viernes, 6 de noviembre de 2009

Lima necesita una reforma verde

El presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos analiza las razones de la escasez de áreas verdes en Lima y da algunas recomendaciones
Por: César Sarria Gomí
Lima, la metrópoli que crece descontroladamente y hacia arriba, tiene un déficit de 500 hectáreas de áreas verdes para cubrir los requerimientos mínimos recomendados por la Organización Mundial de Salud (OMS), y por eso requiere defender con uñas y dientes los pocos parques y zonas de esparcimiento que mantiene a duras penas.
El cemento quiere abrirse paso a como dé lugar, pero podría dejar más gris el paisaje capitalino. La llegada a Lima del especialista español en áreas verdes Félix Moral, presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, puede ayudar a dar ideas para que este panorama pueda presentarse un poco más verde.
¿Cuáles son los beneficios de que una ciudad cuente con áreas verdes?Se habla, sobre todo, de beneficios para la salud, pues las plantas son la única manera de controlar la contaminación y purificar el aire. Sin embargo, creo que los beneficios sociales son igual de importantes. Los parques son las últimas expresiones de un espacio público fundamental para el desarrollo de los seres humanos.
Lima es una ciudad que ha crecido muy rápido, esto ha impedido una planificación adecuada. ¿Qué se puede hacer para crear nuevas áreas verdes en ciudades como esta?Si no se ha planificado previamente, es extremadamente complicado. Para implementar nuevos parques hay que buscar espacios desocupados y en las grandes ciudades como Lima, estos casi no existen. Se requeriría una regeneración total de ciertas zonas para que, en un nuevo diseño urbano, se puedan incluir parques y jardines. De lo contrario, lo único que queda es aprovechar las bermas centrales de las grandes avenidas que cruzan la ciudad, y convertir esas pocas áreas públicas en desuso, por más pequeñas que sean, en parques o jardineras.
Otro de los problemas a los que se enfrentan los parques limeños es a la casi inexistente lluvia que cae durante el año y la grave escasez de agua. ¿Qué se puede hacer en estos casos?La escasez de agua es un problema grave al que se enfrentan casi todas las ciudades del mundo. Por ello, es fundamental que el diseño del parque considere una serie de detalles. Por ejemplo, se deben elegir plantas nativas, que crecen naturalmente en un paisaje determinado, y aquellas que crecen con requerimientos mínimos de agua. Además, se debe considerar un tipo de riego que ahorre recursos. Se debe eliminar el riego con manguera, por ejemplo, y recurrir al riego por goteo que es mucho más eficaz.
¿Qué se debe hacer para evitar que los pocos parques que hay en Lima terminen perdiéndose también?El secreto es hacerlos sostenibles desde tres aspectos fundamentales: medioambiental, social y económico. Es decir, que no requieran demasiada agua, que sirvan a propósitos de socialización y que su diseño, implementación y mantenimiento no cuesten una fortuna.
LAS CIFRAS
8 m2De áreas verdes por habitante es el estándar mundial impuesto por la OMS.
40 m2Por habitante tiene La Molina, el distrito más verde de Lima. Lo siguen San Isidro, San Borja, Surco y Miraflores.
0,4 m2Le corresponde a cada vecino de Villa María del Triunfo, que está en el último puesto del ránking verde limeño.
QUÉ SE VIENE
Congreso internacionalEntre el 13 y el 16 de octubre del 2010, se realizará el VII Congreso Internacional de Parques y Jardines Públicos, que tendrá como sede el auditorio del Colegio Médico del Perú, en Miraflores.
Tema centralEste evento, cuya última edición se llevó a cabo en Portugal, tocará temas como la sostenibilidad de los parques y la protección del medio ambiente.
AsistentesLos encargados de áreas verdes de los principales municipios de Iberoamérica.
ExpositoresEspecialistas internacionales en diseño y conservación de parques y áreas verdes.
FICHA
Nombre: Félix Moral PérezProfesión: Ingeniero civilEdad: 49 añosCargo: Presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos desde el 2003.Trayectoria: Jefe de la dirección, ejecución y mantenimiento de obras en el Ayuntamiento de Burgos (España). Gestor de áreas verdes de la misma ciudad desde 1984.

