Acusan a gerente de Doe Run por la muerte de policía

Señalan a Juan Carlos Huyhua como autor mediato de ataques. Comisión del Congreso propone ampliar hasta 30 meses el PAMA. Nueva jornada de desmanes deja dos heridos de gravedad. Editorial: Los extremos de la irresponsabilidad empresarial
Tras dos días de violencia en La Oroya, los trabajadores de la minera Doe Run acordaron anoche suspender el paro indefinido luego de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobara el proyecto de ley que amplía por 30 meses el plazo para que la empresa cumpla con ejecutar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
En la práctica, significa que los mineros han dado una “tregua”, a la espera de la decisión final del pleno del Congreso, que someterá hoy a voto el proyecto de ley.
Sin embargo, antes de que se suspendiera la medida de fuerza, durante la jornada de protesta hubo varios brotes de violencia.
NUEVOS ENFRENTAMIENTOS

La muerte del suboficial de segunda PNP Grobert Saico Taipe, ocurrida la noche del martes luego de que recibiera el impacto de una piedra lanzada desde un cerro, hizo ayer que el segundo día de paro empezara con un clima de tensión.
Desde las seis de la mañana, varios grupos de policías recorrieron La Oroya para impedir que los trabajadores organizaran nuevos bloqueos. El tránsito era, entonces, relativamente fluido.
A las ocho de la mañana, los policías acometieron contra un grupo de manifestantes reunidos cerca del puente de Marcavalle usando bombas lacrimógenas.
En esta refriega resultó herido César Ingaruca (43), quien sufrió un golpe en la cabeza. Poco después, se informó sobre la detención de María Rojas Almonacid, quien fue sacada a rastras de su vivienda ubicada en Curipata.
A pesar del despliegue policial, a las nueve de la mañana la vía nuevamente fue bloqueada, luego de que los dirigentes que organizaron la protesta fueran desalojados del local del sindicato metalúrgico, donde se habían reunido.
A LA EXPECTATIVA

Poco antes de las 10 de la mañana llegó a La Oroya el presidente de la región Junín, Vladimiro Huaroc, quien intentó interceder entre los manifestantes y la policía para que se restableciera el tránsito sin actos de violencia.
Justo en ese momento, a la altura del complejo de Doe Run la policía arremetió otra vez, pero con más fuerza. Ante esta situación (y en medio del humo de las bombas lacrimógenas), algunos pobladores se lanzaron por los barrancos hacia la orilla del río Mantaro. Aquí resultó herido otro minero identificado como Adrián Luis Huaytán.
Por la noche, el tránsito en La Oroya fluía con normalidad. Los mineros suspendieron el paro y acordaron seguir las incidencias del pleno del Congreso que se llevará a cabo hoy.

Formalizan denuncia contra empleados de Doe Run por muerte de policía

La Procuraduría para Asuntos de Orden Interno del Ministerio del Interior denunció a 22 personas, entre directivos y trabajadores de la empresa Doe Run Perú, por la muerte del policía Grovert Saico Taipe, producida durante una protesta en La Oroya , Junín.
Julio Talledo, titular de la Procuraduría, precisó que la demanda fue presentada ante el Ministerio Público en Lima y en La Oroya.
Explicó que a los trabajadores de Doe Run se les acusa de los presuntos delitos de homicidio simple y lesiones graves por la muerte del suboficial. También se les denuncia por extorsión, al haber obstaculizado de manera violenta las vías de comunicación para exigir la ampliación del Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA).
Entre los denunciados figuran Roberto Guzmán Estrada y Luis Mantari Pérez, secretarios generales del Sindicato de Trabajadores Mineros y de Empleados de Doe Run; respectivamente, así como Zózimo Galarza Vivanco, presidente del comité de lucha.
Talledo señaló que también se incluyó en la denuncia a Juan Carlos Huayhua y a José Bengoa Feria, gerente general y gerente de operaciones de Doe Run, además de otros directivos.
Anotó que estas personas incurrieron en la figura de la autoría mediata, al haber “instigado” a los trabajadores a realizar protestas para lograr una mayor ampliación del PAMA.
“Debe haber una amplia investigación para verificar la autoría mediata de estas personas en la muerte del policía y los desmanes ocurridos en La Oroya”, expresó el procurador.
El abogado del Estado informó que durante las protestas la Policía Nacional detuvo a 12 personas, entre trabajadores y pobladores de La Oroya, a algunas de las cuales se les decomisó binoculares y piedras.

