La semana pasada en Hualgayoc, Cajamarca, un enfrentamiento de campesinos y miembros de una empresa minera, dejó un saldo de 2 muertos y 4 heridos. Una de las víctimas era un menor de edad. El reporte lo tiene Enlace Nacional:
http://enlacenacional.com/2009/09/17/enfrentamiento-entre-campesinos-y-empresa-minera-deja-dos-muertos-en-hualgayoc/
Aun el gobierno no atiende el problema. ¿Por qué el enfrentamiento? Pues es un nuevo capítulo del enfrentamiento ya clásico entre actividad agrícola y minería. Y como también parece ser clásico, recién luego que contamos fallecidos el gobierno va a mandar una comisión de alto nivel para atender el tema y buscar una solución.
Y en otra zona del país, La Oroya, continúan las protestas por el ya conocido problema de Doe Run. Informa La República con el lamentable saldo de ayer:
Durante el enfrentamiento ocurrido a las 18:00 horas de hoy (martes), cuando los mineros desbloquearon la carretera central por una hora, tras previo acuerdo con la autoridades, un policía identificado como Grobert Wiltson Saico Taype, recibió un fuerte impacto en la cabeza de una roca proveniente de un cerro causándole la muerte.
Otros 3 efectivos resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital de Essalud de La Oroya. Aún no se conoce al detalle la gravedad de las lesiones provocadas. Transcendió que la carretera central sería tomada nuevamente por los trabajadores de Doe Run a las 22:00 horas, es por ello que se viven momentos intensos en la Ciudad de La Oroya.
Esta mañana, Roiberto Guzmán, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de La Oroya,que agrupa a 3500 personas, negó que el paro sea un un acuerdo previo con la empresa Doe Run, para presionar al Ejecutivo.
Como se recuerda, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el informe de la Comisión Técnica de La Oroya, que recomienda una prórroga de 20 meses del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA). Sin embargo, la empresa metalúrgica y los trabajadores exigen una prórroga mayor de 36 meses.
Por su parte, la empresa Doe Run publicó hoy (martes) en algunos diarios un comunicado a página completa titulado “Todos queremos que el complejo metalúrgico de la Oroya arranque lo antes posible. Doe Run asegura que el negocio es viable”.
En otras declaraciones previas al paro, el presidente de la región Junín, Vladimiro Huaroc, pidió al Gobierno que reconsidere la decisión del Consejo de Ministros de otorgar 20 meses más de ampliación del PAMA, ya que los trabajadores iniciarían un paro provincial en protesta.
“Los trabajadores están temerosos porque en 45 días vence el acuerdo con Doe Run, mediante el cual venían recibiendo el 63% de sus salarios, a pesar de que la operación estaba paralizada”, sostuvo.
Lo cierto es que el Estado - que en lo de Doe Run da pasos para adelante y para atrás, para quedar bien con todos, en lugar de cumplir la ley ambiental - no sabe como afontar estos problemas. Y ya que el Presidente está en la onda de leer libros antes que ver blogs o el Twitter, sería bueno que le diera una mirada a los varios trabajos que han salido sobre la materia. Uno de ellos, Minería y Conflicto Social, ha sido reseñado por Martín Tanaka, quien además es uno de los autores. Ojo al diagnóstico y las soluciones:
En este libro se estudian los conflictos sociales que surgen a propósito de las actividades de explotación minera, sobre la base del análisis exhaustivo de seis casos emblemáticos (Tambogrande, Majaz, Yanacocha, Antamina, Las Bambas y Tintaya). Analizamos la naturaleza y dinámica de los conflictos, y hacemos algunas reflexiones sobre qué caminos deberían explorarse para mejorar la relación entre Estado, empresas mineras y comunidades, de modo de conciliar el interés de los actores directamente involucrados en los conflictos con el interés general de la sociedad, buscando que la actividad minera pueda convertirse efectivamente en una herramienta para el desarrollo del país.