Alianza con las comunidades

Lo que estamos viendo es una ofensiva política y una disputa abierta por los recursos, a la vez. Es necesario civilizarla. Ponerle reglas, aceptadas por todos
Por: Jaime de Althaus Guarderas
No se puede seguir postergando un replanteamiento global de la relación entre la inversión minera y las comunidades en la sierra. Esta última semana han ocurrido dos hechos alarmantes. El primero, sumamente grave, fue el ataque, de naturaleza terrorista, al campamento de la minera Río Blanco en la sierra de Piura, donde fueron asesinados dos vigilantes y el administrador. Las armas usadas —retrocargas, punzocortantes, pistolas— hacen pensar que los asesinos podrían ser integrantes de rondas campesinas, algunas de ellas muy hostiles al proyecto Majaz, eventualmente vinculadas al narcotráfico, y alimentadas por las versiones de la Iglesia y algunas ONG de que la mina afectaría el agua. Y al narcotráfico no le interesa una presencia formal fuerte en el área.
El segundo fue la invasión de áreas de exploración de la empresa Ares, en Chumbivilcas. No por las tres comunidades en cuyas tierras se realiza la exploración —que han firmado acuerdos con Ares—, sino por comuneros de dos provincias aledañas pertenecientes a la misma cuenca, y otras personas. Aquí se juntaron la información de que la empresa está contaminando la cabecera del valle y ha matado animales —falsa porque la exploración no contamina—, y el interés de lanzarse a la minería informal en las tierras de la empresa. Se usa un argumento ambiental para disfrazar una apropiación ilícita. O se inventan mentiras para expulsar a una empresa de su concesión.
Lo que tenemos es un campo de batalla en el que el Estado de derecho ha sido sustituido por la ley de la fuerza. Es el estado presocial. Lo que estamos viendo es una ofensiva política y una disputa abierta por los recursos, a la vez. Es necesario civilizar esa disputa. Ponerle reglas, aceptadas por todos.
Las reglas en teoría existen: antes de explotar un recurso se debe hacer un estudio de impacto ambiental y debe haber acuerdo de la población. Pero en muchos casos no se puede llegar siquiera a eso. El proyecto es expulsado antes del estudio. Las campañas agitadoras de los temores irracionales vencen. Pero vencen, primero, por una historia pasada que las avala; segundo, porque no hay una campaña explicativa suficientemente poderosa para contrarrestarlos ni una propuesta que integre realmente a las comunidades, que las haga aliadas. Y, tercero, porque no se castigan los actos delictivos.
Habría que concertar mejor aquellas reglas con las comunidades para lograr una alianza con ellas. Promover, acaso, formas asociativas que vayan más allá de los programas sociales de las minas. Hacerlas socias, en buena cuenta. Y fortalecer sustancialmente la presencia del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio Público a la vez.

El BID y los proyectos 'verdes'

