El próximo 19 de junio se vence el plazo de 24 meses otorgado, en junio del 2008, a la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A.C. (EGASUR), titular de la concesión temporal del proyecto Inambari, para elaborar el Estudio de Factibilidad Técnico-Económica de la futura Central Hidroeléctrica.Fue en el marco de este plazo que, a fines de enero pasado, EGASUR presentó un documento denominado Estudio de Factibilidad Técnico-Económica ante la Dirección General de Electricidad del MINEM, el cual si bien fue observado por no tener la condición de un estudio propiamente de factibilidad, su contenido amerita algunos comentarios, como las rutas alternas propuestas para los tramos 2 y 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS) y un presupuesto total estimado por el costo total de la obra.
domingo, 25 de abril de 2010
viernes, 23 de abril de 2010
Un informe sobre Bagua
Un informe sobre Bagua por las minorías del Perú
Autor(a): Renato Levaggi Tapia
Perú22-04-2010
El pasado 15 de abril, los comisionados Jesús Manacés y Mari Carmen Gómez presentaron, en una conferencia de prensa, el Informe en Minoría de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua (ver: Informe). El Informe, que pretende dar cuenta –con rigurosidad– de los orígenes, sucesos y responsabilidades en torno al conflicto que encontró fatal desenlace el 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo y en la Estación Nº 6, detalla ampliamente las consecuencias del mismo. Brinda información que el informe oficial (ver: Informe oficial) no contempló, y analiza aristas de datos que éste sí aborda pero con tal coherencia en el análisis que cambia el sentido de lo antes descrito sin dejar lugar a algún tipo de duda.
Saque usted sus propias conclusiones sobre los antecedentes y hechos del conflicto, aunque, ciertamente, existen algunos puntos que por su trascendencia no deberían ser perdidos de vista:
Se desmiente que los indígenas que supuestamente emboscaron y atacaron a la policía en un cerro adyacente a la curva del diablo portaban armas de fuego, que éstas habían sido obtenidas en un asalto a una comisaría. El presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas, Oswaldo Bautista, ha sostenido que las pruebas de absorción atómica practicadas a los 4 indígenas fallecidos en la curva establecen lo contrario.
Se desmienten las afirmaciones respecto a una manipulación de los indígenas, por parte de “azuzadores” que los llevaron a radicalizar sus medidas de lucha. Los comisionados muestran cómo los indígenas conocen los motivos de su lucha (las afectaciones a sus territorios y la promulgación de decretos que pretendían hacerlo se suman al artículo “El perro del hortelano”, escrito por el Presidente de la República).
Es reveladora y preocupante la manera como el informe da cuenta de las consecuencias del conflicto. Se sostiene que:
El gobierno peruano se colocó al margen del derecho internacional de los derechos humanos y así se lo han hecho saber los organismos de supervisión del sistema.
La muerte de peruanos en un operativo equívoco, desproporcionado e improvisado, que pudo y debió evitarse y que, de acuerdo al número de heridos de bala y al absoluto descontrol de la situación y a la confusión generada, pudo alcanzar las proporciones de una verdadera masacre de civiles y de policías, ha generado secuelas que pueden elevar el nivel de tensión y conflictividad en la Amazonía peruana y en los territorios de asentamiento indígena en todo el país.
El conflicto y su tratamiento posterior ha quebrado de manera profunda la confianza de los pueblos indígenas del Perú hacia el gobierno, y ha generado resentimiento frente a la estrategia de confrontación del Estado.
Las razones que fundamentaron el conflicto permanecen inalteradas, manteniéndose las condiciones de inseguridad jurídica para los pueblos indígenas y otros campesinos y ribereños amazónicos.
El sistemático y concertado ocultamiento de la verdad de los hechos, sus causas y consecuencias, de parte de los poderes del Estado, merma su credibilidad y suscita dudas respecto a la voluntad del gobierno por identificar a los responsables, reconocer errores y aprender lecciones para mejorar la futura gobernabilidad del país.
