Doe Run y sus acreedores no llegaron a un acuerdo y La Oroya sigue paralizada

Por: Manuel Marticorena Enviado Especial de El Comercio

LA OROYA. Pese a que ayer se esperaba que los acreedores mineros y la empresa Doe Run llegaran a un acuerdo que permitiera que el complejo metalúrgico de La Oroya volviera a operar , esto no ocurrió.Según un representante de un acreedor, los ejecutivos de Doe Run solo dieron una exposición de la situación actual y no comprometieron capital fresco, que fue una de las exigencias que los acreedores mineros le hicieron la semana pasada. Los funcionarios de la empresa refirieron que volverían a convocar a los acreedores durante la semana.
Como se recuerda, el complejo metalúrgico se encuentra paralizado desde el miércoles pasado, aunque los trabajadores asisten a realizar labores de mantenimiento. La empresa informó, a través del vicepresidente corporativo de asuntos ambientales, José Mogrovejo, que si la situación seguía así, optarían por dar vacaciones forzosas a los trabajadores.
POSTURAS ENCONTRADAS

La Oroya se encuentra dividida entre aquellos que creen que el Gobierno debe apoyar a la empresa minera Doe Run y aquellos que consideran que ya es hora de que esta cumpla sus compromisos. Y si no lo hace, debe ser sancionada.De esta posición es el alcalde de la provincia de Yauli-La Oroya, César Gutiérrez, quien considera que ya se le han dado suficientes oportunidades a la empresa para que cumpla el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).En ese sentido, una eventual ampliación del compromiso ambiental orientado a reducir las emisiones contaminantes generados por el complejo metalúrgico de la minera sería “vender la salud del pueblo”, afirmó.
En consecuencia, el alcalde ha convocado para mañana miércoles a todos los alcaldes distritales, presidentes y líderes de comunidades campesinas, impactadas por la minera, a fin de discutir qué acciones desarrollar con el objetivo de sacar adelante cuanto antes el PAMA y cautelar el empleo de los 3.500 trabajadores que dependen directamente de la minera.Por su parte, los trabajadores de Doe Run realizaron ayer una marcha por las calles de la ciudad para pedir al Gobierno una acción decidida ante el problema.El presidente de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Luis Castillo, confirmó que hoy se reunirán con el primer ministro Yehude Simon.Ayer, la federación y los sindicatos de La Oroya se reunieron con el viceministro de Trabajo, Antonio Paiva, y hoy en horas de la mañana conversarán con la directora Nacional de Relaciones de Trabajo, Manuela García.Castillo dijo que los sindicatos evaluaban medidas de fuerza, como bloquear la Carretera Central para el próximo martes.
EN PUNTOS
Los principales acreedores mineros de Doe Run son: Compañía de Minas Buenaventura, Glencore, Cormin y Compañía Minera El Brocal. La deuda que Doe Run tiene con estas cuatro empresas alcanza los US$110 millones. Aunque no se llegó a ejecutar, esas empresas ofrecieron a Doe Run un financiamiento de US$100 millones en concentrados y un aval de US$75 millones en créditos para que el complejo vuelva a operar.