Por: Luis Alberto Moreno*
El BID ha acompañado al Gobierno Peruano en los avances de su agenda de desarrollo desde hace muchos años. Aunque la sostenibilidad ambiental ha sido un reto conocido, en los años recientes se ha convertido en un área de políticas prioritaria. La alianza estratégica entre el Gobierno Peruano y el BID para desarrollar proyectos “verdes” es un ejemplo del compromiso con el desarrollo sostenible en el país.
El debate sobre la dimensión “verde” del desarrollo está en boga tras la continua degradación del medio ambiente y los ecosistemas en el mundo, incluso se formó la Comisión Stiglitz-Sen sobre Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social, que tiene entre sus objetivos identificar un número limitado de indicadores alternativos que reflejen de mejor manera la sostenibilidad ambiental en los países. El Perú, en especial, enfrenta importantes desafíos ambientales para el aprovechamiento y el manejo sostenible de sus abundantes recursos naturales y su gran diversidad biológica y climática. Además, se ubica en una zona de gran vulnerabilidad a los desastres naturales y los efectos del cambio climático. Según el Índice de Desempeño Ambiental 2008 (Universidad de Yale), el Perú ocupa el lugar 16 de 26 países en las Américas.
El Gobierno Peruano ha avanzado hacia una agenda de desarrollo sostenible que busca promover la actividad económica y a la vez preservar el medio ambiente, sin embargo, la complejidad ambiental internacional implica mayores dificultades para asegurar que existan condiciones apropiadas para las generaciones futuras.
Así el Gobierno Peruano motiva al BID a colaborar en sus esfuerzos por reconciliar el desarrollo con la sostenibilidad ambiental. Como parte de la estrategia “verde”, se utilizan diferentes instrumentos, incluyendo operaciones de préstamo de inversión y reforma de políticas, cooperaciones técnicas y estudios, que en conjunto forman un cluster de desarrollo sostenible con proyectos en agua, energía, cambio climático, desastres naturales y agricultura.
Cabe señalar que a fin de ejercer un impacto más contundente sobre el desarrollo sostenible en la región de América Latina y el Caribe, el BID lanzó nuevas iniciativas que han sido esenciales para el Perú. La Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático (Secci, por sus siglas en inglés) apoya a los países en la búsqueda de opciones energéticas viables desde el punto de vista ambiental y económico. Su objetivo se orienta al desarrollo y uso de energías renovables, de tecnologías de eficiencia energética, al financiamiento de compraventa de emisiones de carbono, y a la asistencia para adaptarse a los impactos del cambio climático. Tal ha sido la demanda de los países por esta iniciativa que este año se creó la Unidad de Energía Sostenible y Cambio Climático.
Asimismo, la iniciativa de Agua Potable y Saneamiento ofrece un conjunto de nuevas herramientas para ayudar a los países a cerrar la brecha en la cobertura de los servicios de agua y saneamiento. La iniciativa enfatiza programas para facilitar el financiamiento en ciudades con más de 50.000 habitantes, apoyar a comunidades dispuestas a tomar sus propias decisiones organizacionales, técnicas y financieras, proteger microcuencas prioritarias, y mejorar el desempeño de empresas de servicios de agua.
Las actividades “verdes” del BID en el Perú no se limitan al apoyo del sector público, sino también del sector privado. A través de los proyectos del Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo, y el Fondo Multilateral de Inversiones se asiste a bancos, empresas y entidades privadas así como a ONG cuya actividad específica se vincula a la conservación del medio ambiente. Estos proyectos se han concentrado en las áreas de energía renovable, eficiencia energética, líneas especiales de crédito “verde”, promoción de productos orgánicos, reciclaje y turismo sostenible, entre otras.
El Perú tiene la posibilidad de establecer una ruta concreta hacia una economía sustentable con energía alternativa, agricultura con tecnología sostenible, conservación del agua, un manejo de recursos naturales responsable, y una prevención consolidada para enfrentar los desastres naturales y el cambio climático. Una economía sustentable también involucra la formación de sociedades más conscientes de la preservación del medio ambiente y la carga ambiental en las condiciones de salud.
El BID continuará su compromiso con los esfuerzos del Gobierno Peruano, nacional y subnacional, para promover la sostenibilidad ambiental. Pero no olvidemos las enormes oportunidades que se presentan para la expansión de inversiones privadas “verdes” que pueden impulsar el desarrollo sostenible. El camino es todavía muy largo por recorrer, pero los cimientos empiezan a construirse. Para asegurarse de que existe consistencia y estabilidad hacia el rumbo, es importante enmarcar la agenda de desarrollo del Perú con una visión integral y de largo plazo de la sostenibilidad ambiental. Los retos y las prioridades de la política pública deben servir, entre otras cosas, para estimular alianzas con el sector privado, las ONG y la comunidad académica para encontrar soluciones que van desde innovaciones ecoeficientes en las empresas hasta el monitoreo de la calidad ambiental.
(*) Presidente del BID