Los sucesos dieron visibilidad a las características intrínsecas del conflicto amazónico y los intereses en juego, pusieron atención al debate acerca del tratamiento correcto de los recursos naturales en el país, ubicaron a los pueblos indígenas en la agenda nacional y pusieron en evidencia la urgente necesidad de replantear los modelos político y económico del país a la luz de la modernidad, del derecho internacional de los derechos humanos y de las características estructurales del Perú como país construido sobre una pluralidad de naciones y pueblos con iguales derechos.
Finalmente, cabe resaltar el contenido de las recomendaciones referidas al acceso a la justicia. El Informe pone de relieve la importancia de la condición de indígenas que ostentan las personas detenidas, hoy recluidas en el penal de Chachapoyas. En atención al Convenio 169 de la OIT, se insta a las autoridades a considerar penas distintas al encarcelamiento, se invoca a crear condiciones de diálogo –añadiríamos: intercultural– para respetar los derechos de los miembros de los pueblos indígenas afectados.
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=266
Autor(a): Renato Levaggi Tapia
Perú22-04-2010
El pasado 15 de abril, los comisionados Jesús Manacés y Mari Carmen Gómez presentaron, en una conferencia de prensa, el Informe en Minoría de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua (ver: Informe). El Informe, que pretende dar cuenta –con rigurosidad– de los orígenes, sucesos y responsabilidades en torno al conflicto que encontró fatal desenlace el 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo y en la Estación Nº 6, detalla ampliamente las consecuencias del mismo. Brinda información que el informe oficial (ver: Informe oficial) no contempló, y analiza aristas de datos que éste sí aborda pero con tal coherencia en el análisis que cambia el sentido de lo antes descrito sin dejar lugar a algún tipo de duda.
Saque usted sus propias conclusiones sobre los antecedentes y hechos del conflicto, aunque, ciertamente, existen algunos puntos que por su trascendencia no deberían ser perdidos de vista:
Se desmiente que los indígenas que supuestamente emboscaron y atacaron a la policía en un cerro adyacente a la curva del diablo portaban armas de fuego, que éstas habían sido obtenidas en un asalto a una comisaría. El presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas, Oswaldo Bautista, ha sostenido que las pruebas de absorción atómica practicadas a los 4 indígenas fallecidos en la curva establecen lo contrario.
Se desmienten las afirmaciones respecto a una manipulación de los indígenas, por parte de “azuzadores” que los llevaron a radicalizar sus medidas de lucha. Los comisionados muestran cómo los indígenas conocen los motivos de su lucha (las afectaciones a sus territorios y la promulgación de decretos que pretendían hacerlo se suman al artículo “El perro del hortelano”, escrito por el Presidente de la República).
Es reveladora y preocupante la manera como el informe da cuenta de las consecuencias del conflicto. Se sostiene que:
El gobierno peruano se colocó al margen del derecho internacional de los derechos humanos y así se lo han hecho saber los organismos de supervisión del sistema.
La muerte de peruanos en un operativo equívoco, desproporcionado e improvisado, que pudo y debió evitarse y que, de acuerdo al número de heridos de bala y al absoluto descontrol de la situación y a la confusión generada, pudo alcanzar las proporciones de una verdadera masacre de civiles y de policías, ha generado secuelas que pueden elevar el nivel de tensión y conflictividad en la Amazonía peruana y en los territorios de asentamiento indígena en todo el país.
El conflicto y su tratamiento posterior ha quebrado de manera profunda la confianza de los pueblos indígenas del Perú hacia el gobierno, y ha generado resentimiento frente a la estrategia de confrontación del Estado.
Las razones que fundamentaron el conflicto permanecen inalteradas, manteniéndose las condiciones de inseguridad jurídica para los pueblos indígenas y otros campesinos y ribereños amazónicos.
El sistemático y concertado ocultamiento de la verdad de los hechos, sus causas y consecuencias, de parte de los poderes del Estado, merma su credibilidad y suscita dudas respecto a la voluntad del gobierno por identificar a los responsables, reconocer errores y aprender lecciones para mejorar la futura gobernabilidad del país.