Fuente: El Comercio del 09.06.09

Diálogo debe retomarse

Yehude Simon admite que falló la comunicación en el conflicto y asume culpa por muerte de policías. Luego del áspero debate de recriminaciones en el Congreso no hubo propuestas de salida a la crisis. Gobierno anuncia que ex dirigente Alberto Pizango obtuvo asilo político en la embajada de Nicaragua. Dirigentes de grupos que bloquean la carretera Yurimaguas-Tarapoto decidieron abrir en forma parcial la vía. Versión de la existencia de una fosa común fue descartada por la defensora del Pueblo, Beatriz Merino. El Perú informará hoy ante la OEA los trágicos sucesos del pasado viernes en la localidad de Bagua
La presentación del primer ministro Yehude Simon y de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ante los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso de la República no fue suficiente para que los integrantes de dicho grupo de trabajo lograran conciliar posiciones en torno a los trágicos sucesos ocurridos en Bagua, donde 23 policías fueron asesinados la semana pasada por enardecidas turbas de indígenas amazónicos.
De hecho, en la sesión de ayer —que se inició a las 4:00 p.m. y se prolongó por más de seis horas— primaron las recriminaciones de una y otra parte, al punto que, lejos de plantearse alternativas que permitan hallar una salida a las protestas amazónicas, algunos legisladores optaron por acusaciones y ofensas fuera de lugar.
Así, durante su presentación, el primer ministro Yehude Simon ratificó que el Gobierno realizó un “esfuerzo supremo” para solucionar a través del diálogo la tensión con las comunidades amazónicas que impulsan un paro, pero que dicho objetivo no se cumplió debido a la intransigencia y actitud mendaz mostrada por el ahora dirigente asilado Alberto Pizango.
Con documentos en las manos mostró las actas de las reuniones en las que Pizango aceptaba las propuestas, pero que horas después las rechazaba de manera extraña y sin explicaciones.
“Hubo maniobras, deseos de que no se solucionase el problema, de llevar al Perú al borde del precipicio…”, dijo, tras afirmar que los promotores de las medidas de fuerza en la Amazonía “no están pensando en las comunidades”, sino en propiciar el quebrantamiento de la democracia y el orden constitucional. Minutos antes, Simon expresó también la preocupación del Gobierno por la forma en que se están difundiendo las informaciones en algunos medios internacionales con hechos que no se ajustan a la realidad.
MEA CULPA Y ACUSACIÓN

“En el nombre de Dios les digo que actuamos respetando los derechos humanos, dialogando… Me siento culpable de la muerte de los policías, porque dijimos que no llevaran armas mortales… Que debíamos hacer todo lo posible para que esa gente se retirase”, dijo.
Ello, sin embargo, no fue suficiente para la congresista humalista Yaneth Cajahuanca, quien afirmó que “el Gabinete tiene las manos manchadas de sangre”, por lo que el primer ministro debería dar un paso al costado.Visiblemente alterado, el jefe del Gabinete Ministerial respondió que tiene la conciencia tranquila, pues ni él ni el Gobierno mataron a policías o indígenas.
“Qué fácil es decir que se vayan los ministros, pero ¿quién movió esto? Hubo un complot con información verdaderamente distorsionada”, refirió.
MINISTRA EN SUS TRECE

Por su parte, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, reiteró que la policía no es la responsable de los sucesos de violencia en Bagua y consideró necesario que la comunidad nacional e internacional tengan conciencia de ello. Aseguró también que la Policía Nacional estuvo presente en las zonas de conflicto durante los más de 50 días que duró la protesta amazónica y no un día antes de que estallara la violencia.En la sesión extraordinaria también intervino el director general de la Policía Nacional, José Sánchez, quien empezó su exposición rindiendo homenaje a los policías caídos en el cumplimiento de su deber.Precisamente, ello causó preocupación, pues se entendió que la ministra amparó sus descargos en el testimonio de los jefes policiales.
PROPUESTAS A LA DERIVA

Como sea, tras la presentación de los ministros muy pocas fueron las propuestas que se hicieron para solucionar la protesta de los nativos. El congresista fujimorista Rolando Sousa pidió, por ejemplo, que el D.L. 1090, quedara en suspenso y que, mientras tanto se hicieran modificaciones a la antigua Ley 27308.En ese contexto, el congresista Rolando Reátegui también apoyó la propuesta, con la única diferencia de que la norma debería suspenderse hasta que sea examinada en el Tribunal Constitucional.
La congresista Lourdes Alcorta exigió explicaciones por el lento accionar para detener a Alberto Pizango.
SEPA MÁS
Video reveladorDurante la presentación de los ministros Yehude Simon y Mercedes Cabanillas ante los miembros de la Comisión de Defensa se exhibieron dos videos. En uno se muestra que algunos de los policías asesinados fueron degollados y quemados. En el segundo se muestra a la congresista humalista Yaneth Cajahuanca soliviantando a los delgados amazónicos en sus protestas.
Fuente: El Comercio del 09.06.09

