El gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos y promover una solución pacífica al conflicto indígena

PRONUNCIAMIENTO DE IDLADS

IDLADS, lamenta profundamente las muertes de los pobladores indígenas, policías y civiles ocurridas como consecuencia de intentar dar una solución represiva a los reclamos de los pueblos indígenas del departamento de Amazonas. En ese sentido, exhortamos al poder ejecutivo peruano cese los actos de represión que puedan desencadenar hechos violentos, y que retome el dialógo y busque una solución pacífica a este conflicto. También exhortamos a las comunidades indígenas liberen a los policías y civiles que han tomado de rehenes, y abrir canales de dialógo con las autoridades. Nada justifica la violencia retomemos el dialógo. Recomendamos al poder legislativo peruano ponga en agenda la inconstitucionalidad de los decretos legislativos cuestionados por las organizaciones indígenas. Finalmente, sugerimos se designe a la Defensoría del Pueblo como ente mediador en este conflicto.

Bellavista, 05 de junio de 2009

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible

Exigen que el Estado administre Doe Run

Ni para un lado, ni para el otro. El entrampamiento en que se encuentra la actual situación de la empresa Doe Run Perú mantiene paralizados a más de 3,500 trabajadores del complejo metalúrgico de La Oroya, que cansados de no escuchar soluciones emplazaron al gobierno asumir la administración de la empresa. Luis Castillo, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, expresó tal propuesta tras afirmar que ya se agotaron todos los plazos necesarios para que los funcionarios de Doe Run y el Estado lleguen a una solución, por lo que exigen la intervención del gobierno para impedir el colapso de la empresa.“El Estado sabe muy bien, conoce que la empresa no va a poder cumplir con el Programa de Adecuación Ambiental (PAMA). Yo no entiendo entonces qué estamos esperando. Por eso, nosotros exigimos que el Estado tome la empresa inmediatamente”, enfatizó.En la misma reunión, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Doe Run, Roiberto Guzmán, recordó que la empresa les debe como S/. 8 millones, por lo que según dijo, en caso esta se declare en insolvencia, los trabajadores también pasarían a convertirse en acreedores. “Nosotros también podemos pedir ser acreedores y poder así administrar la empresa, pero la solución es a nivel del gobierno. Ellos pueden hacer la inyección de dinero y los trabajadores apoyaríamos, eso sería lo mejor”, comentó.

Mucho cuidado.José De Echave, presidente de Cooperacción, consideró que la propuesta para que el Estado asuma la administración de Doe Run es una buena salida, pero recomendó cuidado con las medidas a tomar. Dijo que hay que buscar la solución que afecte menos a La Oroya, a los acreedores y a los trabajadores.“No podemos darle argumentos a Doe Run para que finja que las cosas no se hicieron de manera correcta. Estamos frente a una empresa que pide la rescaten, que quiere que el Estado le resuelva sus problemas, solo le queda declararse en insolvencia”, opinó.La claveMarchas. Más de 2 mil trabajadores mineros se movilizarán en Lima este martes 9 si el Gobierno aún no asume una posición respecto a este controvertido caso.

Miles en calles de La Oroya

1] Anoche se sumó la movilización de más de 5 mil pobladores, quienes desde la “Oroya vieja” marcharon por la Carretera Central hasta el Óvalo Marcavalle. Según los lugareños nunca se vio una movilización de esa magnitud desde el 2005 cuando pidieron se renueve el PAMA. Señalan que las marchas continuarán en los próximos días para exigir solución en el caso Doe Run ya que de ello depende el trabajo, el salario y el movimiento comercial de esa zona del país.

2] En tanto ayer renunció el viceministro de Minas, Felipe Isasi, quien en repetidas oportunidades mostró su posición para que el gobierno no amplíe una vez más el cumplimiento del PAMA, además de comprometerse a que el problema se resuelva entre privados. José De Echave consideró que esta renuncia agrega una preocupación adicional a un tema ya complicado, ya que no deja claro cuál será la postura que asumirá el gobierno al respecto.