El examen de los casos muestra que la dinámica de las protestas sociales tiene en la base una conflictividad estructural, no siempre evidente por no expresarse en acciones de protesta, en la que interactúan empresa, comunidades y Estado como actores principales, pero también un amplio conjunto de actores regionales, nacionales y globales que complejizan el panorama.
Para entender la dinámica de la protesta resultan clave dos variables de análisis: de un lado, la percepción de la magnitud de la afectación de las operaciones mineras (en donde las historias previas de relación con actividades mineras, la existencia de actividades agrícolas alternativas y la naturaleza de los modos de vida imperantes resultan muy importantes); y del otro, la capacidad de acción colectiva de las comunidades afectadas (donde resalta la existencia de altos niveles de fragmentación social, así como la intervención de distintos actores extralocales). La dinámica de las protestas sigue caminos diferentes a los de la conflictividad estructural, y es esta última la que debe ser enfrentada principalmente. Encontramos que esta tiene cuatro dimensiones básicas: los riesgos medioambientales, la disputa por recursos naturales como sustento económico, por la distribución de los beneficios económicos, y por la defensa de la autonomía comunal. Esta conflictividad se exacerba en los últimos años, en el contexto de la expansión de la actividad minera, en la que se hacen patentes las débiles capacidades del Estado y los límites del modelo de “regulación sectorial” vigente hasta el momento.
Sobre la base de este diagnóstico, surgen cuatro líneas de recomendaciones: frente a los riesgos medioambientales, se propone una gestión transectorial, expresada en una autoridad ambiental autónoma; frente a la disputa por los recursos naturales, una lógica de ordenamento territorial; frente a la distribución de los beneficios económicos, la necesidad de vincular la minería con el desarrollo local; y frente a la defensa de la autonomía comunal, el fortalecimiento de la participación ciudadana. Estas recomendaciones no buscan “resolver”, sino poder encauzar institucional y pacíficamente los conflictos, cuya resolución es en última instancia de naturaleza política.
Y además de este cuadro específico sobre minería, el Estado podría tener en cuenta que factores detonan una protesta. Carlos Melendez dió su explicación hace más de un año:
1) La frustración (léase simplemente la bronca). No hay protesta si no hay bronca. Esta se originaría, utilizando el marco explicativo de la teoría de la privación relativa, como la brecha que existe entre las expectativas y las capacidades reales para cumplirlas que tienen los ciudadanos; y a continuación en la politización de dicha frustración (Ted Gurr).
2) Los recursos (léase organización, tiempo, recursos materiales, recursos humanos). No hay protesta si ésta no se organiza, si no existe la capacidad, el tiempo, la habilidad para llevarla a cabo. (Teoría de la movilización de recursos, los clásicos McCarthy y Zald)
3) El involucramiento colectivo (léase participación). Para ello hay que vencer muchos obstáculos para la acción colectiva, vencer el famoso “free rider”, que el colectivo se reconozca y se sienta comprometido con la “causa”, que considere que su participación sí hace el cambio, importa. Que tengan intereses e incentivos para movilizarse. (Teorías de la acción colectiva, D. Chong, entre otros)
4) La oportunidad (léase el momento preciso, la “chispa que enciende”). Existe un momento en que “el sistema”, el “establishment”, o el “enemigo” es sencillamente fácil de vencer, es particularmente débil, ya sea por factores de contexto o flaquezas internas. Ese es el momento que la protesta aprovecha para consumar su éxito. (Teoría del sistema de oportunidad política, Tarrow, McAdam)
5) La forma (léase el “framing”, el “marketing”). Se requiere un discurso, un rollo que justifique, que simplifique la información de las causas y las motivaciones, y las ponga en lenguaje simple de injusticia y culpabilidad, comprensible para cualquiera, para cada uno de los participantes, y para el observador más “objetivo”. (Teorías culturales del “framing”, Snow entre otros)
Tal vez comprendiendo este panorama complejo, salgamos de la lógica “bloqueo de carretera - protesta violenta (con o sin muerto) - comisión de alto nivel”. Ese modelo, simplemente, no funciona.