miércoles, 4 de noviembre de 2009

Pocas municipalidades sancionan el ruido de alarmas vehiculares

La Municipalidad de La Punta castiga con S/.177,50 a los infractores de norma. En Miraflores y San Borja las sanciones se enfocan más en los ruidos de fiestas
Su molestia se compara a la que produce el tráfico vehicular intenso, la música a volumen alto o al ruido de los electrodomésticos y es capaz de causar irritabilidad y alteraciones en la conducta de una persona. Pero en situaciones como las que usualmente las oímos, el problema, ciertamente, se multiplica. Las alarmas de autos se disparan sorpresivamente en las noches y madrugadas y no solo nos quitan el sueño: también nos vuelven impotentes porque, al parecer, no hay nadie que pueda ayudarnos a detenerlas.
La Municipalidad de La Punta, en el Callao, ha sido la última de apenas cinco que, en la capital, han establecido hasta ahora normas que sancionan el ruido continuo de estos aparatos. Al igual que en las de Miraflores, San Isidro, San Borja y Jesús María, Alberto Jara, gerente de Medio Ambiente de la comuna porteña, explica que la Ordenanza 008-2009 busca velar por la tranquilidad del vecino. En este distrito de apenas 5.750 habitantes y 0,75 km2 de longitud se privilegiaron dos aspectos: la emisión de ruidos en los cinco clubes públicos y privados, donde se realizan fiestas cada fin de semana; y los vehículos, cuyas alarmas son causa de varias denuncias al concejo distrital.
Esta municipalidad adquirió un sonómetro para medir el ruido que se produce en estos clubes, los cuales tienen hasta mañana para instalar barreras acústicas en sus locales. La norma dispone también que el dueño de un vehículo cuya alarma exceda los cinco minutos de activación constante deberá pagar al municipio S/.177,50 como sanción.
RUIDOS QUE MATAN
En junio, la Municipalidad de Jesús María estableció una multa similar: si las alarmas suenan por más de 5 minutos entre las 7 a.m. y 10 p.m., la multa será de S/.175, mientras que si se enciende entre las 10:01 p.m. y las 6:59 a.m., el infractor deberá pagar S/.350 como castigo. El Concejo podrá retirar a cualquier hora el vehículo cuya alarma moleste al vecindario. Marco Delgado, de la Policía Municipal, sostuvo que desde octubre se ha iniciado una fiscalización intensa al respecto.
En San Borja, en cambio, la mayoría de quejas de vecinos son por ruidos producidos en fiestas nocturnas. Sin embargo, María Parra, gerenta de Fiscalización del Concejo, explica que la labor de control se basa solo en la exhortación verbal al infractor.
Mientras el investigador sonoro Alejandro Cornejo señala que el ruido constante de una alarma puede generar grandes molestias y hasta volver agresiva a una persona, voceros del Ministerio del Ambiente señalaron que se encuentran revisando los estándares de calidad ambiental. Empero, confirmaron que existen municipios que hasta ahora no han implementado ordenanzas contra la contaminación sonora, lo que va en contra del Decreto Supremo 085-2003. ¿Solución a la vista? No. Lo único que queda por ahora es armarnos de paciencia.
FORO WEB¿Qué opina sobre la falta de fiscalización municipal para las alarmas vehiculares?“Trabajo de madrugada y no puedo descansar por las alarmas de autos en la calle donde vivo; suenan innecesariamente y los dueños de los vehículos ni siquiera se acercan a ver sus unidades. Es necesario que multen a estos señores para que uno pueda estar tranquilo”.ANTONIO GINOCCHIO
“En Lima, la consideración que se tiene por el descanso del otro (en este caso, del vecino) es nula. No entiendo por qué la mayoría de los vehículos tienen alarmas si cuando se activan a los dueños les importa poco o nada”.LILI R.
“Vivo en Santiago de Surco, en el condominio Los Próceres, y allí, a cualquier hora del día y la noche, suenan las alarmas de los carros. Considero importante que la Municipalidad de Surco implemente también esta norma”.MANUEL NIQUE
“Realmente es un abuso el uso de estas alarmas, que con el solo paso de otros vehículos se activan”.MARÍA DOMÍNGUEZ