Fuente: La República del 05.06.09

Doe Run habría defraudado a sus proveedores y a través de terceros busca presionar al gobierno para que le extendienda el plazo de su PAMA

Las empresas mineras, a las cuales Doe Run adeuda aproximadamente US$110 millones, no están dispuestas a solicitar su declaratoria de insolvencia pese a que esta situación es a todas luces evidente en la minera. Según explicó Ricardo Trovarelli, de Cormin, una de las acreedoras, el hacerlo podría significar congelar el cumplimiento de la deuda. La declaratoria de insolvencia la da el Indecopi a solicitud de una acreedora o de la empresa en problemas. Una vez que esto sucede, el regulador del mercado convoca a una junta de acreedores que decide la quiebra o la reestructuración patrimonial de la empresa, y define un cronograma de pagos para los acreedores. Miguel Morales, representante legal de Compañía de Minas Buenaventura, indicó en días anteriores que su representada no contemplaba este mecanismo y más bien analiza recuperar la deuda vía un proceso judicial a Doe Run. Se debe indicar que las conversaciones entre Doe Run y los proveedores de concentrados, han quedado en un punto muerto luego de que las mineras exigieran que el principal accionista de Doe Run, Ira Rennert, disponga de US$100 millones que garantice el financiamiento y cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

De otro lado, una fuente de Doe Run indicó que esta tampoco se acogería a un proceso de reestructuración, pues si lo hiciera los proveedores mineros no le darían concentrados por el hecho de existir una deuda pendiente, aspecto que fue corroborado por Trovarelli. Otro acreedor de Doe Run, que prefirió mantener su identidad en reserva, explicó que la alternativa del Poder Judicial tampoco es una buena opción debido a que los procesos son extensos. Las mineras del centro venden sus concentrados a Doe Run, debido a que exportarlos a fundiciones asiáticas implica asumir gastos de flete y almacenamiento. Según ellas, esto provocaría una pérdida en sus ventas de hasta 5% (entre US$40 y US$50 por tonelada). Para los expertos, estas proveedoras podrían perder hasta US$ 5 millones mensuales. Por otra parte, se informó que Doe Run habría cometido un delito penal debido a que vendió concentrados de las mineras sin que haya pagado por ellas. “Los contratos comerciales decían muy claro que el concentrado pasaba a ser propiedad de Doe Run una vez que el proveedor recibiera el pago”, indicó la misma fuente que se mantuvo en el anonimato.

PROTESTAS

Ayer, en la ciudad de La Oroya —donde se encuentra ubicada la fundición y refinería de la minera— los trabajadores salieron a protestar bloqueando por cerca de tres horas la Carretera Central, con el fin de presionar al Gobierno y a las empresas mineras que proveen de concentrados a lograr una solución.

Doe Run paralizó totalmente el complejo metalúrgico de La Oroya el martes debido a que ya no cuenta con concentrados para procesar. Esto ha hecho que los trabajadores teman por su futuro laboral y por la economía de la ciudad de La Oroya, según Mauricio Huamán Carrasco, sub secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya. “Si colapsa la planta, colapsa la población”, expresó.

Finalmente, unas 40 personas, pertenecientes a diez organizaciones gremiales de La Oroya, entregaron ayer en Lima planillones con 22.440 firmas de pobladores, al presidente de la República, a la Comisión de Energía y Minas del Congreso y al ministerio del sector, pidiendo la ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Doe Run.

Fuente: El Comercio del 04.06.09

Doe Run cesa operaciones en La Oroya

Se veía venir. La propietaria del Complejo Metalúrgico de La Oroya, Doe Run Perú (DRP), anunció oficialmente la paralización total de sus operaciones debido a la falta de concentrados. Según el vicepresidente corporativo de asuntos ambientales, José Mogrovejo, el último circuito en dejar de operar fue el de plomo, que funcionó hasta el lunes pasado. Agregó que los 3.500 trabajadores con los que cuenta la empresa continuarían asistiendo a la fundición y refinería que forman parte del complejo, mientras se evalúa si nuevamente se toma la decisión de dar vacaciones forzosas al personal, en vista de que las tres circuitos (de cobre, plomo y zinc) ya no operan. Preocupados por el futuro laboral, los trabajadores de la minera se reunieron en asamblea ayer. Luis Castillo, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, informó que darán seis días al Gobierno para que busque una salida al problema de Doe Run; vencido ese plazo, tomarían “medidas de lucha más radicales”. Aunque, dijo que hoy los trabajadores realizarían marchas en la ciudad de La Oroya. Una fuente del Gobierno indicó que la paralización del Complejo Metalúrgico de La Oroya responde a la presión que quiere ejercer la empresa para obtener la ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que, como se sabe, debe cumplir antes de octubre.