Los sucesos dieron visibilidad a las características intrínsecas del conflicto amazónico y los intereses en juego, pusieron atención al debate acerca del tratamiento correcto de los recursos naturales en el país, ubicaron a los pueblos indígenas en la agenda nacional y pusieron en evidencia la urgente necesidad de replantear los modelos político y económico del país a la luz de la modernidad, del derecho internacional de los derechos humanos y de las características estructurales del Perú como país construido sobre una pluralidad de naciones y pueblos con iguales derechos.
Finalmente, cabe resaltar el contenido de las recomendaciones referidas al acceso a la justicia. El Informe pone de relieve la importancia de la condición de indígenas que ostentan las personas detenidas, hoy recluidas en el penal de Chachapoyas. En atención al Convenio 169 de la OIT, se insta a las autoridades a considerar penas distintas al encarcelamiento, se invoca a crear condiciones de diálogo –añadiríamos: intercultural– para respetar los derechos de los miembros de los pueblos indígenas afectados.
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=266
jueves, 22 de abril de 2010
miércoles, 21 de abril de 2010
Islay: formarán una comisión técnica para evaluar impacto ambiental de la mina 'Tía María'
Entre los acuerdos que tomó la Mesa de Diálogo está la construcción de una represa en la zona y el análisis del estudio de impacto ambiental de los trabajos del proyecto cuprífero
Miércoles 21 de abril de 2010 - 07:58 am
Más de seis horas duró la Mesa de Diálogo instalada la tarde de ayer en el auditorio de la Municipalidad de Cocachacra. El diálogo lo inició el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Javier Velásquez Quesquén, en los siguientes términos: “No he venido a arrancar aplausos fáciles ni a escuchar sobre posiciones ideológicas”.
Mientras se llevaba a cabo la reunión, un grupo de unos 500 manifestantes esperaba afuera del auditorio para tratar de presionar a las autoridades locales. El ambiente fue, en varios momentos del día, tenso. Finalmente, en una rápida conferencia de prensa se anunció que la conversación había rendido sus primeros frutos. La crisis en Islay se daba prácticamente por superada.
Al cierre de esta edición, los dirigentes que promovieron los bloqueos en la zona contra la mina Tía María transmitían a sus bases los acuerdos logrados; aún no se anunciaba oficialmente el levantamiento de la protesta.
LISTA DE ACUERDOSSon tres los principales puntos de consenso a los que se llegó. En primer lugar, se acordó la construcción de la represa de Partiture, que proveerá de agua para uso agrícola y doméstico; esta obra será financiada por el Ministerio de Agricultura y, según se anunció, el titular de esta cartera, Adolfo de Córdova, regresará el viernes a Cocachacra a firmar los acuerdos respectivos. La construcción de esta represa era una de las demandas de la población.
En segundo lugar, se acordó formar una comisión técnica que, en un plazo máximo de 90 días, deberá analizar los diversos aspectos incluidos en el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa minera Southern Perú, promotora del proyecto cuprífero Tía María. Esta comisión estará integrada por el mismo número de representantes de la empresa y de autoridades locales.
Este segundo acuerdo, por cierto, parte del compromiso explícito del Gobierno Central de no permitir que el proyecto minero utilice el acuífero del subsuelo del valle de El Tambo.
El tercer punto se desprende del segundo: se dispuso que durante los 90 días que tardará el análisis del estudio de impacto ambiental, las actividades de la compañía quedarán suspendidas. Actualmente la empresa venía llevando a cabo la implementación logística y el equipamiento en la zona minera.
POLICÍA SE REPLIEGAAl término de la mesa de diálogo, Velásquez Quesquén y los ministros que lo acompañaron [ver recuadro] regresaron por tierra —fuertemente resguardados— a la base aérea de La Joya, desde debían tomar el vuelo de regreso a Lima; este, sin embargo, se postergó hasta hoy por factores climáticos.
El titular del Ministerio del Interior, Octavio Salazar, había anunciado minutos antes que los cientos de policías enviados a la zona comenzarían a replegarse a sus puntos de origen, básicamente Lima y Mazamari.
EL DATONo impidieron el pasoA lo largo del día de ayer, el tránsito en la carretera Panamericana Sur fue fluido. No se registraron bloqueos en la vía, aunque hubo manifestantes en los alrededores.