lunes, 2 de noviembre de 2009

El oro negro del Titicaca

Por: Nelly Luna Amancio Enviada especial
Alguna vez el lago Titicaca fue una inmensa masa de agua salada que cubría gran parte del Altiplano. Ballivian la han llamado los geólogos que investigan su origen y formación. Con el tiempo el lago adoptó su forma y volumen actual. Pero bajo su superficie continuó acumulándose el material orgánico que millones de años más tarde se transformaría en petróleo. “Esta zona cumple una característica fundamental para el hallazgo de hidrocarburos: es una cuenca sedimentaria de origen marino”, explica el ingeniero Federico Yovera, del Capítulo de Petróleos del Colegio Nacional de Ingenieros.
Y es precisamente petróleo lo que ahora buscan cuatro compañías en las riberas de la Reserva Nacional del Lago Titicaca.
LOS CONTRATOS
El 16 de abril de este año Perú-Petro suscribió dos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el lago Titicaca. Se trata de los lotes 155 y 156, ubicados en las provincias de Azángaro, San Antonio de Putina, Huancané y Moho, el primero, y en El Collao y Chucuito, el segundo. La adjudicación produjo la protesta de autoridades y organizaciones puneñas: “La extracción de hidrocarburos afectaría el ecosistema”, dijeron.
Los reclamos llegaron también del otro lado de la frontera: el Gobierno de Bolivia se opone a la explotación de petróleo, pues señala que hay un tratado entre ambos países que impide el desarrollo de este tipo de actividades sin consulta previa a ambas partes.
Pero estos lotes no son los únicos en los alrededores del lago. Ya en el 2005 y el 2007, Perú-Petro dio en concesión los lotes 105 y 141. Incluso, el primero de estos —ubicado entre las provincias de Puno, Huancané, Azángaro, Lampa y San Román— se superpone a una parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural del Lago Titicaca.
EL DILEMA DEL IMPACTO
El trazo de los cuatro lotes bordea el lago. Sobre la posibilidad de algún impacto negativo en el lago, el gerente de Promoción y Relaciones Comunitarias de Perú-Petro, Carlos Vives, sostiene que los lotes no afectan la Reserva Nacional Titicaca-Ramis. “Solo incluyen áreas de superficie en tierra y no dentro del lago”, dice. Pero el tema no es tan simple.
“Esta es una cuenca endorreica. Todas las aguas de la cuenca terminan en el lago. Además, ya hay algunos pasivos ambientales provenientes de unos pozos que dejó la explotación por parte de los rusos hace varias décadas”, señala Luis Alfaro, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), tratando de explicar que lo que ocurra alrededor del Titicaca tiene un impacto directo en el lago.
El lote 156 también se superpone a la zona de amortiguamiento de la reserva. Y, aunque no está prohibida la extracción de recursos en estas áreas, Luis Alfaro sostiene que Perú-Petro debió consultar con el Sernanp la definición de estos trazos. “En las riberas del lago hay una gran diversidad de fauna que vive entre los totorales”, precisa.
¿Y EL DIÁLOGO?
El jefe del Sernanp indica que no hubo consulta previa con su sector sobre la adjudicación de estos lotes. Sin embargo, Carlos Vives asegura que estos contratos (tanto los primeros como los entregados en abril del año pasado) fueron presentados ante las autoridades y líderes de las provincias involucradas, para, finalmente, ser aprobadas en la Presidencia del Consejo de Ministros, donde contaron con el visto bueno de todos los sectores, incluido el del Ministerio del Ambiente.