ENTRE PRIVADOS

Por su parte, las empresas proveedoras de concentrados de DRP se reunieron el lunes pasado con la minera para evaluar salidas a su situación. DRP tiene una deuda de US$110 millones con estas productoras, las que el 2 de abril ofrecieron salvarla de su situación financiera en la medida que garantice el cumplimiento de su PAMA. Por su parte, el viceministro de Minas, Felipe Isasi, señaló que el tema aún no ha sido discutido con los funcionarios de DRP.Una fuente del sector dijo que las mineras solicitaron que el accionista principal de Doe Run (Ira Rennert) disponga de US$100 millones en una cuenta de fideicomiso para garantizar el PAMA; capitalice una deuda de US$156 millones que DRP mantiene; y entregue sus acciones al Estado. Así, las proveedoras le facilitarían un préstamo de US$100 millones en concentrados y avalarían un préstamo de US$75 millones. DRP aún no acepta la propuesta.

¿Por qué La Oroya es importante?

El Complejo Metalúrgico de La Oroya es importante por varias razones. Está diseñado especialmente para procesar los minerales del centro del país (plomo, zinc, plata, oro y cobre), los cuales tienen muchas impurezas. La fundición y refinería producen 19 productos, muchos de ellos son aleaciones. Asimismo, le permite a las mineras de la zona (alrededor de 21 operaciones) colocar su producción en la puerta del complejo. La alternativa a ello es vender los concentrados mineros a comercializadores o a otras fundiciones con costos un poco más altos por el transporte. Respecto al tema social, el complejo es la principal fuente de ingresos de la población de La Oroya. Se estima que dependerían directa e indirectamente alrededor de 35.000 personas.

MÁS DATOS

Pidió 5 años de plazo para el PAMA.Una fuente del Gobierno informó que Doe Run pidió que le amplíen el PAMA por cinco años más. Dijo que el tema será evaluado estrictamente por el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Economía y Finanzas no intervendrá más.

Fuente: El Comercio del 03,06.09

Combustible sucio contamina a los limeños

El combustible que se vende en el Perú tiene 100 veces más azufre que el de otros países. Plazo para instalar plantas de sulfurización vence el 2009, pero refinerías piden ampliarlo.

1. El azufre se encuentra en el diésel y sus derivados. El humo producido por la combustión posee dióxido de azufre (SO2).

2. Las partículas de SO2 producen problemas respiratorios y cardíacos, e inflamación de los alvéolos pulmonares.

3. Los altos niveles de azufre en el diésel impiden la importación de vehículos con mejores tecnologías, pues estos requieren combustibles más limpios.

4. El ex viceministro de Energía Pedro Gamio señaló que no se puede sacrificar la salud de la población. “Para que Petro-Perú adquiera estas plantas (de sulfurización) hay que encontrar soluciones financieras sujetas al apoyo del Estado”, dijo.

Fuente: El Comercio del 01.06.09

Conflictos sociales en la Amazonía Peruana tienen como origen el desconocimiento del Estado de la realidad de esta Región

Lo que llamamos Amazonía tiene una extensión de 7,8 millones de kilómetros cuadrados, abarca nueve países y alberga una enorme diversidad social y ambiental. Aproximadamente 33 millones de personas habitan en ese espacio, incluyendo más de 370 pueblos indígenas, con una población de 1,6 millones de personas, distribuidas en más de 2.200 territorios. Todo esto, sin contar a los indígenas que viven en las ciudades ni a los llamados pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En el caso del Perú, el Sistema de Información sobre Comunidades Nativas (Sicna) registró a febrero del 2009 un total de 1.509 comunidades nativas, de las cuales 1.232 se encuentran tituladas y abarcan un área demarcada de 10’564.258 hectáreas, quedando un total de 277 comunidades nativas peruanas por titular. Adicionalmente existen solicitudes de ampliación por comunidades cuyas tierras y recursos no abastecen a la población actual.