"Me considero culpable de la muerte de los policías", afirmó Yehude Simon

Ante el Congreso, el primer ministro aseguró que él pidió que no se lleve “armamento mortal”. Se quejó de las cifras inexactas dadas por la prensa extranjera. El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, dijo sentirse culpable por la muerte de los 24 policías muertos durante el violento choque en Bagua, Amazonas.“Yo me siento culpable por la muerte de los policías porque les dijimos que no lleven armamento mortal”, indicó Simon Munaro. No obstante, el titular de la PCM no especificó en qué circunstancias pidió al comando policial no llevar armas. El jefe del gabinete ministerial ofreció declaraciones durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa del Congreso para tratar el conflicto con los nativos en la Amazonía. Asimismo, Simon expresó su malestar por el tratamiento que se le viene dando a la información de los sucesos al mundo. Con documentos en mano, refirió que la tesorera de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), a quien no identificó, fue expulsada del organismo por informar en la mesa de diálogo que se había recibido seis millones de dólares en tres años.En este momento vienen exponiendo la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y el director general de la Policía, José Sánchez Farfán. También expone el general Javier Uribe, jefe de la Dirección Territorial San Martín.
- Vea el spot del Gobierno contra los manifestantes

Fuente: El Comercio del 08.06.09

El recambio ministerial es la salida (El Comercio)

Los responsables de los horrendos sucesos ocurridos en nuestra Amazonía tienen que pagar por las consecuencias de sus actos. Para los insurrectos son exigibles las más drásticas acciones penales, pues hay una gran distancia entre la legítima manifestación contra un conjunto de leyes eventualmente injustas y el miserable asesinato de quienes representan al Estado.
Por el lado del Gobierno la responsabilidad política es grave. Y es que aun bajo la denuncia presidencial sobre una “conspiración contra el país”, no se puede soslayar que se ha incurrido en errores garrafales en el manejo de la crisis. No debió permitirse que escalara el conflicto y evidentemente no se tomaron las previsiones tácticas indispensables antes de desplegar a los agentes a cargo de restablecer el orden.
Nuestra historia republicana consigna que bajo situaciones análogas, los gabinetes ministeriales inmediatamente deben poner sus cargos a disposición. Hoy la responsabilidad por lo pésimamente ejecutado, así como el costo político por tantas víctimas exige la dimisión, por lo menos, del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y de quienes estuvieron directamente involucrados en el caso.El recambio ministerial aparece como la única salida digna para no afectar la gobernabilidad.