Sin embargo, el representante del Sernanp arguye que se debe pedir una consulta formal porque “ellos [Perú-Petro] saben que los lotes se encuentran próximos a una reserva”. “Yo no me opongo a la actividad de hidrocarburos, creo que es beneficioso para el país, pero se debe consultar a las instancias correspondientes. Si las empresas tuvieran que hacer alguna actividad sobre el área de amortiguamiento, deberían presentar un estudio de impacto ambiental”, recalca Luis Alfaro.
Los representantes del Proyecto Especial del Lago Titicaca (PELT) refirieron que se habían enterado de la adjudicación de los lotes a través de la prensa. Germán Espinoza, ingeniero que trabaja en el proyecto, dice que Perú-Petro no les informó nada sobre estas concesiones: “El lago tiene un ecosistema muy frágil y la explotación de hidrocarburos podría afectarlo si no se tienen en cuenta exigencias técnicas que nosotros podríamos recomendar”. Además del Sernanp y el PELT, tienen jurisdicción sobre la cuenca del lago la Autoridad Nacional del Agua, la Dirección de Capitanía y Guardacostas de la Marina y la Autoridad Binacional del Lago, con sede en La Paz, Bolivia. Ninguna supo con anticipación la concesión de los lotes.
En Puno hay mucha desinformación sobre el tema. La población piensa que se extraerá el petróleo del fondo del lago. Incluso, en el Colegio de Ingenieros de la región ignoran detalles del proyecto. El citado colegio no cuenta con un capítulo para hidrocarburos y en la Universidad Nacional del Altiplano no tiene esa especialización.
Siendo esta cuenca una de las más golpeadas por la contaminación, los especialistas piden que el Ministerio de Energía y Minas tome en cuenta los mejores estándares ambientales.
Los actuales responsables de la contaminaciónHace mucho que la calidad del agua en la bahía interior del lago Titicaca excede los límites máximos permisibles de compuestos orgánicos. El principal contaminante es el desagüe doméstico: cada año más de 12 millones de metros cúbicos de este se descargan en el lago.
La Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno no cuenta con una eficiente planta de tratamiento y arroja sus efluentes al Titicaca. Por esta razón, la Fiscalía Ambiental ha abierto tres procesos de investigación contra la empresa municipal. Pero no es el único expediente. Hace más de dos meses la fiscalía abrió investigación por contaminación a los hoteles más importantes de Puno, ubicados en la ribera del lago: Eco Inn, José Antonio y Casa Andina.
Según la inspección fiscal, ninguno de estos hoteles contaba con plantas de tratamiento eficientes para eliminar la presencia de coliformes fecales en sus desagües. Todas descargaban directamente al río.
De los 210 hoteles que se encuentran en Puno, hay solo 50 que están formalizados y categorizados. Además, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo confirmó que ninguno de los hoteles en Puno ha presentado un estudio de impacto ambiental, a pesar de que, según la fiscalía, debieron hacerlo por encontrarse próximos a una reserva.
Los hoteles tienen plantas de tratamiento, pero sus descargas superan los límites establecidos por la norma nacional. Sus representantes señalaron que el próximo año incrementarán sus inversiones para evitar contaminar. Informaron que, junto con el Ministerio del Ambiente y otras entidades, buscan solución a la contaminación.
LA CIFRA
300Mil barriles de petróleo se extrajeron del Titicaca a inicios del siglo XX. La zona podría albergar máshidrocarburos.