http://peru21.pe/noticia/347359/formalizan-denuncia-contra-empleados-doe-run-muerte-policia

Comisión multisectorial supervisará los avances del PAMA

Una comisión formada por miembros del Gobierno Regional de Junín, la sociedad civil, gremios ambientalistas, entre otros, tendrá la misión de vigilar el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) recientemente ampliado a la empresa Doe Run, informó ayer el presidente regional Vladimiro Huaroc Portocarrero.
Agregó que esta delegación se encargará de fiscalizar, durante los treinta meses de ampliación concedidos por el Estado, que la empresa culmine con los trabajos de construcción de la planta de tratamiento de ácido sulfúrico y con la modificación del circuito de cobre del complejo metalúrgico de La Oroya, entre otros importantes aspectos.
Huaroc reiteró que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) deberá reportar cada seis meses los avances de la ejecución de los trabajos de la planta de tratamiento de ácido sulfúrico.
La autoridad explicó que se decidió formar la comisión regional debido a que consideran que el Gobierno Central no ha controlado el cumplimiento de las responsabilidades por parte de la compañía Doe Run, situación que ha permitido que esta evada sus compromisos.
“NO ESTÁ INFORMADO”El presidente regional de Junín también sostuvo que el primer ministro Javier Velásquez Quesquén se encuentra desinformado por acusarlo de ser el responsable de la muerte de un policía durante el último paro organizado por los trabajadores de la minera. Hace unos días, Velásquez dijo que Huaroc incitó a la violencia a los dirigentes de esa empresa.
PRECISIONES
Los trabajadores de Doe Run Royberto Guzmán, Luis Mantari, Isaías Aquino; y los funcionarios Juan Carlos Huyhua y José Bengoa fueron denunciados por el delito contra la seguridad pública por los hechos ocurridos durante el paro.
De acuerdo con el atestado policial de La Oroya, estos se encuentran como no habidos.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA DECISIÓN DE PRORROGAR EL PAMA DE DOE RUN Y LOS SUCESOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA

Inaceptable y desafortunada: estas dos palabras grafican la actuación de Doe Run y del Estado Peruano frente a la antigua y previsible situación de orfandad ambiental y de salud que enfrentan los pobladores de La Oroya. Los últimos sucesos de violencia en clara violación de la ley, se suman al historial de la falta de responsabilidad legal y social de la empresa Doe Run Perú para cumplir con sus obligaciones, así como del Estado para exigir su cumplimiento. En este proceso los más perjudicados han sido los trabajadores y la población, cuyos derechos esenciales son seriamente afectados sin que hasta el momento se hayan alcanzado los objetivos trazados hace 12 años desde que se entregó la concesión minera a Doe Run.

Por lo anterior:

- Rechazamos el uso de la violencia como mecanismo de protesta y expresamos nuestra solidaridad con la familia del suboficial de la policía Grover Sayco Taipe, quien pagó con su vida el precio de esta suma de actos ilegales y de la incapacidad de todos para evitarlos. Asimismo, deseamos la pronta recuperación de las personas heridas en estos sucesos.

- Exigimos a las autoridades competentes, en concordancia con las normas y el respeto a los derechos humanos, remediar lo antes posible las consecuencias que en la salud tendrá esta nueva licencia para postergar el cumplimiento del PAMA por parte de Doe Run, y adoptar medidas de urgencia para garantizar, de un lado el cumplimiento de las nuevas obligaciones asumidas por la empresa y, de otro, el seguimiento y control de las enfermedades que afectan a la población, especialmente a los niños y niñas de La Oroya.

- Es evidente que la empresa ha aprovechado la debilidad del Estado y las necesidades laborales y económicas de la población sin considerar las consecuencias que ello tendrá para el ambiente, la salud, la vida y la integridad de las personas.