EN PUNTOSDiálogo entre las partes involucradasLa mesa de diálogo la encabezó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén.
Lo acompañaron los ministros de Agricultura, Adolfo de Córdova; de Energía y Minas, Pedro Sánchez; del Ambiente, Antonio Brack; y del Interior, Octavio Salazar.
También participaron, por el lado de las autoridades locales, el presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, y la segunda vicepresidenta de la República y congresista por Arequipa, Lourdes Mendoza, así como el alcalde de Cocachacra, Juan Guillén.
A ellos se sumaron el alcalde del distrito de Dean Valdivia, Richard Ale Cruz, así como Hugo Rivera, asesor de la Municipalidad de Cocachacra, y Carlos Vargas, asesor del Gobierno Regional.
Por el lado de los dirigentes que organizaron la protesta se invitó a Pepe Julio Gutiérrez (Frente de Defensa de Cocachacra) y a Cosme Ponce Zapata (Junta de Usuarios de Riego de El Bombón).
20/04/10 21:03 Mesa de Diálogo en Islay decidió suspender proyecto minero Tía María de Southern Perú http://elcomercio.pe/noticia/465069/formaran-comision-tecnica-evaluar-impacto-ambiental-mina_1
Miércoles 21 de abril de 2010 - 07:58 am
Más de seis horas duró la Mesa de Diálogo instalada la tarde de ayer en el auditorio de la Municipalidad de Cocachacra. El diálogo lo inició el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Javier Velásquez Quesquén, en los siguientes términos: “No he venido a arrancar aplausos fáciles ni a escuchar sobre posiciones ideológicas”.
Mientras se llevaba a cabo la reunión, un grupo de unos 500 manifestantes esperaba afuera del auditorio para tratar de presionar a las autoridades locales. El ambiente fue, en varios momentos del día, tenso. Finalmente, en una rápida conferencia de prensa se anunció que la conversación había rendido sus primeros frutos. La crisis en Islay se daba prácticamente por superada.
Al cierre de esta edición, los dirigentes que promovieron los bloqueos en la zona contra la mina Tía María transmitían a sus bases los acuerdos logrados; aún no se anunciaba oficialmente el levantamiento de la protesta.
LISTA DE ACUERDOSSon tres los principales puntos de consenso a los que se llegó. En primer lugar, se acordó la construcción de la represa de Partiture, que proveerá de agua para uso agrícola y doméstico; esta obra será financiada por el Ministerio de Agricultura y, según se anunció, el titular de esta cartera, Adolfo de Córdova, regresará el viernes a Cocachacra a firmar los acuerdos respectivos. La construcción de esta represa era una de las demandas de la población.
En segundo lugar, se acordó formar una comisión técnica que, en un plazo máximo de 90 días, deberá analizar los diversos aspectos incluidos en el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa minera Southern Perú, promotora del proyecto cuprífero Tía María. Esta comisión estará integrada por el mismo número de representantes de la empresa y de autoridades locales.
Este segundo acuerdo, por cierto, parte del compromiso explícito del Gobierno Central de no permitir que el proyecto minero utilice el acuífero del subsuelo del valle de El Tambo.
El tercer punto se desprende del segundo: se dispuso que durante los 90 días que tardará el análisis del estudio de impacto ambiental, las actividades de la compañía quedarán suspendidas. Actualmente la empresa venía llevando a cabo la implementación logística y el equipamiento en la zona minera.
POLICÍA SE REPLIEGAAl término de la mesa de diálogo, Velásquez Quesquén y los ministros que lo acompañaron [ver recuadro] regresaron por tierra —fuertemente resguardados— a la base aérea de La Joya, desde debían tomar el vuelo de regreso a Lima; este, sin embargo, se postergó hasta hoy por factores climáticos.
El titular del Ministerio del Interior, Octavio Salazar, había anunciado minutos antes que los cientos de policías enviados a la zona comenzarían a replegarse a sus puntos de origen, básicamente Lima y Mazamari.