Fuente: El Comercio del 07.06.09

Los países industrializados no cumplen objetivos climáticos de la ONU

Bonn (dpa).- Los países industrializados no están dispuestos todavía a cumplir los objetivos medioambientales fijados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) para la próxima década, criticaron hoy los expertos reunidos en la conferencia climatica de Naciones Unidas que se celebra en Bonn.Hasta ahora sólo hay propuestas de unos 30 países, entre ellos casi todos los de la Unión Europea (UE) y Suiza, para reducir los gases de efecto invernadero entre un 17 y un 26 por ciento de 1990 a 2020.
“Este margen no es suficiente para llegar a combatir el problema del cambio climatico”, aseveró hoy el director ejecutivo de la Secretaría de Cambio Climático de la ONU, Yvo de Boer.
Entre los 30 países ni siquiera figuran Estados Unidos, Rusia ni Japón. Si se contabilizase también a esos tres Estados, la reducción solo sería de entre el 5 y el 10 por ciento respecto a los niveles de 1990.El IPCC exige en su informe de 2007 que la reducción llegue al 40 por ciento hasta 2020.China, India y otros países emergentes, así como organizaciones medioambientales piden que la reducción de los países industrializados sea al menos del 40 por ciento.
“Las propuestas insuficientes de los países indutrializados están retardando las negociaciones. Tienen que empezar a moverse más. Sin un acuerdo claro sobre la reducción por su parte, no va a haber convenio”, advirtió de Boer.Estados Unidos, según han informado recientemente sus representantes, sólo estaría dispuesto a reducir las emisiones hasta 2020 en un 17 por ciento respecto a 2005. Ese porcentaje viene a ser sólo un 4 por ciento menos de lo fijado en el Tratado de Kyoto en 1990.
La UE, por su parte, está dispuesta a bajar hasta un 20 por ciento e incluso al 30 si otros países la secundan. Rusia y Japón todavia no han presentado ninguna propuesta en el marco de las negociaciones de la ONU.Por otra parte, casi una ventena de organizaciones internacionales recordaron hoy en la conferencia de Bonn que el cambio climático está aumentando las catástrofes naturales en todo el mundo y sólo el año pasado 20 millones de personas se quedaron sin casa por ese motivo.La cifra de personas afectadas directamente por las catástrofes naturales, como inundaciones y sequías, ha experimentado un marcado aumento en los ultimos diez años y ya alcanza una media anual de 211 millones.
Además, el cambio climatico seguirá repercutiendo directamente en la migración y la evolución demográfica, advirtieron los expertos.Por ello, exigieron que se contemple ese aspecto en el nuevo acuerdo medioambiental que se delineará en la reunión de Copenhague de diciembre. “Los desafíos humanitarios por el cambio climatico son inmensos”, subrayó el coordinador de la ONU para los problemas humanitarios, John Holmes. Lo importante ahora es minimizar el sufrimiento humano que trae consigo.Desde el uno de junio, cerca de 4.300 participantes, entre ellos representantes de gobiernos de más de 180 países, expertos de organizaciones ambientales, científicos y representantes de grupos económicos aspiran a definir en Bonn cómo deberá ser el nuevo tratado que a partir del año 2012 suceda al Protocolo de Kyoto.El tratado deberá cobrar forma en seis meses, para la cumbre climática de Copenhague. Se trata nada más ni nada menos que de la toma de posiciones para los próximos 10 a 40 años.

Fuente: El Comercio del 08.06.09

El Comercio pide la renuncia del Gabinete Ministerial por la gobernalidad del país

Tras los aciagos sucesos registrados en la Amazonía, la crisis política sigue agudizándose: por una parte el presidente de la República reitera que estamos frente a una conspiración política de gran escala; mientras que, del otro lado, sigue desbordándose la violencia que se agazapa detrás de lo que comenzó como una protesta social de algunas comunidades indígenas contra un cuerpo legal al que sentían contrario a sus intereses tradicionales.En estas graves circunstancias resulta indispensable volver a revisar el caso integralmente. Así, lo primero que debe mencionarse es que el Perú —que es finalmente una nación en trámite de auténtica integración pese a sus casi doscientos años de independencia— está presenciando las consecuencias de un choque cultural profundo, entre quienes intentan preservar una cosmovisión nativa, organizada comunitariamente bajo reglas ancestrales, y quienes apuestan por la modernidad integral que nos conecte con el mundo globalizado según las pautas occidentales.
TLC Y DERECHOS INDÍGENAS

En ese contexto de fondo es que inicialmente se registra una confrontación por la firma del TLC con EE.UU. Ese paso fue considerado como muy beneficioso para el vasto segmento social que estructura su vida y su subsistencia en la producción industrial y el comercio internacional; sin embargo, fue calificado como negativo por aquellos que quisieran preservar una autarquía regionalista.Luego, como lógica consecuencia del TLC el Congreso aprobó leyes que bien entendidas propugnan la inversión productiva en la selva, sin lesionar los intereses de las comunidades nativas. Pero los dirigentes de esas entidades originarias empezaron una protesta que, en el fondo, no iba tanto contra el espíritu y la letra de las normas del Estado moderno, sino contra la forma como las leyes se aprobaron, sin que mediara un diálogo conciliador profundo. En esto son censurables las posiciones retrógradas que pretenden negar los derechos indígenas, porque si bien el Congreso de la República y el Ejecutivo tienen las facultades para legislar y aplicar los dispositivos, también están obligados a atender el reclamo de las bases sociales en todo aquello que afecte al sentir popular. Con mayor razón cuando el análisis político más elemental apuntaba a que podía estarse larvando una crisis de gran magnitud.
COOPTADOS POR EXTREMISTAS