- Además, es lamentable que el Poder Ejecutivo haya derivado al Congreso de la República el manejo legal de un asunto administrativo de su absoluta competencia, en clara vulneración del Art. 103 de la Constitución Política del Perú que establece que no se pueden expedir normas con nombre propio en beneficio de una única persona/empresa. El antecedente que se genera en el Perú con la situación de Doe Run es nefasto pues la nueva prórroga contraviene el Decreto Supremo Nº 046-2004-EM mediante el cual se consideró improrrogable el plazo otorgado para el PAMA, y desconoce también la Resolución Suprema Nº257-2006-MEM-DM expedida también por presión de la empresa. Con esta decisión el Perú demuestra su incapacidad para hacer cumplir las normas ambientales y desconoce el derecho internacional que nos obliga a respetar los derechos humanos y el ambiente.

- La nueva extensión del PAMA es casi igual en lapso de tiempo a la otorgada en el 2006, y no para la mitad de una planta de ácido sulfúrico, como ahora, sino para tres plantas consideradas claves para el control de la contaminación en la zona. Debe recordarse además que el PAMA incluía otras acciones para mejorar la salud y el ambiente, así como planes de evaluación y vigilancia epidemiológicos, cuyo grado de cumplimiento no ha sido siquiera considerado para esta ampliación.

- Justamente, respecto a las responsabilidades de tutela de derechos, actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está evaluando las consecuencias de la falta de control adecuado del complejo metalúrgico de La Oroya sobre la salud, la vida e integridad de las personas; así como la responsabilidad internacional del gobierno peruano en ello. Resulta paradójico que eventualmente ante la CIDH el Estado asumirá la responsabilidad no solamente por su negligencia sino también por la omisión de la empresa y el costo finalmente lo pagaremos todos.

En suma, exigimos que la empresa Doe Run Perú y las instancias del Estado involucradas con el control y vigilancia de las operaciones de la empresa en la ciudad, informen mensualmente sobre las medidas de prevención en curso contempladas en el PAMA y brinden garantías financieras y reales de protección a la población, incluyendo a los trabajadores que laboran allí. Todos los ciudadanos debemos impedir que esta situación se repita en La Oroya o en cualquier otra parte del país.