Aun el gobierno no atiende el problema. ¿Por qué el enfrentamiento? Pues es un nuevo capítulo del enfrentamiento ya clásico entre actividad agrícola y minería. Y como también parece ser clásico, recién luego que contamos fallecidos el gobierno va a mandar una comisión de alto nivel para atender el tema y buscar una solución.
Y en otra zona del país, La Oroya, continúan las protestas por el ya conocido problema de Doe Run. Informa La República con el lamentable saldo de ayer:
Durante el enfrentamiento ocurrido a las 18:00 horas de hoy (martes), cuando los mineros desbloquearon la carretera central por una hora, tras previo acuerdo con la autoridades, un policía identificado como Grobert Wiltson Saico Taype, recibió un fuerte impacto en la cabeza de una roca proveniente de un cerro causándole la muerte.
Otros 3 efectivos resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital de Essalud de La Oroya. Aún no se conoce al detalle la gravedad de las lesiones provocadas. Transcendió que la carretera central sería tomada nuevamente por los trabajadores de Doe Run a las 22:00 horas, es por ello que se viven momentos intensos en la Ciudad de La Oroya.
Esta mañana, Roiberto Guzmán, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de La Oroya,que agrupa a 3500 personas, negó que el paro sea un un acuerdo previo con la empresa Doe Run, para presionar al Ejecutivo.
Como se recuerda, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el informe de la Comisión Técnica de La Oroya, que recomienda una prórroga de 20 meses del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA). Sin embargo, la empresa metalúrgica y los trabajadores exigen una prórroga mayor de 36 meses.
Por su parte, la empresa Doe Run publicó hoy (martes) en algunos diarios un comunicado a página completa titulado “Todos queremos que el complejo metalúrgico de la Oroya arranque lo antes posible. Doe Run asegura que el negocio es viable”.
En otras declaraciones previas al paro, el presidente de la región Junín, Vladimiro Huaroc, pidió al Gobierno que reconsidere la decisión del Consejo de Ministros de otorgar 20 meses más de ampliación del PAMA, ya que los trabajadores iniciarían un paro provincial en protesta.
“Los trabajadores están temerosos porque en 45 días vence el acuerdo con Doe Run, mediante el cual venían recibiendo el 63% de sus salarios, a pesar de que la operación estaba paralizada”, sostuvo.
Lo cierto es que el Estado - que en lo de Doe Run da pasos para adelante y para atrás, para quedar bien con todos, en lugar de cumplir la ley ambiental - no sabe como afontar estos problemas. Y ya que el Presidente está en la onda de leer libros antes que ver blogs o el Twitter, sería bueno que le diera una mirada a los varios trabajos que han salido sobre la materia. Uno de ellos, Minería y Conflicto Social, ha sido reseñado por Martín Tanaka, quien además es uno de los autores. Ojo al diagnóstico y las soluciones:
En este libro se estudian los conflictos sociales que surgen a propósito de las actividades de explotación minera, sobre la base del análisis exhaustivo de seis casos emblemáticos (Tambogrande, Majaz, Yanacocha, Antamina, Las Bambas y Tintaya). Analizamos la naturaleza y dinámica de los conflictos, y hacemos algunas reflexiones sobre qué caminos deberían explorarse para mejorar la relación entre Estado, empresas mineras y comunidades, de modo de conciliar el interés de los actores directamente involucrados en los conflictos con el interés general de la sociedad, buscando que la actividad minera pueda convertirse efectivamente en una herramienta para el desarrollo del país.
El examen de los casos muestra que la dinámica de las protestas sociales tiene en la base una conflictividad estructural, no siempre evidente por no expresarse en acciones de protesta, en la que interactúan empresa, comunidades y Estado como actores principales, pero también un amplio conjunto de actores regionales, nacionales y globales que complejizan el panorama.