Hay 72 mil toneladas de basura electrónica acumuladas en el Perú

Manejo de estos residuos no está normado. En el 2015 habrá 208 mil toneladas de desechos
Un supermercado encierra el ritmo de un estilo de vida muy de estos tiempos: compras, usas, tiras y reemplazas cosas cada vez más rápido; incluso, aquellas que hasta hace poco pensabas conservar, con afecto, para siempre.
Parado frente a una vitrina de aparatos tecnológicos, el joven contador Alberto Arias elige la tercera computadora de su vida, mientras la estudiante Karina Flores se alista a comprar su segundo reproductor de música y la empresaria Rosa Ángeles busca su quinto celular.
Todo está quedando obsoleto a una velocidad increíble y, paradójicamente, comprar un producto nuevo suele ser más barato que reparar uno averiado. El dilema es qué hacer o dónde poner los aparatos que, por diversas razones, han dejado de servir y cuyos componentes son tóxicos para la salud y el ambiente. ¿Se ha preguntado alguna vez cuántos celulares, cargadores, “mouse”, radios o calculadoras siguen guardados en su casa?
IMPORTACIÓN DISPARADA
Aunque no produce aparatos tecnológicos, el Perú incrementó en treinta veces las importaciones de estos productos en los últimos 14 años. Según informes de la Sunat, en 1995 ingresaron al país 717 toneladas de computadoras y piezas informáticas, una cantidad que se elevó a 22 mil toneladas en el 2009.
Además, a partir del 2001, la adquisición de celulares creció exponencialmente, al punto que, hasta junio de este año, había 22’858.680 líneas activas de teléfonos móviles reportadas al Osiptel, el organismo regulador de las telecomunicaciones.
Si asumimos que el tiempo promedio de renovación de un celular no supera los dos años, y el de una computadora los siete, en 14 años los peruanos dejamos de dar uso a 7 mil toneladas de celulares y 65 mil toneladas de computadoras, de acuerdo con el primer diagnóstico de residuos electrónicos en el Perú que elaboró el equipo encabezado por el ingeniero Óscar Espinoza, con financiamiento y asesoría del Instituto Federal Suizo de Investigación y Prueba de Materiales y Tecnologías (EMPA, por sus siglas en inglés).
Al comparar estas cifras con la de países industrializados, como Estados Unidos —donde se arrojaron 315 millones de computadoras en siete años— o Suiza —cuya población genera 100 mil toneladas de residuos electrónicos anuales—, la denominada “tecnobasura” del Perú podría parecer aún mínima. Sin embargo, el problema está en que nuestro país, como la mayoría de Latinoamérica, tiene dificultades en el manejo de sus residuos, carece de disposiciones específicas y hábitos responsables para darle un destino final adecuado a la basura electrónica.
EL MERCADO DE SEGUNDA

En Lima hay tres empresas formales que recogen basura electrónica y de la cual, principalmente, los metales valiosos: Rimpe, Coipsa y San Antonio. A sus plantas llegarían anualmente unas 400 toneladas de estos residuos, una porción mínima si se estima que 15 mil toneladas de celulares y computadoras quedan en desuso en ese lapso en nuestro país.
¿Dónde está el resto? Si no es en las casas, o si no se los llevó un recolector callejero, probablemente muchos de estos aparatos deben circular en el mercado de segunda mano que funciona en la cuadra 9 de Prolongación Leticia, el centro comercial Las Malvinas o en las galerías Wilson y Compuplaza, del Cercado de Lima.
Aunque la reutilización de artefactos o su desensamblaje para obtener respuestos pueden estar alargando su tiempo de uso, ciertamente nadie fiscaliza su destino final luego de que estos pasaran por un segundo o un tercer usuario. “Así, las carcasas de computadoras, baterías y teclados terminan en el tacho común, generando peligros de contaminación”, indica Sonia Araníbar, especialista del Ministerio del Ambiente (Minam). Solo para tener una idea: el cadmio que contiene una sola batería de celular es suficiente para contaminar 600 mil litros de agua.
LA COOPERACIÓN