Lima, 25 de septiembre 2009



Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente – AIDA

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA

CooperAcción

Red Muqui

Red Regional Agua y Desarrollo de Piura

Grupo Ciudadano Piura, Vida y Agro Godofredo Barcía Baca

Asociación Civil Labor

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ

Asociación Marianista de Acción Social - AMAS

Proyecto Amigo

Centro Labor Pasco

Red Uniendo Manos contra la Violencia

Grupo para la Promoción del Desarrollo de los Andes - GRUPO ANDES

La Oroya: un mundo feliz

Autor: Patricia del Río

Llamémosle Rodolfo y digamos que hace diez años trabaja para Doe Run. Gana 800 soles mensuales y su mujer, Marta, aporta unos 500 más gracias al restaurantito que puso en su sala para venderles caldo de gallina a los trabajadores del turno de la tarde. Marta y Rodolfo no conocen otra forma de vida. Sus padres trabajaron en la refinería, mucho antes de que llegara Doe Run. Sus hijos también serán mineros.La vida no les es grata. Se levantan siempre bajo el mismo cielo color acero que pareciera sepultarlos bajo los gases tóxicos que emana la gran chimenea de la refinería. Viven en una de las diez ciudades más contaminadas del mundo, y en sus pulmones, su sangre y sus huesos se acumulan, todos los días, residuos de plomo, arsénico, dióxido de azufre y otros metales pesados. Por eso respiran mal, sus niños no crecen, y ayer se enteraron de que su vecino se murió de cáncer. Sobre su caso se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional exigiendo acciones concretas para controlar la contaminación ambiental. Pero nadie les ha cumplido. Rodolfo y Marta, entonces, han decidido salir a protestar. Pero no, no van a exigir que se haga todo lo posible por evitar la contaminación que los está matando. Lo que buscan, en realidad, es que la refinería, parada por no cumplir con el Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) que les exige el Estado, vuelva a funcionar como sea porque hace dos meses que están sin chamba y ya no saben cómo hacer para alimentar a sus hijos.De la empresa les han dicho que, si no se quejan, el Gobierno no cederá y ellos se quedarán sin trabajo, sin casa, sin vida. Marta ha salido con víveres para los manifestantes. Rodolfo se ha apostado en el cerro, junto con sus compañeros, listo para asustar con piedras a los 1,200 policías que quieren romper el bloqueo. Abajo, en la carretera, queda tirado un policía. Tiene el cráneo destrozado. Tiene 27 años. Grover Sayco Taipe, se llama. Rodolfo y sus amigos se asustan, se dispersan, pero no abandonan la lucha. Les han dicho que necesitan sangre para ser escuchados.En la capital se condenan los hechos de violencia. Se acusa a Doe Run de haberse manchado las manos con la sangre del policía muerto. Se anuncia que habrá denuncia penal contra el gerente de la empresa. Sin embargo, y a pesar de las graves imputaciones, en la Comisión de Energía del Congreso se acepta que se prorrogue por 30 meses más el cumplimiento del PAMA.Doe Run puede seguir operando. Rodolfo y Marta se van satisfechos a casa. La familia Sayco vela a su muerto. Todo vuelve a la normalidad. El problema ambiental puede esperar un tiempo más. Qué importa un poco más de plomo en la sangre. El problema social, felizmente, ese sí ha quedado resuelto.

Doe Run se sale con la suya en el Parlamento.

Hace tres meses la propietaria del Complejo Metalúrgico de La Oroya, Doe Run, solicitó al Gobierno la ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por un plazo de 30 meses. El Gobierno respondió que solo le daría 11. Hubo después un ida y vuelta, con un estudio técnico de por medio realizado por la Comisión Técnica La Oroya (que planteó un plazo de 20 meses) y un nuevo pedido de la empresa de 36 meses. Ayer, el pleno del Congreso aprobó la ampliación del PAMA por 30 meses. El mismo plazo que Doe Run solicitó al inicio.
Al respecto, el vicepresidente corporativo de asuntos ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, no pudo menos que estar satisfecho y declarar que no solicitarán un mayor plazo: “Yo creo que hay una decisión tomada. Vamos a hacer los esfuerzos para de una vez ir adelante y en este plazo llegar a acuerdos con nuestros proveedores”.
Explicó que en la medida que se concrete la ampliación por parte del Gobierno y se reúna nuevamente con las empresas que proveen de concentrados a la fundición de La Oroya, las operaciones de la empresa se podrían reanudar en un mes.
Tras aprobar la ampliación del PAMA por 85 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el pleno del Congreso dio facultades al Gobierno para que, vía un decreto supremo, defina la forma en que la empresa garantizará la inversión de US$155 millones en su PAMA.
ACUSACIONES

Sobre las acusaciones de que los ejecutivos de Doe Run —y en especial, su gerente general, Juan Carlos Huyhua— fueron los instigadores de la violencia y de la muerte de un policía el pasado martes, Mogrovejo informó que no habían recibido una acusación oficial, aunque mostró su extrañeza al respecto pues aseguró que la empresa siempre había dado prioridad al diálogo y rechazado acciones violentas.
Por su parte, los trabajadores de La Oroya recibieron con buen ánimo la ampliación dada por el pleno del Congreso. Ellos se congregaron ayer a las cinco de la tarde para evaluar la decisión del Legislativo. Luis Castillo, presidente de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, anticipó que se reunirían con la empresa para determinar cuándo empezaría la reactivación de sus operaciones.
No todos recibieron con el mismo júbilo la noticia. La Cámara de Comercio de Huancayo, por su lado, rechazó, en un comunicado enérgico, la actitud de Doe Run, calificándola de no ética por el abuso que comete contra sus propios funcionarios y trabajadores, a quienes por la angustia de conservar su centro laboral, los somete y expone permanentemente a tomar las carreteras y a incurrir en actos ilícitos con el solo propósito de conseguir la indebida ampliación del PAMA, propósito que ha logrado.
Se debe señalar que con este plazo de 30 meses (2 años y medio) le tocará al próximo gobierno fiscalizar el cumplimiento del PAMA de Doe Run. Nada garantiza que ese año (2012) se repita el problema.
Dos trabajadores muertosCuando los cientos de policías retornaban ayer a sus bases en diferentes puntos de la región y La Oroya volvía a la normalidad, se lamentó la muerte de dos trabajadores de Doe Run: uno por estrés emotivo y otro que se suicidó agobiado por la situación que se vivía en la ciudad.
Así, se informó de la muerte de Walter Martínez Soto (59) quien se suicidó por deudas económicas que había contraído, para enfrentar la incertidumbre que vivían los trabajadores y por el peligro de cierre de la empresa que aún tiene suspendidas sus operaciones. Asimismo, se supo de la muerte de Pedro Quintana Rojas (62), quien falleció de un shock cardíaco por estrés emotivo, según refirieron sus familiares y compañeros de trabajo.
Estas dos muertes se suman al lamentable deceso del policía Grobert Saico Taipe, asesinado el martes por los revoltosos.