La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), que aglutina a instituciones de diversos países, ha elaborado el mapa Amazonía 2009. Se trata de un documento fundamental para la comprensión de las dinámicas de este vasto territorio compartido al que algunos ven como un simple espacio para la extracción de materias primas. Margarita Benavides, subdirectora del Instituto del Bien Común (IBC), miembro de la RAISG, explica que este mapa panamazónico “contiene información sobre territorios indígenas y áreas naturales protegidas de los nueve países —Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Surinam y el Perú—. Su importancia radica en que muestra los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas de la Amazonía, información muy importante para la planificación y la toma de decisiones”.

“La Amazonía es un ecosistema sumamente frágil y continuo, y en ella habitan pueblos indígenas. Esto debe ser tomado en cuenta si queremos alcanzar un desarrollo sostenible que permita conservarla y evitar los conflictos sociales”, afirma Benavides. Esta es una de las razones por las que el IBC ha producido el mapa Amazonía Peruana 2009, que incluye información sobre los territorios indígenas y áreas naturales protegidas de nuestra Amazonía. Además, este mapa ofrece información sobre las áreas fronterizas con los países vecinos, lo que permite apreciar la continuidad de las cuencas, los territorios indígenas y las áreas protegidas al momento de planificar cualquier iniciativa de desarrollo o conservación. Adicionalmente, se han elaborado otros tres mapas con información sobre pueblos indígenas amazónicos, lotes de hidrocarburos, concesiones mineras, bosques de producción permanente, concesiones forestales, y proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

Detectar y evitar los conflictos

En la Amazonía peruana existen conflictos por tierras y recursos naturales, los mismos que se reflejan claramente en el mapa Amazonía Peruana 2009 en forma de superposiciones entre lotes petroleros, comunidades indígenas, reservas territoriales para indígenas en aislamiento y áreas naturales protegidas, entre otros. Para la Benavides, los conflictos surgen porque la legislación indica que el Estado es dueño del subsuelo y puede entregarlo en concesión, pero ocurre que sobre ese subsuelo habitan personas, existen propiedades comunales o áreas protegidas.

“Para explotar hidrocarburos u otros recursos debe dialogarse con las comunidades nativas. El Convenio 169 de la OIT indica que debe realizarse una consulta previa, informada y oportuna, y no cuando ya todos los acuerdos entre el Estado y las empresas están pactados. Las comunidades requieren información completa sobre la extracción de recursos por las empresas en sus territorios. Se les suele informar solamente sobre los beneficios económicos, se les ofrece trabajos temporales o donaciones puntuales pero no se les informa cabalmente sobre los impactos negativos sobre el medio ambiente, hábitat del cual ellos dependen para su sobrevivencia”, comenta la investigadora. El mapa de la Amazonía peruana revela casos de superposición de lotes petroleros en áreas habitadas por indígenas aislados, “lo que es totalmente incoherente —explica Benavides— ya que estos pueblos tienen una altísima vulnerabilidad frente a enfermedades foráneas. Desde el 2006 el país cuenta con una Ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento, cuyo proyecto de ley buscaba lograr la total intangibilidad de sus reservas territoriales. Sin embargo, el pleno del Congreso, en el debate para su aprobación final, colocó una frase —artículo 5— señalando que, si es de necesidad pública, se pueden desarrollar industrias extractivas en las reservas territoriales de indígenas aislados. De esta manera su protección quedó vulnerada”, sostiene la investigadora.

De los 60 pueblos indígenas que habitan en la Amazonía, 14 se encuentran en estado de aislamiento o de contacto inicial. “Esta situación de aislamiento de algunos pueblos o secciones de ellos se creó principalmente durante el “boom” del caucho, a principios del siglo pasado cuando muchos indígenas fueron esclavizados y perseguidos, en esta situación algunos decidieron refugiarse en zonas remotas e inaccesibles de la Amazonía. Tomar contacto con ellos puede resultarles fatal pues la transmisión de una enfermedad como la gripe, por ejemplo, podría diezmar a toda una población. Además, ellos ven en los hombres “civilizados” a los explotadores de caucho y taladores que esclavizaron a sus antepasados por décadas”, explica. En la actualidad las colonizaciones están avanzando tan rápidamente que estos pueblos en aislamiento están cercados. Tal es el caso del pueblo indígena Cacataibo en la selva central”, sostiene Benavides