Cuando fueron transcurriendo las semanas se advirtió con total claridad que la población indígena y sus dirigentes naturales (como los apus) progresivamente fueron primero cooptados y más tarde desplazados por personajes ideologizados y con posiciones extremistas, como en el caso de Alberto Pizango, el jefe de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Él literalmente echó leña al fuego en todo momento, manteniendo un discurso plagado de falsedades y adverso a las negociaciones que intentó llevar adelante el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg. Peor todavía, mientras engañaba a los nativos y distraía al Gobierno, alentó una serie de acciones ilegales, como la toma de carreteras y el ataque a las entidades públicas y privadas que abastecen de todo tipo de bienes y servicios a las poblaciones, haciendo que se llegara a un complicadísimo estado de efervescencia por la carestía hacia fines de la semana pasada.Paralelamente, una serie de grupos políticos extremistas se fueron sumando a una estrategia de enfrentamiento que solo podía terminar mal. Así, el humalismo se lanzó a atizar el fuego en la selva, el sur andino y el altiplano puneño. La CGTP convocó a una jornada en la cual anunciaba el inminente paso a la violencia, y en la última Cumbre de los Pueblos incluso se hizo patente el intervencionismo extranjero, cuando el presidente de Bolivia incitó con total desparpajo a la insurrección en nuestro país.
LA INCOMPETENCIA DEL PARLAMENTO

Mientras tanto, en el Parlamento prácticamente todas las fuerzas políticas actuaron a lo largo de estos dos meses de crisis con especial incompetencia. Debieron propiciar el diálogo con la auténtica dirigencia nativa e incluso hubiese sido lógico que derogaran las normas polémicas, para luego negociar otras leyes mejor consensuadas. En cambio, el humalismo boicoteó las sesiones contando hasta con la llamativa anuencia del fujimorismo, mientras el Apra no encontró mejor salida que echar mano de tecnicismos y maniobras sorpresivas para imponer sus criterios, sin entender que el verdadero problema no era la supuesta afectación de la majestad del Congreso, sino la preservación de la paz social.
LA RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO

A nivel del Ejecutivo, si bien es correcto que inicialmente se intentara mantener la vigencia de las normas, también debió haber profundizado el diálogo y nunca permitir que el violentismo escalara. ¿Por qué, por ejemplo, dejó que se prolongara el cierre de carreteras hasta el punto en que las ciudades selváticas empezaban a desabastecerse? ¿No es acaso cierto que a mediados de la semana pasada ya se habían planteado dos posibilidades, una respecto a que las comunidades indígenas podían trenzarse en ataques mortíferos con los pobladores regionales cercados; y, otra, que los levantiscos iban a atacar las instalaciones estratégicas, como comisarías, el oleoducto petrolero, etc.?
En el desarrollo de toda esta crisis, salvo los denodados esfuerzos del ministro Brack Egg, el Ejecutivo no ha sabido lidiar. Y, al final, la decisión de intervenir policialmente siguió acciones tácticas equivocadas, generando lo que ya conocemos: un terrible saldo de dos decenas de policías asesinados —a quienes rendimos homenaje por su abnegado cumplimiento del deber—,una cantidad elevada pero aun imprecisa de enardecidos insurrectos igualmente muertos, y más de un centenar de inocentes civiles heridos , a quienes también rendimos homenaje. Todo esto, como informamos en su oportunidad, ya había sido advertido por fuentes de Inteligencia que llegaron a filtrar el tétrico escenario de que el Perú estaba entrando a un estado de preinsurrección, aun cuando hoy la ministra del Interior niegue las evidencias.
En estas circunstancias el presidente García ha resumido la situación denunciando una conspiración que, efectivamente tiene visos de realidad. ¿Pero, qué más se está haciendo?
EL GABINETE DEBE RENUNCIAR