Doe Run: extremos de la irresponsabilidad empresarial

De concretarse el anunciado respaldo del Congreso al pedido de Doe Run para ampliar a 30 meses el plazo para cumplir el PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental), sería una victoria pírrica con muchos perdedores.

Ante todo, no se puede pasar por alto que los recientes bloqueos causaron la muerte de un policía y varios heridos. Esto no puede quedar impune y exige deslindar responsabilidades para sancionar severamente a los responsables. Nadie puede afectar el libre derecho de los ciudadanos a transitar por el territorio, que tiene protección constitucional, y menos propiciar la violencia y la conculcación de los derechos a la integridad y la vida.

Luego, si observamos la línea de conducta de la empresa, no ha habido cambios que evidencien seriedad o propósito de enmienda, sino lo contrario. Así, por ejemplo, ya en el 2005 Doe Run solicitaba ampliar hasta el 2010 el plazo para cumplir sus obligaciones ambientales, luego de haber recibido facilidades el año anterior. El esquema, que parece más un círculo vicioso, se ha repetido en los últimos años: se utiliza a los trabajadores para forzar al Gobierno a aceptar nuevas postergaciones, pero sin ninguna garantía de cumplimiento. Mientras tanto, La Oroya sigue siendo una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, con niveles insoportables de azufre en la atmósfera y enormes daños colaterales al sistema ambiental de la sierra central.

Es atendiendo principalmente a razones sociales, que el Gobierno se allanó a formar una comisión técnica multisectorial que recomendó una ampliación de 20 meses. Pero la empresa otra vez usó a los trabajadores con el sofisma de que si no la apoyaban para exigir un plazo de 36 meses se quedarían sin empleo.

Es en estas circunstancias que se da el actual entrampamiento que lleva a la degradante situación de poner contra las cuerdas al Gobierno para forzar una virtual extorsión al Estado Peruano.

Como todos, queremos una solución, pero no del modo en que se ha dado, como una especie de extorsión. Y si otra vez el Congreso cede, será corresponsable de lo que pueda pasar en el futuro, por lo que deben exigirse las máximas garantías financieras y legales, a ser ejecutadas al menor incumplimiento.

Todo tiene su límite. No puede ponerse en continuo jaque al Gobierno, que no puede abdicar de su obligación de aplicar la ley y ejercer autoridad, so riesgo de sentar precedentes nefastos. Y mientras se espera un pronunciamiento contundente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo sobre la compleja situación a que ha llevado Doe Run, el Poder Ejecutivo debe tener preparado un plan de contingencia ante la eventualidad de que se vuelva a incumplir el nuevo acuerdo. Y visto que se trata de una labor con negativas repercusiones ecológicas, habría que plantear una progresiva reconversión laboral.

Somos estrictamente respetuosos del derecho de propiedad y de los contratos de inversión, pero también del respeto a la ley. Y si eventualmente los contratos se transgreden de un modo tan burdo y deliberado, habría que accionar las cláusulas que facultan al Estado a intervenir de un modo más directo, considerando no solo el bienestar de los trabajadores sino también la prevalencia del principio de autoridad y la protección del bien común.

El Comercio