubre.

“Lo que se acordó es que deberíamos de tener una solución satisfactoria del PAMA. La solución satisfactoria del PAMA implica la seguridad para el Estado que se cumplan con esas inversiones”, dijo Carranza a periodistas. “Si no hay capitalización, si no hay un contrato de prenda de acciones no tenemos ninguna seguridad que se cumpla con eso. Esta empresa no es la primera vez que ha faltado a compromisos o convenios anteriormente”, agregó.

Un grupo de acreedores, a quienes Doe Run les debe cerca de 100 millones de dólares por suministro de mineral, otorgó en abril a la firma dos líneas de crédito por 175 millones de dólares a cambio de que capitalice la acreencia y ponga en garantía sus acciones. Pero, según los acreedores, Doe Run ha incumplido con su compromiso a cambio de una extensión del plazo del PAMA.

“Las empresas mineras privadas, los proveedores mineros, también creo que están a la espera de que se cumplan algunos de los términos que se pactaron con Doe Run. Este repito, es una tema privado, que debe de tener una solución privada”, dijo Carranza. Por su parte el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, dijo a Reuters que “el Gobierno peruano no tiene ninguna obligación pendiente con Doe Run Perú”. La firma tiene pediente una inversión de 73 millones de dólares en el plan ambiental, en la que según Doe Run ya invirtió hasta ahora unos 307 millones de dólares. El Estado peruano ya otorgó antes a Doe Run extensiones para que cumpla el PAMA y funcionarios del Gobierno han manifestado recientemente que los plazos deben respetarse.

Fuente: El Comercio del 28.05.09

Reubicación de Cerro de Pasco por contaminación

El alcalde de la provincia de Cerro de Pasco, Tito Valle Ramírez, propuso recientemente que la reubicación de Cerro de Pasco se lleve a cabo en la zona de Yanamate, ubicada a cinco kilómetros de su actual posición. “Este es un lugar ideal por su cercanía, porque no tiene yacimientos mineros y porque ya cuenta con proyecto elaborado para la instalación de servicios básicos”, indicó. Valle Ramírez dijo, además, que esta sugerencia ya figura en el Plan de Desarrollo Urbano que fue elaborado por la municipalidad, teniendo en cuenta la ampliación de la explotación minera.En Yanamate, debido al crecimiento poblacional de Cerro de Pasco, se proyectó la realización de obras de agua potable y desagüe, así como de electrificación. Este lugar se ubica a un lado de la Carretera Central, en una bifurcación de las vías hacia Huánuco y La Oroya.

Valle Ramírez explicó que tanto la municipalidad como el Gobierno Regional de Pasco tienen financiados los proyectos de saneamiento en esa zona, pero que aún no se han ejecutado debido a que se piensa construir la nueva ciudad en un lugar más lejano, ubicado entre Shelby (Vicco) y Tambo del Sol (Ninancaca). “Es una propuesta. La última palabra la tendrán los especialistas de las seis universidades que se encargarán de los estudios”, declaró.

PARA RECORDAR

[13/12/2008]Promulgan la Ley 29293, que aprueba el traslado de la ciudad de Cerro de Pasco.
[12/2/2009]Instalan una comisión que se encargará de elaborar planes y estrategias para la reubicación.
[13/2/2009]El Gobierno Regional propone instalar la ciudad de Cerro de Pasco en la localidad de Ciudad del Sol.

Fuente: El Comercio 28.05.09

Tres millones de dólares américanos como Indemnización por derrame de mercurio en Choropampa

El Concejo Provincial de Cajamarca aprobó ayer por mayoría aceptar los tres millones de dólares que la empresa Newmont Mining Corporation debe pagarles como indemnización por el derrame de mercurio registrado en junio del 2000, en las localidades de Choropampa, San Juan y Magdalena. La cantidad fue fijada por tribunales de Estados Unidos, pues en ese país se encuentra la sede principal de la poderosa minera transnacional que es accionista de la empresa Yanacocha en el Perú. El alcalde de Cajamarca, Marco La Torre, explicó que de los tres millones de dólares, el 40% corresponde a los honorarios del estudio de abogados Larrieu & Larrieu y la diferencia será utilizada en la ejecución de obras en las comunidades afectadas por el derrame. El plazo para informar de su decisión a los tribunales estadounidenses se vence hoy.

ANTECEDENTES

En el 2001, el entonces alcalde Jorge Hoyos Rubio demandó a la empresa Newmont por los daños causados en Cajamarca como consecuencia del mercurio derramado. No obstante, las comunidades de San Juan, Choropampa y Magdalena, a través de sus autoridades, llegaron a un acuerdo extrajudicial con Yanacocha a los pocos meses del accidente. En el acuerdo, según la comuna de Cajamarca, se estableció que San Juan recibirá S/.700.000, Choropampa S/.2’900.000 y Magdalena más de S/.600.000.

Fuente: El Comercio del 28.05.09