EL DATONo impidieron el pasoA lo largo del día de ayer, el tránsito en la carretera Panamericana Sur fue fluido. No se registraron bloqueos en la vía, aunque hubo manifestantes en los alrededores.
EN PUNTOSDiálogo entre las partes involucradasLa mesa de diálogo la encabezó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén.
Lo acompañaron los ministros de Agricultura, Adolfo de Córdova; de Energía y Minas, Pedro Sánchez; del Ambiente, Antonio Brack; y del Interior, Octavio Salazar.
También participaron, por el lado de las autoridades locales, el presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, y la segunda vicepresidenta de la República y congresista por Arequipa, Lourdes Mendoza, así como el alcalde de Cocachacra, Juan Guillén.
A ellos se sumaron el alcalde del distrito de Dean Valdivia, Richard Ale Cruz, así como Hugo Rivera, asesor de la Municipalidad de Cocachacra, y Carlos Vargas, asesor del Gobierno Regional.
Por el lado de los dirigentes que organizaron la protesta se invitó a Pepe Julio Gutiérrez (Frente de Defensa de Cocachacra) y a Cosme Ponce Zapata (Junta de Usuarios de Riego de El Bombón).
20/04/10 21:03 Mesa de Diálogo en Islay decidió suspender proyecto minero Tía María de Southern Perú http://elcomercio.pe/noticia/465069/formaran-comision-tecnica-evaluar-impacto-ambiental-mina_1
martes, 20 de abril de 2010
martes, 13 de abril de 2010
No sería costoso detectar alimentos transgénicos
Empresa GS1 señala que esto se puede dar a través de la trazabilidad
Martes 13 de abril de 2010 - 07:33 am
El proceso de trazabilidad, que permite el rastreo de toda la cadena alimenticia de un determinado producto, es el mejor camino para el etiquetado de los alimentos transgénicos, afirmó ayer Mary Wong, gerenta general adjunta de la empresa GS1 Perú.
Cabe indicar que el representante empresarial Alejandro Daly ha sostenido que realizar la trazabilidad encarecerá el costo de los productos. En contra de eso, Wong resaltó que el proceso no es costoso y que ellos trabajan actualmente con medianas y pequeñas empresas. Más bien, sí sería caro trabajar con laboratorios para verificar la presencia de transgénicos. “Con la trazabilidad, la empresa estará en condiciones de informar en qué parte del proceso utilizó el transgénico”, apuntó.
Refirió que los exportadores de alimentos a mercados como el europeo o japonés (sensibles a problemas fitosanitarios) se beneficiarían con la trazabilidad, pues ante una queja podrán determinar en cuatro horas cuál es el lote criticado sin tener que retirar el 100% de la mercadería.
La Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso se reúne hoy para poner al voto el dictamen sobre si se etiquetan o no los transgénicos.
http://elcomercio.pe/noticia/460621/no-seria-costoso-detectar-alimentos-transgenicos_1
Martes 13 de abril de 2010 - 07:33 am
El proceso de trazabilidad, que permite el rastreo de toda la cadena alimenticia de un determinado producto, es el mejor camino para el etiquetado de los alimentos transgénicos, afirmó ayer Mary Wong, gerenta general adjunta de la empresa GS1 Perú.
Cabe indicar que el representante empresarial Alejandro Daly ha sostenido que realizar la trazabilidad encarecerá el costo de los productos. En contra de eso, Wong resaltó que el proceso no es costoso y que ellos trabajan actualmente con medianas y pequeñas empresas. Más bien, sí sería caro trabajar con laboratorios para verificar la presencia de transgénicos. “Con la trazabilidad, la empresa estará en condiciones de informar en qué parte del proceso utilizó el transgénico”, apuntó.
Refirió que los exportadores de alimentos a mercados como el europeo o japonés (sensibles a problemas fitosanitarios) se beneficiarían con la trazabilidad, pues ante una queja podrán determinar en cuatro horas cuál es el lote criticado sin tener que retirar el 100% de la mercadería.
La Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso se reúne hoy para poner al voto el dictamen sobre si se etiquetan o no los transgénicos.
http://elcomercio.pe/noticia/460621/no-seria-costoso-detectar-alimentos-transgenicos_1
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