Desarrollo sostenible

Estos mapas constituyen una herramienta fundamental para la toma de decisiones, ya que permiten tener una visión real de la situación en la Amazonía, de sus zonas más vulnerables y los espacios donde discurre la vida de los pueblos indígenas. “No se trata de obstaculizar el desarrollo —destaca Benavides—sino de lograr un desarrollo realmente sostenible. No puede ser que en nombre del crecimiento económico las poblaciones nativas sufran impactos negativos en su medio ambiente y su salud”. Tanto el mapa panamazónico como el de la Amazonía peruana serán distribuidos a instituciones del Estado, de la sociedad civil y a empresas para facilitar la adecuada toma de decisiones que atañen a territorios indígenas existentes y a las comunidades que están solicitando titulaciones. Más información: http://www.ibcperu.org/

La elaboración del mapa panamazónico de áreas protegidas y territorios indígenas supuso el trabajo de 11 instituciones de 7 países miembros de la red RAISG, que aportaron su capacidad técnica de manejo de sistemas de información geográfica. Por el Perú participaron Aidesep y el Instituto del Bien Común. Este es tan solo el primer producto de la Red Amazónica RAISG y se están planeando otros mapas. En el caso del Perú, la información sobre las áreas naturales protegidas proviene del Inrena (hoy Sernanp) y la relativa a los territorios indígenas fue elaborada por el Sistema de Información sobre Comunidades Nativas (Sicna) del Instituto del Bien Común. El Sicna también incluye información de otras fuentes como Cedia, ACPC, Aidesep y el PETT de Loreto.

Fuente: El Dominical de "El Comercio" del 31.05.09

Denuncian a la minera Doe Run por presionar a sus trabajadores para que avalen prorroga del PAMA

La minera Doe Run utiliza a sus trabajadores para recolectar firmas que apoyen la ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Así lo denunció el ex dirigente del Comité de Defensa de La Oroya, Pedro Córdova Valdivieso y precisó que en los últimos días de mayo, los trabajadores han recibido una serie planillas por las cuales se solicita al gobierno central “interponer sus buenos oficios para que Doe Run obtenga los créditos bancarios y la flexibilidad del PAMA". Cada pliego tiene espacio suficiente para consignar los nombres y el número del documento de Identidad Nacional de 18 trabajadores de la empresa Doe Run Perú. Ciudadanos y trabajadores de La Oroya, también hicieron público que la empresa Doe Run Perú está propiciando firmar estas planillas.

En ese sentido, los trabajadores exhortaron al Ministerio de Trabajo que realice visitas de inspección con mayor frecuencia a la par que exigieron la instalación de un Juzgado especializado en materia laboral para agilizar la carga de procesos que existen en La Oroya. Es preciso indicar que los conflictos sociales que han causado los continuos incumplimientos de Doe Run, tanto de orden ambiental como económico, se han agudizado en los últimos días.

Los acreedores de la empresa metalúrgican (las mineras Buenaventura y Volcan) han amenazado embargar la referida empresa ante el Poder Judicial, pues ésta no ha capitalizado la deuda de 156 millones de dólares ante su matriz en Estadios Unidos, tal como se comprometió para que se le concediera el “salvataje” el 2 de abril. Por otro lado, pese a que Doe Run tiene un plazo definido por ley para cumplir con el PAMA (31 de octubre, 2009), el gobierno peruano ha anunciado que podría otorgarles una prorroga, siempre y cuando cumpla con sus compromisos con los acreedores.

Asimismo se ha anunciado que el próximo lunes, el Presidente de Doe Run Resources (la matriz de Doe Run Perú), Bruce Neil, arribará a Perú a fin de reunirse con los acreedores de la empresa metalúrgica en el país. Ante estos acontecimientos, la mesa de Huancayo, una asociación integrada por diversas organizaciones civiles públicas y privadas, sostendrán una reunión el próximo martes. En la cita, se redactara un pronunciamiento oficial y se detallaran las medidas para contrarrestar los incumplimientos laborales y ambientales de Doe Run ante la sociedad huancayna.

Fuente: La República del 30.05.09