Para entender la dinámica de la protesta resultan clave dos variables de análisis: de un lado, la percepción de la magnitud de la afectación de las operaciones mineras (en donde las historias previas de relación con actividades mineras, la existencia de actividades agrícolas alternativas y la naturaleza de los modos de vida imperantes resultan muy importantes); y del otro, la capacidad de acción colectiva de las comunidades afectadas (donde resalta la existencia de altos niveles de fragmentación social, así como la intervención de distintos actores extralocales). La dinámica de las protestas sigue caminos diferentes a los de la conflictividad estructural, y es esta última la que debe ser enfrentada principalmente. Encontramos que esta tiene cuatro dimensiones básicas: los riesgos medioambientales, la disputa por recursos naturales como sustento económico, por la distribución de los beneficios económicos, y por la defensa de la autonomía comunal. Esta conflictividad se exacerba en los últimos años, en el contexto de la expansión de la actividad minera, en la que se hacen patentes las débiles capacidades del Estado y los límites del modelo de “regulación sectorial” vigente hasta el momento.
Sobre la base de este diagnóstico, surgen cuatro líneas de recomendaciones: frente a los riesgos medioambientales, se propone una gestión transectorial, expresada en una autoridad ambiental autónoma; frente a la disputa por los recursos naturales, una lógica de ordenamento territorial; frente a la distribución de los beneficios económicos, la necesidad de vincular la minería con el desarrollo local; y frente a la defensa de la autonomía comunal, el fortalecimiento de la participación ciudadana. Estas recomendaciones no buscan “resolver”, sino poder encauzar institucional y pacíficamente los conflictos, cuya resolución es en última instancia de naturaleza política.
Y además de este cuadro específico sobre minería, el Estado podría tener en cuenta que factores detonan una protesta. Carlos Melendez dió su explicación hace más de un año:
1) La frustración (léase simplemente la bronca). No hay protesta si no hay bronca. Esta se originaría, utilizando el marco explicativo de la teoría de la privación relativa, como la brecha que existe entre las expectativas y las capacidades reales para cumplirlas que tienen los ciudadanos; y a continuación en la politización de dicha frustración (Ted Gurr).
2) Los recursos (léase organización, tiempo, recursos materiales, recursos humanos). No hay protesta si ésta no se organiza, si no existe la capacidad, el tiempo, la habilidad para llevarla a cabo. (Teoría de la movilización de recursos, los clásicos McCarthy y Zald)
3) El involucramiento colectivo (léase participación). Para ello hay que vencer muchos obstáculos para la acción colectiva, vencer el famoso “free rider”, que el colectivo se reconozca y se sienta comprometido con la “causa”, que considere que su participación sí hace el cambio, importa. Que tengan intereses e incentivos para movilizarse. (Teorías de la acción colectiva, D. Chong, entre otros)
4) La oportunidad (léase el momento preciso, la “chispa que enciende”). Existe un momento en que “el sistema”, el “establishment”, o el “enemigo” es sencillamente fácil de vencer, es particularmente débil, ya sea por factores de contexto o flaquezas internas. Ese es el momento que la protesta aprovecha para consumar su éxito. (Teoría del sistema de oportunidad política, Tarrow, McAdam)
5) La forma (léase el “framing”, el “marketing”). Se requiere un discurso, un rollo que justifique, que simplifique la información de las causas y las motivaciones, y las ponga en lenguaje simple de injusticia y culpabilidad, comprensible para cualquiera, para cada uno de los participantes, y para el observador más “objetivo”. (Teorías culturales del “framing”, Snow entre otros)
Tal vez comprendiendo este panorama complejo, salgamos de la lógica “bloqueo de carretera - protesta violenta (con o sin muerto) - comisión de alto nivel”. Ese modelo, simplemente, no funciona.
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