Tal como señalamos en nuestra Carta al lector del domingo, consideramos que el costo político debe ser asumido, como corresponde en la tradición democrática republicana, por el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores directamente involucrados. Eso debe entenderse no como un triunfo político para los insurrectos, ni tampoco solo como un relevo, sino como el recambio indispensable para que la gobernabilidad integral no se afecte. Es indispensable reconocer que la gran diferencia entre un régimen democrático y los que no lo son es que en democracia siempre debe haber responsables políticos.
Hoy, bajo el liderazgo constitucional del jefe del Estado, es necesario reorientar las estrategias gubernamentales para avanzar de inmediato a la pacificación de todo el país y para poner coto a cualquier manifestación nuevamente violenta que algunos radicales están organizando en ciudades como Yurimaguas, aparte de que ya circulan llamados a jornadas peligrosas a nivel nacional desde mañana. Por lo demás, es peligroso que se pueda afectar el oleoducto.
Esa recuperación de la paz social, por lo demás, debe hacerse con el concurso civil y el uso enérgico pero prudente de nuestros institutos militares y policiales, para devolver el imperio de la autoridad legítima, sin permitir extrañas formas de impunidad como la fuga del cabecilla Pizango aparentemente a Bolivia, donde sería acogido celebratoriamente por las posiciones antiperuanas. Es exigible, entonces, que el Ejecutivo actúe con la serenidad y la eficiencia suficiente para bajar el nivel de las terribles tensiones que han enlutado ya a nuestra selva. Por ello, este es el momento más adecuado para que el presidente Alan García dé un mensaje orientador a la nación; y que en el Legislativo se aquieten los ánimos para no seguir echando más combustible a una hoguera politiquera que puede terminar chamuscando a todos. Finalmente, exhortamos a la ciudadanía para que no se deje manipular por aquellas fuerzas extremistas que solo quieren sacar provecho de la confusión y el caos, traicionando a los propios indígenas en un caso que ya dejó de ser una legítima protesta social para convertirse en estallido sedicioso.

Fuente: El Comercio del 08.06.09

Defensoría del Pueblo invoca a la serenidad a Policía y nativos por bloqueo de vía en Yurimaguas

La Defensoría del Pueblo invoca a la serenidad a la Policía y a los nativos que mantienen bloqueada la carretera que une Yurimaguas y Tarapoto ante la probabilidad de un pronto desalojo en dicho tramo. “La Policía ha informado que se estaría produciendo un desalojo o un despeje de la carretera en las próximas 24 o 48 horas. En ese sentido, quisiera invocar a la serenidad y a la calma porque esta tensión de Yurimaguas es preocupante”, señaló la defensora del Pueblo, Beatriz Merino en conversación con CPN Radio. “No queremos que otro hecho de sangre siga enlutando a familiares de peruanos y, mucho menos, enlutando al país”, agregó.
Merino Lucero señaló que de acuerdo a los reportes de tres comisionados de la Defensoría alrededor de cinco mil nativos han radicalizado la medida de fuerza en torno a dicha vía.
Walter Cáceres Gutiérrez, comandante de la Policía Nacional de Yurimaguas, señaló a Perú.21 que “han tomado todas las previsiones del caso por si se da un enfrentamiento” con los indígenas que mantienen bloqueada, entre los kilómetros 4 y 17, la carretera que une Yurimaguas y Tarapoto. El camino es bloqueado por nativos de las etnias Cocama Cocamilla, Candoshi, Shawi y Shibilo, lo que ha ocasionado un desabastecimiento de combustible y podría generar graves problemas en el suministro eléctrico de ambas ciudades.
Un contingente policial ya se encontraba en Tarapoto para efectuar el desalojo.
CUMBRE AMAZÓNICA
Por su parte, Merino pidió a los nativos “radicales” ceder el paso a los más “dialogantes” en referencia a la Cumbre Amazónica que se realizó en Tarapoto que acordó iniciar una huelga indefinida a partir del 11 de junio y pedir la vacancia del presidente Alan García al responsabilizarlo de los actos de violencia ocurridos en Bagua.
Asimismo, la funcionaria anunció que en el portal electrónico de la Defensoría los nombres de 39 detenidos por los violentos choques en la Amazonía y de 150 nativos que han vuelto a sus comunidades a fin de darle tranquilidad a sus familiares.

Fuente: El Comercio del 08.07.06