Actualmente, con la asistencia técnica de Suiza, el Minam, el Instituto de Promoción del Desarrollo Sostenible y el Comité de Tecnologías de la Información de la Cámara de Comercio de Lima (en representación de las empresas privadas vinculadas al rubro) desarrollan propuestas para implementar un sistema de manejo selectivo y tratamiento especial de la basura electrónica en el país, que comprometa a los consumidores y a las empresas que importan y venden tecnología. Hay experiencias locales que también están sirviendo de modelo, como la que impulsa la empresa Telefónica Móviles, que posee tachos de acopio de aparatos en desuso que luego exporta por lotes para su reciclaje en una planta de Estados Unidos.
Estas instituciones tendrán listas soluciones concretas recién a fines del 2010.
LAS CIFRAS
208.000Toneladas de celulares, computadoras y piezas informáticas en desuso se habrán acumulado en el país para el 2015, según el Instituto Peruano de Desarrollo Sostenible (IPES).
65%De los componentes de un celular son reciclables, informó Telefónica Móviles.
10.000Kilos de carcasas de monitor, teclados y memorias inservibles valen S/.80 en Las Malvinas. En el lugar, el precio de 100 celulares es de S/.200.

domingo, 1 de noviembre de 2009

Contaminación ambiental preocupa en Santa Anita

Desde el inicio, la reunión democrática orientó sus baterías contra dos flagelos que mellan Santa Anita: la contaminación y la delincuencia común. La necesidad de combatir esos problemas fue subrayada, sin miramientos, por los vecinos de ese distrito de Lima este la noche del último viernes en la Audiencia Pública convocada por El Comercio. A la actividad, desarrollada en el colegio Santa Anita, asistieron autoridades locales y alrededor de medio millar de residentes de la mencionada jurisdicción.
En la mesa de honor estuvieron la alcaldesa, Leonor Chumbimune; el recientemente nombrado gobernador distrital, Édgar Gamarra Dávila; y el comandante PNP Óscar Moreno Tapia, comisario de Santa Anita. Los acompañaron nuestro director, Francisco Miró Quesada Rada, quien moderó la reunión; y Juan Paredes Castro, editor central de Política de esta casa editora.
Lo dicho por el vecino Exaltación Jiménez Pérez reflejó el punto de vista de los contribuyentes: “Hay mucha contaminación en Santa Anita a causa de los ruidos y gases. Las autoridades no responden esta y otras quejas. ¿Es eficiente una gestión municipal en la que el vecino tenga que hablar hasta con nueve funcionarios para saber el estado de su trámite o lograr algún viso de solución para su problema?”.
Asimismo, las quejas por la contaminación que producen las fábricas que hay en el distrito y que, según la mayoría de vecinos, ensucian a diario el aire con el humo que permanentemente sale de sus chimeneas industriales, se multiplicaron como eco durante la actividad.
La delincuencia también quita el sueño en Santa Anita. Ricardo Córdova Cruz es uno de los muchos vecinos que se quejaron de ello. “Se debe crear un plan integral para enfrentar a la delincuencia. Se necesitan más personal y vehículos policiales”, dijo.
Varios vecinos exigieron que se ponga freno al desorden que producen los mototaxis en el transporte, haciendo, muchas veces, intransitables varias de las vías principales del distrito. “Pero no solo afectan el tránsito. Los fuertes ruidos que producen afectan nuestra tranquilidad. Sin contar que varios mototaxistas en Santa Anita son pandilleros”, coincidieron los participantes.
FACTOR TRANSPARENCIA
Pedro Sarmiento Martínez hizo otro pedido que resumió un sentir mayoritario: “La municipalidad debe trabajar con transparencia para ver si realmente se cumplen las obras del presupuesto participativo”. Feliciano Martínez Campos, por su parte, agregó que la página web edilicia (www.munisantanita.gob.pe) no está siempre actualizada.
LAS CIFRAS
82 policías trabajan en la comisaría de Santa Anita, señaló el comandante PNP Óscar Moreno, jefe de la delegación.
184.614 habitantes tiene Santa Anita, según el censo